Jose Angel Cordova peor que monja : pruebas obligatorias de VIH

• La Ssa debería vigilar el respeto de los derechos humanos de grupos vulnerables, aseguran
• Condenan activistas propuesta de volver obligatoria la prueba del sida
• El señalamiento de José Ángel Córdova contraviene la NOM sobre prevención y control del mal, declaran
• Los exámenes forzosos no funcionan, debe impulsarse la prevención: CNDH
• El Estado no puede suplir las decisiones que deben tomar los individuos, afirma el organismo

Ángeles Cruz Martínez(Enviada)

Activistas y pacientes con VIH-sida señalaron que las pruebas para detectar el mal deben ser voluntarias y confidenciales. En la imagen, protesta de seropositivos en Paseo de la Reforma por el desabasto de fármacos Foto: Archivo La Jornada León, Gto., 29 de noviembre. Un rechazo unánime de activistas, hombres y mujeres que viven con VIH/sida, trabajadoras sexuales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), provocó la opinión del secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, respecto de que en algunos casos se debe realizar de manera obligatoria la prueba de detección de la enfermedad. Las organizaciones civiles exigieron al funcionario que rectifique y se retracte de su declaración, porque ningún gobierno puede volver a plantear el tema. Más bien, dijeron, debería hacer respetar los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales, a quienes en los hechos, autoridades municipales del país los obligan a realizarse el examen clínico en contra de su voluntad, a pesar de que con ello se contraviene la Norma Oficial Mexicana 010 sobre prevención y control de la epidemia. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por ejemplo, cada semana, las trabajadoras sexuales pagan 250 pesos a los servicios de salud estatales por la prueba, pero si quieren “exentar” el requisito tienen que desembolsar 500 pesos, los cuales entregan al director de la zona de tolerancia en esa ciudad, aseguró Oyuki Ávila, del Colectivo de Atención para la Salud Integral de la Familia (Cifam).

Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/sida de la CNDH, resaltó que las pruebas obligatorias de detección del mal no sirven para nada. Lo que se requiere para detener el crecimiento de la epidemia en el país es “impulsar la educación sexual; difundir la información científica y objetiva sobre los mecanismos de transmisión de la enfermedad, y sensibilizar a las personas sobre el posible riesgo en que se pueden encontrar a causa de sus prácticas sexuales”.La única excepción que reconoce la norma es cuando existe una orden judicial, en el caso, por ejemplo, de la investigación de delitos sexuales y para asegurar que la víctima no fue contagiada de alguna enfermedad. En ningún otro caso se puede exigir el examen, subrayó.Recordó, además, que existe el periodo conocido como de “ventana”, en el que a pesar de que la persona sea portadora del virus, puede pasar desapercibido en el laboratorio. Por ello y porque viola los derechos humanos, es inviable incluirla entre los requisitos para contraer matrimonio ni como control sanitario. En entrevista, el funcionario puntualizó que el Estado no puede suplir las decisiones que deben tomar los individuos en ejercicio de su libre albedrío. Más bien, dijo, les debe proporcionar las herramientas a fin de que puedan tomar sus propias decisiones.Además, “es ingenuo pensar que en una relación de pareja la vida sexual empieza cuando se corta el listón el día del matrimonio civil. Muchas parejas ya tienen una vida en común previa”, y recordó el reciente caso de Chihuahua, donde se pretendió negar la realización del trámite civil a una pareja –uno de cuyos miembros vive con VIH/sida– que llevaba una convivencia de 12 años.

Respecto de las y los trabajadores sexuales, mencionó que reportan una de las más bajas prevalencias de la infección por VIH. Obligarlos a practicarse el examen sólo genera una “falsa seguridad” de protección y favorece la extorsión policiaca. A su vez, Hilda Esquivel, presidenta de la organización Mexicanas Positivas por la Vida, señaló que si bien la epidemia está aumentando entre las mujeres y se habla de la feminización del mal, no se trata de que “se nos utilice y nos conviertan en víctimas” y tampoco, agregó, deben buscarse culpables. La prueba de detección debe ser voluntaria, subrayó. Del total de casos de sida registrados en el país, 115 mil 651 –17 por ciento son mujeres–, en su mayoría infectadas por vía sexual. Más tarde, una vez que trascendió entre los congresistas la declaración que hizo el secretario Córdova, durante una entrevista de prensa al término de la ceremonia inaugural, integrantes de organizaciones civiles organizaron una conferencia de prensa en la que rechazaron cualquier posibilidad de que se institucionalice la obligatoriedad de la prueba de detección del VIH. “Y tan bien que iba, pero dio un pasito para adelante y 10 para atrás”, señaló Juan Jacobo Hernández, del Colectivo Sol. Le exigió al secretario que rectifique, “porque (esa opinión) no va a pasar”. A su vez, Arturo Díaz, de Mexsida, comentó que ni en Cuba, donde en los primeros años se realizó una detección obligatoria, se mantiene una medida como ésta. En todos los tonos, los activistas señalaron que México ha firmado compromisos internacionales, entre los que se encuentran el de garantizar la voluntariedad de la prueba, su confidencialidad y el respeto a los derechos humanos de las personas.

En tanto, hoy mismo, se reunió en la ciudad de México el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, y por unanimidad aprobó el proyecto de modificación de la NOM 010, en el que se confirma que como medida de control, la prueba de detección del VIH no se solicitará como requisito para contraer matrimonio, obtener empleo o acceder a bienes y servicios de cualquier tipo.Además, se debe regir por los criterios de consentimiento informado y confidencialidad. Debe ser voluntaria y es obligación de los servicios de salud ofrecerla a todas las personas.

Kikka Roja

Infamia en la Corte : Lydia Cacho

Editorial
Infamia en la Corte

En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”. De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal. La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.

El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población. No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder. Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.

Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.

Kikka Roja

Luis Javier Garrido : El paso atrás

El paso atrás

Luis Javier Garrido

El primer año del gobierno impuesto a México por los grupos oligárquicos tras el fraude electoral de 2006 se termina en medio de un desastre institucional, con una incapacidad manifiesta de los personeros de la extrema derecha que se apoderaron del gobierno para enfrentar los graves problemas nacionales y sin que la clase política en su conjunto pueda enfrentar el desafío, como evidencia el fracaso de la llamada “reforma electoral”.

1. México se encuentra varado tras el primer año del gobierno ilegítimo, sin tener políticas nacionales ante la embestida del capital trasnacional y sin la posibilidad de salir por la vía legal del desastre institucional en el que se halla, pues se ha instaurado un régimen de simulación en el que la mayor parte de los integrantes de la “clase política” están dispuestos a seguir desmantelando al Estado nacional e ir entregando los recursos estratégicos de la nación al capital trasnacional: desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia dela Nación hasta los legisladores de todos los partidos.

2. Los Pinos ya no es el centro del poder político nacional, pues mientras Felipe Calderón sigue obsesionado por su carácter de ilegítimo, atendiendo cuestiones de partido y actuando como aspirante a jefe de facción, los miembros de la burocracia política en su conjunto despachan los asuntos oficiales, sin que se sepa bien quién tiene autoridad sobre quién, y sobre todo sin poder hacer valer, como algunos pretenden, la autoridad del Estado, pues salvo algunas raras excepciones todos se hallan doblegados ante los poderes fácticos nacionales y trasnacionales.

3. México sigue siendo un país de reglas “no escritas”, de componendas y concertacesiones, en el que la Constitución y las leyes no se respetan, y en el que las mafias, que gobiernan por un acuerdo de intereses, no asumen tener más mandato que el de quienes detentan el poder económico, sin darse cuenta de que el descontento popular sigue creciendo.

4. El ejemplo más claro del fracaso institucional lo constituye la llamada “reforma electoral de 2007”, que se planteó como un gran cambio tras el macrofraude de 2006, y que está concluyendo luego de las modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial el 13 de noviembre, con la aprobación de ridículos cambios reglamentarios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que ante las promesas de los legisladores y las expectativas despertadas por sus declaraciones se termina como un paso atrás muy claro ante los poderes fácticos y las mafias de interés que se han apoderado del Estado: con un “más de lo mismo”. Fue un verdadero “parto de los montes” o, como dirían los franceses, los legisladores “dieron a luz un ratón”.

5. La fracasada reforma dejó intactas las instancias que permitieron el fraude de 2006, por lo que nada impide que éste pueda volver a repetirse. Las perversiones del sistema podrán continuar, pues el Ejecutivo sigue situado por encima de la legalidad y podrá usar una y otra vez todo su poder para determinar los resultados. Nada se hizo para impedir la utilización de los recursos del gobierno a favor de su candidato, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará en manos de Los Pinos y podrá seguir fallando discrecionalmente los conflictos, pues los delitos electorales continuarán sin ser tipificados, y no se establecieron causales explícitas de nulidad. Los derechos ciudadanos seguirán sin estar tutelados ni garantizados, sobre todo porque que no se crearon formas de participación semidirecta como el referendo. No se terminó con el dominio del dinero en el proceso, pues no se reguló el financiamiento privado, y terminó, en fin, cediéndose en la composición del Instituto Federal Electoral (IFE) y, fundamentalemente, en lo relativo al papel de los medios.

6. El IFE seguirá además bajo el control de los partidos políticos –y en particular del o de los partidos en el gobierno–, pues ése fue el escenario que pactaron Salinas y el PAN en 1988 –y que funcionó desde entonces en todas las elecciones–, lo que muchos no acaban de entender. De manera que la defenestración de Luis Carlos Ugalde como un pequeño delincuente electoral más en la historia mexicana no tiene trascendencia alguna, pues no sólo no se le procesó ni encarceló por los gravísimos delitos cometidos contra la nación, tanto por él como por Fox y Calderón, sino que se le protegió buscándole chamba en Estados Unidos.

7. Los concesionarios de los medios, que en 2006 fueron uno de los instrumentos del fraude, pues violando la ley recibieron dinero sucio e hicieron campañas ilegales para imponer a Calderón, y que los legisladores de los tres partidos –PRI, PAN y PRD– indicaron iban a someter a la legalidad prohibiéndoles en la reforma constitucional contratar publicidad electoral, reaccionaron entonces en violenta andanada que ahora han repetido al redactarse el Cofipe, la cual culminó con el violento discurso contra los partidos de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Tv Azteca ante Calderón el jueves 22, y que ha terminado por doblegar a los legisladores, que pretendían legislar en lo relativo, ya no a los espacios publicitarios, sino al resto de la programación que los medios quieren seguir utilizando para fines políticos.

8. Los dueños de Televisa, de Tv Azteca y de las radiodifusoras están haciendo valer su prerrogativa de imponerle gobernantes al país y para ello vociferan una y otra vez que se está tratando de coartar la libertad de expresión. Los noticiarios de la televisora del Ajusco –escribió el comentarista de Televisa Ciro Gómez Leyva– “son espacios de interés para facilitar buenos negocios económicos y políticos” y se encuentran por lo tanto, “bien lejos de los compromisos esenciales de la tarea periodística” (Milenio Diario, 28/11/07), sin darse cuenta de que eso mismo podría decirse de los de Televisa.

9. El retroceso que vive el país es descomunal, pues los integrantes de la “clase política” no sólo no afectaron, como lo habían ofrecido, las prerrogativas anticonstitucionales que tienen de hecho los dueños del duopolio. sino porque están dejando la impresión de que quisieron y no pudieron: de que una vez más se doblegaron ante los poderes fácticos.

10. Y la lección, una vez más, es la misma: los cambios no podrán venir sin una inmensa movilización popular.

Kikka Roja

Lorenzo Meyer : ¿Reconciliación?

¿Reconciliación?

Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
Articulos recientes del Dr. Lorenzo Meyer Cossio

“En los propios términos de Calderón, la reconciliación implica pagar un precio proporcional al grado de desencuentro”.

Buenos Deseos. Aprovechando un aniversario más de la Revolución Mexicana y con la mirada puesta en la problemática celebración de su centenario en 2010, Felipe Calderón formuló un llamado para que los festejos en puerta sirvan de espacio para “la reconciliación” y la “fraternidad”. Se entiende que la reconciliación sea un deseo en “Los Pinos”, pero hoy por hoy no son muchas las posibilidades de que se convierta en realidad esa aspiración que se acaricia en las alturas del poder tanto político como económico.

Definición. En su discurso, Calderón echó mano de la definición poética de la Revolución Mexicana que Octavio Paz hizo en El laberinto de la soledad: la revolución fue la violencia a través de la cual el mexicano quiso reconciliarse con su historia y origen. Vista con un poco de cuidado, la visión de Paz no fue la mejor fuente para montar una defensa de los intereses que representa Felipe Calderón y su Gobierno y, en cambio, sí para quienes los cuestionan.

Si lo ocurrido en México entre 1910 y 1940 fue un intento de reconciliación nacional, el afán tuvo un gran costo: la destrucción violenta de un orden establecido. Suponiendo que efectivamente lo vivido en esos intensos años culminó en una relativa restauración de la compatibilidad entre los diversos elementos de la sociedad -pues tal es lo que implica el concepto-, eso ocurrió sólo después de la derrota y destrucción de una clase social que en sí misma resumía la injusticia social de toda una época: la de los terratenientes. Es más, la supuesta recuperación de una cierta congruencia y entendimiento entre regiones, grupos y clases en el México de la revolución triunfante, también requirió de un nuevo arreglo en la relación con el mundo externo, arreglo lleno de choques y peligros con Estados Unidos pero indispensable para aumentar los espacios de soberanía nacional y de auto confianza.

El Antagonismo. El proponer 2010 como el momento de la reconciliación, implica reconocer que la realidad política nacional actual, es una de no conciliación, de antagonismo. Los datos avalan esa caracterización: parte de la ciudadanía está descontenta en extremo con la forma como se llevó a cabo la renovación de los poderes federales en 2006. Y esa inconformidad tiene como base otra mayor, con la falta de eficacia del arreglo institucional y con los contenidos del ejercicio del poder.

En 2000, y como consecuencia del desempeño relativamente bueno y novedoso del mecanismo electoral y de su resultado final -la derrota pacífica del régimen autoritario de la posrevolución mexicana-, se inició lo que podría verse como el principio de una armonización entre la recién nacida ciudadanía mexicana y su entorno institucional. Pareció que México se estaba poniendo a tono con el resto del mundo en materia de congruencia entre la letra y el espíritu de la Ley. Finalmente se llegaba al banquete de la modernidad política, sino a tiempo, al menos antes de que concluyera.

Sin embargo, ese espíritu de armonía duró muy poco. La incompetencia, torpeza, falta de altura, miras y, finalmente, mala fe del presidente y del grupo del que se rodeó para iniciar lo que debería ser la consolidación democrática mexicana, hizo que a partir de mediados del sexenio de Vicente Fox empezara a nacer la sospecha que los recién llegados al poder no iban a jugar la siguiente sucesión presidencial con las mismas reglas que habían permitido su triunfo, que una concepción demasiado estrecha de sus intereses de clase les estaba llevando a planear como retirar la escalera por la que ellos -“el Gobierno de empresarios, para empresarios”- habían subido para evitar que otros -la izquierda- pudiera emplearla con el mismo fin.

El agravio de una parte de la ciudadanía se empezó a gestar y a crecer a partir del incumplimiento de los compromisos adquiridos -someter a juicio a los grandes corruptos del pasado, por ejemplo-, del visible empeño del presidente Fox de hacer de su esposa su sucesora y de la relación presidencia-PAN-PRI-Suprema Corte-medios de información como la gran alianza para impedir, vía su desafuero, que el líder de la izquierda y puntero en las encuestas llegara a ser candidato presidencial.

Ese agravio se consolidó con la parcialidad e ilegalidad de la intervención presidencial y de los hombres del dinero -el Consejo Coordinador Empresarial- en la campaña presidencial, con la ineficacia consciente del IFE y con la intervención abierta del SNTE para inclinar la balanza a favor del candidato de la derecha, entre otros factores. Finalmente, la negativa a la apertura de los paquetes electorales a pesar de los millares de inconsistencias reflejadas en las actas y la diferencia mínima entre los candidatos de derecha e izquierda, consolidó la sospecha de una elección donde la voluntad de la elite del poder había sustituido a la voluntad ciudadana.

¿Reconciliarse? ¿Cómo? El discurso de Felipe Calderón del 20 de noviembre en el monumento a la Revolución expresa el deseo del ganador de 2006 de que la división generada por ese tipo de triunfo quede atrás, pese a que la victoria se logró, según sus propias palabras, “haiga sido como haiga sido”. Pero, siguiendo la propia lógica del discurso del actual ocupante de “Los Pinos”, si la reconciliación del siglo pasado requirió de una revolución ¿cuál es el precio a pagar por la de inicios del actual? ¿quién y cómo lo va a pagar? ¿o es que ahora se espera que la cicatrización de la herida sea gratuita, simple cosa del paso del tiempo?

La Vía “Realista”. Una forma que históricamente ha usado el poder para conciliar o, más bien, para crear la apariencia de la conciliación, es la cooptación: abrir un espacio secundario a ciertos líderes de la oposición para separar a los radicales de los tibios, a los dirigentes de sus bases o para alentarlos a mediatizar las demandas de esas bases. Ejemplos de lo anterior los hay a pasto ¿quién no recuerda los métodos de Luis Echeverría para cubrir la violencia brutal del 68 y del 71 con el nombramiento de jóvenes a puestos secundarios de poder o el gasto público demagógico y aumentos salariales para las corporaciones sindicales que desembocaron en una crisis económica?

Si los recursos del petróleo no le fallan, el sistema que hoy encabeza Calderón bien puede intentar afianzar sus ya estrechos lazos con los gobernadores priistas y con Elba Esther Gordillo e incluir en su red a esa parte del PRD que ya está muy fatigada de nadar a contracorriente y así aislar y neutralizar a los que se empeñan en negar la legitimidad de los resultados electorales del 2006.

Esta vía también incluye sacrificar como chivos expiatorios a algunas de las partes más débiles y prescindibles de la red de complicidades. Ese pareciera ser, por ejemplo, el caso de los consejeros del IFE, empezando por su presidente. La reforma electoral que elimina a los consejeros originales implica reconocer la existencia de zonas negras en la Ley anterior, la que se utilizó para dar el triunfo a Calderón.

La Vía Real. A estas alturas, cuando ya quedó atrás el remedio del “voto por voto”, es difícil imaginar cómo se podría lograr la reconciliación para cuando se tenga que celebrar un centenario que implica legitimar a quienes en 1910 intentaron deshacer el nudo gordiano de los intereses creados mediante el tajo de la espada. Los que hoy manejan el poder tendrían que echar a andar por un sendero casi imposible para ellos: el que les conduciría a hacer una especie de revolución desde arriba.

El precio de la reconciliación auténtica requeriría, por ejemplo, del combate real, abierto a las redes de corrupción dentro del aparato del Estado, empezando por PEMEX. Además, una auténtica reforma fiscal capaz de empezar a enmendar la escandalosa desigualdad en la distribución de la riqueza; desmantelar los grandes monopolios que frenan el crecimiento económico; la reforma educativa sin importar el choque con la directiva del SNTE; empezar a rehacer el aparato de justicia. Y puede seguir la lista de esta tarea equivalente a la de Hércules en los establos del rey.

Realidad e Ilusión. El inventario anterior es, a la vez, el de los grandes problemas nacionales y, por otra parte, una agenda totalmente ilusoria. Justamente la herida que abrió la elite del poder al manipular el proceso electoral de 2006 de la forma como lo hizo, no tenía por objetivo transformar a México sino administrar sus contradicciones y fallas, pero nada más.

Así pues, retornamos al tema del principio: ¿reconciliar? de acuerdo, pero ¿quién y cómo va a pagar por ese reencuentro con la armonía?

Kikka Roja

Luis Mandoki sigue en la lucha : la pelicula es un exito

• A la gente de Los Pinos lo que más le puede es que le está abriendo los ojos al público panista, dice
• Presiones políticas están obligando a retirar Fraude... de cines: Mandoki
• Vamos a iniciar una segunda etapa de proyecciones y a pesar de la censura continuaremos dando la pelea, destaca el realizador
• No obstante las triquiñuelas que han hecho para que no la vean, nuestra película está entre las más taquilleras, asegura Arreola, el productor del documental

Jaime Avilés

Mandoki manifestó su optimismo sobre el apoyo de las personas a la difusión de la cinta. En la imagen, durante su visita a la Uia Foto: María Meléndrez Parada

Contra la censura y la represión política, la resistencia ciudadana. Tal es la nueva consigna que harán suya los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en todo el país tras el boicot velado que las principales cadenas de exhibición cinematográfica sostienen en contra de la primera película que explica y demuestra cómo Vicente Fox y los panistas se robaron las elecciones presidenciales de 2006.

Y es que a pesar del éxito que ha tenido en sus dos primeras semanas de exhibición en el circuito comercial, en el que se ha destacado como una de las cintas más taquilleras del año, Fraude: México 2006, será retirada el próximo viernes de un aproximado 70 por ciento de las 200 salas donde se proyecta, denunciaron ayer el realizador Luis Mandoki y el productor Federico Arreola. “El domingo pasado, en el Cinépolis Valle Oriente de Monterrey, donde las funciones fueron a las dos y a las cuatro de la tarde, el documental recaudó 22 mil pesos, mientras El pasado, de Héctor Babenco, en la que sale Gael (García Bernal), apenas levantó 9 mil pesos y eso que la dieron en cuatro funciones. Pero la van a dejar y a nosotros nos quitan. Esto es censura”, precisó Mandoki.

“¿De qué se trata?”

Ese mismo domingo 25 de noviembre, pero en Cinemex Cuicuilco de la ciudad de México, donde sí hubo cuatro funciones, a la de las ocho de la noche entraron 233 personas, “pero el reporte final del día fue de 267 boletos vendidos”, expuso Arreola. “¿Qué pasó ahí? ¿Nos están diciendo que a una función entraron 233 personas y a las tres restantes un total de 34? Y encima de eso este viernes nos quitan o nos programan en funciones compartidas. Hacerle esto a una de las películas que más está vendiendo. ¿De qué se trata?” “A la gente de Los Pinos lo que más le puede es que el documental está permeando al público panista, les está abriendo los ojos a los que creían en el supuesto triunfo de (Felipe) Calderón. Eso es lo que no soporta la gente del gobierno”, aseguró Mandoki. “Pero los exhibidores están haciendo su trabajo y nadie los puede acusar de estar apoyando una película que no mete gente a los cines; es obvio que en el caso de Fraude… las presiones políticas los están obligando a sacarla del circuito comercial”.

Para Arreola no cabe duda de que “si nos quitan la mitad de las funciones, en el mejor de los casos recaudaremos la mitad del dinero. Esto no es justo. A pesar de todas las triquiñuelas que los exhibidores han hecho para que la gente no la vea, nuestra película está entre las más taquilleras. ¿De qué se trata? Obviamente de censurarnos, de reprimirnos”, enfatizó. Sin embargo, tanto el director como el productor de Fraude… reiteraron que se sienten optimistas porque la gente seguirá apoyando la difusión del documental. Mandoki anunció que muy pronto saldrá a la venta el dvd y confió en que será distribuido por todo el país gracias a las redes ciudadanas que participan en el movimiento encabezado por López Obrador.

Llamado a los exhibidores

“Quiero aprovechar el espacio de La Jornada para hacer un llamado a todos los exhibidores independientes, a los que tienen salas y foros alternativos, para que se pongan en contacto con nosotros. Vamos a iniciar una segunda etapa y a pesar de la censura continuaremos dando la pelea”, subrayó Mandoki. Que nos escriban, agregó, “a contraelvientofilms@gmail.com, y nosotros iremos a promover el documental, cuando lo proyecten, a cualquier lugar del país. Por lo pronto, vamos a comenzar a dar funciones en la sala de la Universidad de Guadalajara”. Arreola, por su parte, respondió a la pregunta de qué pasa con la distribución internacional. “Eso se lo hemos encargado a un equipo de profesionales que están haciendo los contactos para que Fraude... entre al circuito comercial de Estados Unidos, América Latina y Europa”.

Mientras tanto, las grandes cadenas exhibidoras de México filtraron que Fraude... saldrá de cartelera debido al estreno de una estadunidense de dibujos animados, que estará en 60 por ciento de los cines del país, algo que sería imposible en Estados Unidos donde, explicó Mandoki, “por ley ninguna película puede acaparar más de 10 por ciento de las pantallas”. Ahora habrá que esperar y ver qué sucede después de pasado mañana, viernes, cuando la nueva cartelera haga palpable la censura contra Fraude… y la gente reaccione en consecuencia. Ello coincidirá con el incio de la campaña nacional, convocada por López Obrador, para que el movimiento ciudadano fije en las ventanas de sus casas carteles de protesta en rechazo al aumento del precio de la gasolina y la entrada del maíz y el frijol estadunidenses. Así que esto no se acaba hasta que se acaba.

Kikka Roja

La Verdad sea dicha : 47 : Resistencia Pacifica

Programa transmitido el 27 de Noviembre de 2007

Programa episodio 47

Cuenta en Banorte 05 44 55 50 80 Honestidad Valiente A C

www.gobiernolegitimo.org.mx/laverdad/
Andrés Manuel López Obrador www.amlo.org.mx
E MAIL : laverdadseadicha@gobiernolegitimo.org.mx
laverdadseadicha.org.mx, laverdadseadicha.org

AMLO Tv, Martes 1 de la madrugada 1 a.m. por tv azteca canal 13, Programa transmitido el 27 de Noviembre de 2007


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Kikka Roja

Resistencia Civil Pacifica : Movimiento Social Mexico

• “Nos recordó que el movimiento es pacífico”: Monreal
• AMLO pide a la resistencia civil no caer en provocaciones

Alma E. Muñoz

Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes de la Convención Nacional Democrática y a dirigentes del Frente Amplio Progresista (FAP) cuidar al movimiento del cual forman parte y evitar caer en actos de provocación, similares al ocurrido con las campanadas de la Catedral Metropolitana el pasado domingo 18. Tras dar a conocer lo anterior, el senador Ricardo Monreal recomendó al gobernador de Puebla, Mario Marín, pedir licencia antes de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados promueva que se inicie juicio político en su contra para retirarlo del cargo y someterlo a proceso para que pague por la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. Después de la resolución de la Corte, Marín tiene dos alternativas, destacó el legislador: “una, que yo le aconsejo y recomiendo, es que solicite licencia y se someta a tribunales del fuero común, para que se le deslinde de responsabilidades. Si no lo hace, quedará muy mal frente a la sociedad”.

Y por supuesto, subrayó, “el PRD presentará la demanda de juicio político (correspondiente) para que sea sometido a un juicio del orden común. Debe estar sujeto a proceso por violaciones a la Constitución y a principios básicos de la democracia en este país”. Al término del encuentro que se realizó a puerta cerrada en las oficinas centrales de López Obrador, en la colonia Roma, en el Distrito Federal, Monreal Avila informó que los asistentes analizaron lo ocurrido en la Catedral Metropolitana, y cómo a partir de ello “se opacó” el mensaje que el ex candidato presidencial dio ese domingo, en el Zócalo capitalino, referente a la defensa del petróleo y del sector energético, de los derechos humanos, del maíz, contra la carestía y el alza de precios, tras el toque prolongado de las campanas del templo. Indicó que además se comentó en la reunión el ataque que ayer sufrió la sede del PRD en Chihuahua. Sobre estos temas, manifestó, Andrés Manuel “reiteró que respetará la libertad de creencia y a todas las asociaciones religiosas por igual. No tiene ningún problema con ninguna y ha dado recomendaciones para que cuidemos mucho el movimiento, que no aceptemos provocaciones, que se distinga y se esté señalando a los que estén infiltrados en el movimiento y que no aceptemos nuevos actos de violencia.

“Nuestro movimiento, nos dijo Andrés Manuel –recordó el senador– es pacífico y así debe continuar”, concluyó

Kikka Roja

PRD : DF

• Anuncian una consulta para medir la opinión de los ciudadanos
• Surgen los seis primeros aspirantes a dirigir al sol azteca en la capital
• Ruiz Anchondo, García Solís, Gonzalo y Alejandro Rojas, Víctor Romo y Reyes Gámiz
• Construir la candidatura de unidad debe ser sobre proyectos y no sobre cuotas, señalan

Rocío González y Raúl Llanos

Luego de que se hiciera pública la propuesta de construir una “candidatura de unidad” para la dirigencia capitalina del PRD, ayer comenzaron a despuntar los primeros seis nombres de los aspirantes a ese cargo: Carlos Reyes Gámiz, Patricia Ruiz Anchondo, Iván García Solís, Gonzalo Rojas, Víctor Romo y Alejandro Rojas Díaz Durán. En este contexto, el dirigente de la corriente Foro Nuevo Sol en el Distrito Federal, Víctor Romo, anunció que iniciarán una de consulta ciudadana para medir la opinión de la gente y conocer cuáles deberán ser los candidatos para ocupar la presidencia y la secretaría general de ese partido. En entrevista, explicó en este proceso incluirán a quienes en algún momento han expresado su interés por participar en esta contienda como lo son el actual secretario general del partido, Carlos Reyes Gámiz, Alejandro Rojas Díaz Durán, y tres miembros de Foro Nuevo Sol, incluido él, así como Iván García Solís y Gonzalo Rojas.

Los resultados serán dados a conocer el 8 de diciembre y dependiendo de quienes sean los más favorecidos, por lo menos, en lo que concierne a Foro Nuevo Sol, se definirá a quiénes se les otorgará el apoyo, refirió al considerar que si se lograra una candidatura de unidad, el aspirante tendría que ser afín al proyecto de gobierno. Por separado, Rojas Díaz Durán estimó que más de allá de acuerdos en las cúpulas del partido, el candidato de unidad, como lo planteó Reyes Gámiz, debe surgir del apoyo mayoritario de los militantes, pues el partido debe ponerse al servicio de la gente. En su opinión, ir a una elección para renovar la dirigencia estatal no tiene por qué significar un desgaste, al contrario, adujo, serviría para fortalecer la candidatura de Alejandro Encinas a la presidencia nacional del PRD. A su vez, Patricia Ruiz Anchondo, ex legisladora, ex procuradora social y ex jefa delegacional de Gustavo A. Madero, quien expresó abiertamente su decisión de participar en la contienda, afirmó que su propuesta fundamental para dirigir al sol azteca local es reconstituir su unidad a partir de un proyecto basado en las ideas, no en los intereses particulares o de grupo.

En entrevista telefónica, la fundadora de este instituto político consideró que “se ha perdido el perfil ideológico” del partido, lo que obliga a retomar el camino de las ideas, de los planteamientos, de los ideales, volver a demostrar que significa ser de izquierda, y al mismo tiempo rescatar la imagen del PRD ante los ciudadanos, pues a la fecha está “demasiado deteriorada”. “Con mi trayectoria, de 20 años de militancia, tengo cosas que aportar; además he ocupado los suficientes cargos para demostrar que soy una persona honrada y que nunca he usado mi cargo para beneficio personal o de grupo”, añadió Ruiz Anchondo. Respecto a la propuesta de Gámiz para la candidatura de unidad en el perredismo capitalino, mencionó: “está bien, pero que sea sobre la base de las ideas y el proyecto que tenemos como partido, como alternativa para la nación y la ciudad, no sobre el principio de las cuotas, como se ha venido haciendo en los últimos años y que ha desfigurado totalmente el perfil de nuestro partido”.

Kikka Roja

Que poca... : El gobierno FECAL no paga el AGUA

• La dependencia federal asegura que el adeudo ya lo cubrió y el SACM lo reconoció
• Cierran llave del agua a Sener; emplazan a SEP y SRE a pagar
• Pendiente, procedimiento contra Los Pinos; considera que debe menos de lo que le requieren las autoridades capitalinas
• Se iniciará una auditoría para determinar quién tiene la razón, dice el director local de Servicio a Usuarios
• $4 mil 600 millones, deuda de dependencias federales

Laura Gómez, Israel Rodríguez y Bertha Teresa Ramírez
Trabajadores del Sistema de Aguas de la Ciudad de México cortaron el suministro de agua potable al edificio de la Secretaría de Energía, debido a un adeudo de 287 mil pesos Foto: Alfredo Domínguez

Ante la negativa a cubrir sus adeudos en materia de suministro de agua por un millón de pesos, se procedió ayer por vez primera a suspender el servicio a la Secretaría de Energía (Sener), y emplazó a las de Relaciones Exteriores y de Educación Pública a que en un lapso de 24 horas acudan a las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a conciliar sus adeudos históricos, antes de “correr la misma suerte”. Francisco Núñez Escudero, director ejecutivo de servicios a usuarios del SACM, precisó que de las 125 dependencias federales que adeudan un total 4 mil 600 millones de pesos, sólo 100 se acercaron a conciliar deudas, tomas y consumos de 2002 a la fecha, ante la prescripción de adeudos mayores a cinco años, pero “ninguna ha pagado a la Tesorería”.

En el caso de la Presidencia de la República, dijo que se encuentra en ese proceso de verificación, pues considera menor el adeudo que tiene respecto a los 2 millones 711 mil pesos requeridos, por lo cual se iniciará un auditoría externa, para determinar quién tiene la razón, aunque este año va al corriente en sus pagos, y anticipó que esta semana por vez primera se ejecutarán 100 embargos. No obstante, aclaró que no se tiene previsto actuar contra ninguna instancia federal, pero de continuar su negativa a cumplir con sus pagos, se procederá al corte del suministro de agua y se iniciará un proceso administrativo para embargar los bienes que los cubran, pues “no vamos a dar ningún trato preferente a las secretarías o instituciones”. Las “más renuentes” son: el Fideicomiso Liquidador del Banco Obrero, Nacional Financiera y la Secretaría de Educación Pública, que debe el mayor monto (mil millones de pesos), por lo cual se procederá a la suspensión del servicio en sus oficinas administrativas y se mantendrá, a partir del año próximo, una cuota fija en sus planteles, con base en el número de alumnos y maestros.

El primer punto visitado durante el operativo de ayer fue la bodega de la SRE ubicada en Manuel Gutiérrez Nájera 96, por un adeudo de 105 mil pesos; la segunda fue la Sener, ubicada en Insurgentes Sur, por 287 mil pesos, por la omisión de pagos de los bimestres sexto de 2003 y tercero, cuarto, quinto y sexto de 2004, algunos de los cuales fueron en la gestión del entonces secretario y hoy presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

Refuta Energía

La Secretaría de Energía, por su parte, mediante un comunicado señaló que el pago de derechos correspondientes a estos periodos fue debidamente validado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con base en su oficio DESU/DAU/SDDGC/2007/1020, del 12 de noviembre de 2007. La primera notificación del supuesto adeudo (DESU/2007/0976), indicó, fue recibido el 10 de octubre pasado por la cantidad de 812 mil 404 pesos, por lo que inmediatamente se hicieron los contactos correspondientes entre las instancias administrativas de ambas instituciones para aclarar la situación del pago de derechos.

Como resultado de esta primera gestión, explicó la Sener, el pasado 21 de noviembre se le comunicó a la secretaría que se validaron un total de 618 mil 144 pesos, incluyendo los dos bimestres por los cuales este lunes se ejecutó la orden de suspensión del suministro de agua potable, e informó de un ajuste en una cantidad que supuestamente se adeuda por 282 mil 747 pesos. Aseguró que cuenta con la documentación necesaria para conciliar también ese monto y demostrar que los pagos están actualizados.

Ayer por la tarde, Marco Tulio Ramón Gómez, coordinador administrativo de la Oficialía Mayor de la Sener, se reunió con el contador público Isaac Pérez Ibarra, subdirector de Derechos de Descarga y Grupos Corporativos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para aclarar la situación. En el boletín se asegura que se cortó el suministro de agua por dos bimestres cuyo pago fue acreditado por la Secretaría de Energía y reconocido por el organismo de aguas capitalino. Al respecto, Núñez Escudero señaló que esas solicitudes se enviaron a una persona que ya no trabaja en el SACM.

“La suspensión no tiene nada que ver con cuestiones políticas, porque el agua no tiene color y ellos han tenido tiempo para cubrir sus adeudos y como cualquier otro deudor deben asumir su responsabilidad y sí desean la reconexión debe cubrir sus pagos respectivos”, afirmó. El operativo también se realizó en las oficinas de la Dirección General de la SEP, donde la subdirectora de Asuntos Administrativos, Mónica Ávila, se negó a recibir el citatorio, por considerar que se “estaba violentando la ley”, por lo cual se pegó en la puerta principal, para que acudan en un plazo no mayor a 24 horas a conciliar su adeudo de 600 millones de pesos.

Lo mismo sucedió en la bodega de la SRE, ubicada en Manuel Gutiérrez Nájera, que adeuda 105 mil pesos.

Continuarán los cortes

El secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, advirtió que en los próximos días continuará el corte del servicio de agua a dependencias federales que no hayan hecho caso de los requerimientos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) para cubrir sus adeudos. Señaló que Energía tiene una deuda de casi 300 mil pesos, por lo que en días pasados se le dio un plazo para cubrir este adeudo. Indicó que si bien algunas dependencias federales han formulado propuestas de pago, que les han sido aceptadas por el SACM, en otras, como la Secretaría de Energía, que no hayan tomado en consideración los requerimientos, ni se hayan acercado para ofrecer un tipo de pago, se procederá a cerrar el servicio.

Por su parte, el procurador fiscal del Gobierno del Distrito Federal, Rafael Espino de la Peña, dijo que la Secretaría de Economía, la Comisión de Pueblos Indígenas, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Relaciones Exteriores son algunas de las dependencias federales que han comenzado a pagar sus cuotas rezagadas por el servicio de agua, luego de que el GDF hizo pública la lista de oficinas públicas que no pagan. Existe un acuerdo para que la residencia oficial de Los Pinos, el Estado Mayor Presidencial y el Banco Nacional de Obras cubran sus adeudos, agregó el funcionario, entrevistado en el marco de la entrega de documentos notariales en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca. Espino de la Peña agregó que el gobierno capitalino da facilidades a todas las dependencias que se han acercado a fin de saldar su adeudo, como es otorgarles una disminución en multas y recargos a cambio de que paguen el principal actualizado.

RECUERDEN QUE LOS EMPRESARIOS QUIEREN HACER NEGOCIO CON EL AGUA, DESPOJAN A PUEBLOS ENTEROS.

¡PINCHES RATEROS! LUEGO NO QUIEREN QUE LA GENTE SE DEFIENDA, TODOS EN RESISTENCIA CIVIL PACIFICA.

Kikka Roja

SCJN : Mario Marin : Caso lydia Cacho

SCJN: impunidad o justicia La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto votar, en sesión de hoy, el dictamen sobre el caso Lydia Cacho. Los ministros deberán pronunciarse en favor o en contra del documento en el que el ministro a cargo de la investigación, Juan Silva Meza, concluyó que “sí existió un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la periodista, y que en esta confabulación ocupó un lugar prominente el gobernador de Puebla, Mario Marín. Por su parte, el ministro Genaro Góngora Pimentel afirmó que “los indicios recabados por la comisión investigadora sustentan plenamente las conclusiones del dictamen” y resaltó la necesidad de considerar las llamadas telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y el gobernante como prueba en la indagatoria. Sobre esta base, los 11 ministros que ocupan la sala de la SCJN y su presidente tienen en sus manos la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten de las instituciones judiciales. Sin embargo, según las informaciones disponibles hasta el momento, la mayoría de los ministros podría rechazar el señalamiento de Marín como presunto culpable. Si ésta fuera la decisión del pleno, se refrendaría el pacto de impunidad entre el panismo y el priísmo. Lo que que hasta el momento se sabe permite suponer que el alegato al que se acogería la mayor parte de los integrantes de la SCJN para evitar que el gobernador de Puebla sea encontrado presunto culpable es que en el dictamen elaborado por Silva Meza no existe ninguna referencia directa de algún funcionario de esa entidad que señale al mandatario. Este argumento, sin embargo, pasa por alto una evidencia que, por más que carezca de rigor legal, deja asentada, sin margen de duda, la responsabilidad de Marín en las violaciones a los derechos humanos que se discuten en el pleno. En febrero de 2006, este diario dio a conocer una serie de grabaciones en las que Marín hablaba con Kamel Nacif, señalado por Lydia Cacho como parte de una red de pederastas. En ellas se escucha la voz del gobernador jactándose de “darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona” y de haber ordenado su secuestro por parte de la policía y su traslado ilegal a Puebla. Por más que la grabación carezca de validez legal en un proceso judicial, si la SCJN decidiera pasarla por alto cerraría la puerta al esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos, que son una afrenta contra el estado de derecho, contra la vigencia de las garantías individuales y contra el más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder. Ratificar la impunidad de que ha gozado hasta ahora Mario Marín sería, en los hechos, dar carta blanca al autoritarismo y confirmar que los caciques locales y quienes detentan cargos políticos pueden operar sin miedo a recibir un castigo por atropellos contra los gobernados.Una decisión en este sentido implicaría también contribuir al menoscabo de la credibilidad que padecen las instituciones del país. En un clima tan crispado como el que impera en México –en el que la gente siente a las autoridades cada vez más lejanas del interés general y en el cual las instancias judiciales son, ante sus ojos, cada vez menos confiables–, se estaría dando un golpe más a la democracia.Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo están decidiendo sobre el caso Lydia Cacho: están decidiendo también si ratifican la impunidad de que goza la clase política o si apoyan la construcción de un México más justo, más ético y más respetuoso del derecho.

Kikka Roja

Mexico SA: LA RADIO Y TV ganaron casi 1000 millones

México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

• Casi mil millones de pesos ganaron radio y tv en la última campaña presidencial
• Barones de los medios, “defensores” de la libertad

Ricardo Salinas Pliego, propietario de Tv Azteca. Imagen de archivo Foto: Guillermo Sologuren

De nueva cuenta corren las lágrimas de cocodrilo de los barones de los medios electrónicos de comunicación, disfrazadas de “defensa de libertad de expresión”. En todo caso, la novedad en esta ocasión es que uno de esos barones se animó a dar la cara por primera vez en este baile de máscaras, que empezó el pasado 12 de septiembre en la Cámara de Senadores y, como siempre, lo hizo de la manera más desaseada posible. Se trata de Ricardo Salinas Pliego, un experto en licuadoras y abonos chiquitos, que devino propietario de la segunda cadena televisiva en el país –ahora también dedicado a la fabricación de autos, en asociación con la empresa china FAW–, y quien en días pasados, al estilo Hechos, a todo pulmón gritó que los tres principales partidos políticos del país quieren “echar al basurero de la historia la lucha de millones de mexicanos por conquistar la libertad de expresión”

Cierto es que millones de mexicanos han luchado y luchan por la libertad de expresión, y obvio es que entre ellos no aparece el nombre de Ricardo Salinas Pliego. Por el contrario, se observa una larga trayectoria en la que la constante ha sido, precisamente, la defensa del lado contrario. Dado los escasos resultados de los operadores a su servicio, algunos de ellos con cargo de presidente gremial, otros con vistosos tonos rosas, los titiriteros comienzan a salir al escenario. Falta el de la fábrica de sueños, pero en vía de mientras la Cámara de Diputados, por medio de uno de sus centros de estudios, nos regala un paseo por los efectos de las recientes modificaciones constitucionales aprobadas mayoritariamente por los Congresos federal y estatal, en lo que se refiere a procesos electorales y contratación de tiempos en radio y televisión, y las nuevas reglas de acceso a estos medios electrónicos.

Para abrir apetito, indica que a partir de informes preliminares y monitoreos realizados por el Instituto Federal Electoral en los medios de comunicación escritos y electrónicos, se estableció que de los más de 2 mil 68 millones de pesos entregados como gasto de campaña a los partidos políticos de México y a las coaliciones, en la campaña presidencial 2006, al menos 47.3 por ciento (998 millones de pesos) se destinó a la compra de espacios en la radio y la televisión. Lo anterior, sin considerar la misteriosa aparición y desaparición de 281 mil spots que, a estas alturas y ante el inminente relevo en la presidencia del IFE, nadie sabe, nadie supo. Dichos informes, apunta la Cámara de Diputados, permiten conocer el monto canalizado a medios electrónicos en la elección presidencial por partido político: el PAN canalizó 221.4 millones de pesos en medios, de los cuales 98.9 por ciento se destinaron a televisoras y empresas de radio; la Alianza por México gastó 367.7 millones de pesos, y de ellos 94.3 por ciento fueron para los medios; la coalición Por el Bien de Todos pagó 359.1 millones de pesos, 99.6 por ciento de los cuales se aplicaron a radio y televisión; el Panal gastó 23.1 millones de pesos, de los cuales 95.7 por ciento llegaron a los medios electrónicos; el PASC erogó 6.6 millones de pesos y 100 por ciento de los mismos se aplicó a la adquisición de espacios. Lo anterior no incluye una serie de “trucos” publicitarios, como el más común de disfrazar como “información” la propaganda pagada.

A partir de las modificaciones constitucionales, los medios electrónicos deberán borrar de sus proyecciones de utilidades los jugosos ingresos que les dejaban las campañas electorales, principalmente para presidente de la República, y que hasta antes de esos cambios los referidos barones llamaban “defensa de la libertad de expresión”. Ahora que los legisladores decidieron “echar al basurero de la historia…” (etcétera) y arruinarle la “libertad de expresión” a personajes como Salinas Pliego, quedó claro que los tiempos a los que gratuitamente tienen derecho los partidos políticos en tiempos electorales se distribuyen de la siguiente manera: 30 por ciento en forma igualitaria y 70 por ciento en función de su fuerza electoral. Así, para el siguiente proceso electoral el PAN dispondrá de 34.38 por ciento; PRI, 22.39; PRD, 18.51; PT, 5.96; PVEM, 6.59; Convergencia, 5.34; Panal, 4.67; y PASC, 2.11. Además, en tiempos de precampaña los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio o canal de televisión.

El anterior, explica, será el empleado para estimar la distribución de 70 por ciento de los espacios en radio y televisión por partido político, durante las campañas y precampañas electorales, de tal suerte que si una estación de radio o un canal de televisión tiene una transmisión de 12 horas diarias, a los partidos políticos le corresponderán 12 minutos o su equivalente de 720 segundos diarios, de los cuales, 216 segundos se distribuirán de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y 504 segundos se repartirán en función de la fuerza electoral de cada partido político. El IFE dispondrá para sus propios intereses de 36 minutos diarios por estación de radio o canal de televisión. La cuota aumenta de acuerdo con el número de horas de transmisión de una estación de radio o un canal de televisión.

De ese mismo tamaño es el lamento de los barones de los medios electrónicos y sus lágrimas de cocodrilo.

Las rebanadas del pastel

Entre los barones hay muchos “defensores de la libertad”, como Germán Larrea, dueño de Grupo México, que por la libre, no sin el guiño cómplice del gobierno federal, decidió el cierre “definitivo” de la tristemente célebre mina de Pasta de Conchos, en la que los cuerpos de 63 mineros permanecen sepultados desde el 19 de febrero de 2006, porque, asegura, “no hay condiciones para operar” y ya se hizo “lo humanamente posible”. Se supone que el que decide el cierre es la Secretaría de Economía, aunque también en esto los hechos se adelantaron a Eduardo Sojo.

Kikka Roja

Acusaciones, justificaciones, incriminaciones : Proceso

Monero Rapé Rapé– Análisis

Una extraña coautoría dio a luz, de manera sorpresiva, un igualmente extraño producto: el libro La diferencia. Radiografía de un sexenio, que está empezando a circular. Rubén Aguilar, el inefable vocero e intérprete en los últimos años del presidente Fox, y Jorge Castañeda, el canciller durante los primeros tiempos del sexenio foxista, entremezclan “testimonios, relatos, encuentros, versiones y chismes”, y los unen al resultado de una prolongada serie de entrevistas con el exprimer mandatario para ofrecer un texto, “de carácter temerario”, que puede “revestir un interés real para quienes procuran entender lo que ha sucedido durante los años recientes en la política mexicana”. Como bien dicen los autores, al referirse a Fox hay que “entender lo que la fabricación esconde o deja ver, descifrar lo que la exageración, el embuste o la distorsión encriptan…” De una o de otra manera, por su calidad de excolaboradores cercanos, Aguilar y Castañeda hacen aportaciones valiosas para exhibir las miserias de Fox y su sexenio en un momento singular: cuando el expresidente está bajo el embate informativo, legislativo y judicial. He aquí una reseña del volumen. Antonio Jáquez/ Proceso MEXICO, DF, 25 DE NOVIEMBRE /Aparecido intempestivamente, el libro La Diferencia. Radiografía de un sistema, de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda, revela detalles sobre algunas de las decisiones más importantes del sexenio de Vicente Fox, a partir de entrevistas con este personaje, testimonios de primera mano –incluido el de los autores–, chismes, versiones, documentos, fuentes anónimas… Además, y como no queriendo, el texto ajusta cuentas con algunos foxistas arrepentidos, entre ellos Alfonso Durazo, Juan Francisco Ealy Ortiz, Lino Korrodi y Porfirio Muñoz Ledo, y ubica en episodios clave a personajes como Manlio Fabio Beltrones, Pedro Cerisola, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari. Nadie, sin embargo, resulta más exhibido que el propio Fox, aunque ese no haya sido el propósito explícito de los autores. El expresidente, apuntan, “peca tal vez de ingenuidad psicoanalítica. Los pacientes, asentiría Freud, inventan y mienten; pero todo el chiste de la disciplina que produjo consiste justamente en sacar verdad de la mentira, como diría Vargas Llosa: entender lo que la fabricación esconde o deja ver, descifrar lo que la exageración, el embuste o la distorsión encriptan. O parafraseando a Roberto Campos (exministro brasileño): los testimonios de grandes personajes son como los bikinis: lo interesante no es lo que muestran sino lo que esconden”. Al margen de su simpatía por Fox, Aguilar y Castañeda ponen en duda la versión que el expresidente ofrece sobre ciertas decisiones, por ejemplo su supuesto apego a la legalidad en el apoyo a la campaña presidencial de Felipe Calderón: “El hecho de que Fox no haya transferido recursos del gobierno a Calderón, no significa que no lo haya ayudado más que con discursos y apariciones públicas.” Ciertas o no, las historias de Aguilar, Castañeda y el propio Fox arriman más leña a la hoguera en que arden el expresidente y su esposa, Marta Sahagún. Una frase que puede ser epitafio: Vicente Fox “buscó forzar la historia y transformar sus deseos en realidades”. Aguilar y Castañeda, quienes como vocero y canciller, respectivamente, se distinguieron por su comportamiento provocador, se pintan en el libro como blancas palomas… pero amagan a Fox con sacar grabaciones de la entrevista en casos de que intente desmentirlos. En el prólogo se curan en salud, según sus propias palabras, y dicen que a pesar de las diferencias entre ellos “nos une una característica en común: ambos nos abstuvimos de escupir para arriba”. El libro abarca nueve capítulos, entre ellos La formación del gabinete, Cuba que linda es Cuba, Desafuero y desazón: sacar (le) al Peje), y ¿Gané, ganó o ganamos? El capítulo sobre la formación del gabinete contiene detalles sobre el hecho conocido de que cazadores de talentos (headhunters) entrevistaron a la mayoría de los aspirantes y da a conocer historias inéditas sobre varios de los candidatos: En el caso de Hacienda, cuentan, Fox requería de una persona dura y exigente. No fue fácil. En la terna se contempló a Francisco Gil, José Ángel Gurría y Luis Ernesto Derbez. Gurría de plano fue descartado cuando “surgió una acusación de corrupción que luego se comprobó que era falsa. La hizo Eduardo Fernández, el presidente de la Comisión Bancaria y de Valores. Pidió cita a Fox para hablarle del caso”. Derbez, según Fox, fue cuestionado por varios “sectores del empresariado”, que alegaban que en México ni siquiera se sabía quién era. Fox asegura también que escuchó la opinión de Roberto Hernández, quien trató de influir en el nombramiento de algún secretario “pero que nunca estuvo en el círculo de la toma de decisiones”. En cualquier caso, dicen los autores, Fox accedió a la petición empresarial y solicitó opciones. “De la comunidad empresarial tanto de Monterrey como de la ciudad de México surgió el nombre de Francisco Gil. Entre otros, lo propusieron Lorenzo Zambrano, Lorenzo Servitje, el propio Roberto Hernández y Alfonso Romo”. A su nombramiento se opusieron, inútilmente, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego. Una de las designaciones más difíciles fue la del secretario de la Defensa. “Para Fox, el Ejército constituía una gran incógnita, carecía de cualquier conocido dentro de las Fuerzas Armadas; sólo había tratado algunos generales cuando fue gobernador”. Las entrevistas con los candidatos se realizaron en desayunos y comidas en casa de Carlos Rojas Magnon. Él fue quien elaboró las ternas del Ejército y la Marina. Rojas, afirman, tenía relaciones que le facilitaron evaluar “objetivamente” las trayectorias de quienes integraban las ternas. En el caso de la Sedena los seis generales considerados inicialmente fueron Luis Montiel López; Mario Renán Castillo Fernández; Mario Ayón Rodríguez; Delfino Mario Palmerín Cordero; Abraham Campos López y Gerardo Clemente Vega García. Aguilar-Castañeda: “De todos se hizo una averiguación profunda mediante entrevistas con gente que los conocía, pero también observando su situación personal, lo que incluyó el análisis de su forma de vida familiar. De acuerdo con Fox, de los seis casos considerados, uno de los generales, Campos López, fue excluido porque el estudio de campo reveló que existía un desfase entre su nivel de ingreso y su modo de vida; éste era muy superior a lo que le permitirían sus entradas comprobables. Al interior del mismo Ejército, tenía fama de corrupto.” Cuentan que Rojas consultó con los servicios de inteligencia estadunidenses, ingleses e israelitas para verificar que en la terna, tanto del Ejército como de la Marina, no figurara nadie vinculado, según dichos servicios, con el narcotráfico. Se trataba de la misma vía que siguió Ernesto Zedillo cuando nombró como zar antidrogas al general Jesús Gutiérrez Rebollo, sólo que los estadunidenses lo engañaron, primero palomeándolo, para luego denunciarlo. Al final la decisión debía tomarse entre Palmerín Cordero, “que tenía fama de arrogante y estaba muy ligado al general Enrique Cervantes Aguirre, el secretario saliente, y Vega García, también ligado a Cervantes y reconocido como un teórico militar”. En la entrevista Fox se decidió por él. “Palmerín fue nombrado subsecretario, pero destituido al año bajo sospecha de manejos inadecuados y fue enviado a Londres como agregado militar”. Otra selección polémica fue la de Sari Bermúdez como presidenta del Conaculta. Fox primero pensó en Enrique Krauze, “quien muy pronto hizo saber que no deseaba asumir algún cargo público. Fox mantenía una excelente relación con Krauze, que lo había apoyado con mucha fuerza en la campaña desde el frente de los intelectuales pero también, asegura Fox, desde su visión de la historia. Le daba consejos y le hacía propuestas a partir de una perspectiva histórica”. También se consideró a Lourdes Arizpe y Sabina Berman, recomendadas por Castañeda. “ En esos dos casos Fox sí recibió fuertes presiones de sectores conservadores para no incorporarlas al gabinete. Recuerda en particular que Alfonso Romo, el empresario de Monterrey, manifestó su oposición a Berman y a Arizpe. Ambas le parecían muy liberales y heterodoxas. Arizpe también fue ‘vetada’ por José Sarukhán”. En el mismo capítulo se ocupan de las relaciones de Fox con Zedillo, en particular durante el proceso de entrega-recepción. En ese lapso, que duró cinco meses, ambos sólo sostuvieron dos reuniones y “no hubo un diálogo real, ni tampoco una entrega formal y acordada entre el gobierno saliente y el entrante. De acuerdo con Fox, la entrega recepción de aquel entonces no se compara en nada con la que se hizo en 2006. En la del 2000, no se entregó ningún documento. En la del 2006 se hizo entrega, a lo largo de los cinco meses, de todos los documentos que el presidente electo requirió y se tuvieron todas las reuniones que su equipo solicitó”. EL CASO DURAZO En el libro se asegura que Castañeda vinculó a Alfonso Durazo con Fox. Él había buscado contactarse con la campaña por medio de panistas de Sonora. “En esa búsqueda Durazo se acerca a Castañeda, quien organiza el encuentro con Fox. Pedro Cerisola, el coordinador de la campaña, envió un avión a Hermosillo para transportar a Durazo al lugar en donde podía encontrarse con el candidato. Los informes de los panistas de Sonora subrayaban su apoyo a los candidatos del PAN. Mantenía una relación cercana con Manuel Espino, quien aproximó a Durazo con César Leal, panista de Sinaloa que colaboraba en la campaña…” Fox dice que invitó a Durazo al equipo para establecer un puente con el PRI, “en un error de información y apreciación, ya que Durazo era colosista y del colosismo en el PRI ya no quedaba nada. Nunca pensó en la secretaría particular como una instancia política; durante la transición administrativa no habló con Durazo de política y tampoco lo hizo cuando éste ya era su secretario particular. En teoría, su tarea era llevar la agenda y recibir las llamadas que se hacían al Presidente”, es decir un simple secretario. El mismo Fox relata que muchos panistas se opusieron al nombramiento de Durazo, quien hoy es directivo del diario El Universal. En esos días “Rodolfo Elizondo le mandó una nota con una frase de Vaclav Havel que decía: Más vale inexperiencia temporal que sabotaje permanente. Le advertía también de sus lazos con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa. Marta Sahagún tampoco estaba de acuerdo con su incorporación. Durazo supo ganarse a la gente cercana a Fox y solicitó muy pronto su afiliación al PAN. Dice Fox que no sabe si lo hizo por interés genuino en ser panista o por mera conveniencia política. Según el expresidente, a Durazo lo dominaba una obsesión por ser candidato al gobierno de Sonora. “Y cuando le quedó claro que no podía serlo por el PAN, utilizando los viejos métodos del PRI se desilusionó y entonces reventó”. EL CASO LINO Según Fox, siempre tuvo claro que no iba a incorporar a familiares o amigos personales en el gabinete. En ese grupo entraba Lino Korrodi, “quien pidió ser considerado para una secretaría de tema económico, en particular Turismo. Fox asegura que cuando hablo con él para decirle que siguieran siendo amigos, pero que buscara trabajo en otro lado porque él no estaba considerado para el gabinete, Korrodi no lo entendió”. Korrodi no toleró la exclusión y según Fox, terminó por pelearse con todo el mundo; con Fernández de Cevallos y con el PAN. Luego siguió la etapa de las denuncias públicas en los medios y la ruptura con el presidente, “quien hoy sostiene que sabía que Korrodi era una persona conflictiva, ambiciosa e incómoda para integrar un equipo de trabajo. Le había perdido la confianza; pensaba que había el riesgo de que se quisiera aprovechar de un cargo público para hacer dinero”. A partir de esa experiencia y muy al inicio de su mandato envió una carta a todas las secretarías y dependencias del gobierno federal en la que les planteaba que “quedaba estrictamente prohibido atender a cualquier miembro de la familia Fox, de la familia Quesada y también a sus amigos cercanos, subrayando que nunca hicieran caso de alguien que les dijera que venía de parte del Presidente”. EL CASO PORFIRIO Según Aguilar y Castañeda, Muñoz Ledo “solicitó de manera insistente que Fox lo hiciera secretario. Forjó una vieja relación –que no amistad– con Fox desde la candidatura de ambos a la gubernatura de Guanajuato en 1991. Muñoz Ledo se lanzó como candidato y al mero final declinó a favor de Fox, posiblemente un poco tarde para pedir tanto. Quiso la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y si no, Educación; la que realmente le interesaba era Gobernación. La valoración que Fox hacía de Muñoz Ledo era la de una persona inteligente y calificada, pero al mismo tiempo conflictiva y que no sabía trabajar en equipo: En una palabra, una persona que actúa por su cuenta y provocaría mucho ruido en el gabinete”. Desde Bélgica, Muñoz Ledo siguió insistiendo en que se le incorporara al gabinete; cada vez que se daba una baja en alguna secretaría, Muñoz Ledo hablaba para ser considerado. Al final, Muñoz Ledo pidió encabezar una instancia a cargo de la reforma del Estado. “Como era lógico, Creel se opuso y la idea no prosperó. Tal vez la insensibilidad de Fox indujo el reencuentro de Porfirio con López Obrador, pero vale la pena recordar el lamento de Jorge Castañeda padre: lo único peor que ser subalterno de Porfirio es ser su jefe. Castañeda Álvarez de la Rosa había sido ambos.” EL NO DESAFUERO Salinas –junto con otros aliados como Fernández de Cevallos–, también se metió en el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El libro se ocupa ampliamente del asunto y puntualiza los enredos en que se metió Fox, la forma en que se esforzó por liquidar políticamente a su adversario y cómo al final tuvo que echarse para atrás. En el relato destaca el papel que desempeñó el empresario Carlos Ahumada tras la divulgación de los videos que involucraban a colaboradores de Andrés Manuel en presuntos actos de corrupción. Llama la atención la versión de que, después del escándalo, Ahumada huyó a Cuba “por consejo de Rosario Robles y su amigo de años, Lázaro Cárdenas Batel”. Los autores apuntan también la versión de que la disputa entre Ahumada y López Obrador se origina en el cobro del dinero que el empresario prestó para la campaña de Andrés Manuel para la jefatura del gobierno del DF. Según esa versión AMLO rebasó por mucho los topes de gasto, por lo que Rosario, presidenta del PRD, jaló a la dirección nacional del partido la deuda del PRD-DF con las televisoras y las radiodifusoras: Casi 30 millones de dólares, incluidos 12 millones a Televisa. Fue así que Robles acudió a su amigo Ahumada para que le otorgara un “préstamo puente”. Desesperado por el incumplimiento en el pago, Ahumada presionó con los videos… A partir de entonces, dicen Aguilar y Castañeda, “el PRD le debe a Ahumada; El Peje, origen del gasto incurrido, no le debe nada a nadie”. Además, aseguran, Ahumada había entregado sumas adicionales al PRD, empezando con 30 millones de pesos para la campaña de Lázaro Cárdenas a la gubernatura de Michoacán en el 2001, y a las campañas de Raúl Ojeda para la gubernatura de Tabasco en 2000 y 2001. En total, “según algunas fuentes muy cercanas a Ahumada, transfirió más de 300 millones de pesos al PRD”. Los autores afirman que el único que pagó su deuda fue Cárdenas Batel. La aventura antipeje se condensa en la siguiente frase: “Cuando Fox buscó la cuadratura del círculo y quiso el desafuero, el proceso y la condena, y al mismo tiempo evitar la prisión y la inhabilitación, se derrumbó todo”. En cambio, reconocen, López Obrador movió muy bien sus fichas. “Permitió que se arribara al desafuero. Su defensa, según los colaboradores más cercanos a Fox, fue preparada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y su director, Diego Valadés, con la anuencia del rector Juan Ramón de la Fuente, y con el apoyo también del ministro de la Corte Genaro Góngora Pimentel”. En la decisión foxista de echarse para atrás contó también el cambio de parecer del PAN. “Santiago Creel, que según Fox siempre defendía la tesis de no agitar el avispero (…) ya no quería queso sino salir de la ratonera. En la explicación de Fox, todo se consumó en la visita que le hizo Manuel Espino en San Cristóbal, de parte del PAN, a finales de abril de 2005, en que lo liberó de esta manera: ‘al partido no le interesa que López Obrador sea desaforado y eliminado de la contienda, queremos ganarle con votos’. Esa fue, según Fox, la gota que derramó el vaso”. El domingo 24 de abril Fox convocó al rancho a varios colaboradores (Creel, Ramón Muñoz, Rubén Aguilar, María Amparo Casar y Manuel Espino) “y resolvió rajarse. Instruyó a Cabeza de Vaca para que encontrara un taparrabos jurídico a fin de que la PGR se desistiera de la acción penal contra El Peje.” FOX O CALDERÓN El solo título del capítulo referido a la elección del 2006 es provocador: “¿Gané, ganó o ganamos?” Los autores narran que desde los primeros meses de su gobierno “del cambio” Fox contempló un amplio abanico de candidatos de su partido para la elección del 2006. La baraja foxista incluía ocho cartas: Francisco Barrio, Felipe Calderón, Fernando Canales, Alberto Cárdenas, Santiago Creel, Luis Ernesto Derbez, Diego Fernández de Cevallos y Carlos Medina. Al final, como es sabido, a la elección interna del PAN sólo llegaron tres o cuatro; los demás fueron ignorados hasta por sus supuestos simpatizantes, como es el caso notable de Barrio. Según los autores, a la contienda interna “Creel llegó con ventaja respecto a los otros candidatos; lo que le restó votos fue su campaña de televisión dirigida a los ciudadanos en general y no a los militantes y adherentes panistas, que eran los que iban a votar; que se percibiera que había hecho un arreglo con Televisa para estar en los spots a cambio de otorgarles permisos para apuestas; que se le viera como un candidato de nuevo ingreso al partido.” Calderón, en opinión de Fox, arriesgó y por eso ganó. A la distancia, reconoce que la estrategia fue la acertada, y mejor que la de Creel. En el proceso interno, la mayoría de los integrantes del gabinete favorecían a Calderón. A pesar de las simpatías que en su momento Fox pudiera haber manifestado por Creel, “éste nunca contó con el apoyo de los miembros del gabinete”. Durante el proceso de la elección interna, Fox concluyó que el ganador iba a ser Calderón, versión que según Aguilar y Castañeda carece de verosimilitud. Fox le autorizó a Creel seguir en Gobernación y hacer campaña apenas disimulada. Además Fox consiguió un trato favorable de Televisa a Creel de dos maneras. La primera, como relata Marta, fue su intervención en el 2002 ante Creel para que se resolviera el llamado decretazo y se lo debiera la televisora a Creel y a ella. Y otra al tolerar Fox la expedición de permisos de “casinos” a Televisa por parte de Creel, asunto tan importante para el consorcio que cuando Calderón comenzó a criticar a Creel por haber expedido los permisos, “Bernardo Gómez se comunicó furioso con uno de los principales dirigentes de la campaña para decirle: ‘si sigue Calderón criticando lo de los casinos, los sacamos del aire como a Castañeda’, pensar que todo esto podía suceder sin Fox es difícil de imaginar.” Los autores acusan a Fox de falsa ingenuidad cuando dice que no desvió recursos a la campaña de Calderón y le recuerdan el clásico dicho mexicano: No les pido que me den, sólo que me pongan donde hay. “Fox en cierto sentido puso a Calderón donde había: donde había dinero, consejos, contactos, etc… Calderón no requería los servicios de Marta para entenderse con Televisa, pero sí de sus prebendas a la empresa”. MARTA Y SUS HIJOS En la parte final de su libro Castañeda y Aguilar subrayan sus motivos para taparse la boca sobre lo que saben de la “hipotética” corrupción de la familia Fox y el tema de Marta Sahagún. Dicen que hubieran desvirtuado el sentido del libro, “que pretende ser un análisis político de las principales decisiones de sexenio. Además, utilizar la información con la que contábamos proporcionada por las fuentes citadas al principio del texto hubiera significado romper el acuerdo con Fox…”. En cambio los autores no se contienen para exhibir a otros personajes, entre ellos a Juan Francisco Ealy Ortiz, en aquel tiempo presidente y director general de El Universal. Y sueltan: “La posición tan dura que El Universal ha asumido contra Fox y Marta es otro caso. Hacia finales del gobierno Ealy Ortiz solicitó a la presidencia, a través de Marta, su apoyo para obtener una o más de las siguientes cosas: posesión de una cadena de televisión nacional, de una radio con cobertura nacional, permisos para abrir un banco o una casa de bolsa, y la posibilidad de que se le pudiera hacer una condonación de impuestos. Cada una de las solicitudes debía ser tramitada en su instancia correspondiente; la presidencia ya no tenía posibilidad alguna de concederlas. La reacción virulenta de El Universal en contra de Fox y Marta, por un lado, y el espacio que se ha dado a todas las voces dispuestas a criticarlos y acusarlos, por el otro, se explica tal vez por la decisión de Los Pinos de no hacer nada para que esas peticiones se materializaran.”

Kikka Roja

Elena Poniatowska en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

• La vorágine de los libros
• Prevé que Ebrard, Peña Nieto y Cárdenas Batel buscarán la Presidencia
• México se merece un gobierno de izquierda en 2012, afirma Poniatowska
• Durante el plantón de 2006 vimos renacer la solidaridad del 85, asegura
• Presenta en la FIL su libro Amanecer en el Zócalo
• La idea un “presidente legítimo” desquicia a los panistas, dice

Ericka Montaño Garfias (Enviada)

Guadalajara; Jal., 25 de noviembre. Elena Poniatowska en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: “No sé qué va a pasar en 2012. Es muy difícil prever con tanta anticipación porque las circunstancias siempre cambian. Pero se puede decir que los candidatos serán Marcelo Ebrard, Enrique Peña Nieto, Lázaro Cárdenas Batel, se hablaba de Juan Ramón de la Fuente, puede surgir alguna mujer. No sabemos qué pasará, pero sí que México se merece la posibilidad de un gobierno de izquierda.

“No sé ver el futuro ni soy analista política, pero sí puedo decir que ese sería mi deseo.”

La escritora acudió a este encuentro para presentar su libro Amanecer en el Zócalo, un recuento de su experiencia dentro de la resistencia civil en apoyo a Andrés Manuel López Obrador publicado por la editorial Planeta y con el que continúa su quehacer recogiendo los testimonios de los sucesos más importantes en el país, como lo hizo en el 68 y en el 85. “Cientocincuenta mil personas salieron a la calle el 9 de enero de 1994 a enfrentar a Carlos Salinas de Gortari, ante esa presión el ex presidente detuvo la guerra en Chiapas. Un millón de personas pararon el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2005. Un millón y medio de personas no lograron detener la elección ilegal, pero surgió un poderoso movimiento que ha cambiado a nuestro país.” A partir de ahí, la autora de La noche de Tlatelolco y La piel del cielo desgranó los hechos que llevaron al triunfo a Felipe Calderón: la guerra sucia de los empresarios con una campaña de anuncios destinados a amedrentar a la población diciéndole que si ganaba el candidato de izquierda perdería sus casas, o la intervención directa del entonces presidente Vicente Fox en el proceso electoral.

“El Consejo Coordinador Empresarial desembolsó más de 136 millones de pesos para satanizar a Andrés Manuel López Obrador comparándolo con (el presidente venezolano Hugo) Chávez, diciendo que México se convertiría en Cuba. La guerra sucia caló en el espíritu de la gente.” Calderón “se impuso por 233 mil 831 votos, obtenidos mediante urnas rellenadas, además de la campaña sucia, que se intensificó bárbaramente durante los 12 días anteriores a las elecciones. Hasta entonces las encuestas favorecían con seis puntos de delantera a AMLO. De triunfar la izquierda mexicana, América Latina habría dado un giro a la izquierda” con Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay y Chile. “Se habría cumplido el sueño de Bolívar de un continente unido y una América Latina que dé empleo a todos sus habitantes para que no se vayan a Estados Unidos”.

Tras las elecciones se formó un movimiento que siguió a López Obrador cuando anunció, en julio de 2006, que “permaneceríamos en el Zócalo y en el Paseo de la Reforma para protestar por el fraude, y aunque no veníamos preparados nos quedamos y se improvisaron tiendas, y Andrés Manuel compartió la suerte de sus seguidores”, recordó la periodista Fue durante el plantón, en el que se realizaron numerosas actividades culturales, cuando Elena revivió la solidaridad de los que menos tienen, la misma que se dio después de los terremotos del 85. Son los más pobres, dijo, los que se desprenden de lo esencial para darlo a los demás, mientras que los ricos, “por agarrados y codos”, se desprenden sólo de lo que ya no les es útil.

Convivir con toda la gente que apoyó a López Obrador durante 50 días “fue un privilegio”.

Hoy, más de un año después, “la sola idea de un ‘presidente legítimo’ saca de quicio a los panistas, ya que actúa como guía, y, aunque lo consideren un caudillo populista, es un barómetro de la política del país”.

LOS PANISTAS, SON LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA, ECONOMICA Y RELIGIOSA. MUY VIOLENTOS.

Kikka Roja

ONU : La violencia contra mujeres y niñas : Marchas

• Naciones Unidas pone en marcha campaña de 16 días para erradicar agresiones
• México debe fortalecer acciones para evitar violencia contra mujeres: ONU
• A escala global, una de cada cinco es víctima de violación o de intento de abuso

José Antonio Román

En el Distrito Federal, decenas participaron en la caminata Mil voces de mujeres contra la violencia, organizada por la Dirección de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social Foto: María Luisa Severiano

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), la violencia contra mujeres y niñas significa una grave violación a los derechos humanos y un importante problema de salud pública. Además representa un enorme obstáculo para lograr la igualdad de género y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aseguró el coordinador residente de ésta en México, Arie Hoekman. Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el que se inician 16 días de campaña para erradicar todo tipo de agresiones contra ese sector poblacional, el diplomático admitió que aun cuando México ha logrado avances importantes en la materia, principalmente en la década pasada, es necesario no aflojar el paso en la aplicación correcta de las leyes y de los tratados mundiales firmados.

Dijo que, a escala global, se estima que una de cada cinco mujeres es víctima de violación o de intento de violación. Una de cada tres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales o ha padecido abuso por familiares o conocidos que, en general, no son castigados. Las jóvenes y las adolescentes, particularmente, son vulnerables a la violencia por motivos de género. En todo el planeta, casi 50 por ciento de todos los ataques sexuales son perpetrados contra niñas de 15 años o menos. La agresión mata o discapacita a más mujeres que el cáncer. Por ejemplo, en los países más afectados por la pandemia del VIH/sida la violencia sexual es una de las principales causas de infección entre las mujeres, manifestó Arie Hoekman.

Destacó que en la última década ha habido avances sustantivos en la toma de conciencia sobre la gravedad e implicaciones de la violencia contra mujeres y niñas. En México, como en la mayoría de las naciones, se han aprobado leyes en la materia y se dispone de más información que revela la magnitud del problema. A ello se suman la firma y ratificación de convenciones internacionales, que se han traducido en normas y programas de acción para prevenir y atender la violencia de género, lo cual es positivo, pero es necesario avanzar más en el terreno cultural.

• Da a conocer ONG que Chihuahua y Jalisco encabezan lista de feminicidios
• Poner fin a la violencia contra mujeres, exigen manifestantes en cuatro estados
• En San Cristóbal de las Casas, cientos rechazaron la militarización del estado

De los corresponsales

Este domingo se realizaron marchas en Veracruz, Chiapas, Zacatecas y Guerrero, al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Colectivo Plural de Mujeres de Nuevo León llevó a cabo un acto en Monterrey para dar a conocer a las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que se encargan de combatir el fenómeno. La dirigente del colectivo, Maricruz Flores, informó que, entre 2000 y 2007, 186 mujeres han sido asesinadas en Nuevo León; en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1993 a 2005, 442, y en Jalisco, en el mismo lapso, 493. En el estado de México han sido contabilizados más de 300 feminicidios desde 2006.Alrededor de 300 profesionistas, legisladoras, lideresas sociales, estudiantes y amas de casa participaron en la marcha Vivir sin violencia es tu derecho, realizada en Jalapa, Veracruz, a la cual se unieron diputados y funcionarios del gobierno estatal, entre ellos el director general de Prevención y Readaptación Social, Cirilo Rincón Aguilar, y el diputado local panista Cirilo Vázquez Parissi. En el puerto de Veracruz, unas 100 personas también se movilizaron.

Unas 200 integrantes del Movimiento Independiente de Mujeres marcharon por San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en demanda de que cese la violencia en su contra. Además rechazaron la militarización de Chiapas y el país en general. “Luchamos por nuestra autonomía y por el derecho a decidir por nosotras mismas, y también por participar en las instancias de toma de decisiones”, afirmaron las manifestantes en un pronunciamiento. “Ésta es una lucha contra el imperialismo, el neoliberalismo, el neocolonialismo y el patriarcado, y todo sistema que empobrece la vida, los recursos, los ecosistemas y los agentes que los promueven”, señalaron. “Si un país se militariza, como está sucediendo en México, los desplazamientos y el divisionismo de organizaciones y comunidades afectan a la población en general, pero en particular a las mujeres”, indicaron. También hubo una marcha en la capital de Zacatecas, a la cual se esperaba que asistiera la gobernadora Amalia García Medina. La mandataria ofreció acompañar la caminata desde el comienzo, pero únicamente dirigió un discurso al final, en el cual condenó el maltrato físico y sicológico que sufren las mujeres en la entidad y el mundo. La Asamblea Estatal de Mujeres de Guerrero, encabezada por la diputada local perredista Aurora Martha García Martínez, marchó por Chilpancingo, donde exigió a la Procuraduría General de Justicia del estado “que atienda este grave problema que afecta a nuestro estado; la principal y más grave violencia contra el sexo femenino es la que ocurre en el interior de la familia”.

(David Carrizales, Andrés T. Morales, Elio Henríquez, Gerardo Flores y Sergio Ocampo)

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El gobierno, corresponsable de la obesidad entre los mexicanos

• Al año, niños gastan $19 mil millones en chatarra: INN
• El gobierno, corresponsable de la obesidad entre los mexicanos

Angélica Enciso L.

La epidemia de obesidad que afecta a siete de cada 10 mexicanos no es únicamente resultado del cambio de hábitos alimentarios –proceso que ha llevado a que el consumo de frutas y verduras haya caído 30 por ciento y al aumento de 60 por ciento en el consumo de los refrescos en los pasados 14 años–, también es producto de la ausencia del gobierno federal en la materia, ya que no sólo ignora su responsabilidad en este terreno, sino que también propicia que se incumpla la legislación correspondiente. Asimismo, en gran parte, las escuelas son responsables de esta situación, señalaron ayer expertos, los cuales advirtieron que la obesidad, más que de actitudes individuales, es consecuencia de un “ambiente obesigénico”, en el que predomina la publicidad engañosa de alimentos chatarra, la escasez de agua potable –que propicia el consumo de bebidas gaseosas– y la “falta absoluta de educación y orientación nutricional entre la población”.

En conferencia de prensa, Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán (INN) señaló que los más vulnerables a esta situación son los niños (uno de cada cuatro niños es obeso), quienes anualmente gastan en las escuelas –en el recreo o al salir de clases– alrededor de 19 mil millones de pesos en dulces y frituras con altos contenidos de grasas y azúcares. Datos de la organización El Poder del Consumidor indican que, al año, los menores ven alrededor de 12 mil 700 anuncios de comida chatarra en televisión. pero ninguno con orientación nutricional.

Sostuvo que en los pasados 20 años, la obesidad ha crecido “de manera escalofriante” en todas las capas sociales”, y agregó que cuando un niño es desnutrido desde el nacimiento hasta los dos años de edad, en la adultez se vuelve obeso y es más vulnerable a padecer diabetes, hipertensión e infartos. Las anteriores son males que generalmente se derivan de la obesidad. Actualmente hay 10 millones de personas con diabetes, mal que crece 3 por ciento al año, cuyos costos directos e indirectos ascienden a 23 mil millones de pesos. Afuera y adentro de sus instalaciones, las escuelas se han convertido en sitios con una amplia oferta de alimentos con alta densidad energética y bebidas azucaradas. Han desaparecido los bebederos de agua, y “en vez de proporcionar educación nutricional”, las escuelas fomentan el consumo de alimentos chatarra, indica el estudio Ambiente obesigénico.

Por su parte, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, dijo que en las dos anteriores décadas ha cambiado la nutrición de la población, aspecto en el cual el Estado tiene la responsabilidad de resguardar el derecho a la salud, establecido en el artículo cuarto constitucional. Agregó que en, los hechos, la educación nutricional ha quedado en manos de las empresas productoras de alimentos procesados, las cuales han cabildeado en el Congreso de la Unión para evitar que se establezca alguna legislación que las regule o a que deban especificar los contenidos de sus productos en etiquetas. “El Estado ha caído en el juego impuesto por las empresas al decir que no hay alimentos buenos y malos, sino dietas adecuadas y no adecuadas”, afirmó. Ello, agregó, debe “ser remplazado por criterios de salud e interés público, pues debe imperar la diferenciación entre los alimentos que son recomendables para consumo habitual y aquellos que sólo deben consumirse de manera esporádica”, dijo.

Kikka Roja