Las elecciones presidenciales de 2006 se saldaron por un fraude electoral descomunal que hizo prevalecer los intereses de unos cuantos por encima de los derechos de todos. Ellos son los traficantes de influencias enriquecidos en el sexenio 1988-1994, sostuvo ayer Luis Javier Garrido, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el marco del coloquio Capitalismo y democracia, el también articulista de La Jornada dijo que las recientes elecciones constituyeron un aparente triunfo del poder del dinero sobre la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano. Añadió que en la parte final del siglo XX el país no tuvo un proceso de transición a la democracia y ni siquiera una reconversión civilizada de su sistema político. Al participar en la mesa Democracia y dinero: el financiamiento de los partidos políticos, el académico insistió en que el fraude electoral de 2006 es el más costoso de la historia nacional, porque hubo un impresionante derroche de recursos. Subrayó la participación activa de la Iglesia durante las campañas electorales, que con su poder e influencia también hizo proselitismo político en colegios y reuniones parroquiales, "actuando subversivamente" para imponer al candidato panista, Felipe Calderón. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales señaló que a partir de 1988 las campañas electorales han perdido legitimidad porque el poder del dinero se ha impuesto sobre los derechos de los mexicanos. Añadió que hay una evidente crisis política y para solucionarla se requiere de una modificación absoluta del poder económico del país. Así, el futuro de México se debate en una confrontación entre el dinero y el pueblo, que cada vez más tiene la necesidad de hacer valer sus derechos, concluyó.
Frase de Jorge Saldaña "QUE COÑO VA HABER TRANSPARENCIA EN ESTE PAIS". La "Vazquez Mota" se quedó en casa, no fue a Canada, ¿Ya se imaginan que "apurados" andan en el gobierno panista?
Salvador García SotoNotas indiscretas. Justo antes de abordar el avión con rumbo a Canadá, Felipe Calderón recibió una llamada del secretario Carlos Abascal . Lo que le dijo el titular de Gobernación sobre Oaxaca debió ser tan delicado, que de último momento, el Presidente electo le pidió a Josefina Vázquez Mota que no fuera a la gira, aunque estaba en la comitiva oficial. La instrucción para Vázquez Mota fue precisa: estar al frente del asunto Oaxaca y coordinarse con Abascal . Si a eso se añade que Abascal tuvo ayer una larga reunión con el director del Cisen, Domingo López Huitrón , sobre el conflicto oaxaqueño, la conclusión es que el operativo federal para desalojar el centro de Oaxaca se activó de nuevo. Federico Arreola , ex director y ex columnista de
Milenio , prepara demandas laborales contra la empresa por despido injustificado. "Les voy a sacar un dineral si les gano", ha dicho el polémico personaje a sus amigos. Paran los dados. Tocó Escalera.
LEER COMPLETOEl jefe de protocolo de Canadá recibió anoche en Ottawa al presidente electo Prevista en la comitiva de Calderón, Vázquez Mota se quedó en México Atenderá "los asuntos que tengan que cuidarse en mi ausencia", explicó el michoacano CLAUDIA HERRERA BELTRAN ENVIADA LEER COMPLETO
Sin la salida del gobernador no habrá confianza en las instituciones, advierten Empresarios oaxaqueños se suman a la petición para que renuncie Ruiz Piden el pago inmediato de salarios caídos de los maestros y se oponen al uso de la fuerza BLANCHE PETRICH Y ENRIQUE MENDEZ ENVIADOS
Oaxaca, Oax., 25 de octubre. Un sector de empresarios oaxaqueños llegó a la conclusión de que sin la salida de Ulises Ruiz -por la vía que sea: dimisión, licencia o desaparición de poderes- no habrá ni confianza en las instituciones ni transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, por lo que se han sumado a la iniciativa ciudadana que, junto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio, exige el fin del mandato del gobernador priísta. En las conclusiones de la Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Paz, que sesionó en asamblea plenaria, varios hombres de negocios, comerciantes, restauranteros e inclusive dirigentes de la Canaco, con la representación de Juan Albizu, suscribieron una agenda que, en el corto plazo, propone el pago inmediato de los 400 millones de pesos mensuales de salarios caídos que se adeuda a los maestros de la sección 22 del SNTE, cuya derrama puede ser ''un poderoso pivote para reactivar la actividad económica'' del estado. Este sector, que se sumó a la iniciativa ciudadana, está integrado principalmente por pequeños y medianos empresarios y prestadores de servicios. En un documento de consenso que fue presentado este miércoles, demandan la creación de una ''auditoría ciudadana'' que fiscalice la gestión de Ruiz Ortiz, una moratoria fiscal y crediticia para los sectores más golpeados por la crisis y la creación de un fondo de emergencia, monitoreado por las organizaciones sociales, para la creación urgente de empleos.
''Barricadas móviles''
Aceptan, además, negociar con la APPO horarios y ubicación de las barricadas nocturnas en el centro histórico de esta capital para facilitar la actividad turística durante las fechas tradicionales de Día de Muertos, Noche de Rábanos y Navidad. Este grupo se opone tajantemente al uso de la fuerza para reprimir al movimiento opositor, en contraste con otros sectores empresariales ligados a las redes de interés del gobierno estatal, a sus prácticas corporativas o sometidos con amenazas de auditorías, inspecciones arbitrarias y recesión de contratos. En el largo plazo, empresarios y sectores productivos proponen como única vía para combatir la aguda corrupción institucional que la actual clase política ''se haga a un lado'' y que las familias de los gobernantes y sus ''mafias'' dejen de manejar ''a discreción'' los recursos públicos. En un documento leído hoy por el consultor de pequeños y medianos caficultores, Alfonso Silva, en la reunión plenaria de la Iniciativa Ciudadana, afirmaron que ''no se podrá avanzar en la reactivación de la economía oaxaqueña si los ciudadanos no recuperan la confianza en las instituciones y sus autoridades''. Y para ello, insisten, el relevo del gobernador es ''indispensable''. Cautelosos y muy en su papel de empresarios, pero en sintonía con quienes en distintos tonos exigen la caída de Ulises Ruiz, los representantes de la iniciativa privada hablan de instalar barricadas a partir de las 11 de la noche, de establecer ''barricadas móviles'' para permitir el paso de turistas por puntos de interés, pero también dan un campanazo en favor de la moderación y la civilidad, cuando piden a los activistas de la APPO y el magisterio ''evitar actos que puedan hacer que el movimiento sea caracterizado como vandálico''. Todo esto y más se encuentra contenido en las conclusiones de la mesa denominada Economía Social y Solidaria de la Iniciativa de Diálogo, que arrancó el pasado 12 de octubre en el atrio del ex convento de Santo Domingo y que ayer sostuvo, ahí mismo, su segunda reunión plenaria. Al inicio del acto, al que asistieron más de 500 representantes de organizaciones indígenas, académicas, ecologistas, de derechos humanos, feministas, educadores, religiosos, sindicales, culturales y de medios de comunicación alternativos, fueron invocados -muy al modo indio- el padre sol, la madre tierra y la abuela luna. Copal en abundancia, música de caracoles, cuernos, flautas, sonajas y tamborines se dirigieron hacia los cuatro puntos cardinales pidiendo fuerza, integridad y energía para llevar a cabo la lucha. La primera oradora fue la maestra María del Carmen López Vázquez, vocera y locutora de Radio Plantón, una de las radioemisoras que opera la APPO. Ella y sus hijas pequeñas han sido amenazadas de muerte por los grupos paramilitares que han entrado en acción en los últimos meses. ''Oaxaca y su movimiento popular -dice cerrando su discurso- es hoy la esperanza de todo México y de los pueblos pobres del mundo''. En cuanto a las propuestas de la mesa que desarrolló el tema Nueva democracia y gobernabilidad, se incluyó la resolución de presentar, en el corto plazo, una controversia constitucional para lograr la dimisión del gobernador Ruiz. Se propuso rencauzar el proceso de solicitud de desaparición de poderes a través del Senado -que ya fracasó en primera instancia con un amarre entre el PAN y el PRI- e insistió en aplicar acciones para revertir las reformas legales que aprobó la legislatura local ''en condiciones de ingobernabilidad''. Para el largo plazo las tareas que se propone la iniciativa son de gran calado: un nuevo pacto social para Oaxaca, el rediseño de las instituciones con figuras que incluyan el referendo y la revocación del mandato en las leyes estatales y una reforma a fondo de las instituciones electorales. Así, las organizaciones variopintas que integran la Iniciativa Ciudadana -algunas militan en la APPO, pero muchas otras, quizá las más, no están integradas en la asamblea, aunque acompañan la demanda de la salida del gobernador- cerraron un primer ciclo de debate y diálogo ''con la mira puesta no sólo en la caída de Ulises Ruiz sino, sobre todo, en el día después'', asegura el sacerdote José Rentería.