Ante inseguridad, pleito en el Gabinete
Mientras que asciende a más de cinco mil el número de personas ejecutadas en los 20 meses de la actual Administración y durante 2007 el número de secuestros creció en 35% respecto del año anterior, riñen los funcionarios encargados de combatir esas expresiones de la delincuencia organizada. Según pudo saber el diario Reforma, en sesión del Gabinete de seguridad federal, el miércoles pasado el Procurador General de la República y el Secretario de Seguridad Pública, se incriminaron mutuamente, ante el crecimiento del delito de secuestro, que el año pasado victimó a 438 personas (frente a 325 de 2006).
Aunque lo más probable es que ambas partes tengan razón, sólo Eduardo Medina Mora tomó de inmediato medidas para encarar la situación, al mismo tiempo que Genaro García Luna se ufanaba de la eficacia de sus métodos al exhibir la detención de un jefe de banda colombiano que se asentó en la Ciudad de México desde hace varios años, y al que para efectos de imagen la SSP retuvo más tiempo del debido. No podría enorgullecerse, en cambio, de la probidad de sus dependientes, al menos si se considera que el comandante en Baja California de la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada y dirigida por el hoy Secretario de Seguridad, y del que esa agencia depende ahora, está detenido en Los Ángeles por posesión de medio millón de dólares en efectivo, lo que para la autoridad norteamericana que lo capturó supone una conexión con el crimen organizado.
La creación de la SSP en diciembre de 2000 significó un conflicto estructural agravado por la rivalidad entre el primer titular de la nueva dependencia, Alejandro Gertz Manero y el general procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha. Con el apoyo de Francisco Barrio, cabeza de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Secretaría de la Función Pública), Gertz Manero acusó formalmente por malos manejos a varios responsables de la Policía Federal Preventiva (PFP), creada en 1999 y dependiente de la Secretaría de Gobernación. Entre ellos se encontraba García Luna que, a despecho de esa acusación que finalmente superó (comprensiblemente, si se considera que la investigación fue realizada por la Procuraduría de que ya formaba parte), había sido encargado por Macedo de la Concha de transformar la Policía Judicial Federal en la Agencia Federal de Investigación, de que fue primer director.
Ese conflicto estructural se agravó en el Gobierno de Calderón por la iniciativa, frustrada formalmente hasta ahora, de crear una Policía federal mediante la fusión de la AFI y la PFP, dependiente de la SSP, lo que significa una agrave amputación de las atribuciones constitucionales de la Procuraduría. El artículo 21 de la Constitución, en efecto, establece sin ninguna duda que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”.
Desprovista de su brazo policial, la Procuraduría investiga sólo a través del personal de sus unidades especializadas. Esta merma de atribuciones, entre otros factores, puede explicar la insuficiencia de sus tareas, que el procurador Medina Mora pretende encarar con el reemplazo de cuatro de sus cinco subprocuradores, decisión que se concretó ya en el caso del principal de ellos, el responsable de las investigaciones sobre delincuencia organizada, Noé Ramírez Mandujano, que el jueves causó baja por varios motivos. El que parece más obvio debería producir una renuncia equivalente en la SSP pues el incremento en el número de secuestros en todo el País, significa una deficiente prevención del delito, y no sólo el mal desempeño del Ministerio Público investigador. En busca de otras causas más directamente relacionadas con la tarea del Subprocurador despedido, se señala su fracaso en la pesquisa sobre los desaparecidos militantes del EPR.
En la única acción que el Estado mexicano ha emprendido en torno a la suerte de Edmundo Reyes Ledesma y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, el 26 de abril fueron detenidos en Oaxaca un jefe de la Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández y su chofer, el agente Ángel Reyes Cruz, señalados por aquella desaparición. Sin elementos para su consignación, la PGR solicitó el arraigo de esos implicados por 90 días. Cuando se aproximaba el fin del término, los arraigados obtuvieron amparo y quedaron en libertad, sin que el Ministerio Público reaccionara en contra de esa decisión. La posibilidad, esbozada por funcionarios del Gobierno federal, de encontrar a los desaparecidos o al menos probar que no está implicado el propio Gobierno en su desaparición, se diluyó de esa manera. La consecuencia de esa frustración ministerial puede ser muy grave, pues el EPR realizó en julio y septiembre del año pasado graves atentados contra instalaciones petroleras, y ese género de acciones podrían ser reiniciadas por ese grupo guerrillero –que practica por ahora una tregua unilateral comprometida con la comisión mediadora— si se entiende la libertad de los implicados como muestra de la falta se voluntad gubernamental ante su reclamo de presentar con vida a los desaparecidos.
De manera escalonada se espera que próximamente sean sustituidos tres subprocuradores más. El más notorio de ellos es José Luis Santiago Vasconcelos, que al concluir su discutible desempeño al frente de la Siedo pasó a la de asuntos jurídicos e internacionales. Lo seguirán Víctor Emilio Corzo Cabañas, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador de Delitos Federales. También causará baja Rafael Ibarra Consejo, hasta ahora oficial mayor. Este funcionario, y Corzo Castaños, han trabajado antes con Medina Mora, ambos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), e Ibarra también en la SSP.
Se conjetura que el reemplazante de Ramírez Mandujano en la Siedo, sea Ardelio Vargas Fosado, lo que supondría un nuevo germen de discordia entre Medina Mora y García Luna, pues éste lo despidió de su círculo cercano, en respuesta a lo cual el Procurador lo atrajo a su proximidad. Vargas Fosado, fue nombrado en el sexenio pasado, cuando Medina Mora quedó a cargo de la SSP a la muerte de Ramón Martín Huerta, alto funcionario de la Policía Federal Preventiva. De modo que en el lenguaje y las prácticas de la clase gobernante, era “gente de Medina Mora” cuando en la SSP se le responsabilizó de fundir las dos corporaciones federales que integrarían la Policía Federal, proceso en que como primer paso se le puso a la cabeza de ambas. Precisamente por la pertenencia de Vargas al grupo de la Procuraduría, García Luna lo despidió menos de cuatro meses después de haber accedido a su designación. Como muestra de su inconformidad con ese despido, Medina Mora rescató a Vargas y lo designó director del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, conocido como Cenapi.
Mientras ocurren estos ires y venires, reclamos recíprocos, ajustes de cuentas burocráticos, juegos de guerra que podrían ser triviales, si no supusieran medro de la delincuencia, ésta no cesa de crecer y de contaminar en su provecho a las fuerzas policiacas. Un ejemplo muy a la mano de esta enfermedad del aparato, es el caso del jefe de la AFI en Mexicali, mencionado al principio de esta columna. Se trata de Carlos Alberto Sedano Filippini, cuyo arresto fue anunciado el viernes por la DEA, la agencia contra las drogas del Gobierno norteamericano, que vinculó el medio millón de dólares en efectivo que el funcionario mexicano llevaba consigo con actividades del crimen organizado. Apenas el 26 de julio, dos miembros de la AFI, muy cercanos a su jefe, fueron ejecutados al salir de un restaurante en la capital bajacaliforniana, cuando se disponían a abordar el vehículo en que habían llegado, que resultó propiedad de Sedano Filippini. Sea que éste supiera o cavilara que el atentado había estado dirigido a él o implicaba un mensaje, se ausentó desde entonces de su oficina. Oficialmente se dijo que había viajado al DF a informar a sus superiores sobre el acontecimiento. Si lo hizo, aprovechó la circunstancia para volar Los Ángeles, donde fue detenido.
Así son los guardianes de nuestra seguridad.
El pasado presente.
El primero de agosto de 1968 –40 años hace, cumplidos anteayer—el rector de la Universidad Nacional, ingeniero Javier Barros Sierra, poco antes de encabezar la primera gran marcha de universitarios en defensa de la autonomía, expresó por primera vez la identidad de la lucha en pos del respeto a esa condición de vida de la Universidad, y las libertades públicas de las personas.
Barros Sierra, había llegado a la rectoría de la UNAM en circunstancias críticas para esa casa de estudios, en mayo de 1966. Una maniobra de líderes convenencieros, apoyados por funcionarios del Gobierno federal y politicos de baja estofa, había echado de su cargo al rector Ignacio Chávez, cima de la ciencia médica en México, y sumido a la Universidad en una crisis no sólo administrativa y política, sino también moral. Era requisito para salvar a esa casa de estudios que quien reemplazara al gran patriarca de la cardiología mexicana tuviera una altura ética, espiritual, que lo situara por encima de la coyuntura y evitara parecer beneficiario de una ruin conspiración. Ése fue Barros Sierra.
Después de haber sido director de la Facultad de Ingeniería y Secretario de Obras Públicas con Adolfo López Mateos, compañero de Gabinete de Gustavo Díaz Ordaz, Barros Sierra rechazó los cargos menores que éste le ofreció, oferta y rechazo que mostraban el desdén que se manifestaban recíprocamente. Pero Barros Sierra no rehusó, en cambio, la tarea que le propuso Jesús Reyes Heroles, un profesor universitario de magnitud semejante a la suya en ese terreno, a quien Díaz Ordaz había designado director de Pemex. Reyes Heroles le propuso crear una institución, paralela a la empresa petrolera nacional, dedicada a la investigación científica y técnica en ese ramo, que dotara al Estado mexicano de autonomía frente a los grandes consorcios que monopolizaban la tecnología del ramo. Barros Sierra aceptó fundar y dirigir el Instituto Mexicano del Petróleo, tan necesario hoy y tan venido a menos.
Tras la caída de Chávez, la Junta de Gobierno de la UNAM se dio a la tarea de nombrar a quien lo sustituyera, que debería contar con el asentimiento implícito y aún explícito de la Presidencia, para evitar la repetición del negro episodio en el que aún se hallaba la máxima casa de estudios. Se buscó un intermediario con el Gobierno, que resultó ser Reyes Heroles, quien propuso a Barros Sierra para el cargo. Al aceptar la Junta, el director de Pemex consultó a Díaz Ordaz, y éste dudó que Barros Sierra diera su anuencia. Al comunicar Reyes Heroles al Presidente la aceptación del Director del IMP, el burdo titular del Poder Ejecutivo, con su lenguaje procaz respondió, según el testimonio que recogí directamente de don Jesús: ¡Nunca falta un pendejo cuando uno lo necesita!
Los años siguientes mostrarían al Presidente que el rector no sólo carecía del defecto que entonces le atribuyó (lo que por lo demás le era sobradamente conocido) sino que poseía virtudes que lo hicieron estar a la altura de las circunstancias históricas desde el comienzo mismo de la crisis política del 68, desencadenada por la miopía gubernamental y el alma canalla de algunos de sus personeros, como Luis Echeverría, quienes pretendieron obtener ventaja política de una coyuntura, sin importarles que de paso gestaran una tragedia.
Cuando soldados rompieron con una bazuka la puerta de San Ildefonso y ocuparon ese recinto universitario, tomado durante dos días por estudiantes de bachillerato, en protesta por la agresión que en la calle había asestado la Policía a algunos de ellos, la comunidad universitaria reaccionó inmediatamente. Al mediodía del 31 de julio, horas después del ataque militar a San Ilefonso, de modo espontáneo se reunieron miles de estudiantes y profesores ante la Torre de la Rectoría, ante los cuales accedió a hablar Barros Sierra, quien izó a media asta la Bandera nacional, como signo de duelo ante la agresión. Dijo también que encabezaría la marcha que al día siguiente iría de Ciudad Universitaria hasta la esquina de Insurgentes Sur y Félix Cuevas.
Antes de partir, el rector dijo un discurso, hermoso, contundente:
“Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no será sólo la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos, la cesación de las represiones…se juegan en esta jornada no sólo los destinos de la Universidad y el Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables del pueblo de México. En la medida en que sepamos demostrar que podemos actuar con energía, pero siempre dentro del marco de la ley, tantas veces violada pero no por nosotros, afianzaremos no sólo la autonomía y las libertades de nuestras casas de estudios superiores, sino que contribuiremos fundamentalmente a las causas libertarias de México”.
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