Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ayer, en la Cámara de Diputados, un proyecto de reforma de la ley laboral que busca, a decir del blanquiazul, colocar al país en la "modernidad" en materia de trabajo "sin afectar los derechos consagrados en el artículo 123" de la Constitución.
Entre otros puntos, la iniciativa panista propone regular la figura de la subcontratación o outsourcing; contempla incluir en la legislación modalidades de contratación por hora y temporada; plantea limitar el pago de salarios caídos; incorpora la "multihabilidad" obligatoria –a efectos de que los empleados desarrollen diversas funciones–, e incluye la obligatoriedad del arbitraje en los conflictos de huelga, así como nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga. También plantea obligar a las dirigencias gremiales a difundir información sobre la administración de sus recursos y sus estatutos.
Sin soslayar la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que contribuya a mejorar la situación laboral del país –en la que convergen la escasez de empleos formales, el ensanchamiento de la informalidad, el pago de salarios insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas y el despojo sistemático de los derechos más elementales de los trabajadores– y sin soslayar la pertinencia de algunos de los puntos de esta iniciativa –difícilmente se podría estar en desacuerdo con la proscripción del trabajo de menores de edad, la democratización sindical y las medidas orientadas a la equidad de género en el ámbito laboral–, cabe preguntarse hasta qué punto esta iniciativa contribuirá al bienestar de los asalariados. Llama la atención, en primer lugar, que se pretenda incluir en estas reformas el reconocimiento de la subcontratación, el pago por horas, los contratos por trabajo a prueba y por capacitación, el establecimiento de la figura de multihabilidad y demás medidas que parecen orientadas, más que a proteger a los empleados, a quitar responsabilidades patronales, profundizar la precarización y la incertidumbre laboral que privan en el país e incentivar la proliferación de empleos eventuales y mal remunerados.
Por otra parte, no puede escapar al análisis el hecho de que la presentación de esta iniciativa tiene dos elementos de contexto insoslayables: por un lado, el refrendo y las alianzas del grupo en el poder con algunas de las expresiones más recalcitrantes y antidemocráticas del sindicalismo charro –como las cúpulas que controlan los sindicatos de maestros y petroleros, o la propia CTM, alabada en días recientes por el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, como una de las organizaciones obreras "más serias, responsables y sensatas"– y, por el otro, una cruzada oficial contra el sindicalismo independiente, como se ha visto con la embestida gubernamental en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas y su entorno social de apoyo tras la extinción, por decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro. En ese sentido, es obligado preguntarse si, de ser aprobada esta reforma, los mecanismos de "transparencia y democratización" sindicales no se aplicarán en realidad de manera selectiva, como medio de golpeteo político en perjuicio de gremios considerados opositores.
Otro aspecto criticable del proyecto de reforma es que los legisladores panistas planteen elevar los requisitos necesarios para el emplazamiento a huelga y el establecimiento del arbitraje obligatorio en los conflictos –lo que abriría la oportunidad para que la autoridad respectiva dé por terminados los paros a su criterio– y no hagan lo propio con la creación de un verdadero órgano jurisdiccional en materia laboral que esté bajo control de jueces autónomos. Tal omisión es improcedente no sólo porque deja de lado una añeja demanda de sindicalistas, juristas y especialistas de la academia, sino porque de esa forma mantiene la facultad de la resolución de los conflictos laborales en manos las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias alineadas bajo la mascarada de un falso tripartidismo, a los designios del grupo político-empresarial que gobierna el país.
En suma, y a reserva de lo que ocurra en el debate legislativo sobre las reformas comentadas, es claro que éstas encierran, en su formulación presente, elementos que agudizan la incertidumbre y precariedad laboral en el país.
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- Sin que estuviera incluida en el orden del día, presenta iniciativa; "no pasará": PRI
- Presenta AN reforma a la Ley Federal del Trabajo que limita el derecho de huelga
Enrique Méndez y Roberto GarduñoPeriódico La Jornada
Viernes 19 de marzo de 2010, p. 8
Sin haberse incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que pretende dar mayores beneficios a los patrones, limitar el ejercicio del derecho de huelga, legalizar la práctica de la subcontratación (outsourcing) para no generar derechos laborales e imponer los denominados periodos de prueba.
El proyecto fue presentado por Gerardo de los Cobos, quien fue asesor de Vicente Fox en el gobierno de Guanajuato y en la campaña de Felipe Calderón. Miembro de El Yunque, sus jefes en esa organización de ultraderecha panista son Ramón Muñoz, Elías Villegas –financiador de Fox– y Eduardo Sojo.
De los Cobos dio a conocer un proyecto que reduce obligaciones a los patrones, a quienes permite no informar al trabajador de la rescisión de la relación laboral, sino hacerlo directamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
También considera que la elección de los líderes sindicales sea por el voto secreto y directo de los afiliados, y suprimir la obligación del descuento de cuotas, medidas rechazadas de inmediato por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dirigentes de organizaciones afiliadas al Congreso del Trabajo, quienes advirtieron que el proyecto –atribuido al secretario del sector, Javier Lozano– "no pasará".
"No sabemos si es una copia pirata, pero como es una iniciativa de un tema muy importante, tendrá que ser sujeta a una revisión extraordinariamente escrupulosa, porque en el PRI vamos a defender los derechos de los trabajadores", aseguró el coordinador de la bancada del tricolor, Francisco Rojas Gutiérrez.
Los priístas criticaron el "subterfugio" que utilizó el blanquiazul para presentar la iniciativa. Sin que formara parte de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, el PAN en la mesa directiva introdujo el texto, que no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Mientras De los Cobos leía un resumen del proyecto, el priísta César Augusto Santiago Ramírez preguntó al encargado de servicios parlamentarios, Emilio Suárez Licona, por qué no se publicó la iniciativa, como es obligatorio, ante lo cual el funcionario corrió a buscar un anexo recién salido de la imprenta.
"Se trata de una marrullería del secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien por la mañana anuncia la presentación del proyecto, y aquí le da entrada en lo oscurito Javier Salazar, otro ex secretario del Trabajo enemigo de los sindicatos. Si se trata de una iniciativa honesta, ¿por qué actúan a escondidas?", cuestionó Santiago Ramírez.
Con el presunto fin de generar más empleos, el proyecto panista propone el modelo de contratación individual, limitar a seis meses el pago de salarios caídos.
En caso de despido, plantea eximir al patrón de la obligación de reinstalar a un trabajador con antigüedad menor a tres años
Propone suprimir el escalafón ciego "a efecto de privilegiar la productividad" e incluir la "multihabilidad obligatoria".
También, "para fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral", incluir el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga; más requisitos para la tramitación de las demandas de titularidad del contracto colectivo de trabajo, así como nuevos requisitos para emplazar a huelga.
Plantea declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos, y negar el trámite para el paro de labores por incumplimiento al contrato cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.
De los Cobos propuso suprimir la figura de "puesto de trabajo", con el argumento de que se basa "en un modelo de producción de la década de los 30" del siglo pasado, y bajo la cual un asalariado sólo está obligado a cumplir la tarea para la cual fue contratado, "lo cual atenta contra la productividad", dijo.
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- Es pro patronal y genera condiciones de mayor explotación, sostienen
- Repudian sindicatos el plan blanquiazul
Patricia Muñoz RíosPeriódico La Jornada
Viernes 19 de marzo de 2010, p. 8
El proyecto de reforma a la legislación laboral presentado por panistas en la Cámara de Diputados es un "golpe brutal", ya que “cancela de facto derechos fundamentales de los trabajadores, como el de huelga y el de estabilidad del empleo”, propone la precarización y el empobrecimiento de los asalariados y da carta de naturalización a la subcontratación.
Es el "sueño hecho realidad del sector patronal de recortar y modificar en su favor la Ley Federal del Trabajo".
Luego de plantear lo anterior, las principales centrales y sindicatos independientes manifestaron su total rechazo a ese proyecto, el cual, señalaron, "modifica el fondo del artículo 123 constitucional" y representa un "grave retroceso".
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), la Alianza de Tranviarios y el sindicato minero, entre otras organizaciones, sostuvieron que el proyecto es "absolutamente pro patronal" e inaceptable, porque genera condiciones de mayor explotación.
En nombre del FAT, Benedicto Martínez Orozco aseveró que ese plan, además de que nulifica el derecho de huelga, facilita el despido de trabajadores, "mata" el derecho de luchar por mejores salarios y condiciones de trabajo, crea el pago por hora y "flexibiliza" la contratación en favor de los patrones.
La iniciativa fue elaborada totalmente por abogados del sector empresarial, sin tomar en cuenta a los asalariados, indicó.
Por la presidencia colegiada de la UNT, Agustín Rodríguez, expuso que la iniciativa "es 90 por ciento la elaborada en su momento por Carlos Abascal, que luego fue adicionada por el secretario Javier Lozano".
Es una ley que no da garantías a los trabajadores, disminuye sus derechos a la estabilidad laboral y económica y, lejos de generar condiciones de equidad o desarrollo, propicia una mayor explotación, agregó.
Por la ASSA, la secretaría general, Lizette Clavel, indicó que aceptar esta reforma en los términos en que fue presentada "convierte en obsoletos a los sindicatos y viola la libertad de los trabajadores para organizarse conforme a su interés, lo cual también conculca los principios en los que se sustenta la libertad sindical a nivel constitucional y los principios (incluidos) en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo".
Para el CILAS, en la propuesta, que "se materializa después de múltiples amagos", se pretende hacer creer que se trata de democratizar y transparentar la vida sindical mexicana y de promover el empleo; no obstante, plantea abiertas agresiones a los derechos de los asalariados.
Además, su contenido principal refleja la tendencia recurrente del gobierno mexicano, en especial de la Secretaría del Trabajo, de actuar como voceros de los empresarios; la señal que ha lanzado es obvia: el ataque a todo lo que signifique organizaciones obreras independientes, afirmó.
Por la Alianza de Tranviarios, Benito Bahena, comentó que aunque Lozano "dejó huérfana esta reforma laboral, es indudable que es de su tutoría".
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