ASTILLERO : Congregación de lucros políticos

Julio Hernández López
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■ Uso exculpatorio de Los Pinos
■ Dos sesiones simbólicas que dan línea
■ Congregación de lucros políticos
■ Mouriño, vocero de barandilla

Felipe Calderón ha preferido el lenguaje simbólico para demostrar respaldo a la conducta de su afectuosa hechura política, el actual secretario de gobernación. Ni una palabra ha dicho el ocupante de Los Pinos respecto de las aventuras del Señor de las Firmas pero, además de avalarlo con su silencio (que en este caso puede calificarse de cómplice, pues el propio Calderón está involucrado en los actos ilegales, y no sólo inmorales, que cometió su protegido personal y patrocinador electoral) ha utilizado el espacio emblemático del ejercicio del poder presidencialista, la residencia oficial, para dar trato de intocable al compañero de juergas políticas que hoy está en problemas a causa de la manera en que se allega fondos para pagar las cuentas de consumo de la pandilla feliz.

El primer uso exculpatorio de la fuerza inmobiliaria de Los Pinos se dio enseguida de que el apoderado legal de la Casa Mouriño había ofrecido una insustancial conferencia de prensa en el Palacio de Covián. Cual gladiador triunfante fue recibido en la residencia presidencial por el equipo íntimo del felipismo, que rodeó, saludó, abrazó, palmeó y celebró a un personaje cuyas glorias lucrativas tenían allí mismo referentes importantes. En esa misma sesión social y gastronómica con el presidente de Islandia estuvo otro notable representante de los afanes comerciales beneficiados por la cercanía con la política, el cuñado cibernéticamente impresentable Diego Hildebrando Zavala, autor técnico de una parte del fraude electoral de 2006, que ahora se siente tan política y moralmente exculpado como desde ya se considera el allí muy sonriente Mouriño. Expertos en contratismo, beneficiados del felipismo, legalmente inocentes según la interpretación de su propio jefe siempre al tanto de los asuntos de sus íntimos, Hildebrando y Juan Camilo parecían especialmente seleccionados por Calderón para decir mediante signos a los mexicanos que lo hecho por los dos negociantes está bien hecho y que ambos gozan de la sacra protección del reino de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Presente, como esposa de Mouriño, también estuvo María de la Luz Escalante, hija de Eduardo Escalante, el primer suegro de Campeche, que este año lleva casi 800 millones de pesos en contratos federales cuando en años recientes, siendo, sin embargo, un constructor altamente privilegiado por sus arreglos con el poder, no recibía ni una cuarta parte de esa cantidad.

El segundo golpe visual se produjo ayer cuando en la misma residencia gubernamental fueron reunidos siete de ocho gobernadores panistas, el comisionado calderónico para administrar el PAN, el presunto acusado (que con estos jolgorios ejemplares está felipescamente exonerado), y el comandante en jefe del Ejército de Salvación (de tesoros petroleros y tesoritos personales). No acudió a la pública exculpación el procurador federal de justicia, Eduardo Medina Mora (especializado también en el tema de beneficiar a parientes y amigos mediante negocios legalísimos), de tal manera que no se vio en la disyuntiva terrible de decidir entre aprehender a tanto traficante de influencias y saqueador de erarios reunidos en las dos sesiones de Los Pinos o sumarse gustosamente a la línea propiciatoria de impunidades que estaba definiendo el presidente formal.

Claro está que, encarrerado en cumplir la orden felipilla de declarar inocente al más favorito de los favoritos, el tal procurador MeMo jamás considerará que constituyen una forma de presión al sentido de la justicia los actos del agente vial 0.56 por ciento al cobijar, celebrar y políticamente exonerar a un acusado de actos ilícitos. Tanta impunidad y cinismo hay que, para informar de la reunión de ayer en Los Pinos, fueron comisionados como voceros el ultraderechista Marco Antonio Adame, de Morelos, y el acólito de Jalisco, Emilio González Márquez (a quien el pasado martes, en Guadalajara, el nuevo presidente del Centro Empresarial del Estado, Pablo Lemus, le dijo que “algunos puestos públicos (del gobierno de EGM) se otorgan dependiendo de la filiación, la amistad o el apoyo recibido en la campaña” electoral). Y, ya que de vocerías se trata, ha de mencionarse aquí la revelación del multicitado Mouriño como vocero de asuntos policiacos, al convertir el buque histórico de Gobernación en lanchita oportunista que sale a anunciar que fue detenido un narco de poca monta que formaría parte del cártel oficialmente casi en quiebra de los Arellano Félix. De presunto secretario de gobernación de una presunta presidencia de la República, a coordinador de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna. ¡Ya cayó, ya cayó (de nivel burocrático)!

En otro flanco, forcejean los lidercillos legislativos en busca de enredar lo que no tiene vuelta de hoja, es decir, que Juan Camilo Mouriño Terrazo infringió diversas disposiciones legales relacionadas con el tráfico de influencias y el conflicto de intereses (el panista Larios pide que resuelvan el caso Iván para “pasar a otros asuntos”, y panistas y priístas le hacen el vacío a Valentina Batres en tribuna). Claro que el Niño de los Ojos de Los Pinos no es, ni remotamente, el único que apuesta a la desmemoria y el cinismo: Sergio Vela, el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se defiende de las acusaciones por viajes despilfarradores al extranjero que no son nada frente a las pillerías y desorden cometidos por su antecesora en el cargo, Sari Bermúdez, dedicada ahora a dar lustre al monumento a la egolatría desfondada de Vicente Fox en su “Centro” guanajuatense que nuevamente es “investigado”.

Y, mientras varios lectores advierten que no es solamente Televisa la empresa que pone sus espacios aparentemente “neutros” o de frivolidades al servicio de la Compañía Hispano-Michoacana Subastadora de Tesoros de Aguas Profundas, sino que también lo ha hecho, en la misma proporción y con la misma desvergüenza, Televisión Azteca (así es que lo dicho en una primera entrega respecto de la empresa de Emilio Azcárraga ha de aplicarse de manera similar a la de Ricardo Salinas Pliego), ¡hasta mañana, con la hipocresía gringa a todo vapor en el caso de Eliot Spitzer!

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Lorenzo Meyer : Setenta años

Setenta años

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Articulos recientes del Dr. Lorenzo Meyer Cossio

“Un Pemex a la altura de la proeza del 38 es posible, pero ¿quien asumiría el papel del nuevo Cárdenas?”

Aniversario Conflictivo. La expropiación y nacionalización de la industria petrolera mexicana fue el punto culminante de un esfuerzo nacionalista cuyo origen es anterior a la Revolución Mexicana. En sus términos, la acción del general Lázaro Cárdenas en 1938 -recuperar el dominio nacional sobre el petróleo- no ha sido igualada, menos superada.

Desde Francisco I. Madero hasta Plutarco Elías Calles, el petróleo había enfrentado al régimen con las empresas petroleras y sus gobiernos sin buenos resultados para México. Finalmente, gracias a la combinación de un Gobierno con voluntad política y fuertes bases populares, se logró que cristalizara el sentido mexicano de confianza en la propia capacidad de autonomía. La hazaña del 38 fue la respuesta audaz de un país periférico frente a la acumulación de agravios por parte de las potencias imperiales con las que se había tenido que relacionar a partir de su independencia.

Es por su significado para el presente y el futuro que el sostenimiento o abandono de la industria petrolera como una actividad del sector público mexicano se convierte en un tema que va más allá de lo meramente económico. El petróleo sigue siendo un tema que toca a la imaginación colectiva en su relación con el mundo externo. Un estudio del CIDE en 2006, encontró que si bien entre las élites formadoras de opinión la idea de abrir al capital externo las áreas que van de la exploración a la distribución del petróleo era mayoritaria (65%), entre la población en general, apenas un 24% la respaldó. Este año, una encuesta del periódico Reforma, (3 de marzo), encontró que el 37% de los mexicanos aprobó la propuesta de permitir capital privado en Pemex, pero el 46% la rechazó.

Una política que reformara a Pemex, pero sin tocarla en tanto organización netamente mexicana y que le dejara los recursos necesarios para llevar por sí misma la exploración y explotación de todos los depósitos en mar y tierra -y en las zonas productoras antaño abandonadas, pero que por los precios actuales del petróleo vuelven a ser costeables-, revitalizaría su condición de punto de apoyo de la confianza colectiva en la capacidad nacional. Por el contrario, si como desea el actual Gobierno y una parte de la élite económica, se avanza en la apertura al capital privado y externo con el argumento de que a Pemex le es ya imposible caminar por sí solo, entonces la gesta del 38 pasaría a ser sólo una fecha más en el catálogo de nuestras “heroicas derrotas”.

Misterio que no es Tal. El barril de petróleo ya pasó la marca de los cien dólares y la de la mezcla mexicana la de los 90. Una empresa transnacional representativa del ramo, Exxon Mobil, reportó en 2007 ganancias de 40.6 mil millones de dólares ¡77,220 por minuto! ¿Entonces cómo es que Pemex, la joya de nuestra corona nacionalista, resulta ser hoy una empresa quebrada, cuyos pasivos superan a sus activos?

La explicación no es ningún misterio y se encuentra, básica aunque no exclusivamente, en la política impositiva que desde hace sexenios viene aplicando el Gobierno Federal a la empresa paraestatal. En efecto, en buena medida la relativa tranquilidad que caracterizó el cambio de guardia en “Los Pinos” –la salida del PRI y la entrada del PAN- se ha pagado quitándole recursos a Pemex y asignándolos no sólo a los programas sociales, sino sobre todo a los gobernadores –nuevos centros de poder- y a los sueldos de la “alta burocracia”, empezando por la de la propia empresa -un subdirector del Área de Refinación, por ejemplo, gana 330 mil pesos mensuales más prestaciones- y siguiendo con la federal: desde magistrados de la Suprema Corte que reciben 3.9 millones de pesos anuales, hasta remodelaciones de despachos, como el del consejero presidente del IFE, que costó 39 millones de pesos en 2007.

Esta afirmación adquiere mayor concreción si se le incorpora algunas cifras tomadas de un estudio de José Luis Manzo. De 1998 a 2000 Pemex debió padecer una carga fiscal equivalente a tres veces la que soporta el resto de las empresas petroleras. La mexicana ha sido obligada a llegar al extremo de contratar deuda para pagar impuestos. Entre 1998 y 2005, la carga fiscal para Pemex equivalió al 111% de sus utilidades. De ahí que la deuda de la empresa en el penúltimo año del sexenio foxista superara los cien mil millones de dólares. En suma, la causa de la catástrofe financiera de la gran empresa paraestatal es, básicamente, resultado de una política no sólo irresponsable en extremo sino corrupta.

Sin embargo, ése no es el único factor. A la responsabilidad del Gobierno Federal en el desastre de Pemex debe agregarse la carga que significa un sindicato abusivo prácticamente desde el origen –el “Pemexgate” es sólo uno de los últimos escándalos de una gran cadena que hoy incluye el pago de tripulaciones sin barco en la flota de Pemex- lo mismo que la cantidad de contratos con sobreprecio o de plano sin licitación como los ya famosos suscritos entre la empresa petrolera y el Grupo Energético del Sureste, propiedad de la familia del actual secretario de Gobernación, y que cada sexenio han permitido a empresarios y administradores inescrupulosos acumular fortunas sin que se les haya llamado a cuentas salvo para cobrar facturas políticas, como fue el caso del ingeniero Jorge Díaz Serrano durante el Gobierno de Miguel de la Madrid.

¿Una Agenda? Quitar a la gran empresa estatal todas sus utilidades e incluso endeudarla para dejarla en números rojos, mantener la impunidad del sindicato y obligarle a firmar contratos con favoritos del Gobierno en turno, pareciera una locura o una bien calculada estrategia que busca dos objetivos: a) proporcionar al Gobierno Federal los recursos para comprar la paz social y política sin tener que recurrir a una reforma fiscal y, b) sentar las bases para hacer inviable a Pemex y, en consecuencia, hacer inevitable una “reforma energética” que abra el petróleo mexicano al capital privado nacional y extranjero.

En México, donde el fisco apenas puede captar el 11% del PIB –la mitad de lo que se capta en otros países con el mismo nivel de desarrollo-, una autentica reforma fiscal es una necesidad tan evidente como pospuesta. La debilidad política de los gobiernos centrales ha hecho que un necesario cambio de fondo de la estructura impositiva desde los 1960 se haya pospuesto indefinidamente (la actual “reforma fiscal” no es tal sino apenas una adecuación; sólo va a aumentar la captación en alrededor del 2% del PIB). En esas condiciones, la salida fácil ha sido echar mano de Pemex como fuente de recursos, descuidar su modernización y petrolizar los recursos del Gobierno. ¡Y vaya que si éstos se han petrolizado! Hoy casi el 40% del presupuesto gubernamental proviene de la renta petrolera. Sin esos dineros para su gasto corriente, los gobiernos del PAN no hubieran podido darle contenido a su alianza con los gobernadores priistas.

Precisamente por dedicar las utilidades de Pemex a financiar el precario equilibrio político de los últimos años, es que esa empresa no ha contado con los recursos para acelerar la exploración, aumentar sus menguadas reservas lo mismo que su capacidad de refinación y de dominio de la tecnología de punta.

¿Nos dirigimos al Punto de Donde se Partió o una Nueva Meta? La industria petrolera mexicana nació al despuntar el siglo pasado y su crecimiento fue espectacular: de 10 mil barriles anuales en 1901 la producción pasó a 3.6 millones en 1910 para llegar a 193 millones en 1921. A partir de ahí declinó y en vísperas de su expropiación era de sólo 47 millones. De ser el pequeño mercado interno su primer objetivo pasó a exportar el 99% de la producción para quedar en 61% antes de la expropiación. En su mejor momento como enclave extranjero, el petróleo aportó el 33.6% del presupuesto federal aunque en vísperas de la expropiación ya sólo fue sólo el 12.%. Setenta años más tarde, casi la mitad de los ingresos de Pemex proviene de la exportación de un recurso natural no renovable y la dependencia del Gobierno de esa producción es mayor que nunca. Si a esto agregamos la apertura al capital privado y externo, casi se podría decir que nos encaminamos a recrear el modelo anterior a la expropiación cuyo objetivo era exportar en función de los intereses externos.

Nadie puede legítimamente apoyar la preservación del Pemex actual. Sin embargo, la mejor alternativa no está en desmontar la obra nacionalista de Cárdenas, sino en mejorarla, aprovechando los altos precios del petróleo, enfrentando la corrupción tanto del sindicato como de la administración y manteniéndola como gran empresa pública y bajo control nacional. Ése debería ser parte del proyecto nacional del siglo XXI.

Kikka Roja