México se niega a reconocer a indígenas como seres humanos

México se niega a reconocer a indígenas como seres humanos, lamenta experto

México, 22 feb (EFE).- México "no reconoce a los indígenas como seres humanos", lamentó hoy el escritor mexicano Carlos Montemayor, cuya obra ha versado en varias ocasiones sobre este sector de la población.

"Hay un profundo desconocimiento del mundo indígena por el mexicano y un retraso político en la sociedad, que se niega a reconocer sus prerrogativas", indicó el experto y promotor de las lenguas indígenas en entrevista con Efe. Montemayor (Parral, 1947) participará la próxima semana en un seminario sobre radios y comunicaciones indígenas que se celebrará en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde ofrecerá una conferencia sobre la cosmovisión indígena. Ésta se define principalmente por el concepto de la naturaleza como un ser vivo al que servir, y no al que dominar, así como una idea colectiva del desarrollo, en lugar de la trascendencia individual propia de Occidente, adelantó el autor. Según Montemayor, a los pueblos autóctonos mexicanos "nunca se les ha dejado vivir en paz, siempre han sido víctimas del despojo, la represión y la explotación, ya sea por parte de la Corona española, del México independiente o del contemporáneo".

El escritor lamentó que el Ejecutivo y el Legislativo dieran la espalda a una reforma constitucional en 2001 que reconociera a este sector de población y las aportaciones de su cultura milenaria. "Siempre han enfrentado actitudes de bloqueo y discriminación, que se han reflejado en legislaciones aberrantes y discriminatorias. Se están aplicando las mismas políticas indigenistas desde 1948", criticó. El futuro de los pueblos aborígenes está en manos de ellos mismos y de su evolución educativa, política y cultural dependerá en gran medida el cambio del país, agregó Montemayor.

De acuerdo con el informe de 2006 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la población indígena de México asciende a 9,5 millones de personas de un total de 103,5 millones de habitantes (un 9,17%). Este país es el segundo con mayor riqueza lingüística del mundo, con 62 lenguas habladas, por detrás de India (65) y delante de China (54), reseñó el autor de "Guerra en el paraíso" (1991) y "Las llaves de Urgell" (1971), que le valió el premio Xavier Villaurrutia. Sin embargo, hay muchas zonas del país con presencia indígena en las que ya no se hablan lenguas autóctonas, pero siguen vigentes sus estructuras de organización, dijo.

Por ello, apuntó, la cifra de indígenas podría ser mayor que la indicada por los censos y acercarse al 25% de la población mexicana.

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Contralinea: Calderón: viajes al extranjero de lujo con cargo al erario

2a quincena febrero 2008 Calderón: viajes de lujo con cargo al erario El presidente Felipe Calderón gastó 18 millones de pesos en ocho viajes al extranjero. Al monto, que sólo incluye los gastos de su persona y de los integrantes del Estado Mayor Presidencial que lo resguardan, se le suman más de 4 millones 500 mil pesos que “la comitiva” del presidente consumió en cinco viajes Yenise Tinoco Felipe Calderón eroga en promedio 2 millones 300 mil de pesos por cada viaje que realiza al extranjero. En 2007, los gastos de ocho traslados –que sólo cubrieron su persona y la de integrantes del Estado Mayor Presidencial (EMP)– ascendieron a 1 millón 691 mil 208 dólares, equivalentes a más de 18 millones de pesos. El titular del Ejecutivo –acompañado de comitivas de hasta 37 personas y miembros del EMP, que se hospedan en hoteles de lujo– visitaron 17 países con un gasto de 23 millones 174 mil 189 pesos. Sin embargo, el costo total de los viajes es mayor, pues el monto no considera los gastos realizados por los secretarios de Estado que, en algunos viajes, también acompañaron al mandatario. Mientras, Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, declara a Tv Azteca que los pobres, más del 50 por ciento de la población de México, tienen la oportunidad de vacacionar en el país con poco dinero, alojándose en hoteles “cero estrellas”. En su primer año de gobierno, en 2000, Vicente Fox realizó 15 giras internacionales, en las cuales el EMP gastó 17 millones 575 mil 241 pesos. Al final del sexenio, erogaría 92 millones 627 mil 415 pesos para cubrir 62 viajes. A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Contralínea solicitó a la Presidencia de la República el desglose de los gastos de cada uno de los viajes al extranjero realizados por el titular del poder Ejecutivo, de enero a diciembre de 2007, incluidos los egresos que generaron los invitados especiales y la comitiva presidencial. De acuerdo con información proporcionada por la Presidencia de la República, en 2007 Calderón efectuó 18 visitas al extranjero: Nicaragua; El Salvador; Alemania, en dos ocasiones; Suiza; Gran Bretaña; Irlanda; España; Guayana; Italia; Bélgica; Francia; Dinamarca; Belice; Canadá; Nueva Zelanda; Australia, e India, lo que representó un gasto para el EMP de 1 millón 691 mil 208 dólares, por concepto de “logística y seguridad”. India fue el país donde se erogaron más recursos: 196 mil 620 dólares, es decir, 2 millones 162 mil 820 pesos, de los cuales más del 65 por ciento, 128 mil 365 dólares, fueron para cubrir los gastos de transportación aérea; y un 27 por ciento, 54 mil 105 dólares, para hospedaje de Calderón y miembros del EMP. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, dice que en lo que más gasta Calderón –en sus viajes al extranjero– es en el transporte aéreo, por los altos costos que representa la manutención del avión presidencial, incluso por encima de lo que representa el costo de los hoteles de lujo donde se hospeda. “Desde hace tiempo mi partido ha propuesto que se utilicen menos los aviones presidenciales en las giras, tanto nacionales como extranjeras, por el alto costo que tiene que viajen sólo 15 o 30 personas. En el sustento de éstos se gasta más del 50 por ciento de los recursos, que sin duda se reducirían si viajaran en una línea comercial”, dice el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Hoteles de lujo En su segundo viaje a Europa, en junio pasado, Calderón y su comitiva, así como los “invitados especiales”, se hospedaron en hoteles de lujo, donde el costo de la habitación por noche oscila entre los 115 y 803 euros, es decir, entre mil 725 y 12 mil pesos. En Roma se alojaron en el hotel Saint Regis Grand, donde la habitación más barata cuesta 5 mil 850 pesos; en Stuttgart, Alemania, en el Steigenberger Graf Zeppelin, 8 mil 520 pesos; en Bruselas, Bélgica, en Le Meridiem, donde una habitación puede llegar a cotizarse en 4 mil pesos; en Copenhague, Dinamarca, en el Marriot, que renta sus habitaciones sencillas en 2 mil 500 pesos, y en Berlín, en el Adlon Kempinshi, donde el desayuno cuesta 540 pesos. En su página de internet, el hotel Saint Regis Grand dice: “Con toda su suntuosidad y su lujo, fue incluido en la lista Gold List de 2005 de la revista Condé Nast Traveler después de una meticulosa restauración de 35 millones (de euros). Cada una de las 138 habitaciones y 23 suites ofrece una identidad única y está exquisitamente amueblada con una combinación de estilos Luis XV, de los periodos del Imperio y de la Regencia”. El sitio electrónico del hotel Le Meridiem indica que éste se encuentra en la plaza central de la ciudad de Bruselas, a un costado de lo que fuera el hotel De Ville, hoy convertido en el ayuntamiento. Y se describen: “Las 224 elegantes habitaciones y suites del hotel ofrecen un santuario de lujo y comodidad sin igual”. En esta gira acompañaron al mandatario federal su esposa, Margarita Zavala, y sus tres hijos; el entonces jefe de la oficina de Presidencia, Juan Camilo Mouriño, y Maximiliano Cortázar, director de Comunicación Social. Además, dirigentes nacionales de los partidos políticos: Beatriz Paredes, del Revolucionario Institucional; Manuel Espino, de Acción Nacional; José Emilio González, del Verde Ecologista; Tomás Ruiz, de Nueva Alianza, y Alberto Begné, de Alternativa Socialdemócrata. También en esa gira viajaron los secretarios de Estado: Patricia Espinosa, de Relaciones Exteriores; Genaro García Luna, de Seguridad Pública; Georgina Kessel, de Energía, y Eduardo Sojo, de Economía; además, Eduardo Medina Mora, procurador de justicia de la República. Los diferentes medios de comunicación nacionales dejaron constancia de que los líderes partidistas fueron invitados al viaje por la Presidencia de la República; sin embargo, en los documentos entregados por la dependencia no se especifica cuánto se erogó para cubrir los gastos de los presidentes de los partidos, y no se aclara si están incluidos en los recursos que cubrió el EMP, lo que resultaría poco probable, ya que en el primer viaje de Calderón a Europa, con la misma duración de siete días, el EMP gastó 401 mil 539 dólares; en el segundo, que contó con una comitiva entre funcionarios públicos y presidentes de partido, se erogaron sólo 90 mil dólares más. ¿Quién pagó? Pese a que se solicitó el desglose de todos los gastos generados por los acompañantes de Calderón en sus giras internacionales, sólo se entregaron listados de cinco de los ocho viajes, donde sólo se incluyen listados de los funcionarios públicos –todos empleados de la Presidencia de la República–, pero sin incluir a secretarios de Estado con sus respectivos egresos. Comitivas de hasta 37 personas gastaron en cinco viajes 4 millones 570 mil 898 pesos. En el segundo viaje a Europa asistió un grupo mayor de funcionarios de Presidencia, el cual erogó 1 millón 275 mil 623 pesos, entre viáticos y transporte aéreo. Para la gira por Asia-Pacífico, que incluyó Australia, Nueva Zelanda e India, se convocó a 27 personas, por las cuales se erogó 1 millón 658 mil 789 pesos. El viaje con menos comitiva fue el realizado a Guayana: sólo asistieron 15 funcionarios, quienes gastaron 299 mil 221 pesos. De acuerdo con la información proporcionada por la Presidencia de la República, en todos los viajes que realizó Calderón fue acompañado por el coordinador de Comunicación Social, Maximino Cortázar, a quien en dos de los viajes no se le asignó gasto, pero no se aclara quién cubrió su estancia en Belice y Canadá. En el viaje de Asia-Pacífico, Cortázar registró viáticos de ocho días por apenas 589 pesos con 34 centavos, es decir, sólo 1 por ciento de lo que gastó otro funcionario en esa misma gira. Una situación similar pasó en el segundo viaje a Europa, donde se le asignaron, supuestamente, 7 mil 876 pesos, por el mismo lapso. Dicha suma, no podría costear su estancia en los cinco hoteles en los cuales se hospedó la comitiva presidencial. En condiciones parecidas viajó Aitza Aguilar, secretaria privada de Calderón, y Juan Camilo Mouriño, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República a quienes en ningún viaje les fueron registrados gastos. Además, en varias ocasiones miembros del personal de Comunicación Social no registraron gastos por traslado aéreo. Escalas costosas Estancias de un día o de unas horas, en algunos países, significaron a la hacienda pública un gastó de 251 mil 561 dólares, alrededor de 2 millones 767 mil 175 pesos. En el primer viaje de Calderón a Europa, se hizo una escala de ida (el 24 de enero de 2007) y otra de vuelta (el 30 del mismo mes) en Bermudas, lo cual representó un gasto al erario de 66 mil 134 dólares, equivalentes a 727 mil 474 pesos. En ese mismo viaje, las relaciones de gastos del EMP registraron otra escala en México, donde se gastaron 133 mil 331 pesos, el mismo día 24 de enero. Los gastos sólo fueron por “transporte aéreo”. El titular del Ejecutivo realizó dos viajes con estancias de un día: en Nicaragua, el 10 de enero, y El Salvador, el 16 de enero, donde se gastaron 724 mil 548 pesos. También hubo visitas que significaron sólo horas: Alemania, donde el EMP erogó 591 mil 788 pesos; Francia, 852 mil 170 pesos, y Nueva Zelanda, 642 mil 532 pesos. El avión presidencial El número de elementos del Estado Mayor Presidencial que acompañan a Calderón en sus giras internacionales es reservado, por lo cual no se informa cuánto se gastó en el presidente y cuánto en su personal de seguridad. La clasificación fue ratificada por el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información el 20 de junio pasado. En su relación de erogaciones, el EMP registra el concepto de “diversos” con un monto de 520 mil 520 pesos: gastos del equipo avanzado, renta de salones para usos múltiples y de equipo de apoyo (computadoras, fax, proyectores), ofrendas florales oficiales, papelería, peaje para carreteras en el extranjero, internet, traductores y telefonía. Los gastos del EMP incluyen “transporte aéreo”, para lo que destinaron 9 millones 617 mil 168 pesos aproximadamente; con esto cubrieron impuestos, uso de aeropuertos y combustible para el avión. Cuauhtémoc Sandoval, diputado perredista, dice que los viajes internacionales de Calderón, en cuestión de logística, “son un desastre”. Ejemplifica con el viaje de enero pasado a Guatemala, cuando el titular del Ejecutivo fue a una cena al país vecino y regresó al día siguiente a Chiapas a dar el banderazo de salida para la construcción de una carretera, y volvió, una vez más, a la ceremonia oficial. “Utiliza el avión presidencial como si tuviera juguete nuevo, no mide que los desplazamientos en el avión son onerosos. Hace recorridos sin ton ni son en términos logísticos. Es una exageración; podrían viajar en línea comercial.” Resultados A decir del diputado del sol azteca, las giras internacionales de Calderón han resultado infructuosas, ya que todas ponen por delante el asunto de aumentar el comercio con dichos países, cuando México tiene el 80 por ciento de su intercambio comercial con Estados Unidos, “qué se va a negociar con los otros, si no hay indicios de que se diversifiquen las relaciones comerciales”. Samuel Aguilar, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dice que los viajes de Calderón al exterior han dado la posibilidad de reanudar relaciones bilaterales que su antecesor, Vicente Fox, había roto por sus malas prácticas. El legislador del Partido Revolucionario Institucional considera que los viajes del presidente “tienen un saldo positivo”, ya que México se volvió a encontrar con América Latina, después de seis años de constante enfrentamiento, por lo que se perdió el liderazgo y la presencia que históricamente se había mantenido. “Los panistas ya se dieron cuenta de que las relaciones internacionales no son un tema de menos, y se le debe de poner atención, para volver a tener el liderazgo que en otros años México tuvo en política exterior”, dice. Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 2a quincena Febrero de 2008 | Año 5 | No. 96

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Contralinea: Conflictos de interés Mouriño Terrazo en Pemex

2a quincena febrero 2008 contralinea.com.mx Conflictos de interés de Mouriño en Pemex En los periodos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa Ivancar, de la cual es accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. Dichos contratos fueron formalizados por el actual secretario de Gobernación Ana Lilia Pérez En entrevistas de televisión y prensa escrita, lo mismo en México que en Europa, Juan Camilo Mouriño Terrazo ha insistido que cuando decidió dedicarse al servicio público se deslindó por completo de los negocios familiares –la mayoría de ellos, ligados al sector energético–; sin embargo, contratos asignados por Pemex Refinación a la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV (TEISA), propiedad de la familia Mouriño, fueron firmados por Juan Camilo en el periodo en que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, lo que supone conflicto de intereses en Pemex del hoy secretario de Gobernación. En 2003, cuando se integró como asesor del entonces titular de la Secretaría de Energía (Sener), Felipe Calderón Hinojosa, los montos que obtuvo Ivancar en Pemex se incrementaron en un ciento por ciento. En el periodo en que Calderón lo nombró su vicecoordinador de la campaña presidencial, su compañía obtuvo, por primera vez, un contrato multianual de carácter transexenal por casi 40 millones de pesos, que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre. Ni uno sólo de los contratos que Refinación ha otorgado a Ivancar ha sido sometido a licitación pública. La empresa Ante la notaría pública 60, de Tizapán, Distrito Federal, el 2 de agosto de 1985 ocho accionistas crearon la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV, con domicilio fiscal en Campeche, y cuyo objeto social va desde la transportación y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y sus derivados, hasta la distribución de refacciones o la operación de loncherías, la operación de títulos de crédito o la construcción de fábricas. De acuerdo con su acta constitutiva (número 46850), TEISA se creó con un capital social de 5 millones de viejos pesos, divididas las acciones de la siguientes manera: Juan Carlos Merelles Díaz, 50 acciones; María del Carmen Vázquez Aguirre, 100; Santiago Espósito Semerena, 200; Esther Janeiro Barros de Merelles, 50; María de los Ángeles Terrazo Blanco, 250 acciones; Manuel Carlos Mouriño Atanes, originario de Vigo, Pontevedra, mexicano por naturalización y padre de Juan Camilo Mouriño, 200 acciones. Además: Juan Carlos Lorenzo Relloso, nacido en Corcores Orense, mexicano por naturalización, con 25 acciones, y Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz, originario de Miera, Santander, mexicano por naturalización, 125 acciones. Espósito Semerena aportó tres camiones marca Dina modelos 1975, 1981 y 1982, respectivamente, con los cuales comenzó a operar la compañía. Se designó a Mouriño Atanes como administrador único. Seis años atrás, el padre del actual secretario de Gobernación había llegado a México, junto con su esposa María de los Ángeles Terrazo Blanco, y sus tres hijos: Carlos, Juan Camilo y María de los Ángeles, todos nacidos en Madrid. Afectado por una fuerte crisis económica, el hoy propietario del equipo de futbol Real Club Celta de Vigo arribó al Distrito Federal para trabajar en los negocios de hoteles y panaderías de sus suegros. Con una participación inicial del 45 por ciento de las acciones, en menos de seis años los Mouriño Terrazo se convirtieron en dueños de TEISA. El 13 de junio de 1986, según acta protocolizada ante Jorge Luis Pérez Cámara, notario 18 de la ciudad de México, María del Carmen Vázquez Aguirre cedió sus acciones a Evaristo Vásquez Cendón. El 10 de abril de 1987, Evaristo Vásquez, Juan Carlos Lorenzo y Juan Carlos Merelles transfirieron sus acciones a Mouriño Atanes y Miguel Maza Vázquez. En noviembre de ese año, Esther Janeiro Barros cedió sus acciones a Mouriño Atanes, así que, junto con el otro 25 por ciento que poseía su esposa, tenían ya el 80 por ciento de la compañía. El 13 de agosto de 1991, integraron como accionistas a sus hijos Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles, con 100, 60 y 60 acciones, respectivamente. En la misma operación, salieron de la empresa Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz y Miguel Maza Vázquez. El total de las acciones quedó en manos de los cinco integrantes de la familia Mouriño. El 8 de noviembre de 1994, cambiaron el acta constitutiva argumentando nuevos requerimientos de Pemex Refinación para obtener franquicias de gasolineras. Juan Camilo fue designado secretario del Consejo de Administración. El 24 de mayo de 1995, Mouriño Atanes, a la sazón administrador general, designó apoderados legales a sus hijos Juan Camilo y Carlos. El 31 de octubre se les ratificó en el cargo, ampliando sus facultades “de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como a hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos”. Se modificó también el objeto social de Ivancar para quedar de la siguiente manera: “El objeto principal de la sociedad será la comercialización de gasolinas y diesel, suministrado por Pemex Refinación, así como lubricantes marca Pemex”. El 25 de febrero de 1997 crearon Grupo Energético del Sureste (GES), cuyo objeto social, según el acta constitutiva, es “operar como empresa controladora de todo tipo de sociedades” –que poco después absorbería a Ivancar–. El 27 de mayo de 1999 trasladaron el 99 por ciento de las acciones de Ivancar a GES (María de los Ángeles Terrazo, 380 acciones; Juan Camilo, 100 acciones; y Carlos 100 acciones). Sólo una quedó a nombre de Manuel Carlos Mouriño. Como apoderado legal de GES se designó a Juan Camilo. Paulatinamente, GES recibió 37 franquicias para operar gasolineras en Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Desde entonces se convirtió en un negocio redondo: los camiones de Ivancar transportan los hidrocarburos con los que Pemex abastece a las gasolineras del corporativo. Como negocio adicional, Ivancar transporta el combustible a otras estaciones de servicio en fletes contratados por la paraestatal. Política como negocio El mismo año en que los Mouriño constituyeron el GES, a sus 26 años de edad, Juan Camilo se convirtió en diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el quinto distrito en Campeche. Mientras se desempeñó como legislador en el Congreso del estado dirigía el corporativo. Hasta 1999, cuando se le promovía como uno de los favoritos a la lista del partido en las diputaciones federales vía plurinominal –para las elecciones de julio de 2000–, de forma temporal el GES designó apoderado legal a Pedro Uc Dzul, según escritura pública número 6 del 17 de febrero. Sin embargo, fue hasta el 27 de mayo de ese año cuando Juan Camilo Mouriño, según acta de asamblea (certificada ante el notario público 46 de Campeche, el 29 de junio) trasladó su potestad como apoderado de las compañías a su padre y hermano. En el documento, en el cual Lucila del Carmen Gamboa, notaria 46, asienta que a Mouriño Terrazo “se le previno previamente acerca de las penas en que incurre quien declara falsamente ante notario público, en términos de lo que establece el artículo 218, fracción IV, del Código Penal del Estado en vigor”, Juan Camilo declaró ser mexicano por nacimiento. Tres años atrás, en agosto de 1996, según nota del diario El Sur de Campeche, había ingresado a México desde Tampa, Florida, utilizando un pasaporte expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami, lo que le valió que se impugnara el que ocupara puestos de elección popular que por mandato constitucional están reservados para los mexicanos. Previo a la justa electoral en la que “el gobierno del cambio” llegó a Los Pinos, decenas de prestadores de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) instalados principalmente en Ciudad del Carmen y Campeche viraron el tradicional apoyo económico y moral que por años dieron a políticos del tricolor, convencidos por Carlos Medina Plascencia y los operadores de la asociación Amigos de Fox de que el Partido Revolucionario Institucional perdería las elecciones. La familia Mouriño fue uno de estos apostadores, tradicionalmente priistas. Tanto Carlos Mouriño Atanes como su hijo Juan Camilo coordinaron la campaña de Fox en la región peninsular: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. El proselitismo tenía un interés claro: en una hábil estrategia, los empresarios condicionaron su apoyo económico y moral a que se les incluyera en los cargos de elección popular. Así, personajes como Jorge Rubén Nordhausen González y Juan Camilo Mouriño Terrazo, contratistas de Pemex, llegaron al Congreso federal, acaparando las comisiones de Energía –neurálgicas para los contratistas de la petrolera– tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. El historial en Pemex A los 29 años de edad y a menos de 40 meses de su incipiente ingreso en la política, el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo se convirtió en el diputado federal más joven del PAN en San Lázaro. Cuando ya presidía la Comisión de Energía, el 6 de noviembre de 2000, la familia citó a asamblea general extraordinaria a sus accionistas. En la reunión se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de GES e Ivancar, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas”, para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta. El documento se certificó al día siguiente ante el notario público 18 de Campeche, Tirso René Rodríguez de la Gala. Un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años. El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar. El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex. Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño. El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002. El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación. Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003. Los beneficios de Juan Bueno Un año clave en las inversiones de la familia Mouriño fue 2003: mientras que Juan Camilo se volvió mano derecha del hoy presidente Felipe Calderón en Sener, el corporativo familiar incursionó en el mercado de la comida rápida y las lavanderías, con franquicias de Burger King, Benedettis Pizza, Church’s Chicken, Tortas Locas Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorerías Max, GES Autowash, Tiendas GES Express. Los beneficios en Pemex también se incrementaron. En Refinación, Juan Bueno Torio impuso el denominado Plan Piloto de Transporte Dedicado, que consistía en incrementar las tarifas que la paraestatal paga a las transportistas, además de abrir nuevas rutas para la distribución de hidrocarburos por autotanque, disposición hecha al margen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de fijar las tarifas. El 3 de marzo el Consejo de Administración de la subsidiaria presidido por el mismo Bueno Torio, autorizó a un grupo de transportistas 40 rutas adicionales en Guadalajara, Rosarito, Tijuana, Madero, Ciudad Valles, Ciudad Mante y Gómez Palacio. Decidió también que Pemex les pagara una tarifa de 104 mil pesos para el traslado mínimo de 8 mil kilómetros, y 9.10 pesos por cada kilómetro extra a partir de los 8 mil kilómetros por el transporte de petrolíferos. Entre las beneficiadas, además de las compañías de su familia, estaba Autotransportes Flensa –en la que es accionista Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox–, y también Ivancar. Al respecto la SHCP emitió un extrañamiento al Consejo de Administración de Pemex Refinación por la discrecionalidad en la aplicación de las tarifas en el transporte de hidrocarburos, a partir del Plan Piloto de Bueno Torio. A juicio de las autoridades hacendarias, los funcionarios de Refinación violaron el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que da a la SHCP atribuciones exclusivas para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien las bases para fijarlos. En abril, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, adscritos a la delegación Lerma, en Campeche, denunciaron ante su dirigencia sindical el supuesto fraude contra Pemex en el que desde hacía meses incurría el GES, al desviar a sus gasolineras ubicadas en Campeche, Escárcega y Champotón la gasolina que Ivancar debía entregar a las gasolineras ubicadas en las zonas fronterizas de la Península, la cual tenía subsidio de casi un 40 por ciento del costo. Contrario a que se investigara el supuesto ilícito, Refinación adjudicó a Ivancar contratos para cubrir “las nuevas rutas” en las terminales de almacenamiento (conocidas como TAD) en Irapuato, Rosarito, Madero y Gómez Palacio. Incluso, el 1 de septiembre se le otorgó un monto adicional de 8 millones 300 mil pesos sobre el contrato GTT-00142-01/2003, por el mismo periodo estipulado originalmente. El incremento fue acordado por Villarreal Gallegos con Juan Camilo Mouriño, según el documento GTT-00142-01-2PP/2003. El 29 de diciembre Mouriño recibió el contrato GTT-00142-01/2004, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004. El 28 de abril de 2004, Carlos Mouriño Terrazo designó apoderado legal de Ivancar ante Pemex Refinación a Luis Fernando Coyoc Ramírez, según la escritura pública 168, expedida por la notaria Nelia del Pilar Pérez; sus atribuciones para firmar contratos, convenios y suscribir títulos de crédito eran exclusivamente ante la paraestatal. El 1 de octubre de 2004, Villarreal Gallegos autorizó al nuevo apoderado de Ivancar un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-01/2004, según el documento GTT-00142-01-M/2004, firmado por Luis Fernando Coyoc y Villarreal Gallegos. El 29 de diciembre –cuando Juan Camilo se desempeñaba como subsecretario de Electricidad en la Sener– Refinación otorgó a Ivancar el contrato GTT-00142-01/2005, por 9 millones 530 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. El acuerdo se hizo pasando por alto los señalamientos que durante todo ese año hizo la SCHP, en oficios dirigidos también a Villarreal Gallegos, de que los precios aplicados a los transportistas no habían sido autorizados por la dependencia. Contratos a modo Bueno Torio impuso que Refinación otorgara por primera vez contratos multianuales para el transporte de hidrocarburos a algunas transportistas, entre ellas Ivancar. Oficios internos de Pemex indican que el acuerdo se hizo entre los altos funcionarios de Refinación y la Canacar, antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación. En el oficio DG 69/2005 remitido por Leo Flores González, entonces presidente nacional de Canacar, a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, se otorga el listado de transportistas a las cuales se les entregarían contratos multianuales vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008 por adjudicación directa, cuyo monto ascendió a 10 mil 114 millones de pesos. Pero el servicio lo solicitó Comité de Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según documento de Pemex clasificado por la subsidiaria como “reservado”. Lo anterior significaría que primero los directivos de Pemex acordaron el servicio con los transportistas y luego se tramitó su requerimiento, lo cual es contrario a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector público, y no cumple con los lineamientos para una adjudicación directa. El 1 de junio de 2005 a Ivancar se le entregó un contrato por 39 millones 646 mil 477.27 pesos, con vigencia del 1 de junio de 2005 al 31 de diciembre de 2008, formalizado por Oswaldo Machado Martínez, subgerente de Operación. Según fuentes internas de Pemex, a mediados de diciembre de 2008 el contrato se prorrogará por un periodo igual, es decir, hacia 2012, aunque el monto aún no está definido. Desde julio de 2006, la SFP y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan el “abuso de autoridad, coalición de los servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, y tráfico de influencias”, en el que supuestamente habrían incurrido los funcionarios de Refinación al autorizar las contrataciones multianuales para el transporte de hidrocarburos; ello, por la denuncia que presentaran los entonces diputados Sofía Castro Ríos, Martha Palafox Gutiérrez y Jesús González Schmal. En la PGR, el expediente está integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/SP/2006 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. En la SFP, el señalamiento contra los funcionarios es de supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y contra las transportistas que se beneficiaron con los contratos, de posible daño patrimonial por el monto que se les adjudicó. Según la línea de investigación de la SFP, en el caso de Ivancar, el quebranto ascendería a casi 40 millones de pesos. En entrevista concedida a CNN Expansión, difundida el 15 de julio de 2007, el mayor de los Mouriño Terrazo habló acerca de los negocios familiares y la carrera política de su hermano. Aseguró: “Hablamos con él (con Juan Camilo) y le garantizamos que no tiene de qué preocuparse. Jamás haremos cosas buenas que parezcan malas con el gobierno federal”. Agrego: “Sabemos que los detractores tratarán de magnificar las cosas; por eso tenemos la casa muy limpia y las puertas muy abiertas para que no haya suspicacias. Trataremos de vivir con eso”. Sin embargo, Contralínea solicitó una entrevista con el actual presidente de GES para hablar sobre los contratos de Pemex que recibió su hermano Juan Camilo, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Juan Camilo Mouriño acusó recibo de la solicitud de entrevista hecha por esta revista, a través de Dora González, subdirectora de Eventos de la Secretaría de Gobernación. No obstante, se negó a hablar acerca de los contratos que aún mantiene en Pemex Refinación. Asimismo, se requirió a la paraestatal que explicara las condiciones en las que se contrató a Ivancar y el monto involucrado. La administración de Jesús Reyes Heroles tampoco respondió. Alerta en gasolineras del GES Pese a promoverse como un grupo de gasolineras “con instalaciones que cumplen con altos estándares de calidad comprobados por Petróleos Mexicanos” y publicitarse como un corporativo con responsabilidad social, los establecimientos de los Mouriño son señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor con el “semáforo ámbar”, que identifica a las gasolineras con irregularidades. Las gasolineras de GES en esta situación, en Campeche, son: Gasolinera Lerma, SA de CV; Tres Brazos, SA de CV; Servicio Xpujil, SA de CV; Servicio Novia del Mar, SA de CV; Servicio San José, SA de CV. En Tabasco: Servicio Nueva Frontera, SA de CV. En Quintana Roo: Servicio Sac-Xan, SA de CV; Ejido Subteniente López; Servicio Héroes, SA de CV. En Veracruz: Gasolinera del Sureste, SA de CV. Durante las visitas de verificación de Profeco se detectó llenado menor al reportado al consumidor, superior a lo establecido en la Norma Oficial correspondiente (NOM-05-SCFI-2005). Se encontraron bombas despachadoras que no cuentan con los hologramas y/o precintos que acredite que fueron calibradas. (ALP) Públicos, correos electrónicos de Mouriño Todos los correos electrónicos de la cuenta asignada a Juan Camilo Mouriño Terrazo, nuevo titular de Gobernación, durante su gestión como jefe de la Oficina de la Presidencia son información pública. Por órdenes del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Presidencia de la República entregará copia de las comunicaciones a un peticionario, pese a que las había negado. En su respuesta, la Presidencia argumentó que “la solicitud no contiene una descripción clara y precisa de los documentos que solicita; es decir, la solicitud de acceso a la información no se refiere a uno o varios documentos específicos que pudieran estar en los archivos –aunque fuera de manera electrónica– en posesión de este sujeto obligado”. Agrega que “la solicitud tampoco cuenta con datos que propicien su localización con objeto de facilitar su búsqueda, como lo sería, el tema, asunto, actividad o función ejercida, o cualquier otro elemento de identificación”. No obstante, el pasado 30 de enero, el pleno del IFAI reviró lo dicho por la dependencia y le ordenó entregar todos los correos electrónicos, tanto enviados como recibidos, de la cuenta institucional de Mouriño, cerrándole la posibilidad de que declare la inexistencia del material cibernético por segunda ocasión. Los documentos tienen que incluir el destinatario, remitente y el contenido del correo, sólo en caso de que aparezca el domicilio particular y teléfono del receptor, se realizaran versiones públicas de éstos, con el fin de proteger los datos personales. Además, de testar información confidencial o reservada que pudiera aparecer, por el carácter del puesto, en los documentos entregados. La propuesta de resolución que presentó el comisionado Alonso Gómez Robledo ante el pleno del instituto dejaba abierta la posibilidad para que la Presidencia declarara la inexistencia de la información; sin embargo, la comisionada Jacqueline Peschard pidió que se cancelara dicha posibilidad, por lo que en un plazo no mayor de 10 días el contenido de los correos electrónicos del ahora secretario de Gobernación serán de carácter público. (Yenise Tinoco)

Kikka Roja

VIDEO: MARCHA CONTRA LA REFORMA LEY JUDICIAL GESTAPO

http://www.astillero.tv

http://www.youtube.com/watch?v=UxQWNLLblVQ
ROSARIO IBARRA, JAIME AVILES, GENERAL GALLARDO, ENRIQUETA MARTINEZ

Marcha en contra la ley gestapo avalada por el PRI y el PAN
http://www.youtube.com/watch?v=AWWEcrYh7_k

Kikka Roja

Pablo Gomez : Domicilios allanados: reforma judicial, ley gestapo

Domicilios allanados

Si hoy ingresa un policía a su domicilio, sin orden judicial de cateo, usted puede acudir al Ministerio Público y buscar que se castigue al autor del allanamiento. El irruptor tendrá derecho a defenderse y a presentar los elementos del caso, tales como la protección de la vida de alguna persona, la persecución de un delincuente sorprendido en flagrancia, etcétera, pero la víctima del allanamiento no dejará de tener la capacidad de conseguir el castigo del transgresor. Esto lo saben hoy todos los policías.

A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de “seguridad pública y justicia” las cosas ya no serán así. Bajo la nueva constitucionalidad policíaca, quien decidirá cuándo es necesario ingresar en un domicilio va a ser sólo el agente de policía. En otras palabras, la Constitución otorgará un “derecho” a los agentes policíacos –unos 300 mil— para meterse a cualquier sitio con o sin motivo justificable.

Con tal reforma las cosas habrán cambiado totalmente: hoy, la Constitución define los derechos de las personas; después, la Carta Magna consagrará los “derechos” de la autoridad. El mundo ha dado un vuelco. Todo el constitucionalismo histórico está siendo negado de un plumazo a través de una alianza entre el PAN y el PRI.

Calderón y los partidos que le apoyan están peor que George W. Bush a partir del 11 de septiembre. Bajo la necesidad de combatir a la delincuencia organizada –cualquier cosa que por tal se entienda–, todas las personas estarán a merced de los agentes de policía en sus propios domicilios. El peligro eminente y la amenaza de la integridad personal, como causales teóricas de los allanamientos, serán definidos por el policía pues la Constitución también le estará dando esa capacidad.

Para combatir a los narcos, la policía no necesita ningún “derecho” de allanamiento sino otros instrumentos, de los cuales, evidentemente, carece. La licencia para allanar no va dirigida a la lucha contra los narcotraficantes. A su vez, el narcotráfico, antes de ser un problema de seguridad pública, lo es de seguridad del Estado. Por tanto, presentar a los narcos como causantes de una bárbara agresión de derechos fundamentales de los seres humanos es conceder a aquéllos la capacidad de hacer mayor daño al Estado como institución sometida a principios inviolables y de convertir a las instituciones públicas en transgresoras sistemáticas de tales derechos.

La policía no puede tener ningún “derecho propio” sino sólo obligaciones. Pero se está a punto de hacer las cosas al revés por mandato de la Constitución. Y lo peor es que la protesta es mínima si tomamos en cuenta el tamaño del daño que se está a punto de consumar. No se le ha hecho caso ni al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; mucho menos a los “apestados” del PRD. ¡Qué país!

Kikka Roja

Investigarán en San Lázaro despojo ROBO de Vicente Fox a ejidatarios de Guanajuato

• Viajarán diputados a San Francisco del Rincón para recabar testimonios
• Investigarán en San Lázaro despojo de Fox a ejidatarios de Guanajuato
• Comparecerá el titular del SAT, en la indagatoria que se sigue sobre enriquecimiento ilícito

Enrique Méndez y Roberto Garduño

La comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento al presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Vicente Fox investigará el despojo de 900 hectáreas a ejidatarios del rancho San Cristóbal, en Guanajuato. El presidente de la comisión, Víctor Valencia de los Santos, informó que se incluirá la denuncia sobre despojo en la investigación de la Cámara y dijo que se acordó constituir un grupo de trabajo que viaje a San Francisco del Rincón para investigar el presunto abuso cometido por la familia Fox.

La decisión se tomó un día después de que la juez María del Carmen Pérez García condenó a cuatro años de prisión o pago de una fianza de 15 mil pesos al ejidatario José Guadalupe Pacheco, por “despojo” a los Fox, cuando las tierras en litigio ahora forman parte del rancho familiar del ex mandatario. “Nos han pedido que vayamos físicamente a conocer la denuncia de despojo en la que se acusa al señor Fox y la documentación que formaría parte de la investigación que realiza la comisión”, puntualizó Valencia de los Santos.

Asimismo, el legislador del PRI refirió que el jueves de la próxima semana comparecerá ante la comisión el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, y están pendientes las del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; del director general de Aduanas, Juan José Bravo Moisés, y del director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles. Consideró que a pesar de que el gobierno federal ha negado información sustancial, la comisión podrá presentar en abril su informe sobre la riqueza de Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún Jiménez, reporte que será entregado a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública. Después, añadió, serán esas dependencias las que “darán la cara a la sociedad. Tendrán que enfrentar el escrutinio público y se sabrá si existe o no la voluntad de sancionar administrativa o penalmente a los presuntos responsables de lo que es un secreto a voces, de quienes pudieron haber cometido” el delito de enriquecimiento ilícito.

• QUE NO SE HAGAN GÜEYES EN SAN LAZARO Y YA QUE VAN PARA ALLÁ PAGUEN LA FIANZA Y SAQUEN DE LA CÁRCEL AL CAMPESINO

¡PANISTAS HIJOS DE LA CHINGADA!

Kikka Roja

Acosta Naranjo falseó fallo: Siguen las transas de los chuchos

• Acosta Naranjo falseó fallo del CEN perredista, dice
• Izquierda Unida niega retiro de la carta de López Obrador

Ciro Pérez Silva

Izquierda Unida, corriente que apoya la candidatura de Alejandro Encinas a la presidencia del PRD, acusó al secretario general de ese partido e integrante del grupo que impulsa a Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, de “falsear las resoluciones” del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) al declarar que en la sesión de ayer por la noche se calificó de propaganda ilegal la carta de apoyo de Andrés Manuel López Obrador a Encinas y se determinó retirarla.

“Es falso lo que declaró anoche Guadalupe Acosta. Es extremadamente serio que esté cambiando y falseando las resoluciones del CEN en aras de lograr intereses personales y de grupo. Es falso que el CEN haya ordenado suspender la carta de López Obrador, por una sencilla razón, no se puede tomar esa resolución porque el CEN no es órgano jurisdiccional que le corresponda determinar la legalidad o ilegalidad de tal o cual acto. Eso corresponde a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia”, advirtieron ayer integrantes de varias corrientes que simpatizan con la candidatura de Encinas. Esta versión no fue desmentida por Acosta Naranjo. Además, Nueva Izquierda, corriente que encabeza Jesús Ortega y que califica de “propaganda ilegal” la carta de apoyo de López Obrador, fue acusada ayer, junto con otras expresiones, como la del candidato Camilo Valenzuela, de haber desplegado banderines, mantas y de hacer circular volantes, a pesar de que entre los acuerdos del PRD previos al proceso es que toda propaganda debe provenir del órgano electoral y sería entregada equitativamente a cada candidato, lo que no ha ocurrido.

Ayer al mediodía Izquierda Democrática, Foro Nuevo Sol y otras corrientes que apoyan a Encinas se manifestaron frente a las oficinas de Comité Técnico Electoral, ante cuyos integrantes mostraron fotografías con la propaganda en favor de Ortega Martínez desplegada en muros y pasacalles, además de volantes y dípticos que distribuyen tanto el grupo del propio Ortega como el de Camilo Valenzuela. Demandaron al comité que cumpla con el compromiso de elaborar y entregar a cada candidato la propaganda para difundir sus ofertas de campaña, o bien que permita que cada aspirante imprima sus propios promocionales con cargo al tope de recursos asignado para la contienda.

Los de Nueva Izquierda “ya están circulando con propaganda en las calles y nosotros estamos atados de manos porque no hemos podido imprimirla”, dijo Roberto López, representante de Encinas, y agregó que ya presentaron dos quejas ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, que esperan sean respondidas el lunes. En respuesta, las autoridades electorales resolvieron dar un plazo de 24 horas al CEN del PRD (a partir de que sea notificado de esta decisión) para que informe del momento y el monto de la propaganda que deberá entregar a cada candidato.

Kikka Roja

FERIA DEL LIBRO: Palacio de Minería: Democracia sin demócratas y otras invenciones: Marcos Roitman

• La Feria del Palacio de Minería
• Marcos Roitman presentará libro sobre la democracia
• El poder popular es convertido en “objeto de consumo social”

Fernando Camacho Servín

El sistema político que prevalece en casi todo el mundo, bautizado con el nombre comercial de “democracia”, no es en realidad más que el cascarón formal donde los ciudadanos votan, pero no deciden, y el poder económico real dicta el rumbo de un país sin que el presidente pueda meter las manos. Tal es el fenómeno que aborda el sociólogo y analista político Marcos Roitman en su libro Democracia sin demócratas y otras invenciones, que se presentará mañana en el contexto de la versión 29 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

En el primer capítulo, el autor devela cómo la misma palabra “democracia” es deformada para otorgarle un significado en apariencia neutro, pero al mismo tiempo vago y sin contenido real. En la “guerra teórica para controlar el mundo”, dice, se transforma al poder del pueblo en un simple “objeto de consumo social”. El también colaborador de La Jornada hace un recuento histórico de la forma como se implantó el neoliberalismo en América Latina, región donde por décadas se construyó un sistema de Estado de bienestar que se desmanteló poco a poco, generando en el camino todo tipo de movimientos de resistencia social.

Como resultado de estas luchas, diversos grupos de izquierda han accedido al gobierno en los pasados 30 años, dando lugar a un debate sobre los alcances y los límites de dichas fuerzas y la capacidad de adaptación del sistema capitalista para sobrevivir. Ese tema en particular es analizado en el capítulo final, donde se contraponen las definiciones de revolución, reforma y construcción de autonomías. El espectro de la izquierda latinoamericana va desde los caracoles zapatistas en México, hasta el gobernante Partido del Trabajo, en Brasil, y la llamada revolución bolivariana del presidente venezolano Hugo Chávez.

Democracia sin demócratas y otras invenciones se presentará el sábado 23 de febrero a las 12 horas en el auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería (calle Tacuba 5, Centro Histórico), con los comentarios de Gilberto López y Rivas, Luis Hernández Navarro y el autor.

Kikka Roja

Luis Javier Garrido: La conexión gallega

La conexión gallega

Luis Javier Garrido
Los acontecimientos de las próximas semanas serán decisivos para el futuro del país en las siguientes décadas, de ahí el nerviosismo del gobierno de facto, que no deja de cometer tropelías que comprometen seriamente los intereses de México.

1. La disputa por el petróleo de México, que el gobierno ilegítimo está comprometido a entregar cuanto antes a las multinacionales, está determinando un enrarecimiento de la vida pública pocas veces visto en tiempos recientes, debido a las acciones de los aventureros de la política que pretenden “gobernar” al país.

2. El estallido en la capital de un artefacto de fabricación militar llevado por un agente de seguridad, el viernes 15, ha sido entendido, y con razón, por amplios sectores, como una maniobra torpe del gobierno federal, tendiente a traer al Distrito Federal el escenario de violencia que ha generado en el país, ahora con un objetivo central: desprestigiar al gobierno capitalino al involucrarlo en la supuesta lucha antidrogas, lo que hasta ahora no ha podido hacer, y así imbricar al jefe de Gobierno Marcelo Ebrard en una lógica de reconocimiento del poder espurio a fin de distanciarlo de Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, de la defensa de los derechos de la nación.

3. El operativo que en distintos ámbitos se enmarca dentro de las iniciativas coordinadas desde Bucareli por el gallego Juan Camilo Mouriño, hombre de confianza del Partido Popular español, tiene también a todas luces un objetivo electoral con vistas a 2009 y sobre todo a 2012, como toda la supuesta estrategia del shock, que pretende atemorizar a los mexicanos y presentar a las autoridades ilegítimas como la única vía para alcanzar la seguridad.

4. El grupo de Bucareli sabe que el PAN, que es una fuerza partidista minoritaria, va hacia un fracaso electoral en los comicios federales de este sexenio de mantenerse las actuales condiciones políticas, como muestran los resultados electorales recientes en que ha sido arrollado por el PRI (de Oaxaca a Hidalgo) o por el PRD (Baja California Sur y Cancún) y no se está deteniendo ante nada con tal de acelerar la campaña mediática a fin de desprestigiar a las otras organizaciones políticas y crear las condiciones para poder imponer al partido del gobierno en 2009 y 2012, lo que sólo sería posible en sendas elecciones de Estado.

5. En este contexto, las disputas internas de los grupos que comparten el poder de facto están agravando la crisis interna del gobierno espurio y manteniendo encendidos los focos rojos tanto en Los Pinos como en Bucareli, pues los operadores blanquiazules continúan fracasando en toda la línea, de ahí su desesperación que puede llevarlos a acciones cada vez más violentas. Si en lo estrictamente electoral se hallan en problemas por el distanciamiento de Calderón con su antigua aliada Elba Esther Gordillo, que con el Panal controla un aparato de fraude electoral sustentado en el SNTE, que es fundamental para el grupo en el poder, y que ahora ha estado apoyando al PRI, en lo político aparecen también fisuras.

6. Los diferendos del grupo de Carlos Salinas de Gortari y de Carlos Slim, que controla el sector estratégico de la telefonía en México y pretende avanzar en el ámbito de las telecomunicaciones y de la energía, con el gobierno espurio, se deben en buena medida al proyecto de privatización del sector energético que obliga a una alianza PAN-PRI, pues los gallegos de Mouriño, empecinados en apoderarse de la tajada principal de la industria energética de México, están reacios a aceptar que crezca el poderío de los que ven como sus rivales, lo que afecta el voto legislativo.

7. Los panistas vinculados con la ultraderecha española, que desde hace tiempo ha tenido en la mira el sector energético de México, y que ahora mandan en Los Pinos, actúan de manera agresiva porque creen que el PP está a punto de retornar al poder en España, ya que buena parte de las encuestas apuntan a que el partido de Aznar se impondrá en las elecciones legislativas del 9 de marzo, y confían en que con el gallego Mariano Rajoy como nuevo presidente del gobierno español recibirían un espaldarazo definitivo, pues el apoyo logístico y financiero que recibirían sería incomparablemente mayor al que ahora se les está brindando desde allá, y que comenzó bajo la presidencia de Vicente Fox, hijo de gallega.

8. Los cambios al marco constitucional y legal de México que son necesarios para que puedan satisfacer sus ambiciones económicas Calderón y sus amigos, están, por lo mismo, supeditados también a los vaivenes de la política española, cuya campaña electoral tiene una violencia sin precedentes, marcada por el llamado de la Iglesia española a votar contra Zapatero y apoyar al PP, el partido de la derecha española fundado por el legendario político gallego Manuel Fraga Iribarne, ex ministro de Franco y amigo de los empresarios gallegos Mario y Olegario Vázquez Raña.

9. El bombazo de la avenida Chapultepec no es, por lo mismo, más que un insignificante eslabón en la cadena de acciones que el gobierno espurio está llevando a cabo en su afán por entregar el petróleo y la electricidad de México a trasnacionales estadunidenses y europeas.

10. El petróleo en manos de la nación –lo que quiere decir sin la menor participación del capital privado nacional y extranjero– es requisito fundamental para que no se empobrezca el pueblo hasta la ignominia y los mexicanos podamos existir como una nación independiente y soberana: dueña de su destino. El daño que está haciendo el gobierno de facto al país es irreparable a corto plazo y se necesitará que un gobierno de reconstrucción nacional haga posible que en México algún día prevalezcan las leyes y los principios, pero antes es urgente impedir que la canalla que está tratando de gobernar entregue al exterior el recurso natural fundamental de los mexicanos.

Kikka Roja

Mexico SA : Cuauhtémoc Cárdenas no entiende que el petroleo es de TODOS

¿Y QUIEN PROTEGE E INFORMA AL CAMPESINO DE LO QUE LE CORRESPONDE POR PETRÓLEO? Y NO DEBE SER MENOS A LO QUE LE CORRESPONDE A UN EMPRESARIO

México SA Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx Cárdenas propone lo que la ley no permite Según la Constitución, el capital privado no cuadra en Pemex Cuauhtémoc Cárdenas habló ayer sobre política petrolera y propuso lo que a su juicio debe hacerse para fortalecer a Pemex y a la industria sectorial. De su intervención vale retomar propuestas como no privatizar Pemex; no dejar el petróleo al servicio de intereses extranjeros; autonomía de gestión para la paraestatal; que ésta no sea considerada en el presupuesto federal, ni que se sujete a la ley de obra pública y adquisición; que el Estado no pierda la exclusividad en la explotación petrolera y se libere a Petróleos Mexicanos de la enorme carga fiscal que a la fecha tiene. Bien, pero donde no hay sentido es cuando el michoacano afirma que, sin cambios constitucionales, “puede haber inversión privada nacional o extranjera simplemente donde no se viole la ley”. Leo y releo el texto legal, y no encuentro, en el marco legal vigente, por dónde cuadra aquello del capital privado. Por ello, para saber si otros ojos descubren el truco, va lo que el artículo 27 constitucional deja más claro que el agua sobre el tema: “… Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional. “Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la república; las de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzados por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la república y un país vecino; o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la república con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fije la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se consideraran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o mas predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerara de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados. “En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularan la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva (en el entendido que aplicará los principios constitucionales). Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. “Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos...” Las rebanadas del pastel Por cierto, Constitución mata ley reglamentaria.

Kikka Roja

LEY GESTAPO: Nueva izquierda Ruth Zavaleta Ineptos Y traidores CALDERONISTAS dentro del PRD

• RUTH ZAVALETA Y JESÚS ORTEGA SON UNOS MENTIROSOS,
• "AY AY AY, PRI Y PAN NOS METIERON UN ALBAZO: NO PODEMOS ESTAR CON EL PUEBLO QUE NOS DIO SU VOTO"
• PERO LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE MARRANOS ES RUTH ZAVALETA, PERO ESO SI, VIVEN DEL ERARIO, LA LEY GESTAPO ES UNA ABERRACIÓN Y LA MAMÁ DE ESA ABOMINACIÓN ES NUEVA IZQUIERDA
• HUBO MUCHAS LLAMADAS DE ATENCIÓN Y SIMPLEMENTE SE UNIERON AL PRIAN
• VENDIDOS, TRAIDORES A LA PATRIA, QUE NADIE VOTE POR JESÚS ORTEGA
• POR LA LEY GESTAPO Y LA REFORMA ENERGÉTICA, EXIJO LA DESTITUCIÓN DE RUTH ZAVALETA Y LA EXPULSIÓN DEL PARTIDO.

No tengo facultades para hacerlo, afirma la presidenta de la Cámara de Diputados Fracasa intento del PRD por regresar a comisiones minuta de reforma judicial Cuestionan legisladores que una fe de erratas enviada por el Senado no se discutió El proyecto de decreto entra al pleno en primera lectura; se votará el próximo martes Roberto Garduño y Enrique Méndez A pesar de la oposición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, que reprochó el contenido de la minuta sobre la reforma judicial enviada por el Senado, la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta Salgado, dio entrada en primera lectura a la minuta enviada por el Senado, con el propósito de que sea aprobada el martes próximo. En la última etapa de la sesión ordinaria celebrada ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Zavaleta anunció que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia le habían enviado el proyecto de decreto que reforma y adiciona varias disposiciones de la Constitución en materia de justicia penal, y por reglamento le correspondía dar entrada en primera lectura al documento, no obstante que ella también se opone al contenido del mismo. De inmediato, Andrés Lozano, representante perredista, solicitó la palabra para denunciar que someter a primera lectura la minuta constituía un acto ilegal, porque adolece de formulación y de procedimiento: “estamos ante un escenario en el que en lo oscurito, en la chicana legislativa, PRI y PAN hacen reformas a un dictamen, que no fueron discutidas en las comisiones y fueron integradas directamente al texto… en lo oscurito, sin que nos diéramos cuenta, pretendían incluir artículos transitorios que ni siquiera el Senado había enviado. Y más luces se vieron cuando la presidenta de esta cámara, el día martes, habiendo pasado la discusión, dio entrada a las 13:45 horas a una fe de erratas a la que se refería esa minuta. ¡Es la realidad! Pretenden violar el procedimiento legislativo. No les importa que sea un dictamen desaseado”. Con dureza, el legislador perredista emitió una serie de preguntas: ¿En qué parte de los antecedentes se refiere a esa supuesta corrección de la fe de erratas del dictamen? ¿En qué momento se informó a los diputados integrantes de las comisiones unidas que se estaba haciendo una fe de erratas, misma que no había llegado a la Cámara de Diputados? ¿Por qué, si es una fe de erratas, no se indicó en el momento de su discusión en comisiones? Por una simple y sencilla razón, insistió Lozano, porque saben que están fuera de procedimiento. Para replicar a su compañero de bancada, Ruth Zavaleta sustentó su determinación en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso. Sostuvo que la minuta se recibió formalmente por parte del Senado. El 19 de febrero se recibió la fe de erratas, “dándose cuenta de la misma a todos y cada uno de las diputadas y diputados”, y el 20 de febrero se recibió el dictamen en la mesa directiva, señaló. Aun así, Andrés Lozano insistió e intentó hacer entender al pleno que se cometía una ilegalidad, porque la objeción se centra en la naturaleza del dictamen, sobre todo en la fe de erratas del Senado, que entró cuatro horas después a la Cámara de Diputados. Para secundar la postura de Lozano, su compañero Tonatiuh Bravo expuso que la queja no se trataba de una impugnación o un cuestionamiento al trámite otorgado por la presidencia a la minuta, sino para cuestionar la entrada tardía de la fe de erratas proveniente del Senado. “La petición, muy respetuosa a la mesa directiva, es que haciendo uso de sus atribuciones regrese a las comisiones (la minuta), con el propósito de que ésta se pueda dictaminar con posteridad a cuando fue recibida la fe de erratas, que proviene del Senado, y no con anterioridad. De esa manera las comisiones pueden subsanar el caso y en la próxima sesión puede darse cuenta de la primera lectura del mismo.” Zavaleta insistió en que no está en sus manos la atribución para regresar la minuta a comisiones, “toda vez que se recibió con todas las prebendas jurídicas”. En esos momentos, diputados de la corriente Nueva Izquierda del PRD desplegaron dos mantas plastificadas, de excelente manufactura, para dejar en claro su postura sobre dos temas sustanciales en momentos del proceso interno de elección de dirigencia: “Los diputados de Nueva Izquierda estamos en contra de la reforma judicial. No al allanamiento de morada; los diputados de Nueva Izquierda estamos en contra de la privatización de Pemex.” Vanos fueron los esfuerzos de los diputados perredistas que en el pasado periodo ordinario de sesiones aprobaron el dictamen y, meses después, al percatarse de su error, trataron de corregir el rumbo. Para despejar dudas de que los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y parte de los legisladores de Alternativa conforman la mayoría de dos terceras partes que habrá de aprobar la reforma constitucional el martes próximo, se sometió a votación del pleno si la minuta se regresaba a comisiones. El resultado fue que 240 legisladores se pronunciaron en contra, por 126 en favor, del PRD, Convergencia y PT, así como seis abstenciones, entre ellas las de Marina Arvizu, Alfredo Ríos Camarena, José Murat, Mayra Peñuelos, Héctor Hugo Olivares Ventura y Lilia Merodio. En el Senado, el ombudsman nacional formula una severa crítica del proyecto La reforma judicial, “atrocidad” que alienta el gatopardismo: Soberanes De aprobarse, se convertirá en causa de numerosas violaciones a derechos humanos, advierte Víctor Ballinas y Andrea Becerril El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, advirtió ayer que la reforma en materia de justicia, próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados, “es una atrocidad”, porque vulnera garantías fundamentales y lleva a la Constitución los arraigos y allanamientos, y además se rompe el principio de presunción de inocencia. Una vez que concluya el proceso legislativo y entre en vigor, “vamos a tener una situación de enorme preocupación y de violaciones a derechos humanos”, advirtió durante una reunión con senadores. Unos de los temas que “más nos han preocupado son los allanamientos, los cateos, el arraigo”, aseveró el ombudsman nacional ante legisladores de todas las fuerzas políticas. La reforma constitucional en la materia, insistió, “va a provocar violaciones a garantías fundamentales”. Con esos cambios, subrayó, se rompe “lo más sagrado”: el principio de inviolabilidad del domicilio, porque ahora cualquier policía va a poder entrar a una vivienda sólo porque presuma que adentro hay una situación que pone en peligro la vida de los residentes. “Esto, perdónenme, es una atrocidad”, expresó. Además, precisó, el arraigo de por sí es inconstitucional “y ahora, con la reforma, ya tendrá vida en la Carta Magna. Hay que ver cómo lo reglamentan, porque puede ser un arraigo de inocentes y, sin embargo, quedarán sometidos a pruebas iguales o peores que quienes están presos. Se rompe con el principio de presunción de inocencia. Tenemos que estar muy pendientes de la reglamentación que ustedes hagan: ¿va a ser una medida cautelar o se adelanta la prisión? Eso parecería”. Convocado por la Comisión del Distrito Federal del Senado, para exponer la situación de los penales en la capital del país y para que hablara sobre los mecanismos nacionales del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue el senador perredista René Arce quien le solicitó que diera su opinión sobre la reforma constitucional en materia de justicia, que ahora se debate en la Cámara de Diputados. La respuesta del titular de la CNDH provocó reacciones encontradas entre senadores de PAN y PRI. La presidenta de la Comisión del Distrito Federal, María de los Ángeles Moreno, le dijo a Soberanes Fernández que se ha dado una gran discusión entre intelectuales y abogados sobre la reforma en materia de justicia. Y le confió: “No fue sencillo el análisis, la discusión y la aprobación de esta reforma. Todos pensamos que hay una cuestión todavía pendiente, trascendente, que es la justicia. Pareciera de pronto que esa reforma aprobada por el Senado estuviera pensada para los suizos y no para policías y agentes del Ministerio Público como los que tenemos en México, los cuales requieren capacitación permanente para evitar que se produzcan nuevas violaciones a los derechos humanos”. La legisladora preguntó: “¿Qué hacer con la ley? Entiendo que la opinión de la CNDH es negativa, que hay una serie de cuestiones que quizás agraven la labor de ese órgano”. Soberanes Fernández le respondió que ante el incremento de la delincuencia se aumentan las penas. “No se combate a la delincuencia, suben las penas. De cada cien delitos se sancionan tres. Vivimos un engaño del Estado hacia la sociedad. Dicen en el gobierno: ‘sí estamos preocupados’. Es gatopardismo. La delincuencia sube, la sanción no se aplica y vivimos en el engaño”. Y abundó: “Se requiere una reforma penal de fondo: que vayan a la cárcel los que tengan que ir, no los campesinos a los que se les encuentra un rifle. Nos topamos con un narco que posee un arsenal y no va a prisión. No lo agarran. Resulta que sorprenden a un chino –Zhenli Ye Gon– con 205 millones de dólares en su casa y nadie se da cuenta. ¡Metió al país 20 toneladas de seudoefedrina! “Ese señor saca 3 o 4 millones de dólares y nadie se da cuenta. Y si uno quiere abrir una cuenta en el banco hay trámites, investigación. Vivimos en el país del nunca jamás. Se requiere una reforma penal de fondo, no querer curar el cáncer con un mejoralito. A la cárcel van los pobres; los delincuentes de cuello blanco no, porque pueden pagar”. El senador panista Ulises Ramírez Núñez reviró al ombudsman: “Hay riesgos con la reforma judicial, es cierto, pero hay que asumirlos. Si no lo hacemos el país se nos va de las manos”. Y señaló: “Yo participé en el análisis de esa reforma. El arraigo que se autoriza no tiene nada que ver con lo que se ha discutido. Se dice en la modificación constitucional que es una medida cautelar. Siempre deberá proceder un cateo y un allanamiento con una orden de un juez de control. No estamos pensando en abrir la puerta a la policía para cometer abusos”. La senadora priísta Moreno intervino: “Eso no quiere decir que coincidamos con todas las legislaciones que se aprueban por mayoría, sobre todo en los artículos que tratan de garantías individuales. Hemos vivido reformas de corte penal y no hemos visto mejoría en lo que se quiere combatir”. Respecto de las cárceles del Distrito Federal, Soberanes Fernández dijo que hay sobrepoblación y graves problemas de hacinamiento. El Reclusorio Norte presenta 190 por ciento de sobrepoblación; el Oriente, 123 por ciento, y el Sur, 69.5 por ciento. En los reclusorios Sur, Oriente y Norte se recibieron denuncias de golpes y maltrato, y “se observó a varios internos con huellas de lesiones. En cinco reclusorios de la ciudad de México se tuvo conocimiento de que a los presos considerados de alto riesgo se les mantiene encerrados las 24 horas del día”.

Kikka Roja