KIKKA: 06/25/07

lunes, 25 de junio de 2007

Geopolitica : Economia

Esa quimera de la clase gobernante
Distancia abismal entre el discurso y lo real
El país, lugar mundial 53 en desarrollo humano
Chiapas está por debajo de Siria, dice el PNUD

Allá por los tiempos de la "renovación moral" (el sexenio de Miguel de la Madrid), en las no pocas marchas y manifestaciones que cada día se registraban a lo largo y ancho de la geografía nacional, con regularidad se alcanzaba a leer una exigencia a la clase gobernante, plasmada en los cartelones utilizados para la ocasión: "queremos promesas, no realidades". Era tal el grado de crisis económica, que a la par de justificados reclamos de incremento salarial, los numerosos manifestantes exigían esa segunda quimera. Dadas las carencias, en todos los sentidos, la clase gobernante sólo les cumplió la segunda de las peticiones, cabalmente, eso sí, porque a partir de entonces reforzó su discurso de promesas, en un intento por ocultar la obstinada realidad. Le quedó la costumbre, porque gobiernos van, gobiernos vienen, y las siempre prescindibles piezas oratorias de la autodenominada clase gobernante del país (a nivel federal, estatal y municipal) están saturadas de promesas y logros virtuales, que sólo sus integrantes celebran, aunque estén cada vez más apartados de la realidad.

Valga lo anterior para recorrer la geografía nacional junto con el Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007), y compararla con la realidad de otros países, en los que, al igual que el nuestro, su clase gobernante lanza promesas a diestra y siniestra. De entrada, México (esa gran potencia económica que a todo volumen, un día sí y el otro también, se presume desde los micrófonos oficiales) ocupa el escalón número 53 a escala mundial en lo que a desarrollo humano se refiere, una posición a todas luces privilegiada si se considera que en los peldaños inferiores inmediatos se encuentran Bulgaria, Tonga, Omán, Trinidad y Tobago, Panamá y Antigua y Barbuda. Lo anterior da cuenta de la abismal distancia entre el discurso de la clase gobernante y la realidad nacional. Superar, por milímetros, el desarrollo humano de las naciones referidas debería motivar el cambio de actitud de esa clase gobernante, pero lamentablemente lo único que le provoca es pronunciar más y más discursos, en los tres niveles de gobierno y poderes que les acompañan. Al recorrer la geografía nacional y tomar como base el informe del PNUD, nos encontramos que el índice de desarrollo humano de Chiapas no sólo es el más reducido de la República, sino que es ligeramente inferior al registrado en Cabo Verde, y similar al de Siria e Indonesia. En el caso de Oaxaca y Guerrero, penúltimo y antepenúltimo lugares de la República, el desarrollo humano es equiparable al de las Islas Maldivas, Azerbaiyán, los territorios palestinos ocupados, El Salvador, Argelia y/ o Guyana.

En otros estados de la República, considerados "por arriba" de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la situación no es distinta. El índice de desarrollo humano en Veracruz y Michoacán es igual al observado en las islas Fiji y similar al de San Vicente y las Granadinas, Suriname, Paraguay y Sri Lanka, y no muy distante de Belice. El desarrollo humano en Tlaxcala y Zacatecas es idéntico al Kazajstán y Armenia, mientras los de Guanajuato (la "fábrica" de jardineros), Yucatán y Tabasco son equiparables a los reportados por Albania, Tailandia y Samoa Occidental. El estado de México y San Luis Potosí se comparan favorablemente con Santa Lucía. En sentido contrario, por llamarle de alguna manera, las entidades con "altos" índice de desarrollo humano son el Distrito Federal (equiparable al registrado en República Checa, Barbados y Malta), Nuevo León (similar al de Eslovaquia, Uruguay y Croacia), Jalisco (Rumania y Antigua y Barbuda), Sonora (Cuba), Tamaulipas (Bahamas) y Chihuahua (Emiratos Arabes Unidos). Como que no ajusta el pomposo discurso oficial a la tajante realidad. Por ello, el PNUD documenta que en México el patrón de desigualdad ha presentado muy pocas variaciones en años recientes. El Distrito Federal aparece persistentemente con los mejores indicadores en todos los componentes del índice de desarrollo humano (IDH) y Chiapas con los más bajos, aunque hay ligeros cambios en la ubicación de las entidades en lugares intermedios.

Lo peor del caso es que el Informe sobre Desarrollo Humano México 2002, también del PNUD, destacaba la similitud que existía entre los niveles de desarrollo del Distrito Federal y Hong Kong, y los de Chiapas y El Salvador. Cuatro años después, en el informe 2006, Hong Kong supera por ocho posiciones al Distrito Federal y El Salvador rebasa por cinco a Chiapas. De esta forma, los índices de desarrollo humano de las entidades federativas del país se han rezagado en comparación con sus referentes internacionales de hace cuatro años. Dado que el índice de desarrollo humano no considera las desigualdades entre hombres y mujeres, puntualiza el PNUD, es necesario calcular el índice de desarrollo relativo al género (IDG), el cual muestra una reducción de los niveles de desarrollo en la medida en que se incrementan las diferencias en los indicadores correspondientes a hombres y mujeres. A escala nacional, la desigualdad del desarrollo humano entre hombres y mujeres ocasiona una reducción de uno por ciento en el IDH nacional. A escala estatal esta disminución fluctúa entre 2.6 por ciento en Chiapas y 0.4 por ciento en el Distrito Federal. De acuerdo con el IDG, las entidades con menores pérdidas en desarrollo por desigualdades de género son el Distrito Federal, Aguascalientes, Quintana Roo, Sonora y Morelos. Por otra parte, los estados que presentan mayores pérdidas son Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Durango.

En resumidas cuentas, la clase gobernante sí ha cumplido: puras promesas, mientras la realidad cada vez es más lacerante.

Las rebanadas del pastel

Una vez más: aunque los vistan de seda (ahora Televisa los disfrazó de "11 guerreros"), ratoncitos verdes se quedan. Como la economía, la selección de futbol de plano estancada y sin dar una.

cfvmx@yahoo.com.mx/ cfv@prodigy.net.mx

Kikka Roja

Acción de Resistencia Civil Pacífica

Acción de Resistencia Civil Pacífica Miércoles 27 de Junio a las 16:00 hrs.
invitamos a la Sociedad Civil Organizada, a todos los Grupos de Resistencia Civil Pacífica y al Pueblo en General a la acción de Resistencia Civil Pacífica que estaremos realizando el próximo Miércoles 27 de Junio a las 16:00 hrs. en la Plancha de la Constitución para manifestar nuestro repudio al espurio, quien ofrece una comida al Presidente de Nicaragua Carlos Ortega en Palacio Nacional.

En dicha acción contaremos con la presencia del compañero Gerardo Fernández Noroña, miembro de la Comisión Nacional de Resistencia Civil Pacífica de la Convención Nacional Democrática.

!! el pelele va a caer, va a caer !!

!! AMLO Presidente Legitimo de las y los Mexicanos !!

!! Todos a la Magna Concentración y Marcha del 1o de Julio de 2007!!

http://resistenciacreativadf.blogspot.com/2007/06/invitamos-la-sociedad-civil-organizada.html

Kikka Roja

Jack Sparrow No sabe lo que quiere

cuando la pinche brujula no funciona, voltea pa trás... al trasero pues

http://www.youtube.com/watch?v=yeqKlEV85Ec

¡Aaah que las hilachas! hasta la madre tierra tiene trasero

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa

Infamia laboral hidalguense

Plaza Pública

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene 46 años de edad. Exactamente la mitad de ese lapso la sirvió en la cátedra y la investigación el doctor Pablo Vargas González. Despedido por capos universitarios –no puedo llamarlas autoridades porque en ningún sentido lo son—, ahora la justicia laboral ha determinado que el trabajo de este académico, único miembro de la UAEH que pertenece al nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, vale poco más de mil pesos por año. Vargas González se preparó concienzudamente para las tareas universitarias, en su alma mater hidalguense y en otras instituciones, hasta alcanzar el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara –a lo que añadió todavía un post doctorado—. Ha escrito y participado en más de veinte libros y ha publicado más de sesenta artículos arbitrados, la mayor parte de ellos sobre la estructura política de Hidalgo y sus procesos electorales.

Era coordinador del área de ciencia política del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH) de la universidad hidalguense, cargo del cual fue destituido sin explicación y desde luego sin causa legítima, pues cumplía escrupulosamente y aun en exceso sus deberes profesionales. Por ello permaneció como coordinador del cuerpo académico de ciencia política y administración pública del propio instituto hasta el 3 de enero de 2006, cuando se le echó de manera intempestiva y violenta no sólo de su oficina sino de la Universidad, que de ese modo lo despidió sin que se hicieran constar las razones. Y es que no podían expresarse los motivos porque no los hay, desde la perspectiva académica. Y los reales, que surgen de la represión ideológica, pues castigan la militancia política del doctor Vargas en la izquierda, no pueden ser puestos por escrito porque avergonzarían a quienes pretendieran justificar el despido con esos móviles, por mayor inverecundia que prive en la universidad de Hidalgo. Verbalmente, eso sí, se hizo saber a Vargas que no cabía en el proyecto político del director del ICSH, Adolfo Pontigo y que su presencia no convenía porque era comunista. Lo acusaron también de hacer “proselitismo político”, ¡en la universidad hidalguense, enclave priista si los hay, donde se obliga a los estudiantes a acudir a actos de campaña de los candidatos tricolores!

Sorprendido por el artero ataque, pero no perplejo y mucho menos pasmado, Vargas González creyó posible resolver el conflicto iniciado con su despido dentro de los cauces universitarios. Cuando se convenció que no sería así, acudió en queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Desde el comienzo de esta fase de su lucha percibió la condición cenagosa del terreno en que se movía: el abogado al que la Universidad contrató para enfrentarlo en el litigio laboral, José López Daniel, es el asesor jurídico personal de Gerardo Sosa, todavía poder verdadero y único en esa institución. El presidente de la junta laboral, Andrés Navarrete, es profesor del Instituto del que despidieron a Vargas o sea que su criterio estaba claramente sesgado a favor de su propio empleador. Los abogados de la universidad (Francisco Fonseca y Fidel Hernández sustituyeron a López Daniel cuando Sosa le encargó otros asuntos) argumentaron que no hubo despido alguno y que, al contrario, Vargas había renunciado voluntaria y expresamente. Exhibieron un papel presuntamente firmado por el catedrático despedido, donde éste habría dicho estar “cansado del maltrato hacia mi persona y que mejor renuncio para ya no tener más problemas”. La expresión es contraria a las convicciones de Vargas y sólo fue posible atribuírsela por tratarse de una falsificación. El afectado adujo un peritaje grafoscópico que mostró que no era su firma la que calzaba aquel papel. Y sin embargo, la Junta lo tuvo por bueno y en él basó su laudo, que consistió en decir que el empleador había probado su dicho, no así el profesor. Así se manifestó la junta, con notorio cinismo, después de haber rechazado 24 de las 43 pruebas ofrecidas por el ofendido.

La desvergüenza de la junta fue más allá. “Condenó” a la Universidad, como única prestación debida, a pagar el importe de la prima vacacional: 29 mil 251 pesos, apenas más de mil pesos por cada uno de sus 23 años de trabajo, ejercidos con creciente calidad por su ininterrumpida preparación. Los abogados de la Universidad habían llegado a plantear un arreglo, en la etapa de conciliación, en el que incluían una oferta de hasta setecientos mil pesos como indemnización. Vargas no los aceptó porque ha insistido en ser reinstalado en su plaza, no sólo por vocación académica sino como prueba de que fue despedido arbitrariamente. Navarrete, el presidente de la Junta donde representa al Gobierno Estatal se ufana de haber votado a favor de Vargas. No lo hizo, cuando más votó en contra de la ridícula e infame indemnización, cuando lo que debió hacer es excusarse por su condición de juez y parte (empleado que es, como hemos dicho, del empleador). Pudo votar como lo hizo porque estaba garantizada la mayoría de dos votos favorables a la Universidad, el de su propio representante y el del sindicato académico de la misma institución, organismo gremial adosado a Sosa, sujeto a las órdenes de la patronal, que traicionó a Vargas, no obstante que es miembro de esa agrupación,

“Obra maestra de la infamia” llama el propio Vargas a ese laudo. Tiene plena razón.

Kikka Roja

La guerrilla toma nota del combate entre el narco y militares

isaín mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 25 de junio (apro).- Desde la clandestinidad la guerrilla mexicana podría estar aprendiendo del combate que libran en varias entidades del país las bandas de narcotraficantes contra el Ejército Mexicano y los cuerpos policiacos federales y estatales, opina Jorge Lofredo, analista de los movimientos armados en América Latina,. Si bien la guerrilla en México le apuesta más a la “vía política” que a la militar, las acciones y reacciones de narco y Estado mexicano servirían de referente a los reclamos de los “luchadores sociales”, considera el especialista. El coordinador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados en América Latina (Cedema) habla sobre la violencia que se vive en México, del narco, de la movilización y el despliegue policiaco-militar, pero sobre todo de la guerrilla que hasta ahora se ha mantenido al margen de estos choques. “Nunca la guerrilla ha representado una amenaza seria para la seguridad interior, y sí lo ha sido el narco. Hoy la amenaza la constituye el narco, no la guerrilla”, considera Lofredo. Explica que en este escenario de violencia cruzada y operativos militares de gran despliegue, la guerrilla ha optado por mantener –como lo viene sosteniendo desde hace un par de años– su “silencio armado”. “Este no significa la renuncia a la actividad militar --por cierto, limitada desde el 98 a la fecha--, sino se privilegia la actividad política y clandestina”, dice el argentino conocedor de la guerrilla latinoamericana.

Recuerda que se han registrado algunas emisiones de comunicados, conferencias de prensa o alguna otra actividad subterránea pero nunca estas acciones van más allá de su presencia virtual. “Esta circunstancia, vale recordar, arrancó con el zapatismo como movimiento que ha llegado a utilizar la tecnología como medio de desarrollo político y social. En este aspecto, su ‘silencio’ se destaca debido a que no agrega episodios ni cuotas de violencia mayores a las que ya ocurren, lo que le ofrece –al menos– un aspecto diferenciador de otros grupos armados”, observa Lofredo. Indica que más que la guerrilla, la principal preocupación para el Estado mexicano es el narco, pues la expansión de la actividad insurgente no va más allá de sus alcances locales o regionales; en cambio, el narco ha desarrollado una expansión territorial demasiado importante y poderosa. Lofredo hace una lectura política de los recientes operativos, y señala que eso significan precisamente para el Estado mexicano, “recuperar territorio”, y ese espacio está ahora en manos del narco y no de la guerrilla. “Aquí no se habla de ‘zonas liberadas’ ni de ‘exclusión’ –etapa que se alcanza luego de la reversión de la ‘asimetría de fuerzas’-- sino de ‘áreas de influencia e interés’. La colombianización de la que hoy tanto se habla, no se condice con la realidad de aquel país con la de México, sino que este efecto puede referir exclusivamente al narco. Hoy la amenaza la constituye el narco, no la guerrilla”, insiste Lofredo. Dice que los guerrilleros presos reconocidos como tales, han sido condenados a largas penas y mezclados en los penales con narcotraficantes y asesinos comunes:

“El mensaje del Estado mexicano es, pues, que no hay diferencia entre narco, delincuente y guerrillero”.

Recuerda que en tiempos de Lucio Cabañas pasaba lo mismo: para el gobierno mexicano el maestro rural y cabeza del Partido de los Pobres era un “roba-vacas” o “gavillero”. Señala que mientras la guerrilla no ‘desestabilice’, el Estado mexicano articulará políticas que hoy están reservadas para desplegar los operativos con la presencia de militares en las calles y poblados, lo que también es un mensaje muy fuerte para las comunidades en resistencia social desde hace muchos años. Sobre una posible fusión clandestina o pactos del narco y la guerrilla en México, como en alguna ocasión se dio en Colombia, señala que el poderío del primero es tan fuerte que es imposible no suponer que algunos de los grupos armados hayan sido alcanzados por los narcotraficantes. Refiere que algunos grupos armados han acusado públicamente a otras organizaciones clandestinas de haberse ligado al narco, pero que es difícil saberlo a ciencia cierta y desvincularlo de campañas de descalificación entre aquéllas. “Pero lo que sí se ve –advierte Lofredo--, es la manipulación que las bandas del narco pueden hacer de una sigla que se presenta como guerrillera, pero que en verdad es una estrategia de alguno de estos cárteles. Históricamente ha ocurrido, y la cuestión también ha sido conocida en otros lugares, cuando los Estados han recurrido a esta circunstancia para desprestigiar a los guerrilleros”.

Sostiene que la guerrilla en México es la misma fuerza que siempre ha sido, no ha variado, permanece en una circunstancia latente, sin vida aparente, que apela al factor sorpresa para aparecer y de inmediato volver al “silencio”. “En esta ocasión no habría que esperar acciones armadas de la guerrilla, y menos aún en aquellos estados donde se realizan operativos, como por ejemplo en Guerrero, cuna de los movimientos armados mexicanos”, dice Lofredo. En su opinión en esta coyuntura la guerrilla mexicana no tiene mucho margen de acción, pues sus incursiones podrían ser equiparadas a las incursiones del narco y se les traté de la misma forma. “La guerrilla en México enfrenta otra batalla: la de la credibilidad –que el gobierno también está dando a partir de los operativos–, y la de trascender como una fuerza diferenciada a la del mero asesinato, descuartizamientos, decapitación, etcétera. “Esa crueldad con los cuerpos no refiere a una actitud política –que la guerrilla reivindica para sí--, sino a una de tipo mafiosa. No hay un mensaje político tras las decapitaciones, sino de miedo, terror y disputa de poder y territorio”, evalúa el analista.

El ‘silencio armado’

En el escenario de la guerra entre el narco y el Estado mexicano, abunda que la guerrilla está obligada a diferenciarse de esta circunstancia: de ahí lo de “silencio armado”. Ese es un silencio que no se niega a si mismo su razón de ser –pues no hay que olvidar que son organizaciones “político-militares”–, sino que produce una política diferente a la legal y, a la vez, de la actividad meramente criminal o delincuencial, recuerda Lofredo. Explica que el silencio hoy es un reaseguro de su existencia, de la diferenciación de sus políticas frente al resto de los actores y como una ‘imantación’ de confianza hacia la opinión pública después de tanto desprestigio que ha sufrido. Sobre la embestida militar contra el narco en México, dice que la guerrilla podría tener dos procesos de aprendizaje, uno de ellos desde las perspectiva política: “Reafirmará sus puntos de vista, sobre todo los que refieren a la caracterización del Estado mexicano, también del narco (como subproducto del neoliberalismo) y la lucha entre factores de poder que no dan alternativa al statu quo”. Y que el otro proceso de aprendizaje es el militar, pues esta guerra le sirve para medir la fuerza real del narco y la capacidad de respuesta del Ejército.

“Las decisiones políticas que el Estado y el narco toman a partir de este enfrentamiento también resultarán políticas a futuro, y esas lecturas se están elaborando paulatinamente y están viendo la luz de a poco, en distintos comunicados que las organizaciones están dando a conocer”, acota Lofredo. Sin embargo, observa que actualmente el debate que dan las guerrillas es de corte político y no militar, y que un ejemplo de ello es la referencia a “luchadores sociales” y no guerrilleros, como fue el caso de los integrantes del Ejército Popular de Revolucionario (EPR) desaparecidos en Oaxaca. “Esto no es extraño –advierte--, pues todas las guerrillas lo han hecho, pues ilustra el momento por el que transitan”. Considera que existe un posicionamiento político previo muy fuerte en el sentido de que el guerrillero es, antes que nada, un luchador social.

“Lo que sucede es que la inversión de la fórmula no es cierta --no todo luchador social es guerrillero—“.

Pero las corporaciones de seguridad y algunos medios invierten los medios: y ahí están los casos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los macheteros de Atenco. “Hoy la lucha guerrillera es particularmente social y política, no militar”, concluye.

Kikka Roja