http://www.youtube.com/watch?v=S5kdVileEZM
Kikka Roja
viernes, 15 de junio de 2007
Fe-Cal Down! Featuring CLIENT vs FeCal : Video
De CharroMisterio VIDEO para conmemorar un año en resistencia y NO pararemos hasta que el usurpador reviente, con todo y sus elitistas Empresarios fodongos y doñas plastificadas enmicadas.
http://www.youtube.com/watch?v=S5kdVileEZM
Kikka Roja
http://www.youtube.com/watch?v=S5kdVileEZM
Kikka Roja
Luis Javier Garrido
La abdicación
Luis Javier Garrido
El gobierno de facto de Felipe Calderón está aceptando en los hechos el fracaso que ha tenido durante seis meses en materia de seguridad y de empleo, y en diversos sectores de la derecha mexicana la preocupación es cada vez mayor por el destino del gobierno espurio que contra la razón y el derecho ayudaron a enquistarse y que hoy se halla a la deriva.
1. La coalición de extremistas de derecha que de manera ilegítima está tratando de gobernar México a través de Felipe Calderón busca ir más allá de las directrices del Banco Mundial y el FMI de desmantelar los estados nacionales por la vía de terminar con toda posible intervención de éstos en la economía y, en abierta desesperación, está buscando no sólo destruir las instituciones sociales creadas por la Constitución de 1917, y someterse al gobierno de George W. Bush en su demanda de controlar de manera cada vez más directa fronteras, aeropuertos y aduanas, espacio aéreo y mar territorial, sino que pretende ahora entregarle a Washington el control de los aparatos de seguridad del Estado mexicano para desresponsabilizarse del que ha sido uno de sus mayores fracasos.
2. La gran distinción entre los gobiernos panistas del siglo XXI y los conservadores del XIX está siendo por consiguiente el mayor entreguismo de los gobernantes de ahora, que superan con mucho el de sus antecesores ideológicos, pues no creen ya en la viabilidad de una nación independiente.
3. El escándalo internacional generado por el fracaso de la intervención anticonstitucional del Ejército en la imaginaria lucha de Calderón contra el narco, marcada por la transgresión de los órdenes constitucionales municipal y estatal y la violación masiva de derechos individuales, hechos de los cuales las matanzas perpetradas en Michoacán y en Sinaloa no han sido los más graves, ha dado lugar a un apanicamiento de Calderón y de su grupo, quienes sin dignidad miran cada vez más hacia la Casa Blanca solicitando auxilio.
4. Los ruegos de varios meses del embajador calderonista en Washington, Arturo Sarukhán, para obtener ayuda en materia de seguridad, y la petición de Felipe Calderón a Estados Unidos de aplicar en México un símil del plan Colombia (8 de junio), desmentida de manera poco convincente un día después, no sólo significan el entreguismo más absoluto hacia Washington que se haya dado en la historia mexicana, sino una abdicación completa del gobierno de facto de la extrema derecha de sus supuestas responsabilidades.
5. No extraña, por lo mismo, que la prensa mexicana, sometida en su mayoría a los intereses de la extrema derecha en Los Pinos, haya estado dando la mayor publicidad a las exigencias que vienen de Estados Unidos, como lo hace ahora con las declaraciones apocalípticas de Alan Greenspan (ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos), quien pretende que México irá a un colapso en caso de no modificar su Constitución y entregar a las trasnacionales el petróleo en el Golfo de México: algo que anhelan Calderón y sus amigos por motivos ideológicos e intereses económicos personales, pero también por su desesperación por obtener recursos.
6. El desastre político de Calderón, no puede olvidarse, se está dando al mismo tiempo que se manifiesta en México el mayor descontento social de muchas décadas, mismo que evidencian las movilizaciones de los sindicatos, de la CNTE, de la APPO y de muchas fuerzas sociales; de ahí la desesperación oficial por mostrar que México es un país "de instituciones", cuando resulta evidente que vivimos en una abierta simulación.
7. La publicación de una nota en La Jornada el día 12 informando que el fallo de la Suprema Corte declarando inconstitucionales varios artículos de la ley Televisa no se discutió sino hasta haber sido aprobado por Calderón no sorprendió a nadie, pues no hizo más que corroborar lo que se conoce desde hace años en los medios judiciales: que en México no existe un Poder Judicial autónomo y que, salvo dos o tres excepciones, los integrantes de la más alta instancia jurisdiccional del país carecen de relevancia jurídica y de la mínima dignidad, por lo que en todos sus fallos, y sobre todo en los que entrañan una importancia política, no les importa subordinarse por completo al gobierno.
8. Nadie en los medios judiciales puede suponer que tengan independencia alguna individuos como el oscuro abogado jalisciense Salvador Aguirre Anguiano (militante panista y de El Yunque), el salinista José Fernando Franco (ex subsecretario de Gobernación y del Trabajo y ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya hermana es miembro del equipo de Calderón), o el desvergonzado Mariano Azuela (confeso de haber asesorado a Vicente Fox en sus trapacerías para orquestar el fraude electoral de 2006).
9. La reacción desorbitada del gobierno calderonista ante la nota no hizo, por lo tanto, más que corroborar el hecho de que en México existe una grave crisis institucional que muchos no quieren ver, cuando en los hechos no hay más que una absoluta descomposición del poder y una simulación en todos los órdenes. De ahí la desesperación de Los Pinos por mostrar que en México el Poder Judicial es autónomo.
10. En el escenario político excepcional por el que está atravesando el país, la ultraderecha en el poder trata de refugiarse en un discurso sobre "las instituciones", pero lo único que está logrando es ahondar la brecha existente entre su México imaginario y el México real que lucha día a día, entre el pueblo y ese gobierno de facto que no es su gobierno.
2. La gran distinción entre los gobiernos panistas del siglo XXI y los conservadores del XIX está siendo por consiguiente el mayor entreguismo de los gobernantes de ahora, que superan con mucho el de sus antecesores ideológicos, pues no creen ya en la viabilidad de una nación independiente.
3. El escándalo internacional generado por el fracaso de la intervención anticonstitucional del Ejército en la imaginaria lucha de Calderón contra el narco, marcada por la transgresión de los órdenes constitucionales municipal y estatal y la violación masiva de derechos individuales, hechos de los cuales las matanzas perpetradas en Michoacán y en Sinaloa no han sido los más graves, ha dado lugar a un apanicamiento de Calderón y de su grupo, quienes sin dignidad miran cada vez más hacia la Casa Blanca solicitando auxilio.
4. Los ruegos de varios meses del embajador calderonista en Washington, Arturo Sarukhán, para obtener ayuda en materia de seguridad, y la petición de Felipe Calderón a Estados Unidos de aplicar en México un símil del plan Colombia (8 de junio), desmentida de manera poco convincente un día después, no sólo significan el entreguismo más absoluto hacia Washington que se haya dado en la historia mexicana, sino una abdicación completa del gobierno de facto de la extrema derecha de sus supuestas responsabilidades.
5. No extraña, por lo mismo, que la prensa mexicana, sometida en su mayoría a los intereses de la extrema derecha en Los Pinos, haya estado dando la mayor publicidad a las exigencias que vienen de Estados Unidos, como lo hace ahora con las declaraciones apocalípticas de Alan Greenspan (ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos), quien pretende que México irá a un colapso en caso de no modificar su Constitución y entregar a las trasnacionales el petróleo en el Golfo de México: algo que anhelan Calderón y sus amigos por motivos ideológicos e intereses económicos personales, pero también por su desesperación por obtener recursos.
6. El desastre político de Calderón, no puede olvidarse, se está dando al mismo tiempo que se manifiesta en México el mayor descontento social de muchas décadas, mismo que evidencian las movilizaciones de los sindicatos, de la CNTE, de la APPO y de muchas fuerzas sociales; de ahí la desesperación oficial por mostrar que México es un país "de instituciones", cuando resulta evidente que vivimos en una abierta simulación.
7. La publicación de una nota en La Jornada el día 12 informando que el fallo de la Suprema Corte declarando inconstitucionales varios artículos de la ley Televisa no se discutió sino hasta haber sido aprobado por Calderón no sorprendió a nadie, pues no hizo más que corroborar lo que se conoce desde hace años en los medios judiciales: que en México no existe un Poder Judicial autónomo y que, salvo dos o tres excepciones, los integrantes de la más alta instancia jurisdiccional del país carecen de relevancia jurídica y de la mínima dignidad, por lo que en todos sus fallos, y sobre todo en los que entrañan una importancia política, no les importa subordinarse por completo al gobierno.
8. Nadie en los medios judiciales puede suponer que tengan independencia alguna individuos como el oscuro abogado jalisciense Salvador Aguirre Anguiano (militante panista y de El Yunque), el salinista José Fernando Franco (ex subsecretario de Gobernación y del Trabajo y ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya hermana es miembro del equipo de Calderón), o el desvergonzado Mariano Azuela (confeso de haber asesorado a Vicente Fox en sus trapacerías para orquestar el fraude electoral de 2006).
9. La reacción desorbitada del gobierno calderonista ante la nota no hizo, por lo tanto, más que corroborar el hecho de que en México existe una grave crisis institucional que muchos no quieren ver, cuando en los hechos no hay más que una absoluta descomposición del poder y una simulación en todos los órdenes. De ahí la desesperación de Los Pinos por mostrar que en México el Poder Judicial es autónomo.
10. En el escenario político excepcional por el que está atravesando el país, la ultraderecha en el poder trata de refugiarse en un discurso sobre "las instituciones", pero lo único que está logrando es ahondar la brecha existente entre su México imaginario y el México real que lucha día a día, entre el pueblo y ese gobierno de facto que no es su gobierno.
Kikka Roja
Oaxaca : ¡NO SE RINDE!
- Cinco ministros, por investigar; cuatro, en contra
- Se agudiza la pugna en la Corte por el caso Oaxaca
- Las consecuencias siguen presentes: Góngora
- Aguirre critica uso del tribunal para que renuncien gobernadores
JESUS ARANDA
Integrantes de la APPO colocaron una barricada en Cinco Señores, Oaxaca, al conmemorar el fallido desalojo de la policía estatal del 14 de junio de 2006 Foto: Blanca Hernández
"Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente; las consecuencias del conflicto siguen presentes" y la sociedad oaxaqueña está esperando justicia, sostuvo el ministro Genaro David Góngora Pimentel. "Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar", agregó. Al fundamentar las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ejercer su facultad de investigación para determinar si hubo violación grave a las garantías individuales en esa entidad, Góngora dijo a sus compañeros del pleno que en esa entidad "el trance no ha concluido y es necesaria nuestra intervención". A su vez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano no sólo se pronunció por que la Corte no ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, sino que además sostuvo: "me parece oprobioso que se use a la Suprema Corte como la mano del gato para que renuncien gobernadores". Al concluir ayer la sesión de la Corte y en espera de que se reanude la discusión el próximo lunes, se conoce la postura de nueve ministros, cinco en favor de la investigación y cuatro en contra, y falta que definan su postura el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos. El proyecto de dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que dio por sentado que se violaron gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños en el periodo que va del 2 de junio de 2006 al primero de enero de este año, fue cuestionado por varios ministros, en el sentido de que si el documento afirmaba que hubo violaciones, entonces para qué se hacía la investigación.
También criticaron que se le diera entrada, como una de las razones fundamentales, por el hecho de que lo solicitó la Cámara de Diputados, a la cual el proyecto señala como la representación democrática del pueblo, ya que, comentaron los ministros, la facultad de investigación de la Corte es "discrecional". Cada quien con su propio matiz, finalmente Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y Fernando Franco se sumaron a la propuesta de Silva Meza. Trascendió que la ministra Olga Sánchez Cordero hará lo propio en la próxima sesión. Quienes hablaron en contra de que la Corte intervenga fueron Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls. En su intervención, Góngora Pimentel sostuvo que una suspensión de facto de garantías, como ocurrió en Oaxaca, "requiere la intervención de la Suprema Corte". El Estado, dijo, no puede renunciar a proteger al hombre por disturbios sociales, ni aun en caso de emergencia, y señaló que en este caso la Corte "no puede ser omisa en actuar a favor del restablecimiento del orden constitucional a través de su investigación y, en su caso, de sus recomendaciones". No podemos permitir que "el incendio de ciudades, procesiones fúnebres al compás de Dios nunca muere, causadas por autoridades, detenciones arbitrarias y tortura de prisioneros, se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país; la anarquía y la Constitución que defendemos son antagónicas, por eso debemos investigar", enfatizó.
En su argumentación, el ministro cuestionó también las graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y en los traslados de los detenidos. "¿Qué tienen que hacer los presuntos delincuentes en las cárceles de Nayarit?, ¿qué pasó en los trayectos, se detuvo a los líderes del movimiento por motivos políticos?" Recordó cuando el 4 de diciembre del año pasado los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coaché, después de anunciar que al día siguiente sostendrían su primera reunión con el gobierno de Felipe Calderón, minutos después fueron detenidos y enviados al penal de máxima seguridad del Altiplano. "Me acordé de lo que relata el historiador James Michener en su libro Caribe, cuando narra que Napoleón Bonaparte mandó a Haití, en 1802, a su cuñado, el general Le Clerc, para aplacar la revolución comandada por Toussaint L'Ouverture. Le Clerc recibió una carta de Napoleón con instrucciones muy detalladas, tenía que invitar al rebelde a negociar en un barco francés y darle todas las seguridades para que aceptara"; al subir al buque fue arrestado y enviado a Francia, donde murió en un calabozo.
"¿También se habrá hecho así el 4 de diciembre de 2006?", cuestionó.
En respuesta, Aguirre Anguiano justificó que "el estado de inseguridad y violencia" que prevaleció en el estado que gobierna Ulises Ruiz era atribuible "a grupos particulares y no a autoridades", y que por eso el reclamo social fue el restablecimiento del orden y la paz sociales, de manera que "la afectación a la forma de vida en esa entidad no fue ocasionada, como erráticamente afirma el proyecto y tiene por demostrado el uso ilimitado de la fuerza pública, sino motivado por esos grupos de particulares que disturbiaron el orden y la paz pública". Al igual que Azuela, Aguirre dijo que tampoco tenía caso investigar, porque las recomendaciones de la Corte no son vinculantes, y que al no haber una reglamentación al procedimiento que debe seguir una comisión investigadora, se abría la posibilidad para que el máximo tribunal se colocara incluso arriba de la Constitución. En el intenso escarceo, Góngora manifestó a sus compañeros que cuando la Corte investigó la matanza de Aguas Blancas, el pleno rechazó inicialmente una propuesta suya para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, pero cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo formalizó la petición, entonces sí, la Corte aceptó. Azuela trató de desvirtuar lo dicho por Góngora e incluso sostuvo que éste -en esa ocasión apoyado por Gudiño- no había hecho tal petición. Durante el receso, Góngora se acercó a Azuela para refrescarle la memoria, y cuando se reanudó la sesión, el segundo reculó y aceptó su error.
"Si bien Oaxaca no continúa en llamas, está ardiendo internamente; las consecuencias del conflicto siguen presentes" y la sociedad oaxaqueña está esperando justicia, sostuvo el ministro Genaro David Góngora Pimentel. "Hay heridas que no han cerrado y es un foco que en cualquier momento puede estallar", agregó. Al fundamentar las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe ejercer su facultad de investigación para determinar si hubo violación grave a las garantías individuales en esa entidad, Góngora dijo a sus compañeros del pleno que en esa entidad "el trance no ha concluido y es necesaria nuestra intervención". A su vez, Sergio Salvador Aguirre Anguiano no sólo se pronunció por que la Corte no ejerza la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, sino que además sostuvo: "me parece oprobioso que se use a la Suprema Corte como la mano del gato para que renuncien gobernadores". Al concluir ayer la sesión de la Corte y en espera de que se reanude la discusión el próximo lunes, se conoce la postura de nueve ministros, cinco en favor de la investigación y cuatro en contra, y falta que definan su postura el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos. El proyecto de dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, en el que dio por sentado que se violaron gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños en el periodo que va del 2 de junio de 2006 al primero de enero de este año, fue cuestionado por varios ministros, en el sentido de que si el documento afirmaba que hubo violaciones, entonces para qué se hacía la investigación.
También criticaron que se le diera entrada, como una de las razones fundamentales, por el hecho de que lo solicitó la Cámara de Diputados, a la cual el proyecto señala como la representación democrática del pueblo, ya que, comentaron los ministros, la facultad de investigación de la Corte es "discrecional". Cada quien con su propio matiz, finalmente Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y Fernando Franco se sumaron a la propuesta de Silva Meza. Trascendió que la ministra Olga Sánchez Cordero hará lo propio en la próxima sesión. Quienes hablaron en contra de que la Corte intervenga fueron Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio Valls. En su intervención, Góngora Pimentel sostuvo que una suspensión de facto de garantías, como ocurrió en Oaxaca, "requiere la intervención de la Suprema Corte". El Estado, dijo, no puede renunciar a proteger al hombre por disturbios sociales, ni aun en caso de emergencia, y señaló que en este caso la Corte "no puede ser omisa en actuar a favor del restablecimiento del orden constitucional a través de su investigación y, en su caso, de sus recomendaciones". No podemos permitir que "el incendio de ciudades, procesiones fúnebres al compás de Dios nunca muere, causadas por autoridades, detenciones arbitrarias y tortura de prisioneros, se vuelvan ordinarias y normales en nuestro país; la anarquía y la Constitución que defendemos son antagónicas, por eso debemos investigar", enfatizó.
En su argumentación, el ministro cuestionó también las graves violaciones a los derechos humanos en los arrestos y en los traslados de los detenidos. "¿Qué tienen que hacer los presuntos delincuentes en las cárceles de Nayarit?, ¿qué pasó en los trayectos, se detuvo a los líderes del movimiento por motivos políticos?" Recordó cuando el 4 de diciembre del año pasado los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio y Horacio Sosa Villavicencio, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coaché, después de anunciar que al día siguiente sostendrían su primera reunión con el gobierno de Felipe Calderón, minutos después fueron detenidos y enviados al penal de máxima seguridad del Altiplano. "Me acordé de lo que relata el historiador James Michener en su libro Caribe, cuando narra que Napoleón Bonaparte mandó a Haití, en 1802, a su cuñado, el general Le Clerc, para aplacar la revolución comandada por Toussaint L'Ouverture. Le Clerc recibió una carta de Napoleón con instrucciones muy detalladas, tenía que invitar al rebelde a negociar en un barco francés y darle todas las seguridades para que aceptara"; al subir al buque fue arrestado y enviado a Francia, donde murió en un calabozo.
"¿También se habrá hecho así el 4 de diciembre de 2006?", cuestionó.
En respuesta, Aguirre Anguiano justificó que "el estado de inseguridad y violencia" que prevaleció en el estado que gobierna Ulises Ruiz era atribuible "a grupos particulares y no a autoridades", y que por eso el reclamo social fue el restablecimiento del orden y la paz sociales, de manera que "la afectación a la forma de vida en esa entidad no fue ocasionada, como erráticamente afirma el proyecto y tiene por demostrado el uso ilimitado de la fuerza pública, sino motivado por esos grupos de particulares que disturbiaron el orden y la paz pública". Al igual que Azuela, Aguirre dijo que tampoco tenía caso investigar, porque las recomendaciones de la Corte no son vinculantes, y que al no haber una reglamentación al procedimiento que debe seguir una comisión investigadora, se abría la posibilidad para que el máximo tribunal se colocara incluso arriba de la Constitución. En el intenso escarceo, Góngora manifestó a sus compañeros que cuando la Corte investigó la matanza de Aguas Blancas, el pleno rechazó inicialmente una propuesta suya para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, pero cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo formalizó la petición, entonces sí, la Corte aceptó. Azuela trató de desvirtuar lo dicho por Góngora e incluso sostuvo que éste -en esa ocasión apoyado por Gudiño- no había hecho tal petición. Durante el receso, Góngora se acercó a Azuela para refrescarle la memoria, y cuando se reanudó la sesión, el segundo reculó y aceptó su error.
El próximo jueves se reanuda la discusión del caso.
- Participan miles en manifestaciones y barricadas
- Recuerdan fallido desalojo de la policía estatal contra la APPO
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Oaxaca, Pax., 14 de junio. El humo de las llantas y la madera volvió a surgir desde importantes avenidas de esta ciudad una vez que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), especialmente la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), instaló unas 15 barricadas en los sitios donde el año pasado fueron asesinados varios activistas. Aunque se dijo que estas trincheras sólo estarían tres horas, al cierre de esta edición permanecían en un ambiente de fiesta. Así culminó el día en que miles de maestros, integrantes y simpatizantes de la APPO recordaron el aniversario del fallido desalojo que la policía estatal intentó, el 14 de junio de 2006, contra el plantón que los maestros mantenían en el zócalo de esta ciudad, hecho que dio origen al movimiento que aún exige la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, demanda a la que se agregan ahora la libertad de los "presos políticos", la cancelación de órdenes de aprehensión y la atención a sus demandas. La conmemoración empezó a las 4:30 de la mañana con la detonación de cohetes en el zócalo, en colonias y municipios de Oaxaca, así como con tañidos de campanas en distintos templos para recordar el llamado de auxilio de los plantonistas ante el ataque policiaco. Donde estuvo instalada la barricada de Brenamiel, por la salida a la ciudad de México, policías municipales detuvieron a Abraham Ramírez Santiago y Carlos Yahir, simpatizantes de la APPO, quienes más tarde quedaron libres. [leer completo]
Más De OAXACA VALIENTE
Kikka Roja
Los Regalitos para los ahumados
- Plasmadas, ''entregas de dinero'' y regalos, favores varios, así como sus reuniones
- Lista de ''favoritos'' de Ahumada, en agenda secretarial de 2003
- Funcionarios, políticos, periodistas y árbitros, en sus páginas
- Rosario Robles, muy citada
AGUSTIN SALGADO, GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Los escritos comprometedores
La manera en que operaba Carlos Ahumada Kurtz quedó plasmada en la agenda que su secretaria le llevó durante 2003: ''entregas de dinero'' y regalos, favores varios, así como citas y reuniones que mantuvo con funcionarios, actores políticos de diferentes partidos, periodistas y personalidades del mundo futbolístico fueron registrados por su asistente en el documento referido, del cual La Jornada posee una copia. Para registrar las ''entregas de dinero'' el dueño del grupo Quart elaboró un sistema basado en claves. Un listado de más de 50 personas, entre las que se encuentran los entonces jefes delegacionales, presidentes municipales, periodistas e integrantes de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), así como los nombres de la ex perredista Rosario Robles e Ignacio Morales Lechuga, arriba del cual aparece la denominación: gastos de promoción de venta (GPV).Un número para cada persona
A cada persona le correspondía un número bajo el rubro de gasto. Por ejemplo, ''la clave'' de Rosario Robles era GPV08; la del hoy ex perredista Ramón Sosamontes, GPV09; del entonces jefe delegacional blanquiazul en Alvaro Obregón, Luis Eduardo Zuno, GPV22; la del que fue candidato del Partido de la Revolución Democrática a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, Agustín Barrios Gómez, GPV52, y la del ex presidente municipal de Chalco, Jaime Espejel (PRD) era GPV45. En la agenda también aparecen los nombres del ex gobernador panista de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks; Manuel Bribiesca; el ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Benjamín González Roaro; los árbitros Edgardo Codesal y ''Ramos Rizo'' (presuntamente Felipe Ramos Rizo), y también de seis periodistas, además del ex dueño de una empresa televisiva. Estos últimos no están en la lista de GPV. Tampoco está el del presidente ejecutivo de Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA), Ricardo de la Peña, sin embargo, de acuerdo con la agenda, durante un lapso de dos meses se le entregaron alrededor de 700 mil pesos. Los ''regalos'', como un Neon y una camioneta que Carlos Ahumada presuntamente les obsequió a Luis Eduardo Zuno y Ramón Sosamontes, tampoco se encuentran bajo el rubro GPV. Mariana Moguel es una de las personas que más aparecen en la agenda. La hija de Rosario Robles aparece como destinataria de ''regalos'' que iban desde flores o boletos para espectáculos, hasta dinero en efectivo. En el documento se incluyen los gastos corrientes de la familia Ahumada Gurza y erogaciones ''extras'', como pagos de predial, luz y teléfono del inmueble ubicado en la calle Reforma 9, colonia Tizapán, San Angel, que Carlos Ahumada le ''rentaba'' a Rosario Robles.
A GPV22 (Luis Eduardo Zuno), presuntamente le entregó más de 3 millones de pesos y 103 mil dólares en por lo menos ocho remesas, que comenzaron en mayo y finalizaron días antes de que el ex panista fuera aprehendido en el aeropuerto internacional de Toluca, cuando intentaba ingresar armas de fuego prohibidas a bordo de un avión del grupo Quart. En tanto, el candidato perredista perdedor de la jefatura de Miguel Hidalgo, Agustín Barrios Gómez (GPV52), habría recibido cerca de 4 millones de pesos entre mayo y junio. Luego de que Barrios Gómez perdiera la contienda electoral, éste ya no aparece en la agenda. Una cantidad similar fue asignada al jefe delegacional perredista de Tláhuac, Francisco Martínez Rojo (GPV20), en un lapso de ocho meses. De Leticia Robles (GPV41), se tiene registrada una sola entrega por más de 150 mil pesos, así como el préstamo de dos camionetas. La ex jefa de Gobierno, Rosario Robles (GPV08), tiene cada mes entre 45 mil y 50 mil pesos, además del mantenimiento de la casa de Reforma 9 y algunos boletos de avión. Mención especial merecen el ex presidente municipal de Chalco Jaime Espejel (GPV45) y Jesús Orozco (GPV48), cuyo nombre coincide con el del candidato del PRD al gobierno de Colima en 2003. Ambos habrían recibido, en junio de 2003, 75 mil dólares cada uno. Luego de las elecciones de dicho año, Espejel resultó victorioso, con lo cual se reportan nuevas las ''entregas'' por otro medio millón de pesos. Al igual que Rosario Robles, Ramón Sosamontes (GPV09) contaba con una cantidad mensual fija de 85 mil pesos, que al parecer se le entregó hasta septiembre de 2003. Con respecto a los periodistas, únicamente uno está en la lista de ''Gastos de Promoción de Venta'', a quien se le tenían programadas 12 entregas de 100 mil pesos cada una y quien recibió siete de los pagos prometidos.
En la agenda, cuya copia tiene La Jornada, aparecen los nombres de otros periodistas a quienes Ahumada hizo pagos en efectivo, ''les agradeció las publicaciones'' y los felicitó ''por su trayectoria''.
HAAAAY CAALAMBREES!! "si hay, pero se venden".ACTUALIZACIÓN aún hay más...
- Se confirma que panistas recibieron dinero del dueño de Quart, señala Ebrard
- El apellido del juez que liberó a Ahumada, en lista del empresario
- Escriben Rubalcaba
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Rosario Robles, Carlos Ahumada y Ramón Sosamontes, en imagen de archivo Foto: Carlos Cisneros
En la lista de gastos de promoción de venta (GPV) que encabeza la agenda secretarial de 2003 de Carlos Ahumada aparece la inicial A y el apellido Rubalcaba, que coinciden con el que se encuentra en su directorio telefónico como "Reclusorio Sur, Alberto Rubalcava", nombre del juez 12 de lo penal -aunque se escribe Ruvalcaba-, quien en mayo dejó en libertad al empresario de origen argentino. Ayer se marcaron los números telefónicos registrados en el directorio que le llevaba Nora Patricia Millán Sánchez, cuyo nombre se halla al final de cada página. En el que aparece registrado como de su domicilio se preguntó por el juez Ruvalcaba. "Ya no vive aquí", respondieron. Es decir, cuando menos desde 2003, el juez Ruvalcaba o un homónimo aparecía en la lista de GPV. En sólo 14 días el juez Alberto Ruvalcaba Ramírez leyó las 76 mil 500 hojas del expediente que integró la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitando una nueva orden de aprehensión contra Ahumada -por fraude por 9 millones de pesos contra la delegación Alvaro Obregón-, y lo absolvió. [LEER COMPLETO]
Los ¡¡ "corre que te alcanza" !!
Precisiones de González Roaro
Aclaración de Romero Hicks
El PRD en ALDF, por "sacar a la luz" todo sobre Ahumada
GABRIELA ROMERO, GEORGINA SALDIERNA
Diputados de PRD, PAN y PRI aprobaron por unanimidad la propuesta de la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la perredista Esthela Damián, para solicitar un informe a la contraloría interna sobre las auditorías que se han practicado a funcionarios del máximo órgano de fiscalización.
Kikka Roja
Los ¡¡ "corre que te alcanza" !!
Precisiones de González Roaro
Aclaración de Romero Hicks
El PRD en ALDF, por "sacar a la luz" todo sobre Ahumada
GABRIELA ROMERO, GEORGINA SALDIERNA
Diputados de PRD, PAN y PRI aprobaron por unanimidad la propuesta de la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la perredista Esthela Damián, para solicitar un informe a la contraloría interna sobre las auditorías que se han practicado a funcionarios del máximo órgano de fiscalización.
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