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La
Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) detuvo a dos soldados estadounidenses acusados de vender armas y ofrecer entrenamiento militar a quienes ellos creían era integrantes del cártel de
Los Zetas, además de contratarse para matar a miembros de una organización rival para recobrar cocaína robada por un pago de 50 mil dólares y drogas.
Según la copia de la acusación presentada por el
Departamento de Justicia en poder de
EL UNIVERSAL,
dos militares del ejército de Estados Unidos, uno de los cuáles ya fue dado de baja, estaban organizando junto con cuatro personas más un ataque a un rancho de Texas donde ejecutarían a rivales de
Los Zetas.
El sábado pasado fueron detenidos en Laredo, Texas, el ex teniente
Kevin Corley de 29 años; el sargento
Samuel Walker, de 28, ambos de Colorado Springs, así como
Shavar Davis, de 29 años, de Denver, Colorado, mientras que en Carolina del Sur fueron capturados
Marcus Mickle, de 20 años, y
Calvin Epss, de 26, ambos de Hopkins, en el mismo estado y, en Saginaw, Texas, fue apresado
Mario Corley, de 20 años.
Walker estaba emplazado en el Fuerte Carson de Colorado.
Kevin Corley también estaba apostado en esa instalación antes de que fuera dado de baja del ejército hace dos semanas.
En la acusación presentada ante la
Corte del Distrito Sur de Texas, división Laredo, el agente especial
Brandon Rodríguez afirmó que
“en enero de 2011, Marcos Mickle inició negociaciones con agentes encubiertos de la oficina de la DEA en Laredo, quienes se hacían pasar por miembros del cártel de Los Zetas, para la compra de 500 libras de mariguana. Inicialmente, Mickle propuso comerciar armas como pago por la mariguana”.
Durante el desarrollo de las conversaciones, un amigo de
Mickle, de nombre
Calvin Epps, les dijo a los agentes encubiertos
“que él tenía un amigo en el ejército con acceso a granadas, las cuales podría contrabandear de la base militar”.
Adicionalmente,
Mickle y
Epss aseguraron a los agentes que el amigo militar podría proporcionarles armas militares, de tal forma que
“el 26 de septiembre de 2011, los agentes fueron presentados a ese amigo que después fue identificado como Kevin Corley, a través de una llamada en conferencia con Mickle y Epss”.
La acusación detalla que durante esa llamada telefónica,
Kevin Corley les informó a los agentes encubiertos de la
DEA que era un oficial del ejército de Estados Unidos en activo y que además era responsable del entrenamiento a los soldados.
“Kevin Corley les ofreció proporcionar entrenamiento táctico a los miembros del cártel, incluyendo aproximaciones, despeje de habitaciones, seguridad y convoys de seguridad. Kevin también les ofreció comprar armas para el cártel bajo su nombre en la medida en que pudiera destruir los números de serie”, destaca la acusación del
Departamento de Justicia.
En los siguientes meses,
Kevin Corley estuvo en comunicación con los agentes encubiertos de la
DEA vía mensajes de texto, llamadas telefónicas y mediante emails, comentándoles acerca de los servicios que podría proporcionar al cártel de
Los Zetas como resultado del entrenamiento, experiencia y acceso a información y equipo como soldado en activo del ejército de Estados Unidos.
“Kevin Corley explicó a fondo tácticas militares y les dijo a los agentes encubiertos que podría entrenar a 40 miembros del cártel en dos semanas. Kevin discutió la oportunidad de que varios de los soldados de su pelotón expresaron su interés en trabajar con el cártel (sic)”.
Corley vendió a los agentes chalecos balísticos de un sargento de Fuerte Carson, manuales de entrenamientos y equipo. Los agentes le pagaron a
Corley seis mil dólares y le reembolsaron sus gastos de viaje, destacan documentos de la corte.
Además, también les vendió dos AR-15 y chalecos antibalas a los agentes encubiertos por 10 mil dólares, según los expedientes de la corte.
Otro sospechoso,
Jerome Corley, primo de uno de los detenidos, murió en el hospital tras ser baleado durante los arrestos. El jueves 29 de marzo, los detenidos serán presentados en lo que será la primera audiencia del caso, informó el
Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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