Obispo millonario o tramposo: Miguel Ángel Granados Chapa: PLAZA PÚBLICA

PLAZA PÚBLICA
Obispo millonario o tramposo
Miguel Ángel Granados Chapa
16 Oct. 08
kikka-roja.blogspot.com/2008/10/obispo onésimo-cepeda-silva-130-millones-de dólares: Demanda

Onésimo Cepeda Silva fue ayer denunciado de endosar un pagaré que habría garantizado un préstamo de 130 millones de dólares, documento presuntamente hecho con posterioridad porque no habría habido tal crédito

El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, fue denunciado ayer en la Procuraduría del Distrito Federal por la probable comisión de un delito llamado fraude procesal, consistente en "simular un acto jurídico" y/o "alterar otros elementos de prueba". En su caso, endosó en propiedad un pagaré que en abril de 2003 habría firmado la señora Olga Azcárraga de Robles León para amparar 130 millones de dólares que el obispo habría prestado a una sociedad anónima, cuyos representantes demandan acción penal contra Cepeda Silva y su presunto cómplice, Jaime Matute Labrador. Sostienen que ese préstamo jamás se realizó y el pagaré fue elaborado para, como en efecto ha ocurrido, iniciar acciones legales contra la sociedad presuntamente endeudada.

La denuncia presentada ayer argumenta la imposibilidad de que el prelado entregara aquella abultada cantidad (incrementada en 40 millones de dólares por intereses), tanto por imposibilidad de la presunta acreditada como por falta de recursos del obispo denunciado, alegada por él mismo en un juicio civil, uno de los varios a que dio lugar el fallecimiento de la señora Azcárraga el 21 de noviembre de 2003. La fortuna de esa prominente dama consistió principalmente en una colección de pintura mexicana, que ella había aportado a la constitución de una empresa denominada Arthinia, SA, constituida en Panamá, que es formalmente la propietaria del conjunto de piezas artísticas. Con el pagaré que le endosó Cepeda Silva, Matute Labrador ha emprendido acciones civiles contra aquella empresa, después de que congruentes decisiones judiciales (en materia civil y de amparo) declararon la nulidad de un testamento de la señora Azcárraga en que lo declaró heredero universal. El hermano de la testadora, Rogerio Azcárraga Madero y otros parientes lograron probar que la voluntad de doña Olga no era beneficiar a su cercano colaborador, nombrado sólo albacea en un primer testamento.

La averiguación previa que siga a la denuncia de ayer establecerá la presunta responsabilidad de Cepeda Silva y Matute, y en su caso los consignará a la justicia penal. Mientras eso ocurre, o se determina no ejercer acción penal contra ellos, conjeturemos que el pagaré endosado por el obispo al fallido heredero universal corresponde a la realidad, es decir que Cepeda Silva efectivamente entregó aquella cuantiosa suma a la señora Azcárraga, a la que asistía espiritualmente y el tenedor del documento tiene, por lo tanto, derecho a cobrar los 130 millones de dólares más los intereses pactados.

La aceptación de ese hecho abre muchas interrogaciones, la principal de las cuales es de dónde el señor obispo hubo esa fortuna, probablemente parte de otra en tal medida mayor que permitiera dedicarla a una operación de crédito. Es difícil admitir que un capital de ese tamaño resulte del trabajo profesional de su presunto tenedor. Es bien sabido el hecho de que Cepeda Silva se hizo sacerdote ya adulto (como resultado de una vocación tardíamente aparecida o reconocida y acatada a destiempo), y que al hacerlo interrumpió una carrera productiva, como funcionario bancario y agente de bolsa. Pero ese lapso fue breve, se extendió apenas por ocho años (de 1958 a 1966) y puede razonablemente suponerse que, salvo en su último tercio, no fue muy rentable. Cuando a sus 21 años cursaba el segundo año en la Facultad de Derecho de la UNAM, el joven Cepeda Silva fue gerente del departamento fiduciario del Banco de Londres y México y ejecutivo en un fideicomiso del Banco de México. Convocado en 1963 por el entonces principal capitán del manejo de dinero privado, Carlos Trouyet, contrató para mexicanos créditos de la Alianza para el Progreso. Y en 1964 se asoció con su amigo el ingeniero Carlos Slim para participar en el incipiente mercado de valores a través de la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, SA, la misma Inbursa que al paso de los años es el instrumento financiero de los negocios de Slim.

Cepeda, que ya en 1961 había comenzado a estudiar filosofía se decidió por el sacerdocio en 1966, y en la Universidad Pontificia de Friburgo se licenció en teología, con el mayor honor académico, el magna cum laude. En octubre de 1970 fue ordenado sacerdote. Durante un cuarto de siglo actuó en la diócesis de Cuernavaca y en 1995 fue nombrado obispo de Ecatepec, diócesis creada en ese mismo año. Es de suponerse que desde su ingreso a Friburgo hasta 2003, cuando apareció capaz de manejar 130 millones de dólares, se dedicó a sus estudios y a su ministerio, por lo que hemos de suponer que su riqueza se forjó en sus años de bolsista o agente de crédito al servicio de Trouyet y que, bien administrada, creció hasta los niveles de que estamos hablando.

Podemos conjeturar también que la fortuna del prelado le viene de familia, por herencia, o que no facilitó a la señora Azcárraga dinero suyo, sino que actuó en nombre de un tercero, como intermediario a título gratuito u oneroso. Aun en esos casos sería cuestionable su proceder, pues dedicaría parte de su tiempo y sus capacidades a negocios que nada tienen que ver con su ministerio, salvo que, también en el campo de las hipótesis, comprometiera en esa operación recursos de su diócesis o de la Iglesia.

Cualquiera de esas posibilidades y la denunciada ayer en la PGJDF dejan en mal, aunque en grados diversos, al jocundo obispo rico de una diócesis donde "el nivel económico de la población es bajo" y donde "hay muchas zonas de pobreza y más aún de pobreza extrema", según su caracterización oficial.



Cajón de sastre

Nacido el 22 de febrero de 1919, el domingo pasado murió el licenciado Antonio Mena Brito, miembro de una generación de priistas que buscaba fundar en la razón y el derecho el ejercicio de la política. Nacido en Mérida pero radicado en el Distrito Federal, fue director del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana bajo el gobierno de Ruiz Cortines y luego senador de la República. Su participación más brillante en ese periodo ocurrió con motivo de la mexicanización de las empresas eléctricas y la respectiva ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en que desarrolló la idea de que el servicio público (el suministro de electricidad en este caso) sólo puede ser prestado por el Estado, porque debe ser permanente, continuo, eficiente y seguro y los particulares pueden no cumplir esas condiciones.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Kikka Roja

Plaza Dominical: Miguel Ángel Granados Chapa / Días de saqueo y represión

Días de saqueo y represión Miguel Ángel Granados Chapa 12 Oct. 08 Merece explicación mayor el programa de contingencia anunciado por Calderón ante la crisis, pues puede ocurrir que lo planteado como novedad sean medidas ya anunciadas en meses anteriores Renuentes al aprendizaje que ofrece la experiencia, hemos vivido esta semana lo ya vivido: las reservas del Banco de México se escurren velozmente como agua entre las manos, y el exceso de las fuerzas federales al pretender imponer la ley no hace más que agrandar los problemas y generar otros. Esa vuelta atrás, ese retroceso tomó sólo tres días: de miércoles a viernes las crisis que se acumulan aumentaron su riesgo exponencialmente y amenazan crecer todavía más a partir de mañana. En esos días, el banco central mermó en casi 11 por ciento sus reservas en el inútil intento de frenar la devaluación del peso frente al dólar, que se aceleró en sólo unas horas, notoriamente al influjo de la especulación. El martes, el Banco de México anunció la colocación de 2 mil 500 millones de dólares, más 400 millones más cada día que fuera necesario, para equilibrar el mercado de cambios, que súbitamente había perdido la placidez de la sobrevaloración del peso. La puesta en marcha de la medida no fue exitosa: sólo se vendieron el miércoles poco menos de mil millones de dólares, porque el precio no satisfizo a los adquirientes. El jueves el mercado se animó y las divisas subastadas se agotaron. El viernes la demanda creció aceleradamente y el banco central tuvo que vender, en sólo unas horas, 6 mil 400 millones de dólares. Es decir, en sólo tres días, sin que eso detuviera la devaluación de la moneda mexicana (pues al cabo de esas intensas jornadas el dólar se cotizó por encima de los 13 pesos) fueron adquiridos por particulares casi 9 mil millones de dólares, monto en el que disminuyeron las reservas, que en la semana anterior sumaban poco más de 84 mil millones de dólares. Si se mantuviera la velocidad con que mermaron las reservas en esas 72 horas, el país las perdería todas antes de que concluya octubre. El resultado sería semejante al padecido por México en crisis cambiarias como las de 1976, 1982 y 1987, en que montos menores de reservas se agotaron en lo que fue, netamente, una mera transferencia de recursos públicos a especuladores. El trágico lamento y la patética bravata de López Portillo: ¡ya nos saquearon, no nos volverán a saquear!, estarían en posibilidad de consumarse de nuevo. Veremos en los próximos días, en las próximas horas, si ese derrotero ya conocido se nos impone una vez más. Es probable que los bancos comerciales que adquirieron los caudales ofrecidos por el central los hayan enviado al exterior, a las matrices de los que operan en México. El jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Zamarripa Escamilla, dijo que su oficina detectó un flujo de divisas en esa dirección. Dinero mexicano contribuiría de ese modo a aliviar las necesidades de liquidez de los establecimientos metropolitanos de que dependen Banamex, BBVA Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC. Es posible que las remesas de las sucursales a las matrices estuvieran rebasando los límites establecidos, y eso explicara la voracidad con que fueron engullidas las sumas subastadas por el Banco de México. (Un provecho cierto, comprobable, estaban ésos y otros bancos obteniendo de la actual delicada coyuntura: la diferencia entre el precio de compra y de venta de la divisa norteamericana llegó a más de un peso, hasta 1.70 en algunos momentos, con lo que la ganancia bancaria en las operaciones con el público habría crecido sin control hasta significar 10 veces más del diferencial admitido en jornadas menos turbulentas). La voracidad del mercado cambiario (así como la veloz disminución en el precio de la mezcla mexicana en el mercado mundial petrolero) hizo que perdiera centralidad el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), presentado por la Presidencia de la República, inesperadamente, el miércoles y detallado el jueves en sendos mensajes por televisión encadenada a cargo de Felipe Calderón. Después de un lapso prolongado en exceso en que el gobierno rehusaba admitir el efecto de la crisis financiera mundial en la vida mexicana, las autoridades federales se vieron constreñidas a actuar. El banco central lo hizo en el sentido y con los resultados sabidos. El Ejecutivo, por su parte, transitó en dos vías. Por un lado, ajustó los criterios económicos que apenas un mes atrás había presentado ante el Congreso como fundamento de la legislación financiera que regirá el año próximo, cuyos datos axiales eran ya inservibles. Y por otro, formuló un plan de acción inmediata, sorpresivo también por su contenido. Se trata de un programa explícitamente contracíclico (el propio Calderón usó la palabra, que es anatema para el credo liberal, mercadólatra, a que su gobierno estaba afiliado), es decir, que propuso aumentar el gasto público en vez de achicarlo como recomienda la ortodoxia. En otra herejía, aunque en este caso sin reconocerlo expresamente, Calderón propuso también un manejo de la deuda y las finanzas públicas que supone admitir que el presupuesto de 2009 sea deficitario (como lo son los planes de gasto de todos los países, Estados Unidos particularmente, que recomiendan o instruyen a otros a no recorrer la senda por la que ellos transitan). A pesar de que el jueves Calderón ofreció pormenores sobre su programa de emergencia, se precisan explicaciones adicionales, no sea que el gobierno esté anunciando como novedades medidas adoptadas con anterioridad. Eso podría ocurrir con el gasto en infraestructura, que destinará 10 mil 700 millones de pesos a carreteras y casi otro tanto a ampliar, mejorar y mantener instalaciones petroleras o eléctricas. Hay que recordar que en mayo pasado se constituyó el Fondo Nacional de Infraestructura, que contó con 60 mil millones de pesos de los cuales están ya comprometidos la mitad. Los 20 mil millones mencionados ahora por Calderón, ¿son parte de los 30 mil disponibles en ese fondo o tienen otro carácter?, pues sólo así tendrían el efecto estimulante de la economía que caracteriza al programa de emergencia presentado esta semana. Lo mismo cabría preguntar respecto de los más de 7 mil millones de pesos que apoyarían la producción agrícola, pues las Acciones de Apoyo a la Economía Familiar, anunciadas también en mayo, incluían partidas para financiar la tecnificación rural. ¿Qué fue de aquéllas? ¿Son las mismas que ahora se presentan como nuevas? El programa emergente de Calderón incluye también 5 mil 500 millones de pesos para infraestructura de seguridad, es decir, "nuevos penales y centros penitenciarios, nuevas estaciones de policía y también nuevos cuarteles e infraestructura militar". A este respecto, amén de indagar también si se trata de gasto adicional o es parte del que concreta los compromisos del Ejecutivo ante el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cabe preguntarse si esas nuevas instalaciones albergarán a delincuentes o a ciudadanos que participan en movilizaciones sociales que infringen la ley al impedir la circulación en carreteras federales o, peor aún, a gente detenida sin causa por la arbitrariedad y la impericia policiaca. Que eso puede ocurrir quedó patente los mismos días de la agitación financiera y del activismo gubernamental en la materia, en Morelos. Lejos de resolver el grave problema de una huelga magisterial decretada por las bases al margen de su dirección seccional y nacional (y aun contra ellas), el excesivo uso de la fuerza, particularmente en Xoxocotla, ha creado un nuevo problema, o dio relevancia a uno de los aspectos de la movilización de los profesores, que es la solidaridad que les brinda una parte de la población, especialmente la que ha sufrido embates de autoridades arbitrarias y abusivas y cree en la necesidad de la autodefensa. Ciertamente el daño a los escolares y a sus familias, causado por el paro magisterial, es de tal modo severo que debe ser frenado cuanto antes. Pero convertir en elemento central de la estrategia contra la huelga el ataque a los pobladores que apoyan a los huelguistas, y el modo en que se hizo, revela o una miopía inadmisible o la decisión de imponer soluciones de fuerza a problemas políticos. Especialmente grave es la incorporación del Ejército a la represión. No hubo soldados en Atenco ni en Oaxaca. Que los haya en Morelos no debe permitirse. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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PSD, RIP (partido socialdemócrata)

PSD, Rip Por: Miguel Ángel Granados Chapa PLAZA PÚBLICA Si el propósito de Alberto Begné era cancelar la alternativa que significó el partido de ese nombre, está en camino de lograrlo. La previsible renuncia de Patricia Mercado, consumada ayer, deja al Partido Socialdemócrata (antes Alternativa socialdemócrata y campesina), sin su principal figura, el ícono cuya presencia pública como candidata presidencial permitió que esa corriente llegara a la Cámara de Diputados y a la Asamblea legislativa del DF, así como la conservación de su registro electoral. Sin ella (y sin la militancia de algunos de sus más consistentes compañeros y seguidores) es remoto que en los comicios del año próximo el PSD consiga un resultado semejante al de 2006. A la cabeza de ese partido desde que Mercado inició su campaña en aquel entonces, Begné se propuso desplazar a la candidata presidencial, requerida de un espacio político, correspondiente a la representatividad alcanzada como fundadora y primera presidenta de Alternativa. Es de suponerse que Begné no ignoraba el significado de la ausencia que procuraba, y por ello persistió en provocarla. Lo primero era asegurarse que él, y no ella, dirigiría el partido, al que en los años recientes expuso a una riesgosa política de alianzas, que difuminó la todavía borrosa imagen de un partido que no consiguió implantarse de modo homogéneo en todo el país. Begné privilegió la táctica sobre la estrategia, la obtención de prerrogativas por encima de la construcción del partido. Hacia adentro del mismo, Begné integró una coalición sólo unida por las diferencias de sus integrantes con Patricia Mercado. Con esas alianzas consiguió que la mayoría de los delegados a la asamblea nacional de marzo pasado, donde se decidió el liderazgo, le otorgara su apoyo. Para asegurarse de que en el Distrito Federal no sería elegida una delegación afín a Mercado, Begné y socios no vacilaron en trucar la asamblea capitalina y aun la dañaron convocando a porros que golpearon a militantes e intimidaron a su dirigente, con el propósito de que no rivalizara con Begné en la búsqueda de la presidencia del partido. A pesar de que la burda y violenta maniobra fue condenada por la autoridad electoral (que forzó a repetir la asamblea alterada), Begné se mantuvo al frente del partido. En la asamblea nacional que le permitió ese objetivo, Begné logró otro, en la misma ruta de aminorar y aun suprimir la presencia de Mercado, Por su militancia en organizaciones civiles cuya agenda significaba eso para la porción de la sociedad preocupada por contar con una alternativa política en causas abandonadas por los partidos tradicionales, o proclamadas sólo de dientes para afuera, esa palabra, ese programa, se identificaba con Mercado. Ella encarnaba la alternativa, Y así fue a la hora de fundar el partido y de hacer campaña presidencial. De esa suerte, borrar la palabra de la denominación partidaria no sólo era una confesión de que no habría más alternativa, sino también la ratificación de un propósito excluyente. A tales extremos llegó Begné en su búsqueda del poder interno (es decir, de la disponibilidad financiera, por prerrogativas locales y la federal), que a observadores desprevenidos sorprendió el que apenas un semestre después de su elección abandonara su cargo, conseguir el cual fue tan costoso para el partido. Arguyó para explicar su decisión el que se proponía ser candidato a diputado federal en la elección del año próximo Nadie con dos dedos de frente y mínima información puede ignorar que el PSD, aun por el hecho de estrenar un nombre que dificulta retener el voto de hace dos años, difícilmente conservará un grupo en San Lázaro, del que formara parte y aun encabezara Begné. Si en efecto cree que podría ser diputado, Begné hizo una mala apuesta.. No lo será. Quizá la verdadera razón de su retiro deriva del pacto que le permitió derrotar a Mercado y que implicaba compartir la dirección con grupos que lo apoyaron y tienen su propio programa. Eso explica también que en su lugar fuera elegido el domingo pasado el diputado local capitalino Jorge Díaz Cuervo, un legislador muy dinámico entre cuyos activos se cuenta haber sido uno de los motores de la reforma penal que legalizó la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación. En rápida respuesta a la elección de Díaz Cuervo, que representa el begnismo sin Begné (cuyas prácticas lo habían hecho muy vulnerable), Patricia Mercado renunció ayer martes a seguir siendo miembro de ese partido. Al marcharse, su diagnóstico sobre la organización que contribuyó centralmente a fundar no es benévolo: “Este partido, dijo, está fracturado, sin programa, desprestigiado, sin identidad y sobre todo lleno de dirigentes con las más viejas prácticas políticas, unos simples saqueadores de los recursos públicos. Ése es el legado de Begné, un partido que ha dejado de ser alternativa”. Compañeros suyos presentes en la conferencia de prensa donde Mercado anunció su renuncia insistieron en descalificar la nueva versión del partido en que hasta ahora militaron: “Socialdemocracia es reciclar a los políticos de siempre”, dijeron en carteles, donde también lamentaron “Nosotros construimos el vehículo, ellos lo convirtieron en un camión de basura, y ya la están recogiendo”. Si hay una franja de votantes que sufraga por una marca ideológica, el PSD contenderá con el PRI, que en su reciente asamblea nacional optó por esa denominación, que oculta un nuevo conservadurismo aunque adopte algunas banderas progresistas

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OPINION: Eduardo Sojo / Ruiz Mateos: Miguel Angel Granados Chapa

Gerardo Ruiz Mateos Se ha ido configurando un equipo más significado por la relación personal con el Presidente que con la eficacia en la realización de sus tareas. La principal razón para el ascenso de Gerardo Ruiz Mateos al gabinete presidencial es su cercanía con su amigo Felipe Calderón, de quien ha sido colaborador de modo intermitente desde hace 12 años. Ingeniero industrial por el Tec de Monterrey, el ahora secretario de Economía fue a partir de 1989 director de una empresa fabricante de autopartes establecida en Querétaro y poco después inició una militancia social y política que se expresó en su pertenencia a la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM) y en el Partido Acción Nacional, a los que ingresó a mediados de los 90. Apenas unos meses después de su ingreso al PAN, Felipe Calderón, elegido en marzo de 1996 presidente del partido, creó ex profeso para Ruiz Mateos el cargo de secretario ejecutivo del comité nacional. Simultáneamente el novel panista se hizo dirigente de la USEM , hasta llegar a presidirla en el año 2000. Por esa vía hay identidades entre Calderón y Ruiz Mateos, pues el padre del ahora huésped principal de Los Pinos fue gerente de la USEM en Morelia, en 1962, como se recordó en marzo pasado durante el congreso nacional de esa organización de empresarios católicos realizado en la capital michoacana. Ruiz Mateos llevó la representación presidencial a ese acto, en el que habló de la economía nacional, de cuyos asuntos se ocupaba ya crecientemente en paralelo con Sojo, a quien ahora reemplaza. Miembro del consejo nacional panista por el Distrito Federal, Ruiz Mateos encabezó el consejo de vigilancia de ese órgano durante el 2001 y 2002, año este último en que ingresó al comité nacional del partido invitado por Luis Felipe Bravo Mena, pero antes había formado parte del comité de finanzas de la campaña de Vicente Fox, que procuraba ensamblar las tareas que al respecto realizaban el propio partido y los Amigos de Fox. El líder de esta organización, Lino Korrodi menciona a Ruiz Mateos, en esta función, como “hombre de confianza del presidente del partido”. Una función semejante, aunque con mayor formalidad, asumió Ruiz Mateos en diciembre del 2005, cuando al comenzar su campaña Calderón lo designó coordinador de administración y finanzas. En ese papel, uno de sus cometidos fue acercar al candidato panista a grupos empresariales, para convertirlos en donantes. Él mismo lo había sido con 214 mil 288 pesos, aportados en septiembre de aquel año, cuando apoyó a Calderón durante la contienda interna por la candidatura presidencial. Un año después, declarado Calderón presidente electo, el ahora secretario de Economía fue encargado de la coordinación técnica de la transición. Al comenzar el gobierno Ruiz Mateos quedó subordinado a Juan Camilo Mouriño en la Oficina de la Presidencia , donde fue coordinador de gabinetes y proyectos especiales. En enero de este año ascendió a la jefatura de esa oficina, por haber sido Mouriño llevado a la Secretaría de Gobernación. Al presentarlo anteayer como nuevo titular de Economía, Calderón exageró diciendo que tiene “amplia experiencia tanto en el sector público como en el sector privado”, lo cual se contradice con los datos anotados en las líneas anteriores. Por ello fue necesario que su jefe abultara la relevancia de las funciones de Ruiz Mateos en la Oficina de la Presidencia , que fue dividida en parcelas tras la salida de Mouriño. Según Calderón, de enero a agosto el ahora miembro de su gabinete “impulsó la supervisión y el correcto desempeño de los programas gubernamentales en los distintos ámbitos de la administración pública, especialmente en materia económica y de competitividad”. Sin embargo, no fue ese desempeño lo que provocó su ascenso. Dijo Calderón: “Lo que me motiva a designar a Gerardo Ruiz, además de ser uno de mis colaboradores más importantes y cercanos, es el hecho de que ha sido un empresario que ha vivido y sufrido en carne propia la condición de las empresas en México y ha estado al otro lado del mostrador. Sabe lo que hay que hacer: desregular la economía y liberar las fuerzas productivas del país para detonar el crecimiento”. Vicente Fox dijo del suyo que era un gobierno de empresarios para empresarios. Con el nombramiento de Ruiz Mateos, Calderón parece acercarse a esa tesis, por lo menos circunscrita a la secretaría que inicialmente había encargado a Sojo, quien a diferencia de su sucesor carece de trayectoria, así fuera breve en el campo empresarial por lo que quizá no supo “lo que hay que hacer”. Una política económica concentrada en el apoyo a las empresas podría mejorar la suerte de ese sector, pero dejaría de lado segmentos importantes de la actividad productiva, como la de emprendedores individuales que transitan en el lindero con la economía informal y proveen el empleo que la administración de Calderón no acierta a crear en la medida ofrecida. Los ajustes de Calderón en su gabinete han convertido en secretarios de Estado a personas de su confianza personal, no dotados necesariamente de las aptitudes requeridas para un desempeño de ese nivel, ni experimentadas o conocedoras en los ámbitos de la competencia que se les confía. Se ha ido configurando un equipo más significado por la relación personal con el Presidente que con la eficacia en la realización de sus tareas. En la tradición autoritaria del sistema mexicano, de la que los gobiernos panistas no se han apartado, la lealtad personal al jefe era una prenda de alto valor, que se imponía sobre las cualidades necesarias para el desempeño gubernamental. Los gobernados pagan las consecuencias. EDUARDO SOJO Apenas en la víspera de su remoción (sobre la cual guardó discreto silencio) el doctor Eduardo Sojo insistió en su versión optimista sobre la situación económica de México. Tras comparecer el martes ante la Comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados, si bien aceptó ante los medios que este año está siendo “complicado y difícil”, calificó de “moderados” los incrementos de precios previsibles para el segundo semestre, y dijo que el impacto del alza de la gasolina y el diesel “no va a ser muy importante”. Ese optimismo no fue suficiente para retenerlo en la Secretaría de Economía, de donde partirá a presidir el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nombre actual del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, denominación de donde procede la sigla que se mantiene. Al hacer un breve balance de la gestión de Sojo, en el anuncio de su relevo, el presidente Felipe Calderón no dedicó un momento ni una línea de su discurso a examinar el manejo de los instrumentos que esa Secretaría puede utilizar para regular o encauzar la producción, la distribución y el consumo. Sólo reparó en la promoción de las inversiones extranjeras (que llegaron a 24 mil 600 millones de dólares) y en el incremento de la competitividad, algo que es contradicho a menudo por quienes se quejan de que la falta de ese característica en la economía nacional es el talón de Aquiles de México. Sojo insistió también en la tesis central del Gobierno, que la realidad ha obligado a matizar. Dijo que “no hay mejor manera de disciplinar los precios que la apertura”, que es un modo de asegurar que el mercado es el mejor regulador. Así lo sostuvo al comienzo de la administración, ante la crisis del maíz y la tortilla. La fragilidad de ese credo se revela en el ejemplo que puso ante los diputados sobre las excelencias del influjo de las importaciones libres. Se refirió a la eliminación del requisito de planta en la industria farmacéutica, cuyo efecto en los precios sólo podrá advertirse dentro de algunos años. Contrario al control de precios, recordó que sólo puede establecerlos la Secretaría “cuando la Comisión Federal de Competencia dictamina que no hay condiciones de competencia en los mercados”, y que actualmente sólo se controla el del gas lp, porque dicha comisión ha dictaminado que en ese producto no hay competencia. Con su credo neoliberal Sojo no halló mejor fórmula que la retórica y los programas pactados y superfluos o de plano la elusión frente a los problemas sustantivos generados en no pocas áreas de la endeble estructura económica de México por la crisis norteamericana y el alza de los alimentos en el mundo. No percibió como signos preocupantes la carestía de la comida, el empobrecimiento de la dieta derivado de ella y la creciente insolvencia de los tenedores de tarjetas en el pago de sus consumos. Sojo trabajó antaño en el organismo que ahora encabezará. Pero se trata de un nuevo INEGI, instrumento de un presidencialismo redivivo, como el que Calderón aspira a ejercer sobre el consejo de administración de Pemex. El instituto que dirigirá el ex Secretario de Economía surgió de la reforma constitucional de 2006 y de su ley orgánica, que data del año pasado. El rasgo principal del nuevo organismo es su función de medir la inflación. Sustituirá en ello al Banco de México en 2011, al cabo de una transición que pondrá en manos del INEGI los mecanismos para la elaboración de los índices nacionales de precios al consumidor y al productor. Será sano que la inflación sea medida fuera del órgano cuya misión central sea domeñarla, pues estructuralmente será más creíble que esa tarea la realice un órgano distinto, cuyo prestigio sufrió sin embargo una importante mengua cuando acató la instrucción del presidente Fox de no difundir los resultados de la encuesta nacional sobre la pobreza en vísperas de las elecciones de 2006. El INEGI fue creado en 1983, como parte de la modernización tecnocrática impulsada por Carlos Salinas desde que fue secretario de Programación y Presupuesto, de que originalmente dependió ese órgano. Lo presidió en sus primeros años Pedro Aspe, que de esa posición pasó a ser Subsecretario y luego Secretario de Estado. Fue reemplazado por Rogelio Montemayor, que después fue Gobernador de Coahuila y director de Pemex, procesado por desvío de recursos de ese organismo. Carlos Jarque, su presidente más duradero (diez años en el cargo) fue brevemente secretario de Desarrollo Social antes de hacer carrera internacional. También encabezaron el INEGI Antonio Puig y Gilberto Calvillo, carentes del perfil político de los anteriores y que ahora vuelve a mostrarse con el nombramiento de Sojo. Junto con el suyo serán propuestos por Calderón a la Permanente los nombres de los cuatro miembros restantes de la junta de Gobierno del INEGI. Se percibe la intención de crear un órgano homogéneo, pues los futuros vicepresidentes proceden del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y el propio equipo de Sojo, nadie menos que su oficial mayor en la Secretaría que ahora abandonan ambos. Aunque Sojo se unió al equipo del candidato Calderón, lo hizo como una aportación del Gobierno de Fox a la campaña panista, por lo que no consiguió ingresar en el círculo presidencial más estrecho. De allí proviene, en cambio, su sucesor, Gerardo Ruiz Mateos, a cuya designación y carrera ya nos referiremos.

Kikka Roja

Opinion: Miguel Angel Granados Chapa: Televisa, el PAN y Creel

Televisa, el PAN y Creel Si hubiera congruencia en el PAN, Germán Martínez debería reponer en la coordinación de grupo senatorial a Santiago Creel. Podría admitir que se trató de un “error de concepción política”, corregible con la marcha atrás de la decisión que defenestró al senador capitalino. Debería moverlo a esa rectificación la que ofreció Televisa, que atribuyó a un “error de edición” la grosera, pueril en apariencia, pero simbólica eliminación del rostro de Creel en una nota informativa. Si el ex secretario de Gobernación, entre otros motivos, perdió su puesto en la bancada albiazul por presiones del duopolio, el nuevo talante de Televisa, su petición de disculpa debería ser copiada por el presionado presidente panista, que de lo contrario quedaría como el villano de la historia mientras que el consorcio Azcárraga se lava la cara. Por supuesto que hablo en broma de la posible rectificación de Germán Martínez, como es también una broma la actitud de Televisa al haber sido pillada en una modalidad extrema de las distorsiones de la información que es parte de su idiosincrasia, de su manera de aprovechar las concesiones (en sentido jurídico y el más amplio de prebendas en general) que ha obtenido del Estado mexicano, algunas de las cuales le fueron entregadas por el propio Creel. El dos de julio, en el noticiario matutino del canal dos, poco antes de la siete de la mañana se transmitieron los dos minutos en que ese servicio informativo resumió las varias horas de la decimocuarta sesión del debate sobre la reforma petrolera efectuada la víspera. Ya el menosprecio a ese foro senatorial mostrado por los noticiarios de Televisa era una muestra del escaso rigor y el sesgo con que ese integrante del duopolio maneja la información relevante. Pero esa mañana a quienes deciden la política editorial del consorcio se les pasó la mano. Puesto que como presidente del Senado y anfitrión del debate Creel ocupa un lugar relevante en la imagen del suceso, se difuminó su figura, con lo que al centro del presidium aparecía un destello, no el rostro de quien hasta semanas atrás había encabezado el grupo panista. Se llevaba al extremo de ese modo la práctica de disminuir hasta anular la aparición de Creel en la pantalla. Después de su decidida aportación a la reforma constitucional en materia de elecciones, que incluye como elemento central la prohibición de comprar espacios en los medios electrónicos para propaganda política, y de reconocer que la ley Televisa fue aprobada haciendo sucumbir a partidos y candidatos, Creel quedó convertido en demonio en ese consorcio. Su imagen dejó de aparecer en la información senatorial, o al menos se redujo en fuerte contraste con las apariciones de los otros líderes de grupos. En las tomas sobre el foro petrolero, donde era inocultable la presencia de Creel como presidente del Senado, el recorrido de la cámara lo evitaba. Pero el dos de julio de plano se le borró. La senadora Yeidkol Polevisky advirtió la burda maniobra, la comunicó al afectado, éste hizo examinar el video correspondiente en la oficina de Comunicación del Senado y no quedó duda de que la imagen se había editado para hacerlo desaparecer de la escena. El 14 de julio el diario Reforma publicó en su primera plana la evidencia, y ese mismo día Creel denunció la conducta de Televisa, que no se dio por enterada. Al día siguiente, el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación dirigió un extrañamiento a la televisora y la instó a explicarse. Ahora sí, Televisa reaccionó ante el llamado gubernamental. Atribuyó la afectación a la imagen de Creel a “un error de edición… que mucho lamentamos” y agregó: “La producción de ese noticiario ya tomó las medidas pertinentes para que no se repita ese tipo de errores que comprometen nuestros propios criterios informativos. “Además, el conductor titular de Primero Noticias le ha extendido una invitación por escrito al senador Creel para una entrevista en ese espacio informativo”. Por supuesto, el episodio no quedará saldado ni siquiera con la conversación que sostengan Creel y Carlos Loret de Mola, en el supuesto de que el senador la acepte. Y es que el acontecimiento no se limita a un miembro del Congreso y ni siquiera a quien preside (todavía durante mes y medio) una de sus cámaras. La distorsión de la imagen de Creel es sólo una muestra de la habitual posición informativa de Televisa y en esa medida debe ser examinada y enfrentada. En su respuesta a RTC, el vicepresidente de noticias de Televisa, Leopoldo Gómez (que modera, o lo contrario, el programa Tercer Grado) traza un retrato de sus prácticas informativas que los televidentes medianamente críticos saben que no corresponde a la verdad: la nota de aquel dos de julio “reflejó de manera amplia la pluralidad de opiniones expresadas sobre las finanzas de Pemex…Ninguna de las posiciones expuestas sobre este tema quedó excluida en el contenido de la nota, por lo que no puede aceptarse que hubo censura o desapego a la normatividad en materia de libertad de expresión”. Televisa es libre de adoptar la línea informativa que quiera y de orientarla conforme su criterio editorial, político y mercantil. Su concesión y la ley, aun la reformada de acuerdo a sus intereses, le impone responsabilidades que nadie le exige cumplir. Pero el efecto más grave de su parcialidad informativa resulta del peso que su capacidad de comunicación tiene en la sociedad, falta de alternativas frente al duopolio.

Kikka Roja

M A Granados Chapa: Los Salinas y la partida secreta: Sin rendicion de cuentas

Los Salinas y la partida secreta

Lo del agua al agua: esta semana la Tesorería de la Federación recibirá más de 75 millones de dólares procedentes de las cuentas congeladas por Suiza a Raúl Salinas de Gortari en 1995. Con la devolución de ese dinero, consentida por el depositante, se comprueba que Carlos Salinas de Gortari utilizó recursos públicos en beneficio de sí mismo y su familia, procedentes de la partida secreta del presupuesto federal, que en su sexenio sumó más de 850 millones de dólares. Por lo menos una octava parte de esos fondos, que debieron aplicarse a fines públicos, gubernamentales, fueron a dar a las cuentas suizas del hermano incómodo.

En realidad, era conocido el tránsito de esos millones de dólares de las arcas públicas a cuentas privadas. Lo mencionó, airado, el propio Raúl Salinas de Gortari a su hermana Adriana en una conversación telefónica que se le permitió sostener mientras estaba preso en Almoloyita, la cárcel estatal mexiquense en que concluyó su estancia carcelaria. Interceptado y grabado el telefonema por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue difundida por el principal noticiario de Televisa, en una filtración que Carlos Salinas atribuyó al mismísimo Ernesto Zedillo, su sucesor.

La conversación fue transmitida el 10 de octubre de 2000. Furioso porque se sentía o sabía abandonado por su hermano el ex presidente, el primogénito de Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari formuló amenazas que no llegó a cumplir. De alguna manera que ignoramos, fue disuadido de hacer lo que anunciaba irritado: “Todo lo voy a aclarar, de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron y donde fueron. Porque creo, efectivamente, que la sociedad merece una aclaración completa”.

Aunque parcialmente y sin su participación, ocho años después ocurrirá lo que Raúl Salinas avisó a su hermana: “Voy a decir qué fondos salieron del erario público, para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. Con esas mentiras a mí solamente me dañan y nadie se lo cree.” Se quejó de su hermano: “¿Por qué no me apoya?, ¿por qué no dice que los fondos son lícitos?... ¿por qué sale con el cuento ese de que ‘me lastimó’ y que ‘me hizo mucho daño’?

Por esos días el ex presidente había vuelto a México, a presentar su libro “Un paso a la modernidad”, y había formulado declaraciones de autoconmiseración por la suerte de su hermano, que suscitaron aquella reacción de Raúl. Sólo admitió, sin embargo, que quien en su gobierno había adquirido fama por las comisiones que recibía en negocios en que interponía su influencia, era responsable de falsificar documentos (como el pasaporte en que Raúl aparecía con otro nombre).

Adriana quiso precisar eso, que Carlos se había referido sólo al uso de esos papeles, pero Raúl aclaró a su hermana: “Sí, Adriana, los saqué a través de Gobernación por instrucciones de él”. Ella intentó defender al ex presidente: con una precisión sólo sobre ese punto, no sobre el origen y el destino del dinero: “Esos tú los sacaste y no por órdenes de Carlos, no digas mentiras”. Pero Raúl no la escuchaba y seguía: “Y por órdenes de Carlos se compró la casa de Explanada…Todo, todo lo voy a decir, Adriana, pero es una cobardía de Carlos atacarme públicamente. Es una cobardía y una traición de hermano”.

Raúl fue aún más allá: “Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José (el hijo de Raúl) de que le mande dinero porque el dinero es de él. ¡Y venir a decir que no sabía nada!”.

El ex presidente consiguió que su hermano guardara silencio y no pusiera en práctica sus amenazas. Raúl estaba entonces en una posición frágil, pues purgaba una sentencia por la autoría intelectual de la muerte de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu, y autoridades de Suiza y de Francia indagaban la procedencia de los dólares depositados en Zurich. Los investigadores consiguieron declaraciones de testigos protegidos que los hicieron concluir que el origen de ese dinero era la protección al narcotráfico que Raúl Salinas estaba en situación de proveer durante el gobierno de su hermano. Pero ese procedimiento tuvo que ser cancelado, quedando abierta la posibilidad de que se tratara de dinero del gobierno mexicano trasladado indebidamente a las cuentas de Raúl. En las postrimerías de su sexenio, por los días del telefonema interceptado, Zedillo hizo que se acusara por peculado al hermano incómodo de quien lo instaló en la Presidencia.

La acusación no prosperó. El 8 de octubre de 2004 Raúl quedó exonerado definitivamente de ese delito, no porque no hubiera recibido más de 100 millones de dólares del erario, lo cual no quedó esclarecido entonces, sino porque la naturaleza de la partida secreta hacía imposible determinar que hubiera habido la desviación de recursos públicos en que consiste el peculado. La partida secreta era un fondo multimillonario que el presupuesto federal asignaba a la Presidencia de la República , cuyo monto llegó a niveles escandalosos durante el sexenio de Salinas, que recibió más del doble que su antecesor Miguel de la Madrid. El Ejecutivo podía utilizar discrecionalmente esos fondos, que no estaban programados (es decir no se dirigían a rubros específicos) ni su gasto sujeto a comprobación y rendición de cuentas. La Contaduría Mayor de Hacienda, entonces el órgano fiscalizador en manos del Congreso, no estaba facultada para supervisar el uso de ese dinero, manejado por funcionarios cercanísimos a Salinas, como su director de administración Ernesto Sentíes y su secretario privado, Justo Ceja, que ha desaparecido después de que se pretendió llevarlo ante la justicia.

Puesto que no tienen destino establecido, no puede hablarse de desviación de recursos. De esa circunstancia formal se valió la defensa de Raúl para eludir la acusación de peculado, aunque no ha podido todavía librarlo del último proceso que está abierto en su contra, el de enriquecimiento inexplicable. No obstante aquella imposibilidad formal de probar el mal uso del dinero público, el gobierno mexicano insistió ante el de Suiza en que se trataba de fondos federales, por lo que obtuvo la devolución de los más de 75 millones de dólares anunciada el miércoles pasado por el subprocurador de asuntos internacionales de la PGR José Luis Santiago Vasconcelos.

La justicia suiza devolverá una cantidad semejante al empresario Carlos Peralta, quien desde hace ocho años ha reclamado como suya una porción de las cuentas de Salinas. Desde que le fueron congeladas, éste explicó que las abrió con aportaciones de un grupo de amigos suyos, empresarios con quienes haría negocios. Además de Peralta, Raúl mencionó a Roberto González Barrera, suegro de Carlos Hank Rohn, también incluido en el grupo de empresarios exitosos que confiaban millones de dólares a quien no había emprendido jamás operación empresarial alguna; estaban en la lista ofrecida por Raúl, igualmente, Carlos Cabal Peniche y Adrián Sada. Salvo Peralta, ninguno de ellos se apersonó en Suiza en busca de su dinero, lo que hizo presumir que no lo era. El propietario de Industrias Unidas, en cambio, demostró que en efecto había entregado en custodia 50 millones de dólares a Raúl, y por ello ha obtenido su devolución. Tanto Peralta como el gobierno recibirán el monto de los intereses causados desde la congelación de los fondos, que por eso pasaron de 110 a 150 millones.

Sin mencionar la conversación de sus hermanos, Carlos Salinas se refiere a los casos en que aquél estuvo involucrado, en el capítulo cinco de su nuevo libro “La década perdida”, titulado “las libertades y el estado de Derecho”. Un sobretiro de ese capítulo está siendo distribuido por Raúl Salinas que de ese modo se afilia a la tesis manejada por su hermano sobre su inocencia respecto de sus andanzas financieras, y deja atrás cualquier posibilidad de que se conozca el papel que directamente ejerció el Presidente en el uso y destino de la partida secreta.

Con motivo de la edición de su libro, el ex presidente se ha mostrado muy locuaz. Acordó entrevistas y contesta los comentarios que la publicación suscita. Será útil que en esa misma línea de comunicación hable en público de la decisión suiza de devolver dinero que su hermano depositó y explique el destino de los 850 millones de su partida secreta, que hoy debería dejar de serlo.

EL PASADO PRESENTE

El 23 de junio de 2004 la Procuraduría General de la República exoneró a Lino Korrodi del delito de lavado de dinero, en que habría incurrido al reunir fondos a través de la asociación civil Amigos de Fox para financiar la campaña de quien desplazó al PRI de Los Pinos. Hace apenas cuatro años de esa decisión ministerial y parece que ha transcurrido una eternidad.

En aquel momento, Lino Korrodi era todavía amigo del hombre a quien impulsó decisivamente a la Presidencia de la República. Pero se gestaba ya su rompimiento. En su libro “ La Diferencia ”, Jorge G. Castañeda y Rubén Aguilar ofrecen su testimonio sobre esa relación:

Dicen que Fox “siempre tuvo claro que no iba a incorporar a familiares y amigos personales en el gabinete. Quería romper con las viejas prácticas del sistema político. En ese grupo entraba Lino Korrodi, quien pidió ser considerado para una secretaría de tema económico, en particular Turismo. Fox asegura que cuando habló con él para decirle que siguieran siendo amigos, pero que buscara trabajo en otro lado porque él no estaba considerado para el gabinete, Korrodi no lo entendió. Pidió que lo mantuviera cerca. El Presidente dice que de Durazo se le había grabado una frase: ‘Para un priista pero también para otros, como Lino, es más importante estar cerca del poder y demostrarlo por medio de una foto con el Presidente, que tener un puesto en el gobierno’. Durazo le aseguró que esa cercanía con el Presidente se explotaba en todos los sitios y todos los niveles. Las personas cercanas al poder se acercaban a su vez con los empresarios o con los funcionarios a venderles proyectos o supuestas influencias.

“Korrodi no toleró la exclusión y, según Fox, terminó por pelearse con todo el mundo; con Fernández de Cevallos y con el PAN. Luego siguió la etapa de las denuncias públicas y la ruptura con el Presidente, quien hoy sostiene que sabía que Korrodi era una persona conflictiva, ambiciosa e incómoda para integrar un equipo de trabajo. Le había perdido la confianza; pensaba que había el riesgo de que se quisiera aprovechar de un cargo público para hacer dinero. A partir de esa experiencia y muy al inicio de su mandato envió una carta a todas las secretarías y dependencias del gobierno federal en la que les planteaba que quedaba estrictamente prohibido atender a cualquier miembro de la familia Fox, de la familia Quesada y también a sus amigos cercanos, subrayando que nunca hicieran caso de alguien que les dijera que venía ‘de parte del Presidente’.

“Fox quizá simplificaba su ruptura con Lino. Castañeda había escrito desde 2004: ‘Nadie, salvo Marta, fue insustituible en la campaña como Lino’. Y éste último se sintió, para luego ofenderse, no sólo por no recibir un puesto y ver obstruidas sus operaciones de gestoría, sino también por lo que percibió como una tibia defensa presidencial de su persona cuando vino la embestida contra Amigos de Fox. Tal vez la separación se antojaba ‘cantada’, pero la canción la entonaron ambos”.

Fox y Korrodi fueron amigos desde sus tiempos de jóvenes ejecutivos de ventas regionales en Coca-cola. Con José Luis González, apodado El Bigotón, formaron un trío que prosperó en esa firma internacional. A diferencia de Fox, quien al salir de Coca-cola y pretender modernizar las empresas familiares fracasó en su empeño, sus amigos tuvieron suerte en sus negocios personales, Korrodi como intermediario en el mercado del azúcar. Por eso ambos estuvieron en posibilidad de apoyar financieramente a Fox, desde que éste se interesó en la política y fue diputado y luego candidato a gobernador. Los dos participaron en la gestación de los Amigos de Fox, cuya operación quedó en manos de Korrodi cuando “El Bigotón” fue alejado del camino por sus diferencias con Marta Sahagún.

En los tiempos de vacas flacas de Fox, cuando no le iba bien en la vida familiar (se divorció de su esposa Lilian de la Concha , comadre de Korrodi), ni en la empresarial (negocios estaban al borde de la quiebra) ni en la política (distanciado del PAN porque aceptó la gubernatura interina en Guanajuato y acariciaba la idea de ingresar al PRD), Korrodi fue su acompañante más asiduo y generoso. Cuando Fox viajaba de San Cristóbal a la Ciudad de México para reunirse con activistas civiles o intelectuales, telefoneaba a Korrodi, que patrocinaba las comidas en que Fox ensanchó su mundo.

Luego, durante la campaña presidencial, mostró su destreza al obtener aportaciones empresariales y en la canalización de los recursos así obtenidos a un financiamiento paralelo con el que Acción Nacional sobrepasó las posibilidades logísticas del PRI, uno de los factores de su victoria. Él era responsable de recibir los fondos y girar los cheques que después fueron descubiertos por el Instituto Federal Electoral como piezas de una operación prohibida por la ley, que le valió al partido una multa por cerca de 400 millones de pesos.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa: Lorenzo Meyer, emérito (su Historia) ¡ MUCHAS FELICIDADES !

Lorenzo Meyer, emérito

La distinción que hoy recibe el autor de la Agenda Ciudadana de los jueves en Reforma premia su desempeño académico en El Colegio de México y otras instituciones. Igualmente ha sido galardonado por su papel en los medios de comunicación

El contacto inicial de Lorenzo Meyer con El Colegio de México, en febrero de 1961, fue una leve reprimenda del presidente de la institución, don Daniel Cosío Villegas, por llegar tarde, involuntariamente, al comienzo de los cursos, en la casona de la calle Guanajuato. Cuarenta y siete años después, Meyer recibe esta mañana el emeritazgo de esa casa -la antigua Casa de España en México- donde se formó y a la que ha dedicado casi íntegramente su vida académica.

Su nombre se unirá a la sobresaliente nómina de los eméritos del Colmex: Silvio Zavala, Antonio Alatorre, Moisés González Navarro, Margit Frenk, Rafael Segovia, Mario Ojeda, Josefina Vázquez y Rodolfo Stavenhagen. Como ellos antes, Meyer satisface los requisitos para obtener esa distinción: haber prestado servicios al Colegio cuando menos durante 25 años, "distinguiéndose en ese tiempo por sus labores de docencia y por haber realizado una obra significativa de investigación en el campo de su especialidad, reconocida nacional e internacionalmente".

Nacido en la Ciudad de México el 24 de febrero de 1942, licenciado y doctor en relaciones internacionales, Meyer hizo un posdoctorado en ciencia política en la Universidad de Chicago. El estudio de la relación entre México y Estados Unidos lo condujo a la historia. Se consolidó así el conjunto de saberes que lo ha hecho uno de los intelectuales más reputados de nuestro país, con gran prestigio en el exterior. Ha sido profesor visitante en innumerables universidades, entre ellas la de Texas en Austin, California en San Diego, Columbia, Stanford, Complutense de Madrid, etcétera, y fue miembro del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Dirigió el Centro de Estudios Internacionales del Colmex, y su revista Foro Internacional. Ha sido miembro de órganos de gobierno y de dictamen en varias universidades de México, entre ellas la UNAM y la Metropolitana.
Investigador infatigable, suman docenas los libros de su autoría, los escritos en colaboración y aquéllos de carácter colectivo en que tuvo a su cargo capítulos que adquirieron notoriedad (como los titulados "La institucionalización del nuevo régimen" y "De la estabilidad al cambio" en la Historia general de México publicada por El Colegio). La de reunir sus obras completas, incluidos los textos de conferencias y artículos académicos, sería una tarea ardua pero en extremo útil, dado el rigor con que Meyer aborda los temas de su interés. Éste se ha concentrado, desde su tesis doctoral, en el petróleo y su papel en la relación entre México y Estados Unidos. No sorprendió a nadie, por eso, que en su reciente participación en el foro senatorial sobre las iniciativas del 8 de abril, el primer capítulo de su ponencia "El petróleo: cuatro temas para el debate en torno a la reforma energética", se ocupara en desarrollar una "historia política del petróleo". En esa presentación Meyer estableció que "por primera vez en materia petrolera la movilización y el debate público genuino anteceden a la toma de decisiones. Y la razón es que quizá ya hay ciudadanos en número suficiente como para hacerse presentes en un foro que hasta hace poco fue dominado por las minorías de siempre".

Sin detrimento de su escrupuloso trabajo académico -y al contrario basándose en él y siguiendo sus métodos- desde hace un cuarto de siglo Meyer ha participado constantemente en los medios de información. Lo indujo a hacerlo Joel Hernández, un diligente periodista que a la sazón (1981) era responsable editorial de Notimex (fue subdirector editorial de El Universal y ahora dirige la revista Examen, del PRI). Durante los ochenta Meyer vio publicados sus textos en la primera plana de Excélsior, hasta que en 1994, poco después de su aparición en la Ciudad de México, lo acogió Reforma, donde su Agenda Ciudadana aparece sin falta todos los jueves. También ha participado en los medios electrónicos. Sucesiva o simultáneamente figuró en el programa de Ricardo Rocha Detrás de la noticia, en el Monitor de José Gutiérrez Vivó (ahora acallado por una "censura quirúrgica" y una huelga) y en el noticiario de Radio Educación. Hasta hace precisamente cinco meses era parte de una poderosa triada de comentaristas (con Denise Dresser y José Antonio Crespo) en la emisión matutina de Hoy por hoy, de XEW, dirigida por Carmen Aristegui. Desde hace un mes es parte de un Encuentro con Rocha, Virgilio Caballero y el autor de estas líneas, difundido los domingos a las nueve de la noche por Telefórmula y dos frecuencias de Radio Fórmula (103.3 y 970).

En televisión, es el decano en el programa de Canal Once Primer Plano, de cuyo pie fundador formó parte en 1999. Era también comentarista en el antiguo Canal 40 (el original, no el pirata) en el noticiario que hacían Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker. Sin formar parte de ningún partido, Meyer ha sido un ciudadano activo y elocuente. Su participación en el Senado no se limitó a traer al presente los hechos del pasado petrolero. A partir de ese conocimiento expresó también su convicción de que "disminuir el papel de Pemex como empresa pública, el dar por sentado que no le es posible alcanzar los niveles tecnológicos de punta que una vez tuvo, es desperdiciar de manera injustificada uno de los elementos con que puede seguir nutriéndose el nacionalismo mexicano. Un nacionalismo indispensable, ya que el país debe reafirmarse como entidad nacional frente a un vecino extraordinariamente poderoso, nacionalista y no pocas veces agresivo".

Cajón de Sastre
Mucho dice que sólo dos ex directores de Pemex -Francisco Rojas hace dos semanas y Adrián Lajous Vargas, ayer- sean llamados o busquen participar en el foro senatorial sobre la reforma petrolera. El resto de quienes desempeñaron esa función ha quedado en entredicho y algunos hasta fueron procesados penalmente. Jorge Díaz Serrano, bajo López Portillo, y Rogelio Montemayor, nombrado por Ernesto Zedillo, incurrieron en responsabilidades que llevaron a uno a la cárcel y a otro a un paso de ella. Los más recientes, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, pasan todavía por problemas de fiscalización sobre su desempeño y aun el primero de ellos ha recibido fuertes sanciones administrativas. Tampoco los líderes sindicales son presentables y por eso no los veremos en el patio del Senado.

Kikka Roja

Miguel Ángel Granados Chapa: Gordillo y Romero

Gordillo y Romero Miguel Ángel Granados Chapa PLAZA PÚBLICA El viernes 30 de mayo se publicó profusamente un mensaje titulado “Por una nueva política laboral en México”, suscrito por una treintena de dirigentes sindicales, a cuya cabeza figuran Elba Ester Gordillo, presidenta del sindicato nacional del magisterio y Carlos Romero Deschamps, secretario general del sindicato de petroleros de la República. En medio de ambos, designado como vocero, figura Juan S (igfrido) Millán, que parece firmar en nombre de la Federación de trabajadores de Sinaloa. Aunque lo fue de 1981 a 1987, Millán no es el líder de la federación cetemista sinaloense. Lo es David Quintero León, quien no ha aclarado su propia posición y la de Millán, acaso porque le debe el cargo, pues hasta concluir su gubernatura (1999-2005) Millán era el hombre fuerte del cetemismo en su entidad natal, que no es decir mucho porque Sinaloa es preponderantemente una región agrícola. El alcance de la participación del sinaloense en esta convocatoria se medirá pronto, aunque ya ahora la seca reacción de Joaquín Gamboa, líder nacional de la Confederación de trabajadores de México muestra su temor de que Millán pretenda influir en esa central, que quiso y no pudo encabezar a la muerte de Fidel Velásquez y a la que sin embargo, podría ahora dividir. Aunque los firmantes (la mayor parte de los cuales pertenecen a la Federación Democrática de Sindicatos Burocráticos, encabezada por Gordillo y resultado de una escisión en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE) presentan su llamado sólo a “poner en marcha una amplia reflexión nacional sobre el presente y el futuro del movimiento laboral”, es obvio que no convocan a una meditación académica. A pesar de la ambigüedad de sus expresiones, queda claro que se proponen “asumir un papel más activo y propositivo en las grandes decisiones nacionales”. Es decir, lanzaron con esa propuesta un proyecto político, frente al que el resto de las fuerzas sindicales ha reaccionado con cautela o con rechazo, si bien no faltan las voces de quienes atenderán la convocatoria de Gordillo y Romero por su mérito intrínseco, “independientemente de quienes la formulan”. En rigor, es imposible hacer caso omiso de los firmantes del mensaje del viernes pasado. Determinar el propósito real de su toma de posición implica necesariamente tener presentes las biografías y la situación actual de los líderes de maestros y petroleros. Avezados en la dirección sindical y en la política partidaria no es de suponerse que los mueve sólo un propósito de unificación del gremialismo mexicano, sino la defensa de sus propios y cuantiosos intereses y el de su aliado, el Gobierno panista de Felipe Calderón. De eso no hay duda, ya que después de la firma de la Alianza para la calidad de la educación y de las adulaciones de Romero Deschamps al presidente el 18 de marzo no cabría pensar en un distanciamiento y menos aún en un antagonismo de esos líderes y sus sindicatos con el poder Ejecutivo. Gordillo y Romero comparten muchos rasgos en su desempeño público. Ambos han permanecido largo tiempo al frente de sus sindicatos: ella lo encabeza desde abril de 1989, como secretaria general, como poder decisorio sin título y como presidenta. Ambos han recibido refrendo de sus liderazgos de modo irregular. Ella permanecerá en la presidencia del SNTE “por el tiempo que sea necesario” luego de que en marzo concluyó el periodo de cuatro años en ese cargo. Él se quedará en el suyo hasta 2012 después de que en octubre de 2005 se anticipó su reelección para el periodo que tardaría casi dos años en comenzar, lo cual ocurrió ante la complacencia de los secretarios de Gobernación y del Trabajo. Ambos hicieron carrera en el Congreso debido a su relevancia dentro del PRI, del que ella fue secretaria general y al que él entregó 500 millones de pesos en la campaña presidencial de 2000, según establecieron resoluciones firmes del Instituto y el Tribunal electoral federales. Ella rompió abiertamente con su partido original desde el que creó el suyo propio. Él en cambio ha recibido el apoyo del PRI en la no cercana coyuntura de que la eventual reforma petrolera pretendiera hacer pagar algún costo al sindicato. Ambos se han enriquecido ostensiblemente a partir de sus cargos. Su tren de vida dista de ser el del promedio de sus representados, aunque maestros y petroleros gozan salarios y prestaciones por encima del promedio laboral mexicano. En sus saraos y regocijos personales y familiares, ambos líderes erogan gastos que sólo magnates pueden permitirse. Ella posee suntuosos bienes inmuebles en San Diego y en el Distrito Federal, por lo menos. Y por su guardarropa debió haber pagado una fortuna. Romero Deschamps afirmó en el mensaje “Por una nueva política laboral en México” que “el pasado primero de mayo nuevamente mostró a un movimiento sindical desorganizado, disperso y enfrentado entre sí”. Alguien debe habérselo platicado, porque él no estuvo aquí el Día del Trabajo. Aprovechó el puente entre esa fiesta y el cinco de mayo para vacacionar con su familia (su esposa, dos hijos y su yerno) en Las Vegas. Se alojó en The Venetian, uno de los hoteles más caros de la ciudad del juego. Y a su regreso el diario Reforma lo sorprendió usando un reloj marca Audemars Piguet, que según el catálogo cuesta por lo menos 40 mil dólares. Posee, además, un yate Portofino 47 de la marca Sunseeker, que cuesta millón y medio de dólares y un departamento en Cancún valuado en un millón 350 mil dólares.

Kikka Roja

Miguel Angel Granados Chapa: Teólogos y pontífices del petróleo

Teólogos y pontífices del petróleo Las palabras que encabezan esta columna fueron pronunciadas por Germán Martínez, jefe del Partido Acción Nacional, al participar el martes 13 en la primera sesión del debate social previo al legislativo en torno a las iniciativas de reforma petrolera. Para denostarlos, llamó a quienes se oponen a esos proyectos de ley teólogos y pontífices del petróleo, actuantes en “capillas de interesada veneración ideológica”. Ellos, dijo, buscan “cancelar de tajo la posibilidad de cualquier discusión racional sobre los mejores diseños institucionales para garantizar la seguridad energética y fortalecer a la industria petrolera de México”. Se equivocó Martínez. Tales teólogos y pontífices no sólo no impiden el debate sobre el tema, sino que el foro en que hablaba fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo, y su realización resultó del acuerdo a que llegaron las fracciones senatoriales, incluidas las de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista. El debate previo a la discusión en las cámaras (que no hubiera sido posible si, como ostensiblemente se pretendió, se apresurara en abril el trámite a las iniciativas presidenciales) es parte de la estrategia del movimiento encabezado por López Obrador, para que la sociedad, los ciudadanos, la gente, tengan claros los propósitos de quienes buscan entregar nuevas porciones de la industria petrolera a capitales privados, y de quienes se oponen a ese propósito. Martínez dedicó una porción de su discurso, con el que se inició el debate que cerrará el 22 de julio, a anatematizar sin nombrarlo a López Obrador. Le imputó encarnar “la verdadera amenaza privatizadora, (la) privatización política que algunos buscan para desestabilizar a la democracia mexicana y conseguir lo que no obtuvieron en las urnas”. Insistió en que esa privatización política responde a “resentimientos de derrotas electorales” y más precisamente al “resentimiento por la derrota electoral del 2006” . Se equivocó también Martínez al asegurar que el “falso nacionalismo” opuesto a la reforma calderonista “no permite tocar ni reformar nada, no propone nada, no busca nada”. Esa misma mañana, poco después José Agustín Ortiz Pinchetti, hablando en nombre de López Obrador, formuló las propuestas del movimiento que éste encabeza, y las detallaría el jueves siguiente Claudia Scheinbaum, una de las dos únicas mujeres que presentaron ponencias junto a 19 varones, en las sesiones iniciales del foro de discusión (la otra fue la presidenta del PRI, Beatriz Paredes). En el diálogo que siguió a la presentación de las ponencias, Martínez elogió a Cárdenas, “su nacionalismo”, “el conocimiento que usted tiene del tema”, y le extendió “nuestro reconocimiento desde Acción Nacional”. Si con eso pretendió contrastar dos modos diferentes de abordar desde la izquierda la reforma petrolera, es que no se percató de que en este asunto la posición de Cárdenas nada difiere en lo sustancial de la sostenida por López Obrador. Desde el primer momento Cárdenas percibió la inconstitucionalidad de la propuesta calderonista para reformar la ley reglamentaria del artículo 27 en materia petrolera. Lo hizo apenas tres días después de presentadas las iniciativas, cuando instó a resistir la pretensión reformadora en esa dirección, por esconder una modificación constitucional. Este martes insistió, citando con mofa a la Secretaria de Energía que aseguró la semana anterior que no se propone reformar la Constitución , que “sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Esto, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta tanto o más grave, todavía, que reformarla”. Se refirió explícitamente a la porción de la reforma que permitiría maquilar la refinación y construir y operar ductos: “según la interpretación del gobierno no se está haciendo en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la constitución, sino a otros, y preguntó entonces: “¿A contratos y concesiones que no son contratos ni concesiones según la definición constitucional? El Estado directamente o por conducto de sus agentes, está constitucionalmente impedido, desautorizado para contratar o conceder concesiones a personas físicas y morales, tratándose del petróleo y de todos los hidrocarburos. Que no se pretenda, con el subterfugio de llamar contrato de maquila al contrato concesión, y permiso a la concesión, violar impunemente la Constitución ”. Cárdenas produjo, con mucho, la mejor pieza del día inaugural del debate. No sólo por su condición biológica de ser hijo de quien es, sino por haber sido formado por su padre en el nacionalismo que condujo a la expropiación como acto de soberanía frente a la pretensión de las empresas extranjeras de no acatar el derecho mexicano, Cárdenas ha penetrado en los varios aspectos del tema petrolero. Lo mostró a lo largo de su ponencia y al caracterizar en breves líneas la política pública en relación con ese producto energético, de que resulta el estado actual de Pemex: De principios del siglo XX hasta 1938, el petróleo “se explotó en el esquema de una economía dependiente de enclave, enviándose la mayor parte de la producción a mercados del exterior y sólo utilizaba una parte menor en la producción de combustibles y otros petrolíferos destinados al consumo interno. “De 1938 hasta 1976, la actividad de Pemex se orientó preferentemente a satisfacer las demandas nacionales de petrolíferos y apoyar el crecimiento económico del país. En los seis años siguientes, además de atender a los objetivos anteriores, la explotación del petróleo se constituyó, también, en una importante fuente generadora de divisas, que principalmente se utilizaron para impulsar los procesos de industrialización del propio hidrocarburo. “Entre 82 y 88, la administración frenó y prácticamente abandonó el esfuerzo de integración y alargamiento de las cadenas productivas petroleras y destinó las divisas obtenidas de la exportación de crudo, al pago de la deuda externa. De 1988 para acá, se aceleró consciente e intencionadamente el desmantelamiento y la obsolescencia de la industria petrolera estatal, centrando la atención y las inversiones en la explotación y exportación de petróleo crudo, apropiándose la Secretaría de Hacienda del producto de su venta por la vía de derecho, impuestos, etcétera, para nutrir los recursos fiscales del Estado”. Egresado como Cárdenas de la Escuela Nacional de Ingenieros, Javier Jiménez Espriú la dirigió ya como facultad en los años 70. Luego de ser secretario de administración y aspirar sin éxito a la Rectoría , salió del campus (aunque mantuvo su vinculación con el club de futbol hasta el 2001)) realizó una carrera en la administración federal (que incluyó la dirección de comercialización de Pemex). Con ese equipaje, Jiménez Espriú sintetizó dos días después el sentir de una porción importante del miembros del PRI (él lo es desde 1958). Quién sabe si su posición es compartida por los legisladores de ese partido (no podemos saberlo ni siquiera respecto de la sostenida por la lideresa del tricolor), pero refleja un parecer que no podrá ser soslayado a la hora de legislar. Descalificó a la propuesta presidencial como “insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante del contenido histórico y ayuna de sensibilidad política”. Salvo la de Germán Martínez, no hubo en los dos días iniciales del debate una defensa explícita de las iniciativas presidenciales, aunque sí expresiones favorecedoras de su intención y descalificadoras de la oposición a tales proyectos. Por ello adquirieron mayor relieve las posturas contrarias a la legislación propuesta, entre las que sobresalió la expuesta el jueves por Claudia Scheinbaum, en representación del gobierno que se estima legítimo frente al espurio que encabeza Calderón. Con propuestas puntuales de reforma, como la de asignar 75% de los excedentes petroleros de este año a fortalecer las finanzas de Pemex, la eventual aplicación de esa medida tendría que superar la amarga sorpresa de que no obstante el alza continua de los precios internacionales del petróleo, no hubo tales excedentes en el primer trimestre, según informó el viernes el Secretario de Hacienda. El pasado presente.- El 18 de mayo de 1992, un día como hoy hace 16 años, fue firmado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (Anmebn). Tres lustros después, una de sus signatarias, Elba Ester Gordillo, con un poder reforzado y ampliado, firmó la Alianza para la Calidad Educativa , ya como dependiente del Ejecutivo sino como su sostén y apoyo. El acuerdo resultó de intensas negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación , a cuya cabeza se hallaban Ernesto Zedillo y Gordillo. Cuando digo que su entonces secretaria general estaba subordinada al Presidente no digo que su enorme organización pudiera moverse como un mecanismo que obedece a la simple manipulación de sus controles, sino que su participación en procesos de reforma requiere un intenso trabajo político aunque al final se sobrepongan los intereses conservadores, como tal vez ocurrirá una vez más con la Alianza firmada el jueves pasado. Además de cumplir instrucciones presidenciales, a cada uno de sus signatarios le importaba mostrar su capacidad de acuerdo para consolidarse en su posición. Zedillo tenía apenas cinco meses en su silla cuando fue firmado el acuerdo, cuyo contenido inicial se circunscribía a la federalización como se denominaba entonces al intento de descentralizar la gestión educativa. En enero de 1992 Zedillo había transitado los 500 metros que separaban SEP de la oficina que ocupaba en Palacio Nacional como secretario de Programación y Presupuesto, para sustituir a Manuel Bartlett. Colocado en la difícil posición de acatar a quien había sido su rival en la sucesión presidencial, el ex secretario de Gobernación era un singular precandidato derrotado que no se va al ostracismo sino que es invitado, y acepta trabajar con quien lo venció. Era un pago que Salinas estaba obligado a realizar, pues su polémico ascenso a la Presidencia no hubiera sido posible sin el trabajo de Bartlett al frente de la Comisión Federal Electoral. Pero ambos estaban incómodos en esa nueva relación, en que Bartlett ya no era compañero de gabinete de Salinas y su antagonista sino subordinado suyo. A poco andar se presentó entre ellos un diferendo por el súbito golpe presidencial contra Carlos Jonguitud Barrios, el líder verdadero del sindicato magisterial. No es que Bartlett se opusiera a deponer al cacique, sino que fue apartado de la operación pues se consideró que como asunto político que era su gestión correspondía a Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación. Esa decisión dejó a Bartlett sin capacidad de negociación ante la reemplazante de Jonguitud, Gordillo, ya que ésta sabía que el secretario de Educación era por entero ajeno a la decisión de entronizarla. Esa capacidad le era necesaria a Bartlett para cumplir el programa de federalización que le encomendó Salinas y del que no pudo dar buenas cuentas. Aunque en diciembre de 1991, después de tres largos años en la SEP , aún faltaban meses para que se abriera el proceso electoral en Puebla, Bartlett renunció a su cargo en espera de ser gobernador de la tierra en que había nacido cuando la trashumancia profesional de su padre, juez federal, lo situó por un tiempo en la Angelópolis. Después de un trienio como secretaria general reemplazante del titular, caído junto con Jonguitud, Elba Ester Gordillo logró establecer la reelección en el sindicato y 1992 era ya el cuarto año de su desempeño al frente del SNTE, el primero de su segundo periodo. (Cumpliría un tercero, que concluyó en 1996, y durante los ocho años siguientes se mantuvo ajena formalmente a la secretaría general que ocuparon personeros suyos, hasta que en el 2004 una nueva reforma estatutaria le permitió instituir la presidencia del sindicato, cargo que ocupa desde entonces). Aunque después sus relaciones con Zedillo se descompusieron, al principio halló en él un trato distante sí, pero diferente del muy rígido que Bartlett le dispensaba. Y así en sólo unos meses se puso a punto el acuerdo modernizador. Éste incluía la descentralización, previa garantía al sindicato de que se preservaría su unidad. Incluía también una renovación curricular y una valoración del trabajo de los maestros, que comprendía el establecimiento de la carrera magisterial, un conjunto de estímulos para que los maestros mejoraran sus ingresos sin tener que aguardar el ascenso en la pirámide laboral. Gordillo se ufanó de los logros magisteriales en el acuerdo firmado hoy hace 16 años: “en su espíritu y en su letra hay un claro reconocimiento del papel protagónico del maestro en la transformación educativa de México, un compromiso de la federación y de los gobiernos estatales de mejorar las percepciones de los trabajadores de la educación, de establecer un sistema estatal para la formación del maestro y de convenir la puesta en marcha de un programa emergente de actualización”.

Kikka Roja

Miguel Angel Granados Chapa: PRD: no todos son iguales

EL ORIGEN DE LOS CHUCHOS TRAIDORES

PRD: no todos son iguales

Aunque es imposible disculpar a ninguna corriente del Partido de la Revolución Democrática de las trampas y maniobras ilícitas que produjeron la peor elección interna en ese partido, es claro que no puede hacerse tábula rasa de la personalidad de los dirigentes de ese partido.

En Nueva Izquierda, por ejemplo, hay distancia amplia entre la trayectoria de los dos Chuchos que han dado nombre a esa corriente. Jesús Zambrano Grijalva, que perdió ante Alejandra Barrales la presidencia del comité del Distrito Federal vivió su juventud en la rebeldía estudiantil, pasó por la acción armada y la cárcel. Cuando quedó en libertad y resolvió continuar la lucha política por otros medios, fue propulsor y dirigente de Corriente socialista, un agrupamiento en que sobresalieron otros militantes con trayectoria semejante, entre ellos los sinaloenses Juan N. Guerra, hoy diputado federal, y Camilo Valenzuela, que fue candidato al liderazgo que hoy se disputan Jesús Ortega y Alejandro Encinas, y encabeza el Consejo Nacional perredista, máximo órgano de dirección de ese partido, al que correspondería tomar decisiones sobre una prolongación del mandato de Leonel Cota o la designación de un presidente interino en el que caso de que dentro de una semana, el 22 de abril, subsistiera el enigma de quién ganó los comicios del 16 de marzo.

El otro Chucho antonomásico, Ortega Martínez, a diferencia de su tocayo y compañero se inició en la vida política en la comodidad del subsidio. Fue lugarteniente de Rafael Aguilar Talamantes en el Partido Socialista de los Trabajadores, que gozó de la simpatía y, más importante aún, del patrocinio gubernamental para crear una corriente que estorbara, se opusiera y eventualmente anulara el esfuerzo de Heberto Castillo por crear el Partido Mexicano de los Trabajadores, ofreciendo una opción falsa, producto de la simulación. Junto a Ortega dirigieron ese partido, creado por Luis Echeverría, los hoy senadores Carlos Navarrete y Graco Ramírez.

En agosto de 1988, en una entrevista hecha por el finado Óscar Hinojosa, citada recientemente por el también reportero de Proceso, Álvaro Delgado, Aguilar Talamantes se sinceró (aunque sólo parcialmente, según es de suponerse por la fluidez de recursos que ostentaba el PST):

“Echeverría dio instrucciones a Víctor Bravo Ahúja, secretario de Educación Pública, para que se nos proporcionara 30,000 pesos mensuales. Con esa cantidad, más el auxilio que logramos con Fausto Cantú Peña (director del Instituto Mexicano del Café) el PST pudo sostener su actividad durante un largo periodo”.

La eminente presencia de Ortega y Graco Ramírez a la cabeza del PST se evidenció en la composición de la primera bancada legislativa de ese partido, que obtuvo su registro condicionado para participar en la elección de 1979. De modo que el debut parlamentario de ambos se produjo en el seno de un partido con cuyo dirigente principal romperían en 1987, lance a partir del cual se integraron al Partido Mexicano Socialista y por esa vía resultaron fundadores del PRD, a cuyo liderazgo ha aspirado Ortega repetidamente. Lo intentó en 1996, pero antes del proceso electoral pactó una alianza con Andrés Manuel López Obrador de quien fue candidato a secretario general. Contendió con Amalia García en el anulado proceso de 1999 y con Rosario Robles en 2002.

Acaso los diversos orígenes y prácticas explican la diferente reacción de los Chuchos ante el resultado electoral. Zambrano se ha rendido a la evidencia de que su candidatura fue batida por la de Barrales en porción superior a dos por uno. En cambio, Ortega litiga la conclusión de un cómputo que incluya contar votos surgidos de casillas ¡que no se instalaron!, y cuya suma le ofrece ventaja sobre Encinas.

Un caso paradigmático, no único, pero sí el peor quizá, ocurre en Chiapas, donde se previó instalar 249 casillas. Es claro, porque está documentado desde el 16 de marzo mismo, que al menos 28 de ellas no se instalaron. Pero, en un caso que debe resolver no sólo una investigación política sino quizá una cavilación metafísica, de esas casillas que por no haberse instalado no existieron, surgieron actas y votos: ¡de la nada brotaron sufragios, la mayor parte a favor de Ortega según sus propias copias de actas!

Ortega venció en Chiapas a Encinas con una diferencia abrumadora, una desproporción aun mayor que la observada en el DF en sentido contrario, si bien la vertiente local de la elección capitalina no ha sido objetada. Ortega obtuvo en las lejanías chiapanecas 49,546 votos contra sólo 3,857 para Encinas. A ese resultado contribuyeron los sospechosos votos de casillas no instaladas, en que se produjeron diferencias análogas a las del total: 832 contra 40; 265 contra 15; 251 a 4; 988 a cero; 926 a 31, etcétera.

Encinas planteó que resultados como ésos, o los registrados en casillas donde hubo más de mil votantes, no se consideran en el cómputo nacional pues su rotunda inexistencia haría ridícula su anulación (¿Cómo invalidar la nada?). No fue escaso el número de esas casillas ubérrimas, o prodigiosas, a que acudieron más de mil votantes, que al hacerlo dieron ejemplo de velocidad pues sufragaron uno cada 36 segundos (o, más admirablemente, cada seis, si se considera que se realizaban seis elecciones simultáneamente). En promedio, en las entidades donde no se objetó la elección, votaron 265 militantes, mientras que en Chiapas la media fue del doble: 540, dos veces también el promedio de la elección estatal de 2006.

Kikka Roja

Miguel Angel Granados Chapa: Mouriño y Jorge Mendoza

Mouriño y Jorge Mendoza

En medio de la crispación que envuelve a la vida pública sanea el ambiente, le pone una nota festiva el aire ecuménico que impregnó la boda de Catalina Hinojosa y Jorge Mendoza, festejada el sábado por la noche en el Club Campestre Monterrey en el municipio de San Pedro Garza García.

El novio es hijo del senador Jorge Mendoza Vargas, quien aprovechó el fasto social para estrechar sus lazos políticos, de cara a la próxima sucesión gubernamental en Nuevo León, a la cual ya se aprestan los partidos que han regido esa entidad en los años recientes, el PAN y el PRI. Contra la peregrina idea, esparcida por sus adversarios y sus enemigos, de que perdió su capacidad de interlocutor político, el invitado principal del acontecimiento fue el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. ¡Mentira que no pueda hablar con nadie! En la boda se le vio en diálogos que suponemos amenos no sólo con el anfitrión, sino también con el gobernador Natividad González Parás, con el diputado Emilio Gamboa y, naturalmente, con quien le salvó la vida y lo puso en condiciones de continuar en su cargo, el senador Manlio Fabio Beltrones.

Fue llamativo que los líderes parlamentarios priistas se dieran tiempo para asistir al festejo sabatino, pues en la antevíspera la tribuna de las cámaras donde coordinan a sus compañeros tricolores había sido tomada por legisladores del Frente amplio progresista. En Xicoténcatl, Beltrones había exigido a gritos que no los secuestraran y, por lo visto, los senadores fapistas cedieron a su reclamo, pues allí estaba de fiesta, libre en toda la extensión de la palabra. Bueno, quizá no tanto, porque el día anterior en el aeropuerto de Toluca una reunión de gobernadores y el comité nacional encabezado por Beatriz Paredes había impuesto a los coordinadores legislativos una decisión con la que ellos jugaban, como si dependiera estrictamente de su voluntad y sus intereses: la discusión legislativa de la reforma petrolera no ocurrirá en abril, haya o no debate nacional sobre la materia.

Supongo que la fuerza de convocatoria del senador Mendoza le viene de su singularísima condición de representar en su cámara no a una entidad sino a una empresa, el Grupo Salinas, donde durante dos sexenios se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de información y asuntos públicos. En ese carácter encabezó la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, donde reemplazó a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, cuando los grandes consorcios resolvieron tomar para sí la conducción de ese organismo y de ese modo acentuar su capacidad de control sobre los concesionarios de medios electrónicos.

Hasta antes de 1994, en que se vinculó a su paisano Ricardo Salinas Pliego, Mendoza había hecho una carrera en la política y la administración local, y en el gobierno federal que todavía no le permitía volar alto. En cambio, con el poder vicario que le proporcionaba su pertenencia a TV Azteca, llegó hace dos años al Senado, en la planilla priista de representación proporcional. No habiendo militares de filiación tricolor en esa cámara, Beltrones le confió la Comisión de Defensa, acaso recordando su aguerrida conducta en la toma de las instalaciones del Canal Cuarenta, exitosa operación bélica que dejó como botín a Salinas Pliego la dispensa gubernamental para operar una concesión que nunca le ha sido atribuida.

Mendoza se opuso, sin éxito, a la reforma constitucional en materia electoral, que cuenta con un vasto y profundo capítulo sobre medios electrónicos, cuya nuez consiste en prohibir que la propaganda política sea objeto de comercio en radio y televisión. Tal vez su posición no fue tan enjundiosa como sus jefes en el Ajusco hubieran esperado, acaso porque ahora el futuro de Mendoza depende de su cercanía a Beltrones y menos de su relación con Salinas Pliego. Aunque podría ser una predicción fallida, TV Azteca puede hacer un senador, pero quizá está lejos todavía el momento en que pueda hacer un gobernador.

Notoriamente, Mendoza quiere serlo, a partir de cualquier apoyo que pueda conseguir. Por eso se mueve en el escenario local. A veces sus iniciativas resultan fallidas, como una función gratuita de cine en Guadalupe, que debió ser suspendida por falta de público. Tal vez por eso resolvió hacerse presente de modo masivo. En agosto del año pasado, de su oficina senatorial fueron emitidas cerca de un millón 400 mil cartas dirigidas a ciudadanos de Nuevo León. En ellas, Mendoza se ponía a disposición de los votantes para hacer llegar su voz al Senado, daba cuenta de su trabajo en esa cámara, y pedía llenar un formulario con datos personales y la sugerencia de aportar los nombres de dos personas a las que “debamos contactar”.

No faltaron destinatarios asombrados de saber que Mendoza los representaba en el Senado, especialmente quienes habían votado y hecho ganar a los panistas Fernando Elizondo y Blanca Judith Díaz Delgado, o los que contribuyeron con su sufragio a que el priista Eloy Cantú fuera senador perdidoso, de minoría. Por lo demás, como lo hizo notar Reforma el 9 de febrero, Mendoza no se ajustaba a la verdad en su mensaje, pues se atribuía logros de cuya autoría estaba lejos. Para empezar, no es muy asiduo, pues ha participado en sólo 41% de las votaciones, y no ha presentado ninguna de las 138 iniciativas que los senadores priistas pretenden hacer aprobar.

La correspondencia de Mendoza, uno de 128 senadores, significó el 85% de los envíos del Senado.

Kikka Roja

Miguel Angel Granados Chapa : Libros con precio único

Inopinadamente, sin explicación alguna, el dictamen senatorial sobre la ley de fomento a la lectura y al libro fue retirado del orden del día el jueves pasado. Figuraba en primer lugar en el capítulo de dictámenes a discusión, y la mesa directiva dio lugar a otros puntos de la agenda. Se presume, y es necesario que así ocurra, para que posiciones ajenas al proceso legislativo no interfieran en él, que el pleno de Xicoténcatl lo conozca y apruebe esta semana.

Se trata de la respuesta legislativa al veto formulado por el presidente Vicente Fox el 1 de septiembre del 2006. La ley había sido aprobada en el Senado el 16 de marzo de ese año y en la Cámara de Diputados el 26 de abril siguiente, en ambas oportunidades con gran número de votos a favor y ninguno en contra (y en San Lázaro con apenas cinco abstenciones). El Ejecutivo centró sus observaciones en una disposición crucial para alentar la lectura y la difusión y uso del libro, el precio único, objetado por la Comisión de Competencia Económica en términos que hizo suyos la Presidencia y a los que da puntual y contundente respuesta el dictamen aplazado sin razón aparente, salvo la persistencia, extemporánea, indebida e impropia de la propia Comisión que hizo valer sus argumentos y a la que corresponde en este momento mantenerse ajena al trabajo de los legisladores.

El dictamen, formulado sin oposición en las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos, con opinión favorable de la de cultura, rebate los argumentos del Ejecutivo. El mercado editorial no es un mercado eficiente como dicen las observaciones presidenciales, sino al contrario. Su funcionamiento lastima a “los consumidores que adquieren sus libros de manera directa por las prácticas dominantes y de discriminación de precios de ciertos agentes económicos… La disminución artificial de precios que se ofertan en las grandes librerías y en las más de 3 mil tiendas de autoservicio y departamentales, ha contribuido al cierre de las librerías tradicionales, impiden el desarrollo de nuevos puntos de venta que acerquen el libro al lector potencial… La perspectiva en el mediano plazo es que habrá menor variedad de títulos editados o importados y los consumidores verán reducidas las opciones de lectura a las obras que garanticen mayores márgenes de utilidad, haciendo a un lado aquellos libros que representan un riesgo para quien edita, distribuye o vende”.

El dictamen combate la observación presidencial de que el precio único configura una práctica monopólica relativa, entre otras razones porque no la ejercen “agentes que tienen un poder sustancial en el mercado relevante que les permite fijar precios unilateralmente; fijar un precio único para cada edición impresa en México o importada será extensivo a todos los editores e importadores, no un acto reservado a los agentes con la capacidad descrita en la” ley federal de competencia económica, cuyos criterios y terminología fueron utilizados para ejercer el veto.

Por otro lado, argumenta el dictamen, fijar el precio único materializa “el derecho patrimonial de los autores respecto de sus obras literarias en el contexto de la Ley Federal del Derecho de Autor y con base en los privilegios que establece la Constitución para el ejercicio de los derechos autorales”. Y justifica el que se exceptúen del precio único las ventas al Estado, ya que éste ha de dar cumplimiento a la función social de la educación. También rebaten los senadores la comparación entre el precio único y el máximo previsto en las leyes, porque derivan de “elementos normativos diferentes”.

Como han hecho los promotores de esta medida básica para estimular la lectura, las comisiones recuerdan que “numerosos países han optado por el modelo del precio único en su legislación, entre ellos España (cuya industria editorial ocupa el cuarto lugar en las exportaciones de aquel país y representa el principal competidor en el mercado hispano del libro), Francia, Alemania, Argentina, Austria, Dinamarca, Grecia, Holanda, Hungría, Noruega, Suiza, Portugal y Japón… La tendencia normativa hacia el precio único es expresión de la necesidad de establecer bases que confieran sustentabilidad a toda la cadena del libro, desde el autor hasta el lector potencial y no que el mercado esté centrado únicamente en los principios de la competencia en precios”.

Los dictaminadores no pueden dejar de referirse al consenso que el precio único ha suscitado en los eslabones de la cadena productiva: “Este consenso ha sido manifiesto en el marco tanto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como en la reciente Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, en las que se ha solicitado a los legisladores… ‘que se promueva, defienda y vote a favor de la ley, convencidos de que ayudará a que haya mayor competencia, mejores precios para todos, más libros al alcance de todos, más diversos y que todo esto contribuya a un país mejor informado, mejor preparado para la democracia y para los retos del futuro’. Dicho mensaje fue suscrito por la Asociación de libreros mexicanos, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la Alianza de Editores Mexicanos Independientes, la Sociedad General de Escritores de México…”.

Por otro lado, el dictamen concede razón a las observaciones del Ejecutivo sobre la estructura y aun redacción de la ley, y respecto de algunas facultades del Consejo Nacional para el Fomento del Libro y la Lectura , y propone las enmiendas pertinentes.

Kikka Roja