PROCESO: Responsabilidad militar: Jorge Carrasco Araizaga

Responsabilidad militar jorge carrasco araizaga México, D.F. (apro).- En el Ejército mexicano han empezado también las justificaciones. Así como su comandante en jefe, Felipe Calderón, dice que la violencia sin límites desatada por el narcotráfico en diferentes partes del país es resultado de las acciones policíaco-militares de su gobierno, el Ejército ha soltado la especie de que en el último año del gobierno de Vicente Fox se dejó libre el camino a los narcotraficantes. La razón, dice esa versión difundida por algunos militares de alto rango, es que Fox desmovilizó al Ejército en la persecución de narcotraficantes y lo mantuvo concentrado ante la eventualidad de desórdenes políticos en caso de que se le diera el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. El señalamiento es grave por donde se le vea. Si en efecto Fox hizo tal movimiento habría una doble responsabilidad: La primera, la de haber renunciado a su obligación de enfrentar una de las principales amenazas a la seguridad nacional, despejando el camino a los cárteles de la droga. Para ello, ningún pretexto habría sido necesario. Basta recordar la libertad con la que se movió Joaquín El Chapo Guzmán desde que se escapó de una cárcel de “alta seguridad” al principio del sexenio foxista. La segunda responsabilidad de la que se estaría hablando es la de utilizar al Ejército para un propósito meramente político: el de reprimir protestas sociales. Pero aquí hay una agravante más, la de desconocer por la fuerza los resultados de una elección presidencial. Como si el Ejército no hubiera aprendido la lección de los efectos perniciosos que tuvo en su interior y en la sociedad el papel de represor de los movimientos sociales que protagonizó en la segunda mitad del siglo pasado, el entonces comandante en jefe habría dispuesto de él para sus propósitos políticos, tal y como ocurrió en el régimen del PRI. No se llegó a tal extremo porque para imponer a su candidato, Felipe Calderón, Fox se valió de cuantos recursos, oficiales y oficiosos, tuvo a su alcance. La versión militar sorprende no por falta de verosimilitud, sino porque el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, públicamente se negó a la utilización del Ejército para propósitos políticos personales. De distintas maneras y en distintos momentos se lo dijo a Fox. La última vez, durante el conflicto en Oaxaca en el 2006, justamente en el periodo al que se refiere la especie. De no ser cierta, la versión militar no deja de revelar un grave problema. Si lo que se busca es echar culpas a los otros, tal y como lo hizo Calderón en su contraproducente –por autoritario– discurso del “ya basta”, el Ejército caería en una evidente incongruencia. Involucrado de manera creciente desde hace décadas en el combate al narcotráfico, el Ejército ha desarrollado y concentrado tal cantidad de información que difícilmente podría estar completamente ajeno al seguimiento y persecución de los cárteles de la droga por más que recibiera una orden de su comandante en jefe. Si hay una institución que conoce cómo se ha desarrollado el narcotráfico y quiénes han facilitado su señorío en México es el Ejército. Más aún, muy lamentablemente, algunos de sus elementos –desde generales hasta soldados– han contribuido a ello. El Ejército mexicano no puede ni debe llamarse a engaño. Sabe, como muchos de quienes conviven directamente con la realidad del narcotráfico, que la violencia no es producto del “éxito” de este gobierno en esta batalla, sino de verdaderas purgas al interior de las organizaciones delictivas para el control de un negocio imposible de desaparecer. De otra manera no se explican las ejecuciones, “levantones” y atentados contra estaciones policiales en las narices de los militares, si es que se sigue la lógica mediática de los operativos federales y reuniones itinerantes del Consejo de Seguridad Nacional. Colocarse en la sintonía de Calderón de que son otros los que han fallado en nada beneficia al Ejército. En algunos años, Calderón saldrá de Los Pinos, pero el Ejército permanecerá más allá del talante autoritario de su actual comandante en jefe. A pesar de haber sido erigidos por Calderón como su principal aliado, los militares –menos que nadie– están para repartir culpas.(16 de mayo de 2008) jcarrasco@proceso.com.mx

Kikka Roja

PROCESO : Caso Mouriño, exoneración sospechosa: jesusa cervantes

Caso Mouriño, exoneración sospechosa jesusa cervantes México, D.F., 12 de mayo (apro).- Aun cuando la comisión especial de la Cámara de Diputados exoneró al secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y consideró legales los convenios “multianuales” que firmó a nombre de la empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar con Pemex-Refinación, de 1997 a la fecha, denuncias que obran en el propio Órgano Interno de Control de la paraestatal cuestionan la legalidad de dichos documentos. Xavier López Adame, presidente de la “Comisión de investigación para conocer de la legalidad de los contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha”, informó el pasado 8 de mayo --cinco días antes de que venciera el plazo fijado para entregar su informe final, este martes 13--, que “hasta ahorita no hay ninguna posibilidad de que (Mouriño) haya podido traficar con influencias”. Sin embargo, en entrevista con Proceso, el pasado 29 de abril, López Adame aceptó que un convenio --como fue el caso del objeto de investigación de los diputados--, “definitivamente no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales”; pero más adelante dijo que se pueden exceptuar los casos y recurrir a la adjudicación directa, si ello implica un ahorro al gobierno. “Puede ser el caso de transporte de combustible, bajo esta modalidad los convenios multianuales pueden ser legales, ya que no son directamente con el autotransportista, sino que son convenios regulatorios que no le da un beneficio a una empresa particular; porque no estás contratando anualmente y garantizando alguna parte del presupuesto público”, declaró a Proceso. El pasado 16 de febrero, la revista Contralínea reveló la existencia de 8 convenios entre Pemex-Refinación e Ivancar, sin mediar licitación alguna y donde Juan Camilo Mouriño firma en su calidad de representante legal de la empresa familiar. Inmediatamente, diputados del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), demandaron la creación de una comisión especial que indagara el posible tráfico de influencias en que habría incurrido el actual secretario de Gobernación, pues durante ese tiempo ocupó los cargos de diputado federal y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. El FAP exigió la revisión de contratos entregados por Pemex, Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero la Cámara de Diputados aprobó su creación a cambio de limitar sólo “la legalidad” de 16 contratos de Pemex-Refinación, y en particular los 8 firmados por Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, se negó a participar cuando el PRI y PAN negociaron los términos de la comisión. “El frente no acepta limitantes en términos de qué contratos sí y qué contratos no. Aquí se aprobó un asunto que tiene que ver con una de las empresas de Pemex y además no se toca a la CFE. ¿Por qué nos interesa tanto la CFE y otras empresas?, pues porque Mouriño fue subsecretario de Energía. Decidimos no entrar en una participación subordinada en una comisión que ya sabemos hacia dónde va: la exoneración de Mouriño”, dijo Javier González Garza el 13 de marzo, fecha en que se aprobó la creación de la comisión investigadora. “Es una comisión tapadera”, afirmó. En la entrevista con Proceso López Adame, integrante de la fracción del PVEM, dijo que “las afectaciones” que pudieran tener por investigar al secretario de Gobernación “no orientarán el juicio de la comisión”. Es decir, que harían su trabajo de investigación a fondo. Sin embargo, las indagaciones del presidente de la comisión, de los panistas Obdulio Ávila y Antonio Valladolid; del priista Raul Cervantes; del diputado de Convergencia, Armando García Méndez; y el del Partido Nueva Alianza, Miguel Angel Jiménez Godínez, se limitaron a llamar a comparecer a dos funcionarios: el director de Pemex-Refinación, José Antonio Ceballos Soberanes, y el secretario de la Función Pública, Savador Vega Casillas, así como el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Tirso Martínez. Además, acudieron al Registro Público de la Propiedad de Campeche para solicitar la certificación de las actas constitutivas de Ivancar y Grupo Energético del Sureste, las cuales, por cierto, hacía meses que eran públicas e incluso se habían detallado en diversos medios de información. Durante la entrevista, López Adame repitió los argumentos que tanto Pemex como la SFP expusieron durante sus comparecencias y con los que eludían de toda responsabilidad a Juan Camilo Mouriño. Por ejemplo, al cuestionarlo sobre la legalidad de los convenios --objeto de estudio de la comisión-- y sobre si un convenio puede estar por encima de la ley, respondió: “En 1993 la Secodam (la extinta Secretaría de la Contraloría) dijo que no le era aplicable la Ley de Adquisiciones vigente porque sería retroactiva… Y lo que quiere establecer esta comisión es qué es más barato para Pemex, licitar o la adjudicación directa.” --Esa fue la opinión de la Secodam, pero desde su punto de vista, ¿un convenio puede estar por encima de la ley? Porque lo que ustedes investigan es la “legalidad” del contrato, no lo que es más barato para Pemex. --No. Definitivamente un convenio no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales y la retroactividad es un principio constitucional. López Adame se refería a la Ley de Adquisiciones --modificada en 1996--, la cual establece que todos los contratos de obra deben licitarse, a excepción de los casos en que puedan existir pérdidas o costos adicionales para el Estado; y como el convenio marco sobre el cual se basan los contratos entregados a Juan Camilo Mouriño se firmó en 1993, la Secodam determinó que la ley no se puede aplicar retroactivamente. Sin embargo, aunque la Secodam estableció que no se podía obligar a Pemex-Refinación licitar la obra o servicio que contrata, el artículo 134 de la Constitución --que está por encima de la Ley de Adquisiciones y de todo convenio--, en su párrafo segundo establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, “se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”. El 27 de julio de 2006, motivados por la celebración de convenios iguales que Pemex-Refinación entregó a otras empresas, los entonces diputados federales Sofía Castro, del PRI, y Jesús González Schmall, de Convergencia, denunciaron la ilegalidad de dichos contratos; incluso le remitieron copia al entonces titular del órgano de control interno de Pemex, Gregorio Guerrero Pozas, recién nombrado contralor del Instituto Federal Electoral por los diputados que hoy investigan a Juan Camilo Mouriño. En su argumentación, los exlegisladores presentaron el acuerdo del 3 de marzo de 2003 del consejo de Administración de Pemex, donde se pide dar por terminado el convenio de 1993 que Pemex-Refinación signó con la Canacar y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Transportistas A.C. Curiosamente presenta como argumento la opinión de la Secodam. Pero ambas asociaciones se ampararon y un juez les dio la razón. Esto dio lugar a que Pemex-Refinación tratara de negociar con ellas; solo lo aceptó la Canacar --agrupación a la que pertenece la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño y donde participan 143 empresas, la otra agrupación aglutina sólo a nueve--, a cambio, Pemex-Refinación le ofreció a Canacar el 5 de octubre de 2004 un nuevo convenio que entró en vigor hasta el 26 de enero de 2005, con una vigencia “hasta de cuatro años”, pero sólo si se desistía de las acciones legales emprendidas por los transportistas. Entre los beneficios estaría nuevamente la adjudicación directa y que los contratos o convenios fueran “multianuales”, incluso Ivancar, de Juan Camilo Mouriño, cuenta con un contrato de este tipo firmado el 1 de junio de 2005 con una vigencia al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de 39 millones 646 mil 477.27 pesos, formalizado por Oswaldo Machado, subgerente de Operaciones. La Asociación no aceptó y aún mantiene un litigio con Pemex; pero la paraestatal no justificó las razones de la adjudicación directa, sino hasta el 2 de marzo de 2005. La Ley de Adquisiciones, en su artículo 41, párrafo III, permite la adjudicación directa sólo cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados”. Sin embargo Pemex, en su reunión del Consejo de Administración del 10 de diciembre de 2004 se comprometió a “elaborar un análisis del costo-beneficio con la participación del Órgano Interno de Control de Pemex-Refinación pero de la documentación con que se cuenta (dicen los demandantes), no se desprende la existencia de ese análisis”. Pero no sólo eso, Pemex puso como justificación para recurrir a la adjudicación directa para Canacar que el servicio que ellos prestan tiene un costo asociado de 200 millones de dólares al año para el Sistema Nacional de Refinación “debido a que 21 terminales de almacenamiento y distribución, la red aeroportuaria y refinerías del sistema únicamente pueden recibir sus productos por medio terrestre, con un costo social derivado del desabastecimiento y probables bloqueos a instalaciones de Pemex, lo que conllevaría a un riesgo económico, político y social”, se lee en el “Dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, de la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, fechado el 2 de marzo de 2005. En su demanda, los exlegisladores señalan que la “adjudicación directa la fundamenta (Pemex) en el artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones y no se acreditan a ciencia cierta los supuestos para inferir pérdidas o costos debidamente justificados y la Gerencia de Transporte Terrestre dictamina sólo con base en especulaciones”. Otro dato que llama la atención es que el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Pemex-Refinación, autorizó el 9 de marzo de 2005, la celebración de convenios mediante adjudicación directa a Canacar, cuando esto se había realizado desde el 26 de enero, “por lo que, al parecer, el Comité únicamente regularizó la adjudicación ya realizada… aunado a que no se rindió en tiempo el informe justificado por parte del Jurídico de Pemex, situación que resulta necesario analizar para conocer qué tanta influencia tuvo esa omisión en la concesión de la suspensión definitiva decretada a favor de la Canacar, con independencia de que se desistieron del juicio de garantías”. Todas estas aseveraciones que los exdiputados realizaron en su denuncia y que soportan con documentos, al parecer no fueron analizado por la comisión Mouriño encargada de investigar “la legalidad” de los contratos. Estos movimientos que realizó Pemex-Refinación y que beneficiaron no sólo a Ivancar, la empresa familiar del secretario de Gobernación, fueron ordenados por el entonces director de esta subsidiaria, Juan Bueno Torio, quien también benefició a empresas de sus familiares con este tipo de contratos. Bueno Torio, hoy senador de la República, fue quien dio la orden para que el citado “convenio marco” se negociara con la Canacar a cambio de que se desistiera del proceso judicial que abrió en contra de Pemex. La comisión Mouriño tiene de plazo el 13 de mayo para entregar su informe final a la Junta de Coordinación Política; los miembros del FAP no participaron en ella por considerarla una “comisión tapadera”.

Kikka Roja

EL MIEDO: USURPADOR FELIPE CALDERON: IFAI CAMIONETAS BLINDADAS

• Bajo reserva, especificaciones de los automotores, para evitar poner en riesgo su seguridad
• Presidencia deberá dar a conocer el costo del blindaje de los vehículos que usa Calderón
• El IFAI da un plazo de 10 días a Los Pinos para que entregue la información solicitada

Claudia Herrera Beltrán

La Presidencia de la República debe informar el costo del servicio de blindaje de los 21 vehículos al servicio del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, porque hacer públicos esos datos no pone en riesgo su integridad ni la de las personas que lo rodean, concluyó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Instruyó además a Los Pinos a que entregue a este diario copias de las facturas o de cualquier otro documento en el que consten las condiciones por la prestación del servicio de blindaje o bien si éste es de fábrica, donde indique el costo de los vehículos, de forma que no sea posible obtener el pago por unidad blindada. En los dos casos, dio un plazo de 10 días para cumplir con la resolución.

A la par, el IFAI determinó confirmar la reserva por 12 años de información relacionada con las características de dichas unidades y de su blindaje, porque según la Presidencia su publicidad pondría en riesgo la seguridad e integridad del presidente ante posibles atentados o cualquier agresión de la “delincuencia organizada”. Al revocar la reserva de parte de la información solicitada, el IFAI argumentó que inclusive hizo una búsqueda en Internet sobre empresas blindadoras y encontró que, si bien publican información referente a los niveles de blindaje, no ofrecen el costo de los mismos. Por lo anterior, “es posible afirmar que la divulgación del costo del servicio del blindaje de los 21 vehículos al servicio del Presidente no pone en riesgo su integridad ni la de las personas que lo rodean, en virtud de que el monto no hace identificable el nivel o tipo de blindaje de los automotores; de ser el caso contrario, procedería la conformación de la clasificación con fundamentos en las causales analizadas”, consignó el comisionado Alfonso Gómez-Robledo, ponente del caso.

También ordenó a la oficina presidencial que dé acceso a las facturas por el servicio del blindaje, al tratarse de documentación mediante la cual se transparenta la gestión pública y se favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos. Pero en caso de que en estos papeles se encuentren datos correspondientes a las especificaciones técnicas de los niveles de seguridad del blindaje de los vehículos o aquella que permita identificar a los mismos, la Presidencia de la República deberá elaborar una versión pública de la documentación solicitada en la cual omita dicha información. Por otra parte, coincidió con Los Pinos en que causaría daño la información acerca de la identificación plena de vehículos, porque permitiría conocer las capacidades de seguridad y ubicación (patrones de rutas) de los automores que tienen por objeto salvaguardar la integridad física del Presidente, y provocaría que se vieran “neutralizadas” las acciones implementadas o planeadas por el Estado Mayor Presidencial.

De esta resolución se desprende que tampoco es conveniente identificar a las personas morales que llevaron a cabo el blindaje de los vehículos utilizados por el titular del Ejecutivo federal, ya que éstos pudieran ser sujetos de presión con objeto de que revelaran las especificaciones técnicas de automotores.

Reconocen riesgo de atentado

Originalmente la Presidencia clasificó los documentos referidos por 12 años y luego alegó ante el IFAI (en un documento recibido el 26 de febrero de 2008) que dar a conocer cuáles vehículos están blindados, su tipo de blindaje, qué empresas lo hicieron, las condiciones del contrato y proporcionar las facturas puede ocasionar que “se dificulten las estrategias para prevenir y combatir cualquier tipo de acción delictiva gestada para amenazar, afectar o dañar la integridad” de Calderón. Acerca de los montos pagados por el blindaje, fue más allá cuando señaló que su conocimiento “podría traer consigo que grupos de delincuencia organizada descubrieran al momento de saber el costo del equipo, el tipo de blindaje utilizado y existiera la posibilidad de que dichos grupos contrarrestaran con equipos de mayor o igual tecnología los grados de seguridad de cada uno de los vehículos a cargo del equipo de seguridad y logística del presidente, y así tuvieran la posibilidad de atentar contra la vida del titular del Ejecutivo, su familia, así como de los recursos humanos que trabajan en las oficinas del Ejecutivo”.

Esto, porque “normalmente se utilizan vehículos similares haciéndolos identificables”; además “estos datos pueden dar una idea precisa del nivel de fuerza que se requiere para llevar a cabo un atentado, el cual sin lugar a dudas puede efectuarse cuando se utilicen dichos vehículos al circular o encontrarse estacionados en la vía pública, incluso atendiendo la señal de alto en los semáforos”. Dicha circunstancia, añadió, “invariablemente afectaría también la tranquilidad e integridad de la ciudadanía, alterándose como consecuencia la seguridad pública y ocasionando esta situación un evidente riesgo a la seguridad nacional, ya que se estaría revelando información técnica o datos que son susceptibles de potenciar o actualizar amenazas, de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad en la materia”.

Kikka Roja

UOM: el IETU Empobreció a trabajadores asalariados

• A partir de este año perciben entre 100 y 500 pesos menos al mes, por impuestos
• Empobreció a trabajadores asalariados la reforma hacendaria, señala la UOM

Patricia Muñoz Ríos

La reforma hacendaria que entró en vigor en enero de 2008 ha resultado altamente regresiva para los trabajadores del país, ya que afecta a los trabajadores de nómina, incluyendo a los llamados asalariados de la clase media, y ha significado un mayor empobrecimiento para todos porque aumentó el pago que realizan por concepto de impuestos. Una investigación de la Universidad Obrera de México (UOM) revela lo anterior y plantea que, independientemente del nivel salarial en que se encuentren los trabajadores, a partir de este año perciben entre 100 y 500 pesos menos al mes, por el aumento de impuestos.

En cambio, los ejecutivos con salarios superiores a 150 mil pesos sólo pagarán 729 pesos más de gravámenes.

“La inequidad de este sistema tributario tiene su causa en las modificaciones introducidas por la nueva reforma hacendaria para calcular el impuesto sobre la renta (ISR) de las personas físicas”, porque el subsidio al empleo se integró en una sola tarifa y se sustituyó el crédito al salario, explica el análisis titulado La acumulación del capital y el presupuesto público, financiados por el fondo de vida de los trabajadores. El afán simplificador del cálculo del ISR de la actual reforma resultó ser contraproducente para los trabajadores, pues se les retiene mayor impuesto y eso redunda en menor ingreso, en un contexto en que han tenido que padecer, por más de dos décadas y media, topes salariales y la precarización de sus condiciones generales de trabajo, añade la investigación elaborada por Laura Juárez de la UOM.

Beneficios a corporativos

Hace ver que los trabajadores de México son causantes cautivos que por conducto del ISR y el impuesto al valor agregado (IVA), contribuyen con la mayoría de los ingresos fiscales, mientras los grupos empresariales nacionales y extranjeros seguirán pagando los impuestos más bajos del mundo, e incluso no pagarán, “como en el caso de la venta de Banamex al grupo financiero estadunidense Citigroup”, y también continuarán evadiendo al fisco, diferirán sus pagos y hasta les regresarán impuestos. El camino de la devolución de impuestos y el beneficio de créditos fiscales es muy conocido en la historia del país: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en el sexenio de Vicente Fox el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) benefició con créditos fiscales a los empresarios con 495 mil 807 millones de pesos. Esto significó que en cinco años de foxismo la SHCP benefició a la iniciativa privada con más de un billón 175 mil 498 millones de pesos, según planteó. Entre 2001 y 2005, sólo la devolución de IVA e ISR ascendió a 604 mil 366 millones de pesos, superando en 216 por ciento a la inversión privada en ese periodo, cuyo monto fue de 279 mil 832 millones de pesos.

Trabajadores pobres financian a empresas ricas

Por otra parte, la información detalla que en cuanto a los fondos de retiro, los recursos acumulados en las Afores sumaron en marzo más de 874 mil millones de pesos, equivalentes a 8.9 por ciento del PIB, y se destinaron a financiar 25 por ciento de la deuda privada, particularmente para otorgar préstamos y financiamiento a centros comerciales, empresas cementeras, industrias automotrices, industrias alimenticias y compañías de transporte. El informe añade que, por el contrario, los mismos banqueros reconocen que la gestión privada de las pensiones no garantiza un ingreso mínimo para vivir dignamente a las personas que se retiran laboralmente, pues las “proyecciones más optimistas indican que, con el sistema actual, un trabajador obtendrá una pensión equivalente a entre 20 y 30 por ciento del salario que tenía en el momento del retiro”.

Kikka Roja

Por la verdad histórica en el caso de Digna Ochoa

correo ilustrado

El 15 de mayo pasado, Digna Ochoa hubiese cumplido 44 años. El ignominioso dictamen de “suicidio simulado” y el no ejercicio de acción penal sobre este caso son una vergüenza para el sistema de justicia mexicano.

La familia Ochoa y Plácido ha librado una heroica batalla contra ese sistema y logró fueran autorizados peritajes que demuestran lo siguiente: Digna fue terriblemente torturada antes de su muerte; no pudo disparar con la mano izquierda y presentar la trayectoria e impacto de bala en donde fue recibido; su cuerpo no pudo girar y quedar en la posición en que fue encontrado y, contrario a lo que se argumentó inicialmente, el arma sí macula.

Digna sufrió años de amenazas, secuestro, intento de asesinato, tortura sicológica y física, y finalmente fue asesinada. Para justificar su muerte también se trató de desprestigiar su imagen.

Nunca se agotaron las líneas de investigación, ahora, en los recientes operativos en Petatlán, Gro., se vuelve a mencionar el nombre de Digna. Y las preguntas ratifican las respuestas, hay testigos y conocimiento en la PGJDF y en autoridades de Guerrero, que permiten vincular a Rogaciano Alva con el asesinato de la abogada.

Exigimos se investigue, enjuicie y castigue a los actores intelectuales y físicos.

Initiative Mexico (INIMEX), FoodFirst Information and Action Network (FIAN) y (KIOS), Hamburgo, Alemania; Centro Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista de Barcelona; Colectivo ContraImpunidad Andrea Caraballo (Uruguay); Centro Nacional de Comunicación Social, AC. (CENCOS); Comité Cerezo México; Red de Defensor@s 19 de octubre; Gral. José Francisco Gallardo y 92 firmas más

Kikka Roja

AMLO: Ante miles de brigadistas: Gobierno espurio y empresarios quieren privatizar

• Ante miles de brigadistas mexiquenses llama a la unidad para defender el petróleo
• “Gobierno espurio y empresarios quieren privatizar, pero se van a fregar”: AMLO
• Abrir las puertas de Pemex a los extranjeros nos regresaría a la época del porfiriato, sostiene

Ciro Pérez Silva (Enviado)
MONERO NARANJO

Tlalmanalco, estado de México, 18 de mayo. El cerco informativo con el que se pretende acallar al movimiento por la defensa del petróleo es una de las formas que tienen el “gobierno espurio” y la clase empresarial para defender intereses particulares y de grupo. “La razón, como la justicia, tardan en llegar, pero llegan y siempre la gente termina por tener conciencia; ellos creen que van a privatizar, pero se van a fregar”, afirmó Andrés Manuel López Obrador al reunirse con brigadistas de la zona oriente del estado de México.

Ante miles de simpatizantes que se dieron cita en los seis puntos de esta región, el tabasqueño condenó la actitud de los medios de comunicación, “especialmente de Televisa”, que ha dedicado mucho tiempo a publicitar el conflicto interno del PRD: “Ahí han estado duro y duro, pero cuando pasó el fraude electoral no dijeron ni pío, se quedaron callados porque no les convenía, eso no existió para ellos; igual sucede con los debates (sobre la reforma a Pemex); al primero le dedicaron tres minutos y al segundo nada”.

A toda esta manipulación que se ha dado por el conflicto en el PRD, los medios de comunicación se suman a “los comentarios voraces de la derecha, que quisiera que peleáramos para dejarles el camino libre, pero eso no lo vamos a permitir”, aseveró, para luego hacer un llamado a la unidad a las diferentes corrientes y expresiones del partido del sol azteca.

“Hay diferencias en el PRD, como en cualquiera de los otros partidos, pero no podemos elevarlas a rangos supremos, porque por encima de las diferencias está el interés de la patria; no debemos perder el tiempo peleando cuando tenemos que estar unidos por esta causa”, dijo a los brigadistas reunidos en Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Tlalmanalco, y también los convocó a llevar, casa por casa, el mensaje de la defensa del petróleo.

“¿Ustedes creen que aguantaríamos todos los ataques si no tuviéramos la convicción de que tenemos que sacar adelante al país, de que tenemos la razón? No hay espacio para el desánimo, es posible que nos cierren algunas puertas, pero no debe menguar el esfuerzo, nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos; ellos, el gobierno usurpador y los empresarios voraces, el PRI y el PAN, son los que deben avergonzarse, nosotros vamos a ir hacia adelante, con la frente en alto, lo vamos a hacer unidos”, apuntó.

Reunidos por miles, los brigadistas escucharon al tabasqueño explicarles “la gravedad que significa para el país la privatización del petróleo”. Especialmente con esto se abren las puertas a los empresarios extranjeros, como pretenden las iniciativas de reforma a Pemex, sostuvo.

“Sería muy grave que dejáramos pasar este agravio”, les dijo. “Abrir las puertas de Petróleos Mexicanos a extranjeros sería regresar el país al porfiriato; no necesitaríamos ya de un presidente, bastaría con un administrador, un empleado de los inversionistas extranjeros que, como entonces, volverían a tener el control económico y político de la riqueza nacional y del país entero; de ese tamaño es el problema al que nos enfrentamos”, aseveró.

López Obrador destacó que en esta lucha enfrentan no sólo al PAN, sino también al PRI, “que son la misma cosa, son propiedad ambos partidos, al igual que los medios de comunicación, bajo honrosas excepciones, de los potentados, que en el caso de los partidos compraron las franquicias. ¿Cómo votaron el PRI y el PAN el Fobaproa? Votaron igual ¿Cómo votaron las reformas al ISSSTE, con las que perjudicaron a dos millones y medio de trabajadores? Igual, no hay diferencia entre el PRI y el PAN. En el caso de la reforma a Pemex ya tenían incluso decidido el día en que la iban a aprobar, era el 24 de abril, por eso fue muy bueno lo que hicieron nuestros legisladores del Frente Amplio Progresista de tomar las tribunas de ambas cámaras y frenar de esa forma el albazo”.

En medio de gritos de condena de los brigadistas al PRI y al PAN, el tabasqueño insistió: “A los potentados no les preocupan esos partidos, les preocupa más este movimiento, porque está planteando verdaderos cambios y por eso no podemos bajar la guardia, porque es mucha el hambre de dinero, mucha la ambición de ese grupo que busca sólo el beneficio de unos cuantos”, subrayó.

Kikka Roja

HOY: FELIZ CUMPLEAÑOS 76 A ELENA PONIATOWSKA

La periodista, escritora y fundadora de La Jornada nació en París en 1932 y se nacionalizó mexicana en 1969
Elena Poniatowska celebra hoy 76 años de vida
Es autora de La noche de Tlatelolco, uno de los libros emblemáticos del movimiento estudiantil de 1968

De la Redacción

Plena de energía y de espíritu crítico, la escritora Elena Poniatowska cumplirá este lunes 76 años de edad en medio de una actividad incesante entre presentaciones de libros, conferencias y actos conmemorativos por los 40 años del Movimiento del 68. Multigalardonada periodista, narradora, defensora de causas sociales y una de las intelectuales más activas del país, Elena Poniatowska se ocupa no sólo de los aspectos políticos, sociales y económicos de esta sociedad, sino que comparte tiempo con las nuevas generaciones. Nacida en París el 19 de mayo de 1932 y naturalizada mexicana desde 1969, Poniatowska Amor presentó recientemente su quinto libro para niños: La boda en Chimalistac, donde recrimina la constante violencia que los infantes observan diariamente en los medios de comunicación. La autora, quien es abuela de 10 nietos, afirma que la lectura “nos marca desde la niñez, pero es terrible que ahora nos marque la televisión donde hay tanta violencia. Es importante que la literatura enseñe a resolver nuestros problemas”.

Heléne Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor, su nombre completo, es hija de la mexicana Paula Amor y del príncipe Jean E. Poniatowski, descendiente del último rey de Polonia. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45), su familia se exilió en México, país que desde entonces consideró su patria. Poniatowska comenzó su carrera literaria con colaboraciones para Excélsior, en 1953. A partir de entonces ha colaborado en la Revista Mexicana de Literatura, Estaciones, Ábside, Artes de México, en la de la Universidad de México, La palabra y el hombre, Punto, Equis y Proceso.

Es fundadora y colaboradora habitual de La Jornada y las revistas Fem y Debate feminista. También ha escrito en los periódicos Excélsior, Novedades, El Día, El Financiero, The News, Tabasco Hoy, Unomasuno y El Nacional. En 1955 dio a conocer su primer libro de cuentos, Lilus Kikus, al que siguieron De noche vienes (1979), así como la novela Hasta no verte Jesús mío (1961), que destaca particularmente en el subgénero narrativo testimonial. También es autora de un libro clásico: La noche de Tlatelolco (1971), texto con testimonios de la lucha estudiantil de 1968. En Querido Diego, te abraza Quiela (1978), Poniatowska recreó la historia amorosa entre Diego Rivera y Angelina Beloff, en forma epistolar, mientras que La flor de Lis (1988) es una novela autobiográfica, y Tinísima (1992) es una vasta investigación novelada sobre la fotógrafa italiana Tina Modotti.

Otros géneros abordados por la escritora son la entrevista y la crónica; muestra de ello son Palabras cruzadas (1961), Fuerte es el silencio (1980), Nada, nadie. Las voces del temblor (1988) y La luna y sus lunitas (1955). También ha sido conferencista en las universidades de Oxford, Cambridge, Munich, Francfort, Heidelberg, Colonia, París y Lyon, y profesora invitada en la Universidad de Texas, en Austin; Harvard, Princeton, Yale, Cornell, Berkeley y Stanford, entre otras. La fundadora de la Cineteca Nacional y de la Editorial Siglo XXI ha sido descrita como la escritora de aquellos sobre los que nadie escribe, la voz de los postergados, de las mujeres humildes, así como de grandes personajes como la pintora Angelina Beloff, Tina Modotti o Frida Kahlo. Entre los galardones que ha recibido destaca el premio literario Xavier Villaurrutia, en 1971; premio internacional Proartes, en Colombia, en 1997; el Gabriela Mistral, en Chile, y el de novela Alfaguara 2001, por su obra La piel del cielo.

En 2004 recibió la Medalla al Mérito Ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en reconocimiento a su trayectoria como periodista y escritora; también fue condecorada con la Legión de Honor del gobierno de Francia y el año pasado recibió el premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, entre otras distinciones. Poniatowska ha abarcado casi todos los géneros: novela, cuento, poesía, ensayo, crónica y entrevista. Ha escrito libros para niños, adaptaciones teatrales de sus obras y numerosos prólogos y presentaciones en libros de fotografía. Su obra ha sido traducida a idiomas como inglés, francés, italiano, alemán, polaco, danés y holandés, y su nombre figura en importantes antologías.

Kikka Roja

John M. Ackerman: ¿Otra simulación?

John M. Ackerman

El peor enemigo de la democracia es la apatía ciudadana. Cuando los ciudadanos ya no encuentran sentido en acudir a las urnas o responder a las convocatorias del gobierno, la brecha entre la clase política y la sociedad se abre y el sistema pierde vitalidad. Este distanciamiento es sumamente peligroso, pues ceder el espacio público a los políticos profesionales genera mayor indiferencia entre la población y engendra un círculo vicioso que pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.

La respuesta a la convocatoria actual para ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) constituye una clara señal de alarma. En noviembre acudieron 491 personas al llamado de la Cámara de Diputados. Hoy, al terminar el último día para recibir las solicitudes de los candidatos, el número probablemente no llegará ni a la cuarta parte de los interesados durante el proceso anterior. Una auténtica emoción ciudadana ante una inédita apertura del Congreso ha sido remplazada por el escepticismo y el desánimo de siempre.

Algunos seguramente atribuirán la reducción del interés ciudadano al incómodo proceso de interrogación a que fueron sometidos los candidatos el año pasado. En aquel momento sobraron voces que lamentaron la “falta de respeto” y las “descalificaciones” que marcaron las entrevistas a algunos participantes. Efectivamente, puede ser que estos ríspidos intercambios hayan espantado a un par de personas preocupadas por los esqueletos que guarden en el clóset.

Pero la causa principal de la falta de interés ciudadano no es el comportamiento de los diputados durante el proceso público de auscultación, sino la total opacidad de las negociaciones de la Junta de Coordinación Política, muy a pesar de los mejores esfuerzos de Javier González Garza por abrir las discusiones. En particular, la encerrona en San Lázaro la noche previa al nombramiento de los consejeros constituyó un ejemplo nítido de la permanencia de las más oscuras formas de negociación política.

Hasta la fecha, los ciudadanos no contamos con ninguna información confiable sobre el proceso de deliberación de los diputados. No sabemos quién propuso a quién, cuáles fueron los criterios de evaluación de los candidatos finalistas, cuáles fueron las diferentes opciones posibles en la mesa de negociación y bajo qué argumentos se vetó a algunos candidatos. El cotilleo y los reportes periodísticos son nuestras únicas fuentes.

En consecuencia, nos quedamos con la impresión de que la convocatoria pública fue una mera simulación. Pareciera que hubo dos caminos paralelos sin relación alguna entre sí: un proceso público diseñado para prestar legitimidad al resultado final y otra vía secreta en que los coordinadores parlamentarios pactaron para repartir el botín del Consejo General. ¿Para qué concursar ahora, si la única función de la convocatoria es legitimar una decisión previamente acordada a espaldas de la ciudadanía?

Sin embargo, tal reacción es contraproducente, pues deja libre el camino a los políticos tradicionales. Por ejemplo, ante el reducido número de candidatas, Diódoro Carrasco ya ha anunciado su intención de romper con el acuerdo formal plasmado en la convocatoria de elegir tres mujeres en esta ronda. Hoy, en lugar de replegarnos y escondernos en un caparazón de apatía e indiferencia, habría que redoblar los esfuerzos por transparentar el proceso de selección.

Además, es incorrecto que la convocatoria no hubiera influido en el proceso de selección anterior. La auscultación pública movió el tablero de la negociación de manera importante. Cayeron algunos de los candidatos más fuertes y surgieron otros que no habían sido tomados en cuenta. En esta ocasión los ciudadanos deben pugnar por tener mayor influencia que el año pasado.

Tal como propusimos durante el proceso anterior, debemos exigir que las discusiones en el seno de la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. Habría que ver hasta qué punto los legisladores realmente toman en cuenta las trayectorias y el conocimiento de los candidatos o simplemente se guían por filias y fobias. De otra forma se fortalecerá el escepticismo y llevará a graves repercusiones en la participación ciudadana tanto para la siguiente selección de consejeros como en las próximas elecciones federales. Este esparcimiento de la apatía podría poner en riesgo la vigencia del mismo sistema democrático que tanto nos ha costado construir.

P.D. Hoy a las 18 horas en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se inaugura un importante seminario internacional, que continuará hasta el miércoles, organizado por el laboratorio anticorrupción del IIS-UNAM y FUNDAR, que será fundamental para la comprensión del futuro de la transparencia en el país. Asimismo, el próximo martes 27 y miércoles 28 de mayo tendrá lugar el seminario El futuro del derecho electoral: los retos de la reforma, organizado por un servidor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Kikka Roja

Plan Mérida, renuncia a la soberanía

editorial

El Comité de Gastos del Senado estadunidense impuso una serie de condicionamientos para la aprobación de los fondos del acuerdo de combate al narcotráfico y la inseguridad llamado Iniciativa Mérida o Plan México. Entre los requisitos están la certificación, por parte del Departamento de Estado del país vecino, del inicio, en el nuestro, de “reformas legales y judiciales”; el establecimiento, a cargo de las autoridades de Washington, de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas a fin de garantizar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o (en la) corrupción”.

Asimismo, la instancia legislativa exige que la oficina que encabeza Condoleezza Rice certifique que “México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonios obtenidos por medio de tortura”. Por añadidura, se pretende que agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos operen en México para “rastrear armas usadas por traficantes de drogas”.

Para nadie es un secreto el alto grado de participación de las corporaciones policiales y castrenses en violaciones graves a los derechos humanos, y no escapa que en las primeras las organizaciones delictivas han logrado infiltrarse hasta grados alarmantes y escandalosos. No es un hecho desconocido, tampoco, la persistencia de la tortura en nuestro país.

En este sentido, las demandas del Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos podrían resultar moralmente plausibles, de no ser por su descarado injerencismo y por su rotunda hipocresía.

Por un lado, se pide que una instancia del gobierno de Washington apruebe o desapruebe el desempeño de un Estado soberano en ámbitos particulares –el de los derechos humanos y el de la probidad–, en lo que constituye un intento por volver a los infames procesos de “certificación” vigentes hasta hace unos años, por medio de los cuales el Departamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, no en función de su compromiso con las garantías individuales o contra la criminalidad, sino a partir de afinidades y desencuentros políticos e ideológicos, o bien como forma de ejercer presiones intervencionistas.

El gobierno mexicano mantuvo siempre, en forma correcta, un rechazo inequívoco a la pretensión de las autoridades del país vecino de arrogarse el derecho de calificar a otros países. Hoy en día, sería lisa y llanamente inaceptable que la administración calderonista aceptara someterse, en la materia que fuera, al escrutinio y la certificación de Washington. Para una presidencia ya señalada como entreguista por diversos sectores –especialmente por su afán de trasladar segmentos enteros de la industria petrolera al control de intereses trasnacionales– y afectada por un déficit de legitimidad de origen, tal claudicación tendría severos costos políticos internos, y cabe esperar que imperen la sensatez y el sentido de nación.

Permitir a una potencia extranjera, sea cual fuere, que conforme una base de datos para realizar un “escrutinio” de las fuerzas armadas mexicanas sería una escandalosa abdicación a las obligaciones básicas en materia de seguridad nacional, difícilmente imaginable en cualquier país. Al margen de otros aspectos impugnables de la Iniciativa Mérida, la sola exigencia formulada por el comité sería motivo suficiente para renunciar a la aplicación de ese acuerdo.

Por otra parte, la exigencia estadunidense de verificar el respeto a los derechos humanos en otras naciones constituye una pretensión grotesca y disparatada, habida cuenta de que, a escala planetaria, la superpotencia es la principal violadora de tales derechos. Abu Ghraib, Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, el severo recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak son referentes ineludibles de un gobierno que ha convertido el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles y el terrorismo en general en política de Estado.

Por añadidura, la administración de George W. Bush ha dictaminado que la tortura es legal, a condición de que no se le llame así. Con esos antecedentes, Washington carece de la menor autoridad moral para acusar o absolver a terceros países. En el nuestro, y ante la persistente y masiva impunidad de que disfrutan servidores públicos que atropellan a los ciudadanos, la lucha por la vigencia de los derechos humanos dista mucho de haber concluido. Pero Estados Unidos no es, en absoluto, un referente de respeto y de legalidad en este terreno.

Kikka Roja