Gabinetazos: José Antonio Crespo

Horizonte político José A. Crespo Gabinetazos El vocablo “gabinetazo” puede referirse bien a un golpe de timón dentro del gabinete presidencial (o del Ejecutivo estatal), bien a una forma sarcástica para hablar de un equipo de gobierno débil, ineficaz y gris (contrariamente a la connotación de excelencia que originalmente quiso darle su autor, Vicente Fox). En el escándalo provocado por la difusión de grabaciones telefónicas a Luis Téllez y en su remoción como desenlace lógico, caben ambas acepciones. De lo cual surgen algunas reflexiones: 1) El gobierno es vulnerable al espionaje, incluso en sus más altos niveles, pero también lo es al chantaje ejercido a partir de la información ilícitamente obtenida. Los funcionarios tendrán que cuidarse de lo que digan, no sólo en sus declaraciones públicas, sino también en sus conversaciones telefónicas y además en pláticas privadas. 2) Y aunque en cada escándalo derivado del espionaje se asegura que se encontrará y se va a castigar a los responsables, eso jamás ocurre. Lo cual refleja la gran ineficacia de nuestros aparatos de inteligencia y justicia. Pues, aun cuando se sabe a ciencia cierta quién ejerció el espionaje, no se aplica la ley. A Carlos Ahumada se le encarceló por otras infracciones, mas no por el espionaje que él mismo practicó sobre sus diversos interlocutores (los conocidos y los no conocidos). ¿Para qué entonces repetir el despliegue declarativo de que se indagará y se va a encontrar a los responsables, “caiga quien caiga”, lo que a estas alturas probablemente ya nadie cree? Pero, más allá de la sanción legal, una de las claves para entender cabalmente lo sucedido, es saber quién hizo tales grabaciones (no lo sabremos). 3) Téllez se volvió insostenible para Felipe Calderón pese al gran servicio que le prestó en el manejo público del incidente aéreo en el que perdió la vida Juan Camilo Mouriño. A partir de la divulgación de las grabaciones, Téllez perdió toda capacidad de interlocución eficaz. Y es que tales cintas sugerían un grave desacato judicial del secretario, además de falta de disciplina y de lealtad hacia su jefe. No por casualidad, su sustituto en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, resaltó la lealtad y la obediencia hacia su jefe y amigo, al tomar posesión: “Comprometo en esta misión mi lealtad absoluta… Esté usted seguro de que en todo momento acataré sus instrucciones”, con lo que sugirió indirectamente que su antecesor fue indisciplinado y desleal. 4) Pero el nombramiento de Molinar, quien no tiene experiencia en el conflictivo ramo de las comunicaciones, suscita nuevamente el dilema de los gobiernos panistas entre lealtad y experiencia. Lo mismo le ocurrió a Fox, cuando algunos de sus secretarios reclutados fuera de su círculo íntimo no le respondieron como él quería y necesitaba, y los sustituyó por amigos leales aunque no supieran casi nada del ámbito en que se les designaba. Recordemos el desastre que dejó Luis Ernesto Derbez en Relaciones Exteriores (al cual se refirió Calderón a principios de este año). Y, también, al salir Rafael Macedo de la Concha de la PGR, Fox lo sustituyó con un hombre leal y confiable, pero neófito: Daniel Cabeza de Vaca. Los panistas le reclamaron también a Fox haber nombrado al ex priista Alfonso Durazo como su secretario particular, tras cuya defección el guanajuatense reconoció haberse equivocado. Narran Rubén Aguilar y Jorge Castañeda que Rodolfo Elizondo le envió a Fox una frase de Vaclav Havel, a propósito del nombramiento de Durazo: “Más vale inexperiencia temporal que sabotaje permanente” (La Diferencia, 2007). Una idea que quizá también le haya recordado el PAN a Calderón con motivo de algunos de sus colaboradores priistas o ex priistas, que secretamente añoran la época del PRI. 5) Al dilema entre lealtad y experiencia se refirió Calderón no hace mucho, cuando se le preguntaba sobre el caso de Mouriño en Gobernación. Felipe respondió, como es lógico suponer, que lo prioritario es la lealtad, pero que ello no implica ineficacia o falta de destreza: “Yo creo que lo más importante precisamente es lealtad (pero) no es un tema de lealtad nada más, también es un tema de competencia y capacidad y (mis colaboradores) la tienen” (01/09/08). Así lo afirma también el senador Gustavo Madero al referirse a la inclusión de Molinar al gabinete: se trata de un “gobierno de cuates”, sí, pero “cuates muy capaces”. Molinar —se ha dicho con razón— tiene sentido político (aunque no se percató de algo evidente: que el desafuero contra Andrés López Obrador, en 2005, sería un desastre). Veremos su capacidad de aprendizaje en comunicaciones. 6) El nombramiento de Molinar como secretario de Estado abre la baraja calderonista para la sucesión presidencial. Se trata ya de una tradición, heredada del régimen priista, que es un requisito estar o haber estado en el gabinete para perfilarse como candidato del partido gobernante. Calderón difícilmente lo hubiera sido de no haber pasado por la Secretaría de Energía, por más que la torpeza política de Fox lo haya orillado a abandonar el gabinete prematuramente. Dada la escasez —por no decir inexistencia— de caballos calderonistas, Molinar podría tener buenas probabilidades. Y, desde luego, ganas no le faltarán, por lo cual es probable que los encuestadores incluyan desde ahora su nombre. Mientras tanto, continúa Santiago Creel en la cima de las preferencias blanquiazules, bajo la estrategia que antes aplicó Calderón: aglutinar el descontento y la disidencia dentro del PAN. Pero, dicen muchos, Calderón no es Fox. Muestrario. Y a propósito de cambios, Consuelo Sáizar hizo un estupendo trabajo en el Fondo de Cultura Económica, experiencia que le será útil en la difícil misión que ahora se le encomienda.

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José A. Crespo: Lo que el vocero quiso decir: (pactar con el narco)

06-Ene-2009 Horizonte político José A. Crespo Lo que el vocero quiso decir Al finalizar el año pasado, Rubén Aguilar, ex vocero oficial de Vicente Fox, levantó gran estruendo con sus declaraciones al diario Frontera, de Tijuana. Hasta donde entiendo, lo dicho y aclarado por Rubén se refiere a una estrategia frente al narcotráfico, distinta de la seguida por Felipe Calderón, que no tiene buen rumbo. Rubén parte de la premisa, a mi parecer correcta, de que al narcotráfico no se le puede derrotar por la vía policiaca o la militar, por más que el gobierno lo repita como mantra sagrado y los ciudadanos nos hagamos ilusiones al respecto. Se puede apresar o incluso matar a algunos capos, que otros los sustituirán de inmediato. Se pueden expropiar miles de armas —incluidos aviones y submarinos— que muchas más quedarán sin ser localizadas. Se pueden decomisar millones de dólares en efectivo, que muchos más seguirán en los bolsillos de los capos y de sus socios y cómplices en las diversas agencias del Estado y en el sistema financiero. Se puede desarticular incluso uno o más cárteles, que otros llenarán ese vacío. Por ejemplo, la desarticulación de poderosos cárteles de Colombia y la prisión o muerte de importantes capos no impidió que ese país siga siendo el mayor productor de cocaína. El narcotráfico es como el Ave Fénix: resurge una y otra vez de sus cenizas. Pensar que eso puede acabarse con la violencia del Estado es ingenuo; más bien, los capos responden a la guerra con mayor violencia, con terrorismo, como un avispero al que se le ha dado de palos. No se trata —creo entender a Rubén— de pactar con los capos de manera formal, con documentos firmados y festejados en un acto público, sino de establecer los límites de acción de ambas partes o simplemente “hacer la vista gorda”, como en mayor o menor medida lo hicieron varios gobiernos del PRI —y por eso la inseguridad y la violencia asociadas al narcotráfico eran menores que hoy—. El ex vocero parece proponer en México reflexionar sobre la estrategia de pactar informalmente ciertos límites con los capos, dada la imposibilidad de derrotarlos, por un lado, y la dificultad política para legalizar las drogas, por otro. Sus declaraciones han generado airadas reacciones: incluso lo han tachado de loco o irresponsable. Pues loco e irresponsable tendrán también que considerar a un futuro presidente —de cualquier partido— cuando, ante el fracaso de la irracional estrategia actual —que genera miles de muertes inútiles—, tenga que modificarla. Y, desde luego, la pregunta que de inmediato surgió con la declaración de Aguilar es si entonces Vicente Fox pactó con los narcos. Para quien sepa algo del tema, es evidente que no. Es cierto que Fox estaba consciente de que uno de los mayores obstáculos para combatir a los capos era su enorme infiltración de las estructuras del Estado: “El narcotráfico no puede separarse totalmente del Estado mexicano; si ha podido desarrollarse y crecer a estos niveles es porque existe corrupción y colusión con los funcionarios públicos; jamás se podrá ganarle la batalla al narco si el enemigo forma parte del propio gobierno y la policía” (A Los Pinos, 1999). Una visión más precisa que la que tuvo Felipe Calderón al iniciar sus operativos contra los capos. Pero eso no significa que Fox haya pactado con los narcos; por el contrario, les declaró de inmediato una “guerra sin cuartel”. Cuando así lo anunció, escribí un artículo señalando que, de tomárselo Fox en serio, terminaría su sexenio en medio de gran descontrol y violencia, producto de esa guerra, como en efecto ocurrió. Comenté el tema con Adolfo Aguilar Zinser, entonces consejero de Seguridad Nacional. Nunca supe lo que pensaba Adolfo al respecto, pero me quedó claro que Fox sí hablaba en serio. Y por eso terminó su sexenio con una mayor inseguridad y violencia en el territorio nacional de las que nunca habíamos visto por esa razón (aunque ese récord ya fue superado por Calderón). Dice ahora Fox: “Cuando fui elegido en 2000, inmediatamente atacamos a los narcotraficantes… Pero cuando se enciende la luz en las esquinas, las cucarachas huyen. La presión que aplicamos dio por resultado una terrible oleada de violencia entre los jefes de los cárteles” (La revolución de la esperanza, 2008). Así fue. La macabra danza de las cabezas cercenadas se inició en la última etapa del gobierno de Fox. Y, por cierto, eso de que “estamos ganando aunque no lo parezca” no es una aportación teórica de Eduardo Medina-Mora; así lo sostuvo también el gobierno de Fox, justo a través de su vocero. Sin arrepentirse de su estrategia, el ex presidente terminó reconociendo que perdió esa batalla: “A fin de cuentas, mi gobierno fue insuficiente en esta área”. Y expresó su confianza de que a su sucesor le fuera mejor: “Calderón tiene la gran capacidad de lidiar con los asuntos que yo no pude resolver, como la seguridad y la lucha contra el crimen” (12/feb/07). Eso no se ha visto aún. Pero, a diferencia de Fox, Calderón difícilmente reconocerá su probable fracaso, incluso si fuese rotundo y flagrante. Hay quienes piensan que el Estado debe enfrentar a los cárteles sin importar el costo, para después pactar con ellos sobre una base de fuerza; pero no estoy seguro de que esta guerra esté afectando letalmente al narcotráfico. Los debilitados, en cambio, parecen ser el Estado y sus aparatos de seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional sostiene correctamente que: “El narcotráfico ha puesto en riesgo la viabilidad del país” (28/nov/08). Sí, pero no por el consumo de drogas, sino debido al combate militar y policiaco a su oferta. Aguilar dice hoy —creo que con razón— que con la estrategia de guerra frontal no se llegará a ningún lado, como no sea a un mayor nivel de inseguridad pública, violencia callejera y debilitamiento del Estado. Al menos, es lo que a mi juicio en realidad quiso decir el ex vocero de Fox.

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José A. Crespo: Golondrina que no hace verano: Ebrard podría constituir precedente: calambre a felipillos calderonistas

Marcelo Ebrard politico de izquierda honesto, los medios abusan de las campañas negras, tanto que la gente se da cuenta: la televisión del gobierno espurio, miente.

11-Jul-2008 Horizonte político José Antonio Crespo Golondrina que no hace verano La respuesta que finalmente dio Marcelo Ebrard a la crisis política provocada por el atropello del News Divine —producto de la absurda criminalización de los jóvenes— se aproxima a lo esperado en una democracia: hubo rendición de cuentas de altos funcionarios que, de acuerdo con la Comisión capitalina de Derechos Humanos, resultaron éticamente responsables (lo que genera una sanción política, mas no penal). La norma en México es que los gobernantes protegen a sus colaboradores, aun si éstos tienen demostrada responsabilidad en un acto de corrupción, violación a los derechos humanos o algún otro tipo de abuso de poder. En casos escandalosos, cuando más, se llama a cuentas a funcionarios menores, para así salvar la cara, como sucedió en el Estado de México en torno a la brutalidad de Atenco. En otros casos simplemente “les vale wilson” lo que piense la opinión pública. Ahí están, quitados de la pena, los Mario Marín, los Ulises Ruiz, los Vicente Guerrero, sólo por mencionar a los más recientes. Y en otras ocasiones incluso se premia a quienes violan derechos humanos, como sucedió con los agentes federales que participaron también en el violento operativo de Atenco, gratificados por Eduardo Medina-Mora, entonces secretario de Seguridad Pública. Nadie sugirió, ni de lejos, la renuncia de ese funcionario cuando avaló esos abusos premiando a los perpetradores. Podemos suponer que, en un primer momento, Ebrard se resistió a sacrificar a sus colaboradores, en particular a Joel Ortega, cercano a él política y personalmente, además de haber demostrado eficacia por años. Y el colmo fue la autoinvestigación hecha por la Procuraduría capitalina en la cual, evidentemente, se exime a sí misma. Eso de ser juez y parte es una aberración antidemocrática, todavía habitual en México. Muchos se quejan de que los funcionarios removidos no hubieran presentado ellos mismos su renuncia o que Ebrard de inmediato no los hubiera cesado. Eso puede suceder en Japón, pero es mucho pedir en el país de la impunidad. Desde luego, cuando los gobernantes deciden llamar a cuentas a sus colaboradores, suele deberse menos a sus convicciones democráticas que a la presión de la opinión pública y el consecuente costo político de optar por la impunidad. Pero no restemos reconocimiento a Ebrard: el comportamiento adecuado a la democracia podrá no ser fruto de convicciones o de compromiso personal al menos no es esa la norma aquí—, pero sí de las circunstancias políticas y de la sensibilidad para comprenderlas adecuadamente. Pues hay muchos gobernantes —en México predominan— que aun en tales condiciones simplemente hacen oídos sordos ante la demanda popular de justicia. Lo que con realismo podemos esperar de nuestros gobernantes no es tanto una plena personalidad democrática —si es que eso existe—, sino, al menos, la inteligencia y la sensibilidad para responder a las demandas ciudadanas ante el abuso y la injusticia. Para lo cual ayudan mucho la fuerza de las instituciones y la opinión pública, que precisamente obligan a los gobernantes a rendir cuentas (o llamar a cuentas a sus colaboradores), lo que eleva significativamente el costo de no hacerlo. De ahí que la decisión de Ebrard podría constituir un precedente, al menos en la capital, donde abusos y negligencias generen consecuencias políticas a los responsables. Nada garantiza que así sea, pues también el olvido y los retrocesos resultan parte de nuestra cultura política. De cualquier modo, en otras entidades, y a nivel federal —donde prevalece la impunidad—, tendremos que seguir esperando para ver algo semejante. Tampoco debemos mostrarnos satisfechos, pues, como el operativo en el Divine reflejó la putrefacción del sistema de seguridad, el cambio prometido debe ser radical y eficaz. Lo que no se ve fácil. ¿Podremos tener un cuerpo policial que en verdad rompa con los ancestrales vicios de corrupción, extorsión ciudadana y violaciones a los derechos humanos? ¿La nueva estructura no caerá rápidamente de nuevo en esas tentaciones? En esto es inevitable mostrar un razonable escepticismo. En todo caso, se trata de un reto y una oportunidad para el jefe del Gobierno capitalino. Debe destacarse igualmente el desempeño y la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, algo a lo que tampoco estamos acostumbrados. En otros estados vemos algunas comisiones dignas y otras que están subordinadas por completo al gobierno respectivo. Y a nivel nacional, si bien es cierto que en ocasiones vemos informes y recomendaciones a la altura, en otras hemos testificado malabarismos retóricos, turbiedad y encubrimiento, como claramente fue el caso de Zongolica. En el desenlace político de esta tragedia mucho contó la atención que los medios le prestaron y la fuerte presión que ejercieron. Enhorabuena. Es parte de la función que los medios pueden y deben cumplir en la exigencia de rendición democrática de cuentas. Alexis de Tocqueville, esmerado estudioso de la democracia estadunidense, decía sobre la prensa: “Es ella la que, con ojo siempre vigilante, pone sin cesar al descubierto los secretos resortes de la política y obliga a los hombres públicos a comparecer ante el tribunal de la opinión”. Me temo, sin embargo, que dicha presión en parte fue motivada por el signo partidista del gobierno involucrado, pues en casos semejantes de otros estados o del gobierno federal no hemos visto esa misma intensidad. Ojalá los medios hagan a un lado sus propios partidarismos y compromisos políticos, promoviendo en cambio la rendición de cuentas como principio universal y no particularizado, poniendo como prioridad a las víctimas de los abusos, cualquiera que sea la bandería del perpetrador. Sería sumamente sano para nuestra vida pública y maltrecha democracia.

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Jose Antonio Crespo : El PAN en Gobernación

Horizonte político José A. Crespo El PAN en Gobernación Durante el régimen priista, la Secretaría de Gobernación llegó a constituir el eje del gobierno. Se le consideraba una supersecretaría y, a su titular, el hombre más poderoso después del Presidente de la República (lo que empezó a cambiar con Salinas de Gortari). Y, por eso mismo, en la etapa dorada del régimen, quien ocupara dicha dependencia se posicionaba fuertemente para ser el candidato oficial y, por ende, el siguiente mandatario. Al menos eso empezó cuando los civiles sustituyeron a los generales. Miguel Alemán, el primer presidente civil de la posrevolución, surgió de esa cartera. Igualmente lo hicieron Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría (Adolfo López Mateos fue secretario del Trabajo). Y por eso Mario Moya Palencia, titular de la Segob durante el echeverriato, anticipó vísperas. Pero estábamos ya en vísperas del fin de la era dorada del régimen, para entrar en su fase de agotamiento, en la que la élite política tradicional (de abogados) fue dando paso a la tecnocracia. José López Portillo y Miguel de la Madrid, siendo abogados, se desempeñaron ya en la rama económica (Hacienda y Programación y Presupuesto). Desde Echeverría, ya ningún Presidente ha emanado de la Secretaría de Gobernación. Pero el mítico halo de esa dependencia sigue vivo. Por eso, varios buscadores de poder han intentado ocupar esa cartera o, estando en ella, han echado vuelo a su imaginación (como les ocurrió a Manuel Bartlett, Fernando Gutiérrez Barrios y Emilio Chuayfett). También, Esteban Moctezuma fue de inmediato considerado el delfín, tan pronto pisó el Palacio de Covián. Y, desde luego, todavía el candidato oficial en la contienda de 2000 salió de Gobernación aunque, para su mala suerte, en esa ocasión le tocó al PRI perder por primera vez. Pero tampoco es casual que Santiago Creel, ya en un gobierno panista, siendo el delfín de Vicente Fox, haya elegido Gobernación como su trinchera, creyendo que desde ahí sería más fácil lograr la candidatura presidencial (probablemente fue a la inversa). Y por eso también, al iniciarse este gobierno se empezó a especular sobre las posibilidades de Francisco Ramírez Acuña, por ocupar esa cartera, así no hubiera ningún elemento sólido para considerarlo seriamente como presidenciable (según quedó ya confirmado). Y no es casual tampoco que ahora se haya desatado mucho ruido sobre las aspiraciones y el potencial de Juan Camilo Mouriño. Que Mouriño diga que llegar a Los Pinos no está en su horizonte, en México se entiende, en automático, como que desde luego lo está (también como herencia de la cultura política priista). Es ya más mito que realidad que Gobernación sea la antesala de Los Pinos, como sí lo fue hace ya mucho tiempo. Pero más allá de las prematuras aunque inevitables especulaciones sucesorias, el hecho es que Gobernación dejó de ser el eje del gobierno, sobre todo con la llegada del PAN al poder. Ese partido no parece saber bien a bien qué hacer con esa dependencia. Y eso puede deberse a condiciones distintas, pero complementarias: que en virtud del fin del régimen de partido hegemónico, el secretario de Gobernación (quienquiera que sea), no tiene los elementos políticos que tenían sus antecesores. En efecto, los recursos políticos y económicos de que hoy dispone Gobernación no tienen parangón con los que disponían sus titulares en la era dorada del PRI. No porque ahora ya estemos en democracia, que no lo estamos, sino porque ya no vivismos en un régimen de hegemonía presidencial y partidista (pues de lo segundo no se sigue automáticamente lo primero, como muchos sostienen). También cuenta la adjudicación de algunas funciones tradicionales de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública, lo que resta a la primera instrumentos de innegable eficacia. Pero otra posible explicación del desdibujo de Gobernación en tiempos del PAN es que los panistas (viejos o nuevos) no saben cómo manejar políticamente una cartera así. Santiago Creel logró operar algunos temas como diputado federal, pero en Gobernación no hizo prácticamente nada (salvo pensar en su entrada triunfal a Los Pinos). Se le fue de las manos el asunto de San Salvador Atenco lo que marcó al foxismo como ineficaz y participó de lleno en la inhabilitación política de Andrés López Obrador lo que marcó al foxismo como antidemocrático. Más allá de eso, no hizo sino vigilar el uso adecuado del Himno Nacional e intercambiar permisos de juego por spots televisivos para su campaña interna. Su sucesor, Carlos Abascal, cuya principal responsabilidad era conducir exitosamente la elección presidencial, perdió rápidamente el control de ella (si bien no era fácil sacarla adelante con un Presidente que decidió contender también, dispuesto, además, a ganarla como fuera). Ramírez Acuña llegó con la fama de duro y más de un analista le auguró un buen desempeño. Pero de inmediato su figura se desvaneció. Nunca estuvo en ninguna negociación política, las que en realidad se dieron dentro del Congreso y cuyo enlace con el Ejecutivo lo llevó precisamente Mouriño. Quizás el jalisciense sólo recordó que Gobernación servía para censurar a la oposición o manipular las emisiones oficiales y eso fue lo único que se le ocurrió hacer. El caso es que llega ahora un personaje a quien muchos le atribuyen grandes aptitudes políticas, capacidad de operación, sentido estratégico. Todo ello, pese a su juventud y escasa experiencia (que la edad no lo es todo, pero mucho ayuda). Es su oportunidad para mostrar de qué está hecho. Con el futuro desempeño de Mouriño podremos inferir si el PAN ya le encontró a Gobernación la cuadratura del círculo o si sigue sin descubrir bien a bien para qué sirve.

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Jose Antonio Crespo : COFIPE: la reforma insuficiente

Horizonte político José A. Crespo Cofipe: la reforma insuficiente Finalmente se publicó en el Diario Oficial el Cofipe reformado. La nueva norma electoral sufre el ataque simultáneo, por varios flancos, de sectores sociales de indudable peso político, como las agrupaciones empresariales y los grandes consorcios mediáticos. Pero también es atacada desde la izquierda obradorista, que ve en ella un ardid de la mancuerna PAN y PRI para comprometer al PRD a comportarse institucionalmente sin presuntamente ofrecerle nada sustantivo (apreciación inadecuada, a mi juicio). Una de las demandas más sentidas de la izquierda, en 2006, tuvo que ver con el sistema y las condiciones para realizar la apertura y el recuento de los paquetes electorales, como método con el fin de transparentar al máximo una elección dudosa. Parte de la izquierda se ha dado por satisfecha con esa demanda, en la ley electoral. Por ejemplo, Amalia García, uno de los mejores activos del PRD y actual gobernadora de Zacatecas, hace poco escribió: “Con la publicación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, nuestro país entra en una etapa diferente de la transición que se propone dar calidad a la democracia”. Y señala, entre sus principales avances, que “ahora se podrán realizar conteos voto por voto cuando los resultados electorales estén muy reñidos” (El Universal, 17/Ene/08). Tal creencia, que muchos dentro del PRD comparten, está distorsionada, es incompleta y engañosa, pues si bien es cierto que se hicieron agregados a la ley en torno a la apertura y el recuento de paquetes, esos son absolutamente insuficientes para clarificar, transparentar y dar plena certeza a una elección con un resultado cerrado, como la de 2006. He insistido varias veces en esa deficiencia de la ley, pero aporto nuevos elementos para que se perciban más claramente sus insuficiencias en este tema. El Cofipe, en su artículo 295-2, incorporó la posibilidad de que se abran y recuenten todos los paquetes electorales cuando la distancia entre primero y segundo lugares sea menor de 1% de la votación. Con lo cual parece satisfecha esa demanda en particular. Pero pocos se han percatado de que eso ocurre exclusivamente a nivel distrital, es decir, sólo en aquellos distritos legislativos (son 300) que caigan en dicha circunstancia. Pero da la casualidad que el vencedor no se define por el mayor número de distritos que gane, sino el que más votos obtenga a nivel nacional. Por lo cual, el nuevo agregado “favorable” al recuento y la revisión de paquetes electorales termina siendo una camisa de fuerza legal, que sólo permitiría hacer dicha revisión de manera sumamente limitada y, por tanto, insuficiente para las necesidades de transparencia, claridad y certeza. No lo prevé a nivel nacional, aun en caso de un resultado cerrado (como 0.56%, por ejemplo). Pero pongamos un caso que permita apreciar más claramente esta insuficiencia. Si la nueva normatividad hubiera estado vigente en 2006, ¿qué tanto se hubiera podido revisar, abrir y recontar? Pues muy poco, porque sólo ocho distritos, de los trescientos (2.5% del total), cayeron en el supuesto legal que hoy permite el recuento total. Se trata de los distritos 1 y 5 de Chiapas, el 2 de Chihuahua, el 6 de Hidalgo, el 14 del Estado de México, el 1 de Sinaloa y el 2 y el 15 de Veracruz. Esos distritos contienen poco más de un millón de votos, apenas 2.5% de la votación total. Parece insuficiente. Pero el asunto es aún peor, pues la ley señala que solamente el partido cuyo candidato haya ocupado el segundo lugar en ese distrito en particular podrá solicitar el recuento total. Sin embargo, puede ser que quien haya quedado en segundo sitio en algunos de los distritos con un resultado cerrado, sea el mismo que quedó en primer lugar en la votación total y no tenga el menor interés en que se haga un recuento total en ningún distrito (como no lo tuvo Calderón). Y también es posible que, quien ocupe el segundo lugar en otros distritos competidos, haya quedado en tercer sitio en la votación general y muy alejado de los dos punteros (como Roberto Madrazo) y no vea mayor ganancia en solicitar un recuento. Entonces, el candidato realmente interesado en que se haga un recuento amplio de paquetes, generalmente es quien ocupa el segundo lugar en el resultado nacional. Mas para solicitar ese recuento en los distritos competidos, debe ser quien ocupe también el segundo sitio en esos distritos disputados. De lo contrario (si ocupa el primero o el tercer lugares en esos distritos), no tendrá la facultad legal para solicitar el recuento en los reñidos. Por lo cual el número de distritos cuyo recuento total pueda solicitar serán muy pocos. ¿En cuántos distritos hubieran podido solicitar el PRD y sus aliados un recuento total de paquetes electorales en 2006? Solamente en tres (es decir, 1% del total de distritos): el 1 y el 5 de Chiapas y el 2 de Veracruz que, juntos, suman 359 mil sufragios, apenas 0.9% del total de votos emitidos nacionalmente. Con tan amplia revisión, ¿hubiera quedado clarificado el resultado final, con suficiente transparencia y certeza? Las dudas de los partidarios de López Obrador, ¿hubieran quedado debidamente despejadas? Evidentemente, no. Así pues, la nueva normatividad electoral no responde de manera adecuada al problema de incertidumbre y opacidad que se vivió en 2006. Cualquier partido que quede en segundo lugar podría ser el afectado, pero como el agraviado hace dos años fue el PRD, sorprende que esto le haya pasado de noche. Quizá porque sus pleitos internos absorben toda su atención. Como sea, convendría adecuar la ley electoral antes de 2012, a partir de los problemas detectados en 2006, para no volver a caer en el mismo bache de la suspicacia, la incertidumbre y la falta de transparencia.

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Jose Antonio Crespo : El papel político de los medios

Horizonte político José A. Crespo El papel político de los medios Se ha reabierto el debate sobre a la libertad de expresión, a partir de al menos tres eventos: los amparos interpuestos contra la reforma electoral por varios grupos que la consideran atentatoria contra la libertad de expresión, la salida del aire de la conductora Carmen Aristegui, y las expectativas generadas en torno a la nueva ley de medios de comunicación. Un debate que obliga a replantearnos, o a recordar, al menos, cuál se supone que es la función de los medios de comunicación en una democracia más o menos eficaz (a la que aspiramos). Se parte de dos premisas generalmente aceptadas: el gran poder de los medios de comunicación para formar opinión pública (con efectos políticos palpables) y la inquietud que a los poderosos provoca la divulgación de información que preferirían mantener en secreto. Esquematizando las cosas, los medios pueden cumplir dos funciones políticas antagónicas. A) legitimar al gobierno (y a otros actores políticos), magnificando sus logros y disimulando o callando sus fallas y actos ilícitos. B) Denunciando, y a veces incluso investigando, los posibles abusos de poder —de cualquier tipo y origen— por parte de quien lo detenta. El primero es funcional al autoritarismo, el segundo, a la democracia. Estos modelos casi nunca se dan de manera pura, pero en cada país y momento histórico cabe la pregunta sobre cuál de los dos modelos predomina en la estructura mediática y comunicativa. En relación con el modelo autoritario, el cardenal Wolsey, brazo derecho de Enrique VIII durante varios años, le recomendaba: “Debemos destruir a la prensa o la prensa nos destruirá a nosotros”. Y Napoleón consideraba que “la prensa debe estar en manos del gobierno (pues) abandonarla a sí misma, es dormir junto a un gran peligro, porque ‘tres diarios adversos son más temibles que mil bayonetas’”. Con respecto al modelo democrático, lord Northcliffe, propietario del Times de Londres, definía una noticia como “aquello que alguien, en alguna parte, quiere ocultar”. Y John Delane, uno de los promotores modernos de la libertad de expresión, resumía de la siguiente manera la relación democrática entre medios y gobierno: “El deber del periodista es presentar a los lectores, no lo que los estadistas desearan que se conociese, sino la verdad hasta donde sea posible alcanzarla”. La pregunta clave es y ha sido desde hace mucho: ¿bajo qué condiciones es más probable que prevalezca un modelo sobre otro? El ejercicio democrático de los medios y los comunicadores no depende exclusiva y ni siquiera primordialmente de su compromiso con la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la información, como suele creerse. Y es que, en circunstancias desfavorables, la práctica de dichos valores desde los medios puede implicar un elevado costo profesional y hasta personal, pues suele generar la animadversión de los poderosos y atraer eventuales venganzas, censuras y hasta riesgos físicos. En esas mismas condiciones, es más fácil y rentable ponerse al servicio de los poderosos, lo que además de suponer pocos riesgos, suele ser recompensado con buenos ingresos, seguridad profesional e incluso un monto no pequeño de poder derivado de la alianza con quienes lo detentan. El costo de esto es la pérdida de credibilidad, pero es poca cosa frente a todo lo que se puede obtener. Por eso, cuando prevalecen condiciones más bien autoritarias, quienes optan por lo primero suelen ser la excepción, más que la norma. Así pues, la funcionalidad democrática de los medios depende de condiciones políticas e institucionales que generen incentivos para desplegar la crítica, la denuncia y la vigilancia sobre los poderosos, de modo que la mayoría de periodistas y comunicadores tengan más propensión a comportarse de esa manera (así sea más por conveniencia personal que debido a un compromiso personal con la democracia y la libertad de expresión). En tales condiciones, la crítica no sólo no resulta peligrosa, sino puede ser recompensada con prestigio y credibilidad, los cuales a su vez ayudan a obtener mejores posiciones e ingresos dentro del ramo. En cambio, la simulación, la adulación a los poderosos y su encubrimiento suelen ser castigados justo con el desprestigio público y la pérdida de credibilidad (que se traducen en poca demanda en ese mercado). En otras palabras, salvo excepciones, el comportamiento del aparato mediático depende más de las condiciones institucionales y políticas vigentes que del talante moral y el compromiso personal de los comunicadores (lo cual no significa que eso no importe en absoluto). Desde luego, generar las condiciones donde la denuncia (fundada, documentada, racional) no sea castigada, sino recompensada, resulta sumamente difícil, pues implica que los poderosos tendrán que aceptar, así sea a regañadientes, dichas prácticas y mejor cuidarse de no incurrir en abusos (o al menos no al grado en que sean fácilmente descubiertos). Y eso porque, como escribía Alexis de Tocqueville, “En un país donde rige ostensiblemente el dogma de la soberanía del pueblo, la censura no es solamente un peligro (para el censor), sino un absurdo inmenso”. Su rango de discrecionalidad para afectar a sus críticos se reduce e incluso implica costos políticos no menores. Pero dichas condiciones no se dan por sí mismas. Su construcción y consolidación exigen un gran esfuerzo (por eso, históricamente ha prevalecido durante mucho más tiempo el modelo autoritario que el democrático). Desde luego, en las últimas dos décadas, muchos hemos caminado del primer modelo hacia el segundo, pero falta mucho por andar. El problema es que, cuando la mayoría de los medios (o los más influyentes) están instalados básicamente en el primer modelo, se convierten ellos mismos en un formidable obstáculo para avanzar hacia el segundo.

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Jose Antonio Crespo : Paquetes de Pandora

José A. Crespo

Paquetes de Pandora

No ha sido posible destruir los paquetes electorales de la elección de 2006, como lo marca la ley (aunque no especifica fechas límite para ello). Y es que mientras haya litigio en torno a la posibilidad de que sean entregados a ciudadanos que los solicitan —para intentar una reconstrucción histórica sin efectos legales— no serán destruidos. Los amparos frente a la decisión de las autoridades electorales, de no dar a conocer esos paquetes, se han dado en serie. El pasado jueves 10, el juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en el DF, Álvaro Tovilla, ordenó suspender temporalmente la destrucción de la paquetería electoral, ante el amparo interpuesto por la organización Fundar, que encabeza Sergio Aguayo. Esos paquetes evocan la famosa caja de Pandora, no porque de su interior pudieran salir males y enfermedades, sino debido a que —peor aún— pueden contener una verdad documental e histórica que contradiga a la verdad jurídica emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en septiembre de 2006. Las boletas electorales no tienen validez legal. Sólo lo tienen las actas de escrutinio y cómputo. De estas últimas emanan el cómputo final y el veredicto oficial. Por ello, las boletas tendrían sólo un valor histórico, si eventualmente pudieran ser consultadas. Pero eso es precisamente lo que podrían temer todos aquellos que se han opuesto al recuento, antes y después del dictamen final del Tribunal.

Recordemos que, ante la propuesta de Andrés López Obrador para realizar un recuento amplio de los paquetes, respaldada por al menos 70% de la ciudadanía (Excélsior-Parametría, 28/Jul/06), la respuesta oficial de Felipe Calderón fue la negativa, según lo declaró al Washington Post, en virtud de que dicho ejercicio sería “absurdo e ilegal”. Ilegal, al menos, no. Al contrario, que el IFE no hiciera ese recuento en el caso de 96% de los paquetes cuyas actas registraban inconsistencias, implicó una omisión legal, pues el Cofipe estipulaba —según el propio Tribunal— que eso debía hacerse de oficio. El TEPJF pudo y debió reponer ese mandato legal, a partir de facultades que le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como de la jurisprudencia respectiva. Pero no lo hizo. Era claro que tanto el IFE como el Tribunal tomaron decisiones compatibles con la estrategia del PAN, de no abrir los paquetes más allá de lo que la ley dijera al respecto. Y que ambas autoridades se nieguen a permitir ahora la revisión posjurídica de los paquetes sugiere que le siguen teniendo resquemor a su enigmático contenido.

Resquemor que también experimentaba Calderón, en pleno debate sobre la eventual apertura. Su negativa a aprobar un recuento amplio no se debía, como lo dijo públicamente, a que sería “absurdo e ilegal”. A los pocos días del cómputo del IFE consultó a su equipo cercano sobre la conveniencia de declararse a favor del recuento, pues estaba seguro de haber ganado la elección, por lo cual, en su cálculo, una revisión amplia le agregaría legitimidad, sin arrebatarle el triunfo. Pero su equipo le metió la duda sobre el verdadero contenido de esos paquetes. Su apertura y recuento podrían significar el escape de fantasmas y espectros propios de la caja de Pandora, tales como irregularidades, confusión, incertidumbre, la no correspondencia con las actas de escrutinio, y la consecuencia de todo ello: que la victoria se les escurriera de las manos. “Abrir es anular”, escribía por esos días Jorge Castañeda, pues “probablemente todos fueron menos que 100% escrupulosos en las casillas donde pudieron despacharse con la cuchara grande” (Reforma, 20/Jul/06). Percepción compartida por el equipo de Calderón, según narra uno de sus miembros: la apertura era “lo único que podría darle argumentos al Tribunal… para anular la elección (pues) iba a haber errores, inconsistencias, incluso algunas casillas donde seguramente, con dolo, se hizo trampa de un lado y otro… y (quizá) a alguien se le pasó la mano” (Salvador Camarena: El presidente electo, 2007). Dudas razonables, sin duda alguna, sobre todo por el estrecho margen con que oficialmente ganaba Felipe.

En el equipo cercano de Calderón estaba también Juan Molinar, experto en cuestiones electorales, quien había estudiado con detalle los comicios de 1988 y sobre los cuales concluyó —en coautoría con Alberto Aziz— que la falta de credibilidad en su resultado se debió en buena parte a que los priistas “se dedicaron a rechazar cualquier método de limpieza electoral. El punto del debate era si la legislación autorizaba a los diputados para abrir los paquetes electorales. La oposición demostró que sí era factible (se hizo tanto en 1976 como en 1982)… pero ahora la situación era muy diferente: estaba en cuestión el triunfo de Salinas de Gortari y los priistas se obsesionaron por la negativa” (en Pablo González Casanova (Coord), II Informe sobre la democracia en México, 1990). Situación no muy distinta a la de 2006, por lo que tocó a los panistas su turno para “obsesionarse por la negativa”. Bien sabían del riesgo que implicaba para Calderón el recuento amplio de los paquetes.

En efecto, de haber plena correspondencia entre actas y paquetes, según dicen las autoridades electorales que la hay, no hubiera habido temor por su apertura y recuento, pues se hubiera confirmado la victoria de Calderón, brindándole la certeza y la legitimidad que no tuvo. Pero como ni los calderonistas (incluido el propio Felipe) ni las autoridades electorales saben en realidad lo que contienen esos paquetes, conviene no abrirlos, y destruirlos en cuanto sea jurídicamente posible. Para ellos, esos paquetes son auténticas cajas de Pandora, cuyo principal espantajo —la verdad histórica— más vale no dejar escapar.

Kikka Roja

AUDIO: Javier Solorzano entrevista a Jose Antonio Crespo

Audio: José Antonio Crespo
ENTREVISTA CON: JOSÉ ANTONIO CRESPO

TEMA: AJUSTE EN EL GABINETE DE FELIPE CALDERÓN.

"Gobernación es el eje de la politica interior"
van a serguir maiceando a los chuchos de Jesus Ortega

Kikka Roja

Jose antonio Crespo : Narcotráfico: renovar la esperanza

Horizonte político
José A. Crespo
Narcotráfico: renovar la esperanza

El modelo sexenal sirvió muy bien, durante el régimen priista, para renovar en la población la esperanza de que los problemas acumulados en un gobierno, podrían resolverse en el siguiente. Sobre este fenómeno, comentaba José López Portillo: “Nuestro pueblo, muy generoso, cada seis años reafirma su esperanza y se conforma en ocasiones con que ésta no se cancele” (Dic/1995). Esa renovación sexenal de la esperanza durante los gobiernos del PRI se fue agotando, pero ahora ha vuelto a resurgir en beneficio de los gobiernos panistas. Al menos eso es lo que se infiere en torno al grave problema que representa el narcotráfico, cuya expansión e intensidad de la violencia se han incrementado justo desde cuando Vicente Fox llegó al poder. Desde el inicio de su gobierno, Fox declaró la guerra sin cuartel al narcotráfico y, casi al finalizar, lanzó su programa México Seguro. La percepción ciudadana en el último año de su gobierno era que su estrategia había fracasado monumentalmente.

Al llegar al poder Felipe Calderón, instrumentó de inmediato su propio operativo antinarcóticos y prometió abatir significativamente ese lastre y reducir la violencia que se le asocia. La peculiaridad del operativo, para hacerlo más creíble, fue involucrar como nunca al Ejército, no sólo como el respaldo que siempre ha sido, sino como eje central. Lo cual se tradujo en que, en efecto, el público creyó que ahora sí se podrían registrar avances importantes en la lucha contra los capos. Eso queda bien reflejado en la encuesta nacional (telefónica) de BGC-Excélsior (14/Ene/08). Por ejemplo, frente a la pregunta de si “el gobierno está rebasado por el crimen organizado”, una mayoría de 58% llegó a responder que sí, en los últimos meses del gobierno de Fox. Pero apenas se inició el gobierno de Calderón, la curva dio un viraje decisivo, pues se volvieron mayoría quienes piensan que no, que el gobierno ya no está rebasado por los capos. Y quienes así piensan han llegado a constituir 70% (Mar/07). ¿Había alguna evidencia al iniciarse el gobierno de Calderón de que estaba ya controlando al crimen organizado? No, desde luego. Se trataba de la mera esperanza de que lo haría a partir de su estrategia militar, combinada con un intenso despliegue mediático. Después de un año, el número de muertes derivadas de ese fenómeno no fue distinto del registrado en 2006. Es decir, ya con datos firmes, no hay elementos racionales para pensar que Calderón controla ya la situación (al contrario). Pero la esperanza, producto de la renovación del gobierno, no ha muerto, pues en la medición más reciente son todavía 64% (frente a 29%) quienes creen que el gobierno no ha sido rebasado por el narco.

También, cuando se pregunta si se cree que el problema ha aumentado o disminuido, durante los últimos meses de Fox la mayoría pensaba que había aumentado, pero el punto donde las curvas se cruzan para dar paso a una mayoría que cree que el problema ha disminuido, es de nuevo marzo de 2007 (cuando se vio al Ejército operar en varias entidades). Es decir, pese a que los datos del último año de Fox no son distintos de los del primero de Calderón, la evaluación que de ello hace la ciudadanía es radicalmente distinta. ¿Por qué? Por la renovación sexenal de la esperanza, misma que a un año del gobierno de Calderón aún no se ha disipado. Y otra prueba de ello es la respuesta que se da a la pregunta de si la violencia derivada del narco, registrada en 2007, es muestra de que las cosas van bien o un indicio de fracaso: 55% cree lo primero. El argumento esgrimido por el gobierno es que, precisamente porque se golpea al narcotráfico, la violencia crece: es un preludio al triunfo final.

Ese argumento, conforme pase el tiempo sin ver que la violencia se reduzca ni que se dé un golpe de gracia al narcotráfico, tiende a ser menos creíble. Pero aún es temprano para que la gente declare como un fracaso el operativo, si es que la violencia no disminuyera año tras año. Lo curioso es que esa misma razón fue esgrimida también por el gobierno de Fox en su última fase. Sólo que ya no se le creía. Bastó con el cambio formal de gobierno para que el mismo argumento cobrara otra vez verosimilitud entre los ciudadanos. Borrón y cuenta nueva. Una vez más, la renovación sexenal de la esperanza operando a favor de Calderón.

Es significativo que la gran mayoría de ciudadanos ha aprobado durante todo el año la estrategia de Calderón (80% en promedio) y, sin embargo, sólo 36% considera hoy que ha sido muy o algo exitosa. Lo que sugiere que incluso ese 44% que no considera exitosos los operativos sigue esperanzado y está dispuesto a darle a Felipe más tiempo para arrojar los resultados esperados. En otras palabras, sirve mucho al gobierno en turno que la gente empiece a evaluar el problema del narcotráfico que viene de muy atrás a partir de una fecha más cercana (el inicio del gobierno). Y es que de esa forma la conclusión tiende a ser favorable a las estrategias del nuevo gobierno. Prevalecen ideas como: “es muy pronto para evaluar”, “todo indica que las cosas pueden mejorar”, “la violencia es inevitable cuando se ha iniciado una guerra”, etcétera. Conclusiones que serían muy distintas si la evaluación se hiciera partiendo de diez o quince años de violencia.

Con todo, volviendo a la pregunta de si el gobierno tiene bajo control el fenómeno, en el último mes ya una mayoría de 42% dice que no, frente a 35% que aún cree que sí. Eso, seguramente se debe a los últimos acontecimientos, que sugieren un mayor descontrol. Es muy indicativo, por ejemplo, que uno de los estados que mayor violencia registran este año sea Michoacán, justo donde se iniciaron, con bombo y platillos, los operativos militares.

Kikka Roja

Jose Antonio Crespo : Fraude electoral: ¿violencia o civilidad?

14-Ene-2008 Horizonte político
José A. Crespo

Fraude electoral: ¿violencia o civilidad?

Los resultados estrechos en los comicios parecen un fenómeno cada vez más frecuente, en la medida en que la elevada competencia es propia de las democracias, antiguas y nuevas. Pero los efectos políticos de los resultados estrechos no siempre son los mismos. Eso depende de múltiples variables, como la historia y la cultura del país en cuestión, el régimen político y la fortaleza o la fragilidad de sus instituciones. En muchos sistemas parlamentarios, un resultado cerrado no genera necesariamente dudas, conflictos e impugnaciones, pues el gobierno no se determina a partir del sufragio ciudadano, sino de los votos en la Cámara baja del Congreso. Un partido que gana la mayoría relativa de votos podría no encabezar la coalición gobernante y sí hacerlo uno con una votación bastante menor (como ocurrió en Japón en 1993 y en Suecia en 1976, al menos). En todo caso, unos cuantos votos de más o de menos no suelen ser determinantes en la formación del gobierno. En los sistemas presidenciales, sí.

Pero que una elección cerrada y con resultado dudoso derive en un grave conflicto político o no depende también de la fortaleza o la fragilidad de las instituciones del presidencialismo en cuestión. La elección estadunidense de 2000 se considera altamente incierta, cuando no fraudulenta. Hubo cinco semanas de incertidumbre que, sin embargo, no afectaron a la economía ni ello provocó disturbios políticos. Y eso no sólo se debe a la civilidad política de Al Gore, sino a la fuerza y el tipo de instituciones estadunidenses, donde la convocatoria a la resistencia (y, peor aún, a la violencia) es mal recompensada. Los patrocinadores del candidato perdedor (generalmente grandes empresarios, más interesados en la estabilidad que en el triunfo de su candidato) son los primeros en rechazar las protestas. Por eso, a Richard Nixon, en 1960, sus patrocinadores le dijeron que aceptara sin chistar el fraude con que ganó John Kennedy, si quería continuar su carrera política. Y así lo hizo.

La elección de 2006 en México se pareció más a la de EU en 2000 que a la mexicana de 1988. Así lo expresa Vicente Fox: “(En 2000) Hubo algo irónico: a petición nuestra, Estados Unidos había enviado observadores para proteger el proceso electoral en México, pero donde habrían sido más útiles, ese año, fue en Florida… Mientras observábamos por la CNN pasar 36 días de suspenso en Florida, con los jueces dictaminando las boletas en busca de falsificaciones; nunca soñamos que mi propia presidencia terminaría con una competencia similarmente reñida en 2006” (La revolución de la esperanza, 2007). Pues nadie lo hubiera creído entonces, hasta que, más tarde, Fox empezó a mostrar el cobre. Pero como nuestro intento democrático es muy reciente, hay mayor proclividad que en las democracias sólidas a convocar movilizaciones y protestas callejeras (aquí los empresarios normalmente no están detrás de los candidatos de la izquierda). Por ello, los costos políticos de una elección cerrada y dudosa son superiores que en Estados Unidos: una más clara polarización política, mayor radicalismo de los derrotados y menor legitimidad para el gobierno oficialmente ganador. Sin embargo, nos queda también un cierto grado de institucionalidad política, heredada del régimen priista, que reduce los incentivos para convocar a la violencia. Ni Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 ni Andrés López Obrador en 2006, lo hicieron.

Ahora vemos que, en Kenia, una democracia nueva y con instituciones frágiles, una elección igualmente apretada y cuestionada desató la violencia (con cientos de muertes, desorden, destrucción y 250 mil desplazados). La distancia entre el presidente Mwai Kibaki, quien de esta forma se reelige, y el segundo lugar, Raila Odinga, fue de sólo 232 mil votos (la votación sumada de ambos punteros llegó a casi nueve millones de sufragios). La oposición no denuncia un fraude monumental: alega que le fueron robados 300 mil votos, suficientes para modificar el resultado oficial. Pero una extraña mosca le picó al presidente de la Comisión Electoral, Samuel Kivito, pues en lugar de insistir en el pulcro triunfo de Kibaki y recordarle al electorado que “por un voto se gana o se pierde”, como suele ocurrir en estos casos, declaró en cambio: “No sé si Kibaki ganó las elecciones” (3/Ene/08). Su sinceridad afloró a raíz de la violencia. Y, en efecto, las irregularidades (aun no dolosas) son inevitables en Kenia, Estados Unidos o en Suecia, por lo que un resultado cerrado genera automáticamente incertidumbre.

Viene también el caso de Georgia, otra nueva democracia (o más bien con aspiración a serlo, como la nuestra). También ahí el candidato oficialmente perdedor ha denunciado fraude electoral y se resiste a aceptar el veredicto. Eso, pese a que el ganador oficial, el presidente Mijail Saakashvili, que también se reelige, obtuvo 52% del voto y, su más cercano seguidor, Levan Gachechiladze, solamente 25 por ciento. ¿Por qué la protesta? ¿Se trata de un magnofraude al estilo de 1988? No precisamente. El problema es que esto ocurrió en la primera vuelta de un sistema de doble ronda. Si el presidente Saakashvili hubiera obtenido, digamos, 49% del voto, hubiera tenido que pasar a la segunda vuelta, en la que su opositor esperaba atraer el sufragio de los eliminados en la primera. En tal circunstancia, basta un fraude de dos o tres puntos porcentuales (no demasiado), para elevar de 49 a 52% la votación del ganador y frustrar, así, la segunda vuelta. Lo cual nos ilustra que, a diferencia de lo que muchos sostienen, la fórmula de doble vuelta electoral tampoco evita las impugnaciones, las dudas, las protestas y los conflictos poselectorales. Por el contrario, los puede fomentar desde la primera vuelta, como claramente es el caso de Georgia.

Kikka Roja

Jose Antonio Crespo : TLC: el capítulo agrario

Horizonte político
José A. Crespo

TLC: el capítulo agrario

El año se inicia con protestas y descontento por la total liberalización comercial de maíz, frijol, leche y azúcar, estipulada en el Tratado de Libre Comercio. Se teme que eso avasallará al agro mexicano. El TLC recibió en su momento el respaldo de una mayoría de la opinión pública (70%), bajo la ilusión de que nos ayudaría a aproximarnos al Primer Mundo. Pero grupos y personajes más específicos se opusieron con firmeza al Tratado o a partes específicas de él. El artífice del TLC, Carlos Salinas de Gortari, hace un recuento de las diversas oposiciones al Tratado (México: un paso a la modernidad. 2000). En primerísimo lugar, el PRD, que ahora tomará como bandera de protesta su capítulo agrícola. Cuauhtémoc Cárdenas decía entonces que el TLC era “un instrumento para cerrar el paso a la alternancia democrática en el país”. No lo fue, al menos, no a la alternancia por el flanco derecho. En el círculo intelectual, los más activos para oponerse al Tratado fueron Adolfo Aguilar Zinser y Jorge Castañeda, quienes señalaban “que se estaba renunciando a un capitalismo nacional”.

Al TLC no sólo se opusieron el PRD y la izquierda social, sino también facciones dentro del PAN. A favor estaban Diego Fernández de Cevallos (el aliado histórico de Salinas) y Carlos Castillo Peraza, quien señalaba como acertado “que se establezca un plazo de 15 años en lo que atañe a la liberalización comercial del maíz y el frijol, pues de abrirse de inmediato… los productores mexicanos se verían virtualmente devastados por la competencia extranjera” (Nexos, Sep/1992), afirmación que, pese al plazo cumplido, está todavía en veremos. En contra estaban Felipe Calderón y José Ángel Conchello, quien declaró que “ningún mexicano bien nacido firmaría el TLC”. Y Jorge Ocejo, de la Coparmex (hoy senador del PAN), manifestó en forma persistente su oposición al TLC: en 1991 dijo que el Tratado pondría en peligro los valores de los mexicanos, pues “acarrearía fenómenos negativos de transculturalización”. Dentro de la Iglesia hubo también divisiones. Algunos jerarcas, como Ernesto Corripio Ahumada y Juan Jesús Posadas Ocampo, respaldaron el TLC, pues significaba “una oportunidad de avance porque México no puede ni debe quedar aislado”. Sin embargo, la Comisión de la Pastoral Social del Episcopado afirmó que el TLC se había suscrito “a espaldas del pueblo”.

Y con respecto a las organizaciones campesinas, recuerda Salinas: “Desde 1989, a iniciativa nuestra, se constituyó un mecanismo de diálogo y agrupación que contemplaba a todas las organizaciones rurales… el Congreso Agrario Permanente (CAP). A lo largo del proceso de negociación, el CAP participó con intensos debates, sin llegar a una posición unánime sobre la inclusión de los productos agropecuarios en el TLC… Gracias a los encuentros que celebré con todas las organizaciones del CAP, pudimos aclarar los aspectos más controvertidos entre el campo y el TLC… Por eso la principal organización campesina del PRI, la CNC, construyó un apoyo razonado”. Esta organización, dirigida entonces por Hugo Andrés Araujo, quien exigió “como precondición para incluir los productos agropecuarios en el TLC, que el Estado mexicano promoviera una política de nuevo tipo a favor del campo. Tenía razón dice Salinas: incluir en la negociación el maíz y el frijol junto con otros productos básicos y fijar sólo plazos largos para la desgravación era una insensatez. Había que sumar un claro y amplio programa de apoyo rural”. Hoy la CNC denuncia el Tratado y propone blindar y subsidiar al maíz, el frijol, la leche y el azúcar. Incluso, según algunos líderes priistas, temen por su tradicional clientela electoral, que podrían perder ante el embate agraria que vislumbran.

Cabe también recordar la “sensibilidad” típicamente tecnocrática frente al problema, cuando un grupo de campesinos expusieron al entonces secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, su preocupación sobre el impacto de la apertura a los bienes agrícolas de subsistencia y éste respondió con un frío “dedíquense a otra cosa” (como irse a Estados Unidos, supongo). Además, pudo haber agregado, “no traigo cash”. Al fin que eso de la pobreza y la desigualdad en México eran “mitos geniales”. Salinas, en una posterior evaluación del Tratado, señaló: “A finales de los años 90, no se tenían estudios suficientemente precisos como para determinar cuál había sido el efecto del TLC en el campo. Los análisis más serios señalaban que mediante el Tratado se había conseguido impulsar algunas exportaciones mexicanas a Estados Unidos… El TLC es una herramienta para modernizar al campo mexicano, pero de ninguna manera es suficiente. De ahí que demandaba complementos indispensables como los apoyos directos de Procampo”.

Muchos especialistas señalan que el TLC ha sido esencialmente benéfico al comercio mexicano, que los ingresos por exportaciones a Estados Unidos se han incrementado significativamente. La cuestión es si a los sectores más atrasados del campo mexicano la apertura total no vendrá a darles la puntilla (los dedicados exclusivamente al autoconsumo, se infiere, estarán a salvo de los vientos del norte). Aunque, para el gobierno, el campo mexicano es comparable a los verdes y lujosos campos de golf donde Lorena Ochoa compite y gana. ¡Un campo ganador, como Lorena! El México ganador que ofrecía Felipe Calderón en su campaña. Ni la burla se perdona. Todo indica, pues, que quienes impulsaron y respaldaron la liberalización del maíz, el frijol y la leche pecaron de optimistas creyendo que en estos años el país podría reducir la enorme asimetría que en este rubro hay entre los dos socios. La ayuda que ofreció Calderón al campo confirma que ese cálculo falló.

Kikka Roja

Los secretos del PRI : Jose Antonio Crespo

José A. Crespo

Los secretos del PRI

Ha resultado sorpresiva y enigmática la recuperación electoral del PRI, por su amplitud y significación. Mantuvo las plazas donde gobierna y recobró otras que había perdido. Lo cual es motivo de entusiasmo y esperanza para muchos y de indignación y preocupación para otros. El caso es que el PRInosaurio sigue ahí, lo que contradice el esquema que ha prevalecido en la mayoría de los partidos de Estado cuando perdieron el poder. Algunos se desplomaron en muy poco tiempo y otros perviven, pero en condición de franca marginalidad. Hubo también casos de renovación integral, gracias a lo cual los antiguos comunistas resurgieron bajo siglas nuevas, programas más modernos y líderes jóvenes y frescos. Lo singular de la recuperación del PRI es que no se ha dado una renovación semejante ni de programas ni de liderazgos (salvo excepciones) ni de siglas o logotipo. ¿Cómo explicar este fenómeno atípico? Pues fundamentalmente porque el PRI ha sido desde su nacimiento un partido atípico. Por ello es necesario considerar esas peculiaridades del PRI, para explicar su desempeño electoral, tanto a nivel federal como a nivel estatal.

1) Por más que el partido de la Revolución mostrara un parentesco institucional con los partidos únicos, nunca fue uno de ellos. Desde que nació fue un partido hegemónico, según el concepto que divulgó Giovanni Sartori y que nos vino de perlas para entender las peculiaridades del PRI. Un partido hegemónico, pese a ser monopólico en esencia, tiene por necesidad que ser más flexible institucionalmente, para mantener un difícil equilibrio entre el monopolio abierto (deslegitimador) y una competitividad real (que pone en riesgo la continuidad en el poder). De ahí su aceptación de partidos opositores legalmente registrados, que fueron ganando gradualmente posiciones de poder. Muchos opositores y disidentes tipificaban al tricolor como un partido único más, pero la dinámica de la hegemonía es muy distinta, pues otorga al partido en cuestión una mayor capacidad de adaptación institucional, que hoy ha sido de gran valía a los priistas. Son justo quienes no hacían dicha distinción los más sorprendidos con la preservación electoral del PRI, tras su derrota en 2000.

2) El carácter hegemónico del PRI le facilitó gobernar con un nivel de represión mucho menor del que suelen requerir los partidos únicos. Por lo cual la leyenda negra de los partidos comunistas —que, sin duda, explica su demolición fue mucho más pesada que la que generó el PRI. La corrupción siempre es más fácil de olvidar que la brutal represión. Y aunque en México hubo oscuros episodios de represión, no fue ni de lejos comparable a la que hubo bajo Stalin en la Unión Soviética, Pol Pot en Camboya, Ceausescu en Rumania o Hoxha en Albania.

3) Además, Vicente Fox fue muy complaciente y comprensivo hacia el PRI, perdonando todo su pasado para lograr su cooperación en el futuro, lo que no consiguió. Y Felipe Calderón parece repetir ese mismo esquema, lo que al PRI logra reducir el costo de su leyenda negra. 4) Si, además de ello, los partidos que sustituyen a los partidos de Estado, tras la alternancia, incurren igualmente en corrupción, mostrando además gran ineptitud en el arte de gobernar, entonces los ciudadanos no mostrarán demasiados problemas para devolver su voto al viejo partido (ahí donde no hay otra opción, como ocurre en la mayoría de las entidades federativas de México). En Polonia y Hungría, el comunismo (renovado, es cierto) regresó al poder muy pronto, pues los gobiernos que electoralmente los derrotaron a fines de los ochenta resultaron bastante ineptos. Algo parecido a lo sucedido en Chihuahua, Nuevo León y Yucatán.

5) Pero que al PRI le vaya bien a nivel estatal e incluso en los comicios federales intermedios no garantiza su retorno a Los Pinos, como muchos lo han creído. Se habló seriamente de ello luego de la holgada victoria priista en 2003 en los comicios intermedios. No es que no pueda ocurrir, sino que el principal problema del PRI consiste en que no ha resuelto su gobernabilidad interna, después de su remoción del poder nacional. Esa que, pese a ser antidemocrática, funcionó muy bien bajo el la conducción del Presidente de la República en turno, el “jefe nato” del partido. Al perderse lo que fue su columna vertebral, el PRI debe encontrar una nueva gobernabilidad de corte horizontal (es decir, no jerárquica, sino entre pares). No lo ha hecho, al menos en el momento culminante de la pugna por el poder: la selección del candidato presidencial. La burda confrontación de Roberto Madrazo con Elba Esther Gordillo y Arturo Montiel le costó mucho al PRI en imagen, al grado de enviarlo al tercer sitio en las encuestas (donde, gracias al “voto útil”, la caída se vuelve abrupta). Si de aquí a 2011 el PRI no resuelve esa asignatura pendiente, podría irse otra vez al tercer sitio. Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto debieran empezar a trabajar en eso (en vez de quererse apropiar del IFE).

6) En cambio, en los estados donde sigue gobernando el PRI no tiene grandes problemas de gobernabilidad, no porque haya construido una nueva de corte democrático, sino porque no ha perdido la tradicional. El eje sigue siendo el Ejecutivo, pero recae en el gobernador. La disciplina, la línea, la verticalidad, la movilización clientelar no es muy distinta a la que prevaleció a nivel nacional. Que la gobernabilidad vertical haya sobrevivido en los estados priistas se explica también en buena parte por el origen del PRI como confederación de partidos locales, a diferencia de lo ocurrido con los partidos únicos de corte único emanados del centro. Luego de 2000, el PRI retornó de alguna manera a la situación previa a 1929, cuando los gobernadores eran caciques, dueños y señores del partido dentro de su jurisdicción. Por todo ello es que aún puede conseguir “carros completos” a nivel estatal.

Kikka Roja

Jose Antonio Crespo : Reforma electoral: gana Calderón

Horizonte político
Por: José Antonio Crespo
Reforma electoral: gana Calderón

Con la reforma electoral —y sus claroscuros— hay diversos ganadores y perdedores. Entre los perdedores más claros se manejó la romántica idea de que, al regresar de su viaje a India y Oceanía, Felipe Calderón apenas se estaría enterando de lo ocurrido, y esperaban que reaccionara en contra de la reforma, por no convenirle. ¡Qué ingenuidad! Las bancadas legislativas del PAN simplemente no se hubieran sumado a semejante ofensiva sin contar con el visto bueno de Felipe. No extraña, por tanto, que el viernes éste haya saludado esa reforma y la fiscal. Durante su informe “informal”, Calderón advirtió que respetaría lo decidido por el Congreso en esta materia. Pero, de no haber calculado la trama, Felipe no hubiera aceptado que las bancadas panistas se fueran a fondo, para luego pronunciarse en contra (pese a no tener veto en materia constitucional); hubiera quedado peor que Vicente Fox (políticamente hablando, pues en cuestión de dinero, a Fox no parece haberle ido nada mal). En todo caso, no imagino a los consorcios mediáticos calificando de “chavista” al inquilino de Los Pinos. Sería cómico y ridículo que muchos de quienes nos advirtieron sobre el “peligro para México” que representaba Andrés López Obrador, nos dijeran ahora que el verdadero “Hugo Chávez” no era El Peje, sino Felipe (aunque algunos concesionarios mediáticos y grandes empresarios quizá ya lo piensen).

De cualquier manera, muchos afirman que Calderón ha sacrificado la democracia, e incluso su propia legitimidad, a cambio de un plato de lentejas fiscales. Yo en cambio creo que su ganancia política —más allá de la reforma fiscal— puede ser significativa, incluso enorme, por las siguientes razones:

1) Se dijo que al aceptar la remoción adelantada del Consejo General del IFE, el PAN reconocería implícitamente que hubo fraude, que “escupe para arriba”, que se “da un tiro en el pie”. Creo en cambio que las percepciones sobre la elección, divididas como son, están bastante definidas. Quienes piensan que ganó Felipe, no cambiarán su postura porque Luis Carlos Ugalde se vaya a su casa. El costo para Calderón de la remoción de Ugalde será insignificante. Más daño hizo la declaración de Fox en el sentido de que se había inmiscuido en la elección —y que la ganó él mismo— como represalia hacia López Obrador.

2) En cambio, de celebrarse la elección de 2009 con Ugalde a la cabeza del IFE, la polarización de 2006 —que sigue latente— volvería a cobrar fuerza, agregándose el PRI entre los abiertos inconformes. Por el contrario, de resurgir un IFE consensuado (y menos partidizado), esos comicios tendrán lugar con las aguas políticas mucho menos agitadas.

3) La remoción de Ugalde, así como una reforma en lo esencial aceptable a los ojos de amplios sectores de la izquierda —aunque no sólo de ella— abre una enorme válvula de escape en ese segmento, que se siente agraviado al menos desde el torpe y desafortunado desafuero de López Obrador. Eso también puede contribuir a superar o reducir la polarización generada desde entonces, lo que sería benéfico para Calderón.

4) Y en la medida en que el PRD participó en la reforma electoral, se fortalece el lado moderado e institucional de ese partido en detrimento de su ala confrontacionista, lo cual también conviene a Felipe.

5) La aprobación de las reformas electoral y fiscal —pese a sus muchos “asegunes”— proyectará la imagen de que Calderón, a diferencia de Fox, sí puede empujar cambios. De frustrarse tales reformas, sólo para mantener en su puesto a un “cartucho quemado” (como lo es Ugalde desde 2006), se daría por concluido el sexenio de Calderón, como ocurrió con el de Fox, en 2003. En cambio, ahora Felipe tiene logros que presumir. Además, su gobierno se revigoriza para intentar nuevas reformas.

6) La reforma electoral acota el creciente poder político de los consorcios televisivos, pues más allá del dinero que dejarán de recibir, se reducirá significativamente su capacidad de “influencia” durante los procesos electorales, como la que se vio en 2006 en torno a la Ley de Medios. Y eso conviene también a Calderón, pues tendrá más margen de acción durante las elecciones de 2009 y, sobre todo, las de 2012. Ello, a diferencia de Fox, que prácticamente se arrodilló ante los medios durante la elección del año pasado. Esa es la verdadera causa del descontento de los consorcios, no el IFE “ciudadano”, las candidaturas independientes o la suerte del nefasto Partido Verde. En realidad, a las grandes televisoras nunca les preocupó que por décadas hubiera un autoritarismo de partido hegemónico. Si Calderón no detiene ahora el creciente poder político de esos consorcios, entonces ya nadie lo podrá hacer (si bien quedó abierto el resquicio de las “gacetillas electrónicas”, no fácil de tapar). Esta reforma claramente fortalece al Estado (aunque también lo hace, impropiamente, con la partidocracia, pero por otras razones).

7) Y precisamente debido a eso, cuando la opinión pública —ahora aturdida por el ruido tergiversante de los medios— termine por comprender el alcance político de la reforma en este punto, tendrá más motivos para aplaudirla que para condenarla. Quedará en todo caso más que claro que el verdadero “pelele” de los medios no es Felipe, sino Fox. Él y la esposa fueron auténticos soldados de los grandes concesionarios, y éstos esperaban lo mismo de Calderón. Pero les salió un tanto “chavista”.

Así pues, se puede pensar lo que se quiera de la reforma electoral. A mi juicio tiene importantes avances, pero también varias insuficiencias (susceptibles aún de corregirse o incluirse en otras fases de la Reforma del Estado, como la reelección legislativa). Pero difícilmente Calderón será el gran perdedor de ella. Por el contrario, me parece que es de los que políticamente más ganan.

Kikka Roja