editorial
Ayer se mantuvieron estancadas y en un clima de permanente tensión las negociaciones entre el magisterio disidente de Morelos y representantes de los gobiernos estatal y federal para levantar el paro que los docentes de esa entidad mantienen desde hace más de un mes, y que ha impedido el inicio del ciclo escolar 2008-2009. Debe recordarse que el jueves, en el marco de la mesa de negociación, se había logrado acordar una minuta de 10 puntos con el objetivo de “garantizar el derecho a la educación y las cuestiones laborales y sindicales”, entre los que se contemplaba la aplicación de un programa especial para el mejoramiento de la educación en esa entidad, lo que dejaría sin efecto la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Tal minuta, sin embargo, fue rechazada por las bases magisteriales al considerar que debía incluirse en ella un compromiso explícito por “suspender” e incluso “cancelar” la aplicación del pacto firmado por el gobierno federal y la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que encabeza Elba Esther Gordillo y presentado el pasado 15 de mayo.
Para colmo, las tensiones se recrudecieron luego de que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, afirmara el mismo jueves que el diálogo con los maestros morelenses inconformes no contemplaría la negociación de la ACE, y se mantuvieron ayer tras las sospechas de que las autoridades de Morelos “endurecieron” su postura debido a la injerencia de la propia Gordillo.
Al margen del rumbo que tomen las negociaciones a partir de hoy –los maestros se han mostrado dispuestos a poner de su parte para regresar a clases el próximo lunes–, lo cierto es que el hecho da cuenta del creciente descontento por parte de un sector amplio y creciente del magisterio hacia el pacto educativo suscrito por el gobierno federal y el SNTE. Este rechazo no es exclusivo de Morelos –si bien la atención mediática ha estado particularmente centrada en lo que ocurre en esa entidad–, sino que se extiende por todo el país: significativamente ayer mismo, por la mañana, más de 10 mil profesores disidentes en Guerrero se manifestaron en contra de la alianza, mientras que miles de integrantes de la sección 22 del SNTE marcharon por las principales calles de la capital oaxaqueña. A estas manifestaciones de repudio habrá que añadir las llevadas a cabo durante las últimas semanas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Quintana Roo y Baja California Sur.
Por más que varios medios de comunicación se empeñen en presentar estos reclamos como una defensa de privilegios personales de los docentes, el rechazo a la ACE obedece a razones de peso y estrechamente vinculadas con el futuro de la educación pública en el país: el pacto, lejos de ofrecer soluciones a los enormes problemas en materia de enseñanza, tiende a agravarlos en la medida en que aumenta el margen de manejo discrecional de recursos por parte de la dirigencia sindical oficial, cuya corrupción y patrimonialismo constituyen lastres fundamentales para el mejoramiento de la educación pública en este país. Adicionalmente, el acuerdo agrava la percepción de incertidumbre laboral de miles de profesores, al imponerles criterios de evaluación empresarial –con el pretexto de establecer un pretendido modelo “meritocrático”– que, dado el añejo historial de represión hacia las expresiones de disidencia, es dable suponer que fungirá como una nueva forma de incrementar el control corporativo sobre los agremiados y reprimir a los disidentes, y profundizará, por añadidura, el descontento de grandes sectores de las bases hacia la dirigencia que encabeza Gordillo.
Por lo demás, la mencionada alianza no garantiza la resolución de los problemas de fondo en materia de recursos económicos e infraestructura que acusan los ciclos de educación básica a cargo del Estado. Esto último explica, en parte, la reticencia de los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas y Durango para suscribir el pacto.
En suma, si bien es posible que el conflicto magisterial en Morelos pueda resolverse en la medida en que las negociaciones prosperen, una solución a fondo del descontento que hoy permea al magisterio demanda de dos elementos centrales: un compromiso irrestricto con el carácter público de la educación y las condiciones laborales de los docentes –algo que supondría la cancelación de la ACE en sus términos actuales– y el fin de la alianza política –no educativa– entre la ungida “dirigente vitalicia” del magisterio y el gobierno calderonista.
Para colmo, las tensiones se recrudecieron luego de que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, afirmara el mismo jueves que el diálogo con los maestros morelenses inconformes no contemplaría la negociación de la ACE, y se mantuvieron ayer tras las sospechas de que las autoridades de Morelos “endurecieron” su postura debido a la injerencia de la propia Gordillo.
Al margen del rumbo que tomen las negociaciones a partir de hoy –los maestros se han mostrado dispuestos a poner de su parte para regresar a clases el próximo lunes–, lo cierto es que el hecho da cuenta del creciente descontento por parte de un sector amplio y creciente del magisterio hacia el pacto educativo suscrito por el gobierno federal y el SNTE. Este rechazo no es exclusivo de Morelos –si bien la atención mediática ha estado particularmente centrada en lo que ocurre en esa entidad–, sino que se extiende por todo el país: significativamente ayer mismo, por la mañana, más de 10 mil profesores disidentes en Guerrero se manifestaron en contra de la alianza, mientras que miles de integrantes de la sección 22 del SNTE marcharon por las principales calles de la capital oaxaqueña. A estas manifestaciones de repudio habrá que añadir las llevadas a cabo durante las últimas semanas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Quintana Roo y Baja California Sur.
Por más que varios medios de comunicación se empeñen en presentar estos reclamos como una defensa de privilegios personales de los docentes, el rechazo a la ACE obedece a razones de peso y estrechamente vinculadas con el futuro de la educación pública en el país: el pacto, lejos de ofrecer soluciones a los enormes problemas en materia de enseñanza, tiende a agravarlos en la medida en que aumenta el margen de manejo discrecional de recursos por parte de la dirigencia sindical oficial, cuya corrupción y patrimonialismo constituyen lastres fundamentales para el mejoramiento de la educación pública en este país. Adicionalmente, el acuerdo agrava la percepción de incertidumbre laboral de miles de profesores, al imponerles criterios de evaluación empresarial –con el pretexto de establecer un pretendido modelo “meritocrático”– que, dado el añejo historial de represión hacia las expresiones de disidencia, es dable suponer que fungirá como una nueva forma de incrementar el control corporativo sobre los agremiados y reprimir a los disidentes, y profundizará, por añadidura, el descontento de grandes sectores de las bases hacia la dirigencia que encabeza Gordillo.
Por lo demás, la mencionada alianza no garantiza la resolución de los problemas de fondo en materia de recursos económicos e infraestructura que acusan los ciclos de educación básica a cargo del Estado. Esto último explica, en parte, la reticencia de los gobiernos de Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Zacatecas y Durango para suscribir el pacto.
En suma, si bien es posible que el conflicto magisterial en Morelos pueda resolverse en la medida en que las negociaciones prosperen, una solución a fondo del descontento que hoy permea al magisterio demanda de dos elementos centrales: un compromiso irrestricto con el carácter público de la educación y las condiciones laborales de los docentes –algo que supondría la cancelación de la ACE en sus términos actuales– y el fin de la alianza política –no educativa– entre la ungida “dirigente vitalicia” del magisterio y el gobierno calderonista.
Kikka Roja
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