La Corte determinó investigar la tragedia de la guardería ABC por ocho votos contra 3.
49 NIÑOS MURIERON EN UN INCENDIO POR NEGLIGENCIA Y CORRUPCIÓN, LAS GUARDERÍAS SON EL NEGOCIO DE LOS MÁS RICOS DE MÉXICO.La mayoría de ministros se manifestaron contra el proyecto de su colega Salvador Aguirre Anguiano, quien proponía no asumir el caso
Víctor Fuentes reforma.com
Ciudad de México (6 agosto 2009).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó una comisión para investigar la violación grave de garantías individuales por el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, que ha dejado 49 niños muertos.
Por ocho votos contra tres, los ministros rechazaron el proyecto de su colega Salvador Aguirre, quien advirtió que la Corte está en riesgo de generar un nuevo "parto de los montes" al entrar a este caso.
"Si los hechos que nos ocupan no se consideran como omisiones exageradas o excesivas, entonces, ¿cuándo lo van a ser, cuándo lo serán?", replicó el Ministro Sergio Valls.
Los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla estarán comisionadas a partir del 16 de agosto; una vez que presenten su protocolo de trabajo a la Corte, tendrán seis meses para rendir su informe, que será turnado a un ministro, para que a su vez presente un proyecto de dictamen a la Corte.
La investigación abarcará nueve puntos, entre ellos el régimen jurídico de la subrogación de guarderías del IMSS; si las autoridades inspeccionaban la Guardería ABC y vigilaban que se cumplieran sus observaciones; intervención de autoridades de Sonora y Hermosillo en la expedición de permisos del inmueble, y si las consecuencias del accidente pudieron evitarse.
El dictamen se limitará a determinar si existió violación grave de garantías, y mencionar a los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno involucrados, pero carecerá de efecto jurídico.
La investigación es independiente y no afecta los procesos penales, administrativos y civiles que ya están en curso.
En una situación inédita, el nombramiento de la comisión se convirtió en un inesperado debate y el rechazo público, por cinco votos contra cuatro, de la magistrada Elvia Díaz de León, ex consejera de la Judicatura Federal, quien había sido propuesta por el Presidente Guillermo Ortiz para integrar la comisión con Mota.
Valls sostuvo que en la comisión debía haber "equidad de género", mientras Genaro Góngora objetó que magistrados adscritos al DF tengan que estar viajando a Hermosillo.
Claramente molesta, Margarita Luna recordó que las anteriores comisiones han sido integradas por magistrados varones, y dijo que tanto Mota como Díaz son madres que tuvieron que trabajar desde jóvenes.
A fin de cuentas, Díaz de León quedó fuera y Ronzon fue designado, aunque la Corte todavía no sabe si aceptará la encomienda.
Derrotan a Aguirre
Aguirre había advertido, en una larga exposición en la que ofreció sus condolencias a los deudos de los menores, que la Corte no es un tribunal ordinario que pueda impartir justicia en este tipo de casos, ni lograr sanción o reparación alguna.
"No debemos arriesgar a la Corte, una vez más, a ejercer la facultad del artículo 97 y propiciar que se cumpla de nuevo la sentencia de Horacio: parirán los montes con estruendo, para dar luz solo un ridículo ratón", dijo.
Pero de poco sirvieron sus argumentos, que sólo apoyaron Mariano Azuela y el Presidente Guillermo Ortiz, es decir, la misma minoría que en agosto de 2008 se opuso a la despenalización del aborto en el DF.
Para la mayoría tuvo gran peso la avalancha de pruebas sobre la negligencia de los funcionarios que debían vigilar la guardería, a la que por años se le advirtió sobre sus deficiencias.
"Resulta indudable que los hechos tuvieron y siguen teniendo un impacto que ha afectado de manera severa no sólo la vida de la comunidad involucrada, sino de muchos sectores sociales a nivel nacional", señaló Fernando Franco.
Olga Sánchez Cordero recordó las declaraciones iniciales del director del IMSS, Daniel Karam, quien al día siguiente de la tragedia dijo que la guardería sí cumplía los requisitos de seguridad.
"Si no es imputable a las autoridades que suscriben contratos de subrogación para prestar el servicio de guarderías, así como a todas aquellas autoridades que deben verificar condiciones de licencia de uso de suelo y protección civil, la omisión y negligencia que derivaron en los lamentables sucesos, entonces ¿a quién les es imputable?", mencionó Valls.
Juan Silva Meza señaló que la investigación es un mecanismo de búsqueda de la verdad y derecho a la información de la sociedad.
José Ramón Cossío refutó punto por punto el proyecto de Aguirre, en el que detectó contradicciones conceptuales, y criticó que se dé por hecho que los responsables primarios de la tragedia fueron los dueños de la guardería.
"No me parece que la Corte puede hacer afirmaciones que juzgan en realidad sobre el fondo de los hechos, y que en este caso exculpan o podrían llevar a exculpar directamente a aquellas a autoridades cuya presunta vinculación con los hechos no puede ser decididamente descartada", afirmó.
El Ministro propuso varios puntos de investigación concretos, desde el marco jurídico de la subrogación de guarderías hasta la identificación de los funcionarios responsables.
Será la quinta investigación de este tipo realizada por la Corte desde 1996 y la cuarta en los últimos tres años. En las décadas previas solo hubo una, por la represión a una manifestación política en León, Guanajuato, en 1946.
Las dos últimas investigaciones en las que ya se emitió un dictamen, por los casos Lydia Cacho y San Salvador Atenco, resultaron en severas críticas para la Corte.
kikka-roja.blogspot.com/
Por ocho votos contra tres, los ministros rechazaron el proyecto de su colega Salvador Aguirre, quien advirtió que la Corte está en riesgo de generar un nuevo "parto de los montes" al entrar a este caso.
"Si los hechos que nos ocupan no se consideran como omisiones exageradas o excesivas, entonces, ¿cuándo lo van a ser, cuándo lo serán?", replicó el Ministro Sergio Valls.
Los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla estarán comisionadas a partir del 16 de agosto; una vez que presenten su protocolo de trabajo a la Corte, tendrán seis meses para rendir su informe, que será turnado a un ministro, para que a su vez presente un proyecto de dictamen a la Corte.
La investigación abarcará nueve puntos, entre ellos el régimen jurídico de la subrogación de guarderías del IMSS; si las autoridades inspeccionaban la Guardería ABC y vigilaban que se cumplieran sus observaciones; intervención de autoridades de Sonora y Hermosillo en la expedición de permisos del inmueble, y si las consecuencias del accidente pudieron evitarse.
El dictamen se limitará a determinar si existió violación grave de garantías, y mencionar a los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno involucrados, pero carecerá de efecto jurídico.
La investigación es independiente y no afecta los procesos penales, administrativos y civiles que ya están en curso.
En una situación inédita, el nombramiento de la comisión se convirtió en un inesperado debate y el rechazo público, por cinco votos contra cuatro, de la magistrada Elvia Díaz de León, ex consejera de la Judicatura Federal, quien había sido propuesta por el Presidente Guillermo Ortiz para integrar la comisión con Mota.
Valls sostuvo que en la comisión debía haber "equidad de género", mientras Genaro Góngora objetó que magistrados adscritos al DF tengan que estar viajando a Hermosillo.
Claramente molesta, Margarita Luna recordó que las anteriores comisiones han sido integradas por magistrados varones, y dijo que tanto Mota como Díaz son madres que tuvieron que trabajar desde jóvenes.
A fin de cuentas, Díaz de León quedó fuera y Ronzon fue designado, aunque la Corte todavía no sabe si aceptará la encomienda.
Derrotan a Aguirre
Aguirre había advertido, en una larga exposición en la que ofreció sus condolencias a los deudos de los menores, que la Corte no es un tribunal ordinario que pueda impartir justicia en este tipo de casos, ni lograr sanción o reparación alguna.
"No debemos arriesgar a la Corte, una vez más, a ejercer la facultad del artículo 97 y propiciar que se cumpla de nuevo la sentencia de Horacio: parirán los montes con estruendo, para dar luz solo un ridículo ratón", dijo.
Pero de poco sirvieron sus argumentos, que sólo apoyaron Mariano Azuela y el Presidente Guillermo Ortiz, es decir, la misma minoría que en agosto de 2008 se opuso a la despenalización del aborto en el DF.
Para la mayoría tuvo gran peso la avalancha de pruebas sobre la negligencia de los funcionarios que debían vigilar la guardería, a la que por años se le advirtió sobre sus deficiencias.
"Resulta indudable que los hechos tuvieron y siguen teniendo un impacto que ha afectado de manera severa no sólo la vida de la comunidad involucrada, sino de muchos sectores sociales a nivel nacional", señaló Fernando Franco.
Olga Sánchez Cordero recordó las declaraciones iniciales del director del IMSS, Daniel Karam, quien al día siguiente de la tragedia dijo que la guardería sí cumplía los requisitos de seguridad.
"Si no es imputable a las autoridades que suscriben contratos de subrogación para prestar el servicio de guarderías, así como a todas aquellas autoridades que deben verificar condiciones de licencia de uso de suelo y protección civil, la omisión y negligencia que derivaron en los lamentables sucesos, entonces ¿a quién les es imputable?", mencionó Valls.
Juan Silva Meza señaló que la investigación es un mecanismo de búsqueda de la verdad y derecho a la información de la sociedad.
José Ramón Cossío refutó punto por punto el proyecto de Aguirre, en el que detectó contradicciones conceptuales, y criticó que se dé por hecho que los responsables primarios de la tragedia fueron los dueños de la guardería.
"No me parece que la Corte puede hacer afirmaciones que juzgan en realidad sobre el fondo de los hechos, y que en este caso exculpan o podrían llevar a exculpar directamente a aquellas a autoridades cuya presunta vinculación con los hechos no puede ser decididamente descartada", afirmó.
El Ministro propuso varios puntos de investigación concretos, desde el marco jurídico de la subrogación de guarderías hasta la identificación de los funcionarios responsables.
Será la quinta investigación de este tipo realizada por la Corte desde 1996 y la cuarta en los últimos tres años. En las décadas previas solo hubo una, por la represión a una manifestación política en León, Guanajuato, en 1946.
Las dos últimas investigaciones en las que ya se emitió un dictamen, por los casos Lydia Cacho y San Salvador Atenco, resultaron en severas críticas para la Corte.
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