Teólogos y pontífices del petróleo Las palabras que encabezan esta columna fueron pronunciadas por Germán Martínez, jefe del Partido Acción Nacional, al participar el martes 13 en la primera sesión del debate social previo al legislativo en torno a las iniciativas de reforma petrolera. Para denostarlos, llamó a quienes se oponen a esos proyectos de ley teólogos y pontífices del petróleo, actuantes en “capillas de interesada veneración ideológica”. Ellos, dijo, buscan “cancelar de tajo la posibilidad de cualquier discusión racional sobre los mejores diseños institucionales para garantizar la seguridad energética y fortalecer a la industria petrolera de México”. Se equivocó Martínez. Tales teólogos y pontífices no sólo no impiden el debate sobre el tema, sino que el foro en que hablaba fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo, y su realización resultó del acuerdo a que llegaron las fracciones senatoriales, incluidas las de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista. El debate previo a la discusión en las cámaras (que no hubiera sido posible si, como ostensiblemente se pretendió, se apresurara en abril el trámite a las iniciativas presidenciales) es parte de la estrategia del movimiento encabezado por López Obrador, para que la sociedad, los ciudadanos, la gente, tengan claros los propósitos de quienes buscan entregar nuevas porciones de la industria petrolera a capitales privados, y de quienes se oponen a ese propósito. Martínez dedicó una porción de su discurso, con el que se inició el debate que cerrará el 22 de julio, a anatematizar sin nombrarlo a López Obrador. Le imputó encarnar “la verdadera amenaza privatizadora, (la) privatización política que algunos buscan para desestabilizar a la democracia mexicana y conseguir lo que no obtuvieron en las urnas”. Insistió en que esa privatización política responde a “resentimientos de derrotas electorales” y más precisamente al “resentimiento por la derrota electoral del 2006” . Se equivocó también Martínez al asegurar que el “falso nacionalismo” opuesto a la reforma calderonista “no permite tocar ni reformar nada, no propone nada, no busca nada”. Esa misma mañana, poco después José Agustín Ortiz Pinchetti, hablando en nombre de López Obrador, formuló las propuestas del movimiento que éste encabeza, y las detallaría el jueves siguiente Claudia Scheinbaum, una de las dos únicas mujeres que presentaron ponencias junto a 19 varones, en las sesiones iniciales del foro de discusión (la otra fue la presidenta del PRI, Beatriz Paredes). En el diálogo que siguió a la presentación de las ponencias, Martínez elogió a Cárdenas, “su nacionalismo”, “el conocimiento que usted tiene del tema”, y le extendió “nuestro reconocimiento desde Acción Nacional”. Si con eso pretendió contrastar dos modos diferentes de abordar desde la izquierda la reforma petrolera, es que no se percató de que en este asunto la posición de Cárdenas nada difiere en lo sustancial de la sostenida por López Obrador. Desde el primer momento Cárdenas percibió la inconstitucionalidad de la propuesta calderonista para reformar la ley reglamentaria del artículo 27 en materia petrolera. Lo hizo apenas tres días después de presentadas las iniciativas, cuando instó a resistir la pretensión reformadora en esa dirección, por esconder una modificación constitucional. Este martes insistió, citando con mofa a la Secretaria de Energía que aseguró la semana anterior que no se propone reformar la Constitución , que “sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Esto, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta tanto o más grave, todavía, que reformarla”. Se refirió explícitamente a la porción de la reforma que permitiría maquilar la refinación y construir y operar ductos: “según la interpretación del gobierno no se está haciendo en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la constitución, sino a otros, y preguntó entonces: “¿A contratos y concesiones que no son contratos ni concesiones según la definición constitucional? El Estado directamente o por conducto de sus agentes, está constitucionalmente impedido, desautorizado para contratar o conceder concesiones a personas físicas y morales, tratándose del petróleo y de todos los hidrocarburos. Que no se pretenda, con el subterfugio de llamar contrato de maquila al contrato concesión, y permiso a la concesión, violar impunemente la Constitución ”. Cárdenas produjo, con mucho, la mejor pieza del día inaugural del debate. No sólo por su condición biológica de ser hijo de quien es, sino por haber sido formado por su padre en el nacionalismo que condujo a la expropiación como acto de soberanía frente a la pretensión de las empresas extranjeras de no acatar el derecho mexicano, Cárdenas ha penetrado en los varios aspectos del tema petrolero. Lo mostró a lo largo de su ponencia y al caracterizar en breves líneas la política pública en relación con ese producto energético, de que resulta el estado actual de Pemex: De principios del siglo XX hasta 1938, el petróleo “se explotó en el esquema de una economía dependiente de enclave, enviándose la mayor parte de la producción a mercados del exterior y sólo utilizaba una parte menor en la producción de combustibles y otros petrolíferos destinados al consumo interno. “De 1938 hasta 1976, la actividad de Pemex se orientó preferentemente a satisfacer las demandas nacionales de petrolíferos y apoyar el crecimiento económico del país. En los seis años siguientes, además de atender a los objetivos anteriores, la explotación del petróleo se constituyó, también, en una importante fuente generadora de divisas, que principalmente se utilizaron para impulsar los procesos de industrialización del propio hidrocarburo. “Entre 82 y 88, la administración frenó y prácticamente abandonó el esfuerzo de integración y alargamiento de las cadenas productivas petroleras y destinó las divisas obtenidas de la exportación de crudo, al pago de la deuda externa. De 1988 para acá, se aceleró consciente e intencionadamente el desmantelamiento y la obsolescencia de la industria petrolera estatal, centrando la atención y las inversiones en la explotación y exportación de petróleo crudo, apropiándose la Secretaría de Hacienda del producto de su venta por la vía de derecho, impuestos, etcétera, para nutrir los recursos fiscales del Estado”. Egresado como Cárdenas de la Escuela Nacional de Ingenieros, Javier Jiménez Espriú la dirigió ya como facultad en los años 70. Luego de ser secretario de administración y aspirar sin éxito a la Rectoría , salió del campus (aunque mantuvo su vinculación con el club de futbol hasta el 2001)) realizó una carrera en la administración federal (que incluyó la dirección de comercialización de Pemex). Con ese equipaje, Jiménez Espriú sintetizó dos días después el sentir de una porción importante del miembros del PRI (él lo es desde 1958). Quién sabe si su posición es compartida por los legisladores de ese partido (no podemos saberlo ni siquiera respecto de la sostenida por la lideresa del tricolor), pero refleja un parecer que no podrá ser soslayado a la hora de legislar. Descalificó a la propuesta presidencial como “insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante del contenido histórico y ayuna de sensibilidad política”. Salvo la de Germán Martínez, no hubo en los dos días iniciales del debate una defensa explícita de las iniciativas presidenciales, aunque sí expresiones favorecedoras de su intención y descalificadoras de la oposición a tales proyectos. Por ello adquirieron mayor relieve las posturas contrarias a la legislación propuesta, entre las que sobresalió la expuesta el jueves por Claudia Scheinbaum, en representación del gobierno que se estima legítimo frente al espurio que encabeza Calderón. Con propuestas puntuales de reforma, como la de asignar 75% de los excedentes petroleros de este año a fortalecer las finanzas de Pemex, la eventual aplicación de esa medida tendría que superar la amarga sorpresa de que no obstante el alza continua de los precios internacionales del petróleo, no hubo tales excedentes en el primer trimestre, según informó el viernes el Secretario de Hacienda. El pasado presente.- El 18 de mayo de 1992, un día como hoy hace 16 años, fue firmado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (Anmebn). Tres lustros después, una de sus signatarias, Elba Ester Gordillo, con un poder reforzado y ampliado, firmó la Alianza para la Calidad Educativa , ya como dependiente del Ejecutivo sino como su sostén y apoyo. El acuerdo resultó de intensas negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación , a cuya cabeza se hallaban Ernesto Zedillo y Gordillo. Cuando digo que su entonces secretaria general estaba subordinada al Presidente no digo que su enorme organización pudiera moverse como un mecanismo que obedece a la simple manipulación de sus controles, sino que su participación en procesos de reforma requiere un intenso trabajo político aunque al final se sobrepongan los intereses conservadores, como tal vez ocurrirá una vez más con la Alianza firmada el jueves pasado. Además de cumplir instrucciones presidenciales, a cada uno de sus signatarios le importaba mostrar su capacidad de acuerdo para consolidarse en su posición. Zedillo tenía apenas cinco meses en su silla cuando fue firmado el acuerdo, cuyo contenido inicial se circunscribía a la federalización como se denominaba entonces al intento de descentralizar la gestión educativa. En enero de 1992 Zedillo había transitado los 500 metros que separaban SEP de la oficina que ocupaba en Palacio Nacional como secretario de Programación y Presupuesto, para sustituir a Manuel Bartlett. Colocado en la difícil posición de acatar a quien había sido su rival en la sucesión presidencial, el ex secretario de Gobernación era un singular precandidato derrotado que no se va al ostracismo sino que es invitado, y acepta trabajar con quien lo venció. Era un pago que Salinas estaba obligado a realizar, pues su polémico ascenso a la Presidencia no hubiera sido posible sin el trabajo de Bartlett al frente de la Comisión Federal Electoral. Pero ambos estaban incómodos en esa nueva relación, en que Bartlett ya no era compañero de gabinete de Salinas y su antagonista sino subordinado suyo. A poco andar se presentó entre ellos un diferendo por el súbito golpe presidencial contra Carlos Jonguitud Barrios, el líder verdadero del sindicato magisterial. No es que Bartlett se opusiera a deponer al cacique, sino que fue apartado de la operación pues se consideró que como asunto político que era su gestión correspondía a Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación. Esa decisión dejó a Bartlett sin capacidad de negociación ante la reemplazante de Jonguitud, Gordillo, ya que ésta sabía que el secretario de Educación era por entero ajeno a la decisión de entronizarla. Esa capacidad le era necesaria a Bartlett para cumplir el programa de federalización que le encomendó Salinas y del que no pudo dar buenas cuentas. Aunque en diciembre de 1991, después de tres largos años en la SEP , aún faltaban meses para que se abriera el proceso electoral en Puebla, Bartlett renunció a su cargo en espera de ser gobernador de la tierra en que había nacido cuando la trashumancia profesional de su padre, juez federal, lo situó por un tiempo en la Angelópolis. Después de un trienio como secretaria general reemplazante del titular, caído junto con Jonguitud, Elba Ester Gordillo logró establecer la reelección en el sindicato y 1992 era ya el cuarto año de su desempeño al frente del SNTE, el primero de su segundo periodo. (Cumpliría un tercero, que concluyó en 1996, y durante los ocho años siguientes se mantuvo ajena formalmente a la secretaría general que ocuparon personeros suyos, hasta que en el 2004 una nueva reforma estatutaria le permitió instituir la presidencia del sindicato, cargo que ocupa desde entonces). Aunque después sus relaciones con Zedillo se descompusieron, al principio halló en él un trato distante sí, pero diferente del muy rígido que Bartlett le dispensaba. Y así en sólo unos meses se puso a punto el acuerdo modernizador. Éste incluía la descentralización, previa garantía al sindicato de que se preservaría su unidad. Incluía también una renovación curricular y una valoración del trabajo de los maestros, que comprendía el establecimiento de la carrera magisterial, un conjunto de estímulos para que los maestros mejoraran sus ingresos sin tener que aguardar el ascenso en la pirámide laboral. Gordillo se ufanó de los logros magisteriales en el acuerdo firmado hoy hace 16 años: “en su espíritu y en su letra hay un claro reconocimiento del papel protagónico del maestro en la transformación educativa de México, un compromiso de la federación y de los gobiernos estatales de mejorar las percepciones de los trabajadores de la educación, de establecer un sistema estatal para la formación del maestro y de convenir la puesta en marcha de un programa emergente de actualización”. |
Kikka Roja
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