- Concluyó la segunda fase para regularizar unidades; 95% ya verificó documentos
- Con engaños, líderes de taxistas piratas tratan aún de medrar con concesiones
- Setravi: este martes se dará a conocer la cifra final de los nuevos títulos que se requieren
Laura Gómez Flores
Con engaños de sus dirigentes de que los vehículos remitidos al corralón obtendrían su engomado para prestar servicio a partir del 1O de enero, mediante un pago de 5 mil pesos, concluyó ayer la segunda fase del programa de regularización de taxis piratas, a la cual acudieron alrededor de 95 por ciento de los 25 mil 931 inscritos en el padrón, informó el director del Servicio de Transporte Individual de Pasajeros, Víctor Ramírez. Los documentos de un total de 6 mil 500 unidades irregulares fueron verificados en los módulos ubicados en los estacionamientos de los estadios Olímpico de Ciudad Universitaria y Azteca, mientras en el campus del Instituto Politécnico Nacional y los centros de Transferencia Modal de El Salado y Santa Anita se revisaron 3 mil 500 en cada uno, detectándose algunas anomalías. Entre ellas la falta de póliza de seguro, tarjeta de circulación o tarjetón, así como números de motor diferentes a los inscritos en las solicitudes vía Internet, por lo cual este lunes, una vez cotejados los datos de los cinco centros de atención y determinado el número de taxistas que acudieron a inscribirse, se enviará un padrón a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que los cruce con su información.
Se trata, explicó el funcionario, de detectar si alguno de los propietarios, conductores o unidades está involucrada en la comisión de ilícitos, a fin de girar la orden de presentación o detención respectiva, y garantizar que cada uno de los vehículos a regularizar sea seguro para la prestación del servicio. “La labor fue extenuante pues se realizó en cuatro días, pero no hubo ningún problema que alterara el orden y sólo faltaron de revisar alrededor de mil 300”, comentó Ramírez al lamentar que varios de los dueños de taxis piratas hayan sido engañados por sus supuestos líderes, obligándolos a entregar una cuota de 5 mil pesos y todos los documentos de su vehículo para gestionar la concesión respectiva, cuando se trataba de un trámite individual.
Dicha situación provocó que algunos de los taxistas que acudieron al módulo de Ciudad Universitaria no se les entregara la calcomanía, con la cual podrán circular a partir del primer día de enero, porque el beneficiario era algún líder de taxistas o de sus familiares, y no ellos, como sucedió con un hombre de la tercera edad, quien se negó a proporcionar su nombre, pero consideraba “injusto que su dirigente hiciera el papeleo para él, cuando durante más de 10 años ha estado pagando sus cuotas y el carro es mío”. La solicitud del nombre de la persona que lo había engañado, por parte de personal de la Secretaría de Transporte y Vialidad, no fue atendida por el hombre, quien decidió abandonar el lugar con su unidad. Como éste se registraron otros casos en El Salado y Santa Anita, donde fueron enviados varios conductores con engaños de dirigentes de organizaciones como Panteras y G4, de que ahí se atendía a quienes tenían sus carros en corralones, lo cual no era cierto.
Pese a estos incidentes que sumaron alrededor de media centena, por los cuales se instó a la gente a presentar la denuncia correspondiente en la dependencia, el proceso se llevó sin problemas, y las cifras finales se darán a conocer el próximo martes para elaborar el dictamen sobre el número de concesiones que requiere la ciudad, el cual se enviará a la jefatura de Gobierno y a la Asamblea Legislativa.
Se trata, explicó el funcionario, de detectar si alguno de los propietarios, conductores o unidades está involucrada en la comisión de ilícitos, a fin de girar la orden de presentación o detención respectiva, y garantizar que cada uno de los vehículos a regularizar sea seguro para la prestación del servicio. “La labor fue extenuante pues se realizó en cuatro días, pero no hubo ningún problema que alterara el orden y sólo faltaron de revisar alrededor de mil 300”, comentó Ramírez al lamentar que varios de los dueños de taxis piratas hayan sido engañados por sus supuestos líderes, obligándolos a entregar una cuota de 5 mil pesos y todos los documentos de su vehículo para gestionar la concesión respectiva, cuando se trataba de un trámite individual.
Dicha situación provocó que algunos de los taxistas que acudieron al módulo de Ciudad Universitaria no se les entregara la calcomanía, con la cual podrán circular a partir del primer día de enero, porque el beneficiario era algún líder de taxistas o de sus familiares, y no ellos, como sucedió con un hombre de la tercera edad, quien se negó a proporcionar su nombre, pero consideraba “injusto que su dirigente hiciera el papeleo para él, cuando durante más de 10 años ha estado pagando sus cuotas y el carro es mío”. La solicitud del nombre de la persona que lo había engañado, por parte de personal de la Secretaría de Transporte y Vialidad, no fue atendida por el hombre, quien decidió abandonar el lugar con su unidad. Como éste se registraron otros casos en El Salado y Santa Anita, donde fueron enviados varios conductores con engaños de dirigentes de organizaciones como Panteras y G4, de que ahí se atendía a quienes tenían sus carros en corralones, lo cual no era cierto.
Pese a estos incidentes que sumaron alrededor de media centena, por los cuales se instó a la gente a presentar la denuncia correspondiente en la dependencia, el proceso se llevó sin problemas, y las cifras finales se darán a conocer el próximo martes para elaborar el dictamen sobre el número de concesiones que requiere la ciudad, el cual se enviará a la jefatura de Gobierno y a la Asamblea Legislativa.
Kikka Roja
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