Horizonte político
José A. Crespo
México unido contra la democracia
¿Cómo se puede combatir la impunidad en el país de la impunidad? Es lo que se supone que respondieron los asistentes al Consejo Nacional de Seguridad Pública y los firmantes hace una semana.
Los impunes se pronunciaron contra la impunidad. En lo propuesto por ellos hay problemas de concepción. Por un lado, en varios de los discursos y las propuestas ahí vertidos se detectan errores graves de concepción del problema, que podrían simplemente llevarnos a repetir la historia de sentidas declaraciones, pactos de sangre y solemnes reuniones, para que dentro de algunos años repitamos, bajo un gobierno distinto, el mismo espectáculo y reciclemos las propuestas eternamente congeladas o desvirtuadas.
1) Se toma al crimen organizado como si fuera un fenómeno homogéneo. Pero los secuestros o la prostitución infantil son un tipo de delito muy distinto del narcotráfico en sí. La gravedad del consumo de narcóticos, que es voluntario —y a los consumidores debiera dejárseles asumir las consecuencias de su decisión y abrirles una puerta para su eventual rehabilitación—, no puede compararse con los delitos donde las víctimas no son voluntarias y sufren graves daños e incluso pierden la vida. Además, el combate al secuestro “comercial” puede combatirse con buenos resultados, mientras que la batalla contra el narcotráfico no tiene salida. ¿No convendría priorizar la lucha contra el primero? Los recursos del Estado no son infinitos. Debieran enfocarse con racionalidad.
2) El procurador Eduardo Medina-Mora advierte a los delincuentes que “no habrá tregua” para ellos, pero son los capos quienes no parecen dispuestos a dar tregua al Estado ni a sus aparatos de “seguridad” y cada vez menos a los ciudadanos en general. Medina-Mora está modificando su discurso: del “vamos ganando aunque no parezca”, pasa a “el hampa debilita el Estado”. ¿Cambió la realidad, y ahora sí vamos perdiendo, o sólo se adoptó un discurso más realista?
3) Por su parte, Felipe Calderón lanza la idea de que podemos ganar esta guerra “porque somos más, muchos millones más, quienes estamos dispuestos a luchar por la seguridad de nuestros hijos y por el derecho de… vivir en una nación de libertades, de orden, de legalidad y de paz” (21/ago/08). ¿De verdad es cuestión de números? Si así fuera ya hubiera desaparecido el crimen organizado, incluidos los cárteles (con sólo 500 mil reclutas frente a 70 millones de ciudadanos). Pero todos sabemos —bueno, casi todos— que una minoría organizada, armada y dispuesta a lo que sea puede imponerse a una mayoría desarticulada y desarmada. A menos que se militarizara a la sociedad civil, entrenándola y armándola para combatir a los capos en una guerra convencional (que tampoco lo es ni lo será nunca). Calderón, o no sabe de lo que habla o deliberadamente maneja falacias quizá convincentes para muchos, con objeto de ganar tiempo antes de dejarle a su sucesor un paquete probablemente más pesado que aquel que él mismo recibió en 2006.
4) Se ratifica el esquema de fragmentación de las policías, a nivel federal, estatal y municipal, que explica en buena parte la ineficacia del combate y la sanción al secuestro. Eso mismo lo reconoció Calderón, al señalar que la impunidad rampante es en buena parte consecuencia “de una mal entendida división de competencias entre autoridades y órdenes de gobierno”. Por esa vía jamás se avanzará, pues, pese a ofrecer la coordinación de esas policías, ésta jamás se logrará cabalmente. Las policías municipales, que conforman la mayoría de los cuerpos policiacos, son las más vulnerables al crimen organizado, las más corrompibles, las más infiltrables, las menos controlables. Baste ver la actuación de la policía en Creel, Chihuahua: huyeron una hora antes de la llegada de los sicarios, quienes hicieron una matazón de adultos y menores (incluido un bebé) y tardaron horas en regresar, por temor a que la población, comprensiblemente indignada, los linchara. ¿Así vamos a derrotar a los poderosos cárteles? “Somos para levantar borrachitos —confiesa un policía municipal en Guerrero—, no para repeler una acción de comandos del narco” (8/mayo/08). Y eso difícilmente cambiará bajo el actual esquema de fragmentación policial.
5) Finalmente, ¿quién puede tomar en serio un “acuerdo por la legalidad” firmado por Mario Marín, Carlos Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo? Eso es un claro reflejo de que la élite política parece establecer una división muy clara entre la impunidad de los delincuentes y la de los políticos. Mano dura contra la primera, pero que la sociedad mejor no se meta con la segunda. De ahí las protestas de Beatriz Paredes y Diego Fernández de Cevallos ante el reto de Alejandro Martí en el sentido de pedir cuentas a quienes fallen. Es que los políticos forman parte del organismo “México unido contra la democracia”. Fernández de Cevallos actualizó la tesis lopezportillista de “la corrupción somos todos”. Como los políticos, policías, líderes sindicales y gobernantes corruptos surgen de la sociedad (son ciudadanos, sin duda) y ésta es esencialmente corrupta, aquéllos no son directamente culpables por eso (hacen lo que la sociedad les enseñó) y, por tanto, no deben ser responsabilizados ni penal ni políticamente.
La impunidad, como la corrupción, se combate de arriba hacia abajo. Pero los políticos mexicanos quieren empezar a barrer desde un poco más debajo de la escalera, para ellos mismos quedar intocados. Según Calderón sería legalmente más fácil castigar a los corruptos de “arriba” que a los delincuentes de “abajo”. Pero no lo hace. ¿También es miembro distinguido de “México unido contra la democracia”? No en el discurso, pero todo indica que, en los hechos, sí.
Los impunes se pronunciaron contra la impunidad. En lo propuesto por ellos hay problemas de concepción. Por un lado, en varios de los discursos y las propuestas ahí vertidos se detectan errores graves de concepción del problema, que podrían simplemente llevarnos a repetir la historia de sentidas declaraciones, pactos de sangre y solemnes reuniones, para que dentro de algunos años repitamos, bajo un gobierno distinto, el mismo espectáculo y reciclemos las propuestas eternamente congeladas o desvirtuadas.
1) Se toma al crimen organizado como si fuera un fenómeno homogéneo. Pero los secuestros o la prostitución infantil son un tipo de delito muy distinto del narcotráfico en sí. La gravedad del consumo de narcóticos, que es voluntario —y a los consumidores debiera dejárseles asumir las consecuencias de su decisión y abrirles una puerta para su eventual rehabilitación—, no puede compararse con los delitos donde las víctimas no son voluntarias y sufren graves daños e incluso pierden la vida. Además, el combate al secuestro “comercial” puede combatirse con buenos resultados, mientras que la batalla contra el narcotráfico no tiene salida. ¿No convendría priorizar la lucha contra el primero? Los recursos del Estado no son infinitos. Debieran enfocarse con racionalidad.
2) El procurador Eduardo Medina-Mora advierte a los delincuentes que “no habrá tregua” para ellos, pero son los capos quienes no parecen dispuestos a dar tregua al Estado ni a sus aparatos de “seguridad” y cada vez menos a los ciudadanos en general. Medina-Mora está modificando su discurso: del “vamos ganando aunque no parezca”, pasa a “el hampa debilita el Estado”. ¿Cambió la realidad, y ahora sí vamos perdiendo, o sólo se adoptó un discurso más realista?
3) Por su parte, Felipe Calderón lanza la idea de que podemos ganar esta guerra “porque somos más, muchos millones más, quienes estamos dispuestos a luchar por la seguridad de nuestros hijos y por el derecho de… vivir en una nación de libertades, de orden, de legalidad y de paz” (21/ago/08). ¿De verdad es cuestión de números? Si así fuera ya hubiera desaparecido el crimen organizado, incluidos los cárteles (con sólo 500 mil reclutas frente a 70 millones de ciudadanos). Pero todos sabemos —bueno, casi todos— que una minoría organizada, armada y dispuesta a lo que sea puede imponerse a una mayoría desarticulada y desarmada. A menos que se militarizara a la sociedad civil, entrenándola y armándola para combatir a los capos en una guerra convencional (que tampoco lo es ni lo será nunca). Calderón, o no sabe de lo que habla o deliberadamente maneja falacias quizá convincentes para muchos, con objeto de ganar tiempo antes de dejarle a su sucesor un paquete probablemente más pesado que aquel que él mismo recibió en 2006.
4) Se ratifica el esquema de fragmentación de las policías, a nivel federal, estatal y municipal, que explica en buena parte la ineficacia del combate y la sanción al secuestro. Eso mismo lo reconoció Calderón, al señalar que la impunidad rampante es en buena parte consecuencia “de una mal entendida división de competencias entre autoridades y órdenes de gobierno”. Por esa vía jamás se avanzará, pues, pese a ofrecer la coordinación de esas policías, ésta jamás se logrará cabalmente. Las policías municipales, que conforman la mayoría de los cuerpos policiacos, son las más vulnerables al crimen organizado, las más corrompibles, las más infiltrables, las menos controlables. Baste ver la actuación de la policía en Creel, Chihuahua: huyeron una hora antes de la llegada de los sicarios, quienes hicieron una matazón de adultos y menores (incluido un bebé) y tardaron horas en regresar, por temor a que la población, comprensiblemente indignada, los linchara. ¿Así vamos a derrotar a los poderosos cárteles? “Somos para levantar borrachitos —confiesa un policía municipal en Guerrero—, no para repeler una acción de comandos del narco” (8/mayo/08). Y eso difícilmente cambiará bajo el actual esquema de fragmentación policial.
5) Finalmente, ¿quién puede tomar en serio un “acuerdo por la legalidad” firmado por Mario Marín, Carlos Romero Deschamps o Elba Esther Gordillo? Eso es un claro reflejo de que la élite política parece establecer una división muy clara entre la impunidad de los delincuentes y la de los políticos. Mano dura contra la primera, pero que la sociedad mejor no se meta con la segunda. De ahí las protestas de Beatriz Paredes y Diego Fernández de Cevallos ante el reto de Alejandro Martí en el sentido de pedir cuentas a quienes fallen. Es que los políticos forman parte del organismo “México unido contra la democracia”. Fernández de Cevallos actualizó la tesis lopezportillista de “la corrupción somos todos”. Como los políticos, policías, líderes sindicales y gobernantes corruptos surgen de la sociedad (son ciudadanos, sin duda) y ésta es esencialmente corrupta, aquéllos no son directamente culpables por eso (hacen lo que la sociedad les enseñó) y, por tanto, no deben ser responsabilizados ni penal ni políticamente.
La impunidad, como la corrupción, se combate de arriba hacia abajo. Pero los políticos mexicanos quieren empezar a barrer desde un poco más debajo de la escalera, para ellos mismos quedar intocados. Según Calderón sería legalmente más fácil castigar a los corruptos de “arriba” que a los delincuentes de “abajo”. Pero no lo hace. ¿También es miembro distinguido de “México unido contra la democracia”? No en el discurso, pero todo indica que, en los hechos, sí.
Kikka Roja
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