Subrogación ilegal e inmoral
Javier González Garza
11 Jul. 09
Aunque el modelo de administración de los actuales gobiernos predica la no intervención del Estado, éste sigue ahí, en prácticas corruptas, como en el IMSS
Los derechos que reconoce el Estado en México han evolucionado a la par de importantes movimientos sociales. La seguridad social es una de las conquistas que se fraguaron por generaciones, y aspira a conformar un sistema que debiera proteger a todos los mexicanos. Sin embargo, en los últimos años se ha ido desmantelando.
Las guarderías, como parte del sistema de seguridad social, son reconocidas como un derecho en la Constitución. El servicio de guarderías se preveía desde 1931 en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como una obligación que debían proveer los patrones. Más adelante durante el periodo conocido como "desarrollo estabilizador", en que transcurría la industrialización de México, se multiplicaron las guarderías. El presidente López Mateos estableció que todas las empresas que tuvieran a más de 50 madres trabajadoras a su servicio deberían contar con el servicio de guardería. Aquella disposición trajo como consecuencia el despido masivo de mujeres e incluso la división de empresas para evadir aquella obligación.
En 1943 nace el Seguro Social basado en un sistema tripartita en que patrones, trabajadores y el Estado aportan para garantizar el acceso de los trabajadores a la seguridad social. En 1962 la LFT endosó al IMSS la prestación del servicio de guarderías, y en la Ley del Seguro Social de 1973 éste asume plenamente tal prestación y comienza la construcción de guarderías, destinando para ello una cotización del 1 por ciento del salario base. Pronto esos recursos fueron insuficientes por la caída del valor real del salario, además en la reforma de 1995 a la Ley del IMSS se cargaron otras prestaciones al 1 por ciento originalmente destinado sólo a guarderías.
Aunado a ello, se ha dado una franca defraudación a todo el sistema de seguridad social por parte de patrones, líderes sindicales y autoridades. Los famosos bonos, estímulos y compensaciones que adelgazan el salario base provocan que la cotización al Seguro Social sea insignificante.
Todo el sistema de seguridad social se ha visto minado por completo a lo largo de décadas por la corrupción imperante y los constantes recortes presupuestales, causados por la renuencia del gobierno a cobrar impuestos a los que más tienen.
Quienes han gobernado este país hasta ahora, aceptaron un modelo que "venía de fuera" y lo adecuaron a la corrupción imperante en el país. La idea de que es nocivo que el Estado intervenga en el funcionamiento de la economía y que se debe limitar a su mínima expresión resultó una gran hipocresía, porque el Estado sigue ahí, funcionando, interviniendo y gastando, sólo que ahora se olvida de la población en general y prioriza a unos cuantos poderosos de diversa índole: empresarios, políticos, líderes sindicales y medios de comunicación. Ahora los beneficios no son de carácter general, sino esencialmente privados y dirigidos.
La subrogación de servicios y prestaciones del IMSS ejemplifica esto. Las decisiones de política pública tienen consecuencias en la vida de las personas. La muerte de 48 infantes y lesiones en 28 más nos han mostrado que la decisión de desmantelar la seguridad social en el país causa tragedias. Es imperante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contribuya a hacer justicia en este lamentable caso.
La subrogación a privados de guarderías en el IMSS es ilegal e inmoral.
Es ilegal, porque vulnera expresamente el artículo 213 de la Ley del Seguro Social. En noviembre de 1995 discutimos en la Cámara de Diputados la Ley del Seguro Social. Entonces nos opusimos al intento de añadir un segundo párrafo al citado artículo que textualmente decía: "El Instituto también podrá celebrar convenios de subrogación de servicios con personas físicas o morales en los términos que señale el reglamento respectivo". En la discusión y en la votación ese párrafo fue descartado específicamente para no permitir la subrogación de un servicio tan delicado como el de las guarderías. Eso no importa para las autoridades, porque se saben impunes. El "espíritu del legislador" se violenta flagrantemente cuando se subroga a terceros esta prestación. Sin embargo, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, promueve ese esquema con una declaración torpe, cínica e irresponsable, tal vez defendiendo intereses millonarios del círculo del poder.
Pero es inmoral porque reproduce fielmente el esquema de "capitalismo de cuates" que padecemos. El director del IMSS, más de un mes después de la tragedia en Hermosillo, dio a conocer la lista de los nombres de quienes presumiblemente son dueños de las guarderías subrogadas. Aparecen ya "célebres apellidos", que son indicadores de la colusión de funcionarios y beneficiarios del sistema corrupto que prevalece en el IMSS y en el país.
Esta obligación que originalmente tenían los patrones se endosa al Estado, pero por la corrupción y malos manejos se traslada a los empresarios, muchos de ellos irresponsables que sólo buscan ganancias y, al final, el problema se traduce en una tragedia para las familias trabajadoras.
Partidos políticos comprometidos y solidarios, funcionarios públicos honrados, empresarios nacionalistas y la movilización social organizada tal vez podrán detener la corrupción y el influyentismo que ahogan el futuro de nuestro país.
kikka-roja.blogspot.com/
Los derechos que reconoce el Estado en México han evolucionado a la par de importantes movimientos sociales. La seguridad social es una de las conquistas que se fraguaron por generaciones, y aspira a conformar un sistema que debiera proteger a todos los mexicanos. Sin embargo, en los últimos años se ha ido desmantelando.
Las guarderías, como parte del sistema de seguridad social, son reconocidas como un derecho en la Constitución. El servicio de guarderías se preveía desde 1931 en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como una obligación que debían proveer los patrones. Más adelante durante el periodo conocido como "desarrollo estabilizador", en que transcurría la industrialización de México, se multiplicaron las guarderías. El presidente López Mateos estableció que todas las empresas que tuvieran a más de 50 madres trabajadoras a su servicio deberían contar con el servicio de guardería. Aquella disposición trajo como consecuencia el despido masivo de mujeres e incluso la división de empresas para evadir aquella obligación.
En 1943 nace el Seguro Social basado en un sistema tripartita en que patrones, trabajadores y el Estado aportan para garantizar el acceso de los trabajadores a la seguridad social. En 1962 la LFT endosó al IMSS la prestación del servicio de guarderías, y en la Ley del Seguro Social de 1973 éste asume plenamente tal prestación y comienza la construcción de guarderías, destinando para ello una cotización del 1 por ciento del salario base. Pronto esos recursos fueron insuficientes por la caída del valor real del salario, además en la reforma de 1995 a la Ley del IMSS se cargaron otras prestaciones al 1 por ciento originalmente destinado sólo a guarderías.
Aunado a ello, se ha dado una franca defraudación a todo el sistema de seguridad social por parte de patrones, líderes sindicales y autoridades. Los famosos bonos, estímulos y compensaciones que adelgazan el salario base provocan que la cotización al Seguro Social sea insignificante.
Todo el sistema de seguridad social se ha visto minado por completo a lo largo de décadas por la corrupción imperante y los constantes recortes presupuestales, causados por la renuencia del gobierno a cobrar impuestos a los que más tienen.
Quienes han gobernado este país hasta ahora, aceptaron un modelo que "venía de fuera" y lo adecuaron a la corrupción imperante en el país. La idea de que es nocivo que el Estado intervenga en el funcionamiento de la economía y que se debe limitar a su mínima expresión resultó una gran hipocresía, porque el Estado sigue ahí, funcionando, interviniendo y gastando, sólo que ahora se olvida de la población en general y prioriza a unos cuantos poderosos de diversa índole: empresarios, políticos, líderes sindicales y medios de comunicación. Ahora los beneficios no son de carácter general, sino esencialmente privados y dirigidos.
La subrogación de servicios y prestaciones del IMSS ejemplifica esto. Las decisiones de política pública tienen consecuencias en la vida de las personas. La muerte de 48 infantes y lesiones en 28 más nos han mostrado que la decisión de desmantelar la seguridad social en el país causa tragedias. Es imperante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contribuya a hacer justicia en este lamentable caso.
La subrogación a privados de guarderías en el IMSS es ilegal e inmoral.
Es ilegal, porque vulnera expresamente el artículo 213 de la Ley del Seguro Social. En noviembre de 1995 discutimos en la Cámara de Diputados la Ley del Seguro Social. Entonces nos opusimos al intento de añadir un segundo párrafo al citado artículo que textualmente decía: "El Instituto también podrá celebrar convenios de subrogación de servicios con personas físicas o morales en los términos que señale el reglamento respectivo". En la discusión y en la votación ese párrafo fue descartado específicamente para no permitir la subrogación de un servicio tan delicado como el de las guarderías. Eso no importa para las autoridades, porque se saben impunes. El "espíritu del legislador" se violenta flagrantemente cuando se subroga a terceros esta prestación. Sin embargo, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, promueve ese esquema con una declaración torpe, cínica e irresponsable, tal vez defendiendo intereses millonarios del círculo del poder.
Pero es inmoral porque reproduce fielmente el esquema de "capitalismo de cuates" que padecemos. El director del IMSS, más de un mes después de la tragedia en Hermosillo, dio a conocer la lista de los nombres de quienes presumiblemente son dueños de las guarderías subrogadas. Aparecen ya "célebres apellidos", que son indicadores de la colusión de funcionarios y beneficiarios del sistema corrupto que prevalece en el IMSS y en el país.
Esta obligación que originalmente tenían los patrones se endosa al Estado, pero por la corrupción y malos manejos se traslada a los empresarios, muchos de ellos irresponsables que sólo buscan ganancias y, al final, el problema se traduce en una tragedia para las familias trabajadoras.
Partidos políticos comprometidos y solidarios, funcionarios públicos honrados, empresarios nacionalistas y la movilización social organizada tal vez podrán detener la corrupción y el influyentismo que ahogan el futuro de nuestro país.