Consejo de Defensa de la Vivienda

• Llaman a crear el Consejo de Defensa de la Vivienda

ALMA E. MUÑOZ

El "gobierno legítimo de México" convocó a la constitución del Consejo de Defensa de la Vivienda, el próximo sábado, con el propósito de impulsar un mecanismo de protección para los derechos de los trabajadores, que incluye la presentación de denuncias penales contra quien sea responsable del despojo de inmuebles otorgados por instituciones federales, con el argumento de que sus propietarios se encuentran en cartera vencida. Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del equipo del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, reiteró que en especial les preocupa la pretensión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de desalojar este año a 110 mil familias de sus propiedades, por falta de pago de sus créditos, y que esos pasivos se estén vendiendo a "administradoras" privadas.

El gobierno federal comercializó créditos

En conferencia de prensa dio cuenta de que 18 mil 702 de esos créditos fueron comercializados al 10 por ciento de su valor a la empresa estadunidense Capmark. Es decir, afirmó, el gobierno federal obtuvo, por esa transacción, 425 millones de pesos, cuando el importe real de esa cartera es de 4 mil 25 millones. Otro dos paquetes, denunció, se traspasaron al 6.59 por ciento de lo que realmente valen, cada uno. El primero con un saldo de 2 mil 800 millones de pesos, y el segundo, con 2 mil 900 millones. Castillo manifestó que como el Infonavit, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y el Fonhapo realizan "un terrorismo judicial" en contra de sus beneficiarios, mediante despachos privados como SCRAP 2, Recuperadora de Deuda Hipotecaria y Grupo Acser, para ejecutar los "despojos", basados en "convenios judiciales violatorios de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo". A todo ello, indicó, "hay que sumarle la depredación del medio ambiente y el despojo de ejidos y tierras comunales que se dan en todo el territorio nacional" para hacer las edificaciones correspondientes.

El Barzón, parte del consejo

La ex secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal (cargo que ocupó durante el sexenio de López Obrador) anunció que el consejo estará integrado por organizaciones sociales como El Barzón y el Movimiento Urbano Popular-CND, así como ciudadanos independientes. La intención, insistió, es que mediante ese órgano se luche por "revertir la política habitacional del gobierno espurio", a través de la integración de un paquete de reformas a las leyes Federal de Vivienda, del Infonavit y del ISSSTE, así como exigir la "renegociación de la cartera (vencida) con la aplicación del derecho de tanto", y organizar talleres para la defensa jurídica de quienes ven en riesgo su patrimonio. Adelantó que en septiembre se reunirán con Miloon Kothari, relator de la Organización de las Naciones Unidas en materia de vivienda, durante una visita que éste realizará al país.

Pretende Infonavit despojar de sus viviendas a 110 mil familias del país, denuncia Castillo Juárez

Kikka Roja

Sergio Aguayo Quezada

Los desertores

sergioaguayo@infosel.net.mx
www.sergioaguayo.org

La cruzada de Felipe Calderón contra el crimen organizado cumple seis meses y el balance es negativo por la debilidad gubernamental y la fortaleza de un crimen organizado tan fortalecido que ayer atacó con granadas el cuartel policiaco de uno de los municipios con mayor concentración de poder del país: San Pedro Garza García en Nuevo León.

Vicente Fox tuvo un papel estelar en el debilitamiento del Estado. Entre 2000 y 2006 permitió que el crimen organizado se tragara gruesos bocados del monopolio estatal sobre el uso de la fuerza. En una investigación de próxima aparición sobre armas pequeñas y livianas en México, Georgina Sánchez ilustra algunos flancos débiles del Gobierno Federal. En el sexenio de Ernesto Zedillo desertaron 114 mil efectivos del Ejército; en cuanto a los seis años de Fox toma cifras oficiales de 2000-2003 para hacer una proyección y estimar que abandonaron el uniforme entre 130 y 135 mil. En 12 años un cuarto de millón de desertores una parte de los cuales son ahora mortíferos sicarios. En su texto, la especialista en seguridad también habla de que México está “sobre la cima de un volcán de violencia” alimentado por la abundancia de armas cortas. Existen 17 mil puntos de venta en el lado estadounidense de la frontera y ahí se adquirió una porción indeterminada de esos 3.5 y 16.5 millones de armas que había en el 2004 en nuestro país. Nuestros aduaneros o son invidentes o son corruptos porque según cifras oficiales sólo decomisaron mil 791 armas entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005. Menos de una al día.

La Procuraduría General de la República (PGR) foxista tampoco se distinguió por su entusiasmo. Un estudioso de la seguridad, Carlos Antonio Flores Pérez, tuvo la paciencia de revisar todos los boletines de prensa de la PGR entre 2000 y 2006 y presentó sus hallazgos en el encuentro organizado el pasado 22 de mayo ante la Red de Especialistas en Seguridad Pública. Rescato unas líneas de su ponencia: “la lucha contra la alta corrupción ligada al narcotráfico virtualmente se colapsó durante el sexenio de Vicente Fox. Mientras que en el mandato de Ernesto Zedillo se ordenó la detención de diversos servidores públicos de alto nivel, incluyendo a un gobernador y varios generales” el Gobierno de Fox “no procedió judicialmente contra ningún alto funcionario”. Calderón decidió enviar al Ejército a la guerra contra el narco y eso fue muy bien recibido por la sociedad. Meses después el balance todavía no es desesperado, pero sí es preocupante porque se mantienen las debilidades federales y porque el crimen organizado en lugar de bajar el perfil se enfrentó a la tropa y ejecuta funcionarios y militares y ataca cuarteles demostrando, una y otra vez, su organización, inteligencia y armamento. ¿Qué persiguen? Algunos de ellos sueñan con ganarse un corrido; sus estrategas más bien buscan amedrentar a la sociedad y debilitar más al Gobierno Federal.

Los militares patrullan y hacen operativos en plazas controladas por el narco, pero eso no evita que en la vida diaria éste imponga su Ley a corporaciones policiacas desmoralizadas. La determinación con la que la Policía sonorense se enfrentó y aniquiló a docenas de sicarios en Cananea es la excepción. El estado de ánimo prevaleciente lo expresó el presidente municipal de Pungarabato, Guerrero, el perredista Víctor Adolfo Mojica, al periodista Lemic Madrid: debe hacerse “un pacto con los grupos dedicados a la delincuencia organizada” porque enfrentarlos de manera directa es “un error” (Excélsior, 5/23/07). Se resquebraja por doquier la moral de las corporaciones policiacas y aumentan las indisciplinas. En las últimas semanas se han insubordinado policías en Coahuila, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Tabasco y Veracruz por sus bajos salarios, la inseguridad del empleo y la precariedad de su armamento. Hace días La Jornada contó la historia de los policías municipales de San Salvador Atenco que hicieron un paro de labores porque tres de ellos fueron heridos al no poderse defender porque entre todos sólo traían un arma. Resulta que toda la Policía Municipal ¡sólo tenía seis pistolas (una por módulo de vigilancia) para dar seguridad a 600 mil habitantes! (05/11/07).

Ante tanta indefensión la sociedad se refugia en casa y simula una normalidad inexistente. La evasión es la norma y eso se refleja en el creciente número de medios y periodistas que optan por informar muy poco o nada sobre narcotráfico y violencia. Sólo los Quijotes suicidas hablan o dan detalles. El recientemente fallecido Arturo Solís –un periodista y defensor de los derechos humanos siempre dispuesto a defender principios— me confío semanas antes de su prematura muerte un incidente que ilustra la forma en que los narcos controlan Reynosa, Tamaulipas: “en mi programa de radio mencioné el nombre de un jefe policiaco con antecedentes de ligas con el narco; a los diez minutos ya me estaba llamando uno de los capos para advertirme que no volviera a mencionar al funcionario porque “ése es de los nuestros”. Estoy en contra de que las Fuerzas Armadas participen en el combate al narco aunque entiendo la inevitabilidad de hacerlo. Para que la victoria sea viable resultan insuficientes las proclamas y los spots publicitarios del comandante en jefe. Se requiere que el Gobierno Federal consolide su retaguardia y que se involucre en serio los estados y municipios concediendo, de entrada, salarios dignos a sus policías. Los desertores fueron un factor tras la derrota de 1847 ante Estados Unidos. ¿Sucederá lo mismo en esta guerra del siglo XXI?

La miscelánea

Incomprensible y contradictoria la decisión de Felipe Calderón de abrirse un flanco que polariza a la sociedad al autorizar a la PGR a meter, junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una controversia constitucional para frenar la despenalización del aborto aprobada en la capital. En su columna del pasado lunes (Excélsior, 05/28/07) José Antonio Crespo recordó unas declaraciones de Felipe Calderón de marzo de 2006: sobre el aborto “tengo mis convicciones y principios… pero como Presidente no pienso imponer autoritariamente a nadie mis ideas”. Esas líneas le sirven a Crespo para señalar la contradicción: “pues ya estamos viendo hasta dónde llegaba esa tolerancia y esa pluralidad, pues la reforma que despenaliza el aborto fue aprobada por una abrumadora mayoría del órgano representativo de la capital”.

Kikka Roja

Las Mentiras : Promesas de campaña de Calderón

Eloy Salmerón Díaz
“Para los más pobres no alcanzó el dinero”

Por: Marcela Turati / Enviada
30/05/2007

CHILPANCINGO.- Tlacoa-chistlahuaca, el municipio que el presidente Felipe Calderón eligió para estrenar su estrategia nacional para los 100 municipios más pobres de México desborda irregularidades: los pisos construidos con el presupuesto federal y estatal son de mala calidad; los ejecutores dejaron los fogones y las letrinas ecológicas a medio construir; mil viviendas de familias muy pobres fueron ignoradas del censo; los recursos se concentraron en la cabecera municipal y 14 millones de pesos supuestamente invertidos en las obras no aparecen. Esto lo revela Eloy Salmerón Díaz, el alcalde indígena panista que recibió la visita del presidente el 6 de diciembre y la encomienda de vigilar el destino de los recursos destinados a cumplir la primera promesa presidencial a los pobres. En la que fue su primera gira de trabajo, Calderón prometió paquetes de vivienda para todos los habitantes de ese municipio montañoso de la Costa Chica de Guerrero, lanzó su plan nacional antipobreza. Tlacoachistlahuaca se convirtió ese día en el “municipio-laboratorio” de la estrategia del gobierno calderonista. Es el primero, de los 100 más pobres, y hasta el momento el único, en recibir los paquetes de vivienda. En esta entrevista realizada en Chilpancingo, Salmerón habla con Excélsior sobre el programa, señala las irregularidades encontradas, menciona responsabilidades, revela que hubo familias que rompieron su piso de cemento para recibir uno nuevo y que otras no se anotaron porque no creyeron en las promesas gubernamentales.

—¿En qué consiste el programa?
—El Presidente anunció un programa muy importante para todo el país para atender a los municipios indígenas, especialmente con programas de vivienda, que inicia en Tlacoachistlahuaca. Es un programa estratégico que consiste en mejorar las condiciones de vida de las familias, especialmente en higiene, y tiene cuatro componentes: piso firme, reforzamiento de muros, construcción de baños secos y fogones en alto.

—¿Qué tan necesario es en municipios como el suyo?
—Mucho. En las zonas marginadas la gente se tiene que alejar de su poblado para hacer sus necesidades, eso implica una contaminación, es antihigiénico. En las comunidades preparan los alimentos en el piso de la casa, juntan dos, tres piedras, ponen el comal, las ollas, prenden la lumbre y es malo para la salud porque ahí duermen y conviven entre el humo y la ceniza. “La gente vive sobre tierra firme, no hay un solo material que esté protegiendo de donde duerme la familia, porque a la gente no le alcanza para comprar una tonelada de cemento para encementar. La gran mayoría de las habitaciones en las zonas rurales son hechas de adobe con zacate, el excremento de asno o caballo les da un refuerzo especial para construir sus casas, pero en tiempos de temblores se parten, se puede caer la casa”.

—¿Cómo detectaron las irregularidades?
— El Presidente cumplió su palabra porque asignó los recursos a Fonhapo y Fonhapo se los dio a Invisur (el Instituto de Vivienda de Guerrero) que, se supone, debió licitar la obra. El compromiso era para 2 mil 595 viviendas (con 32 millones de pesos de la federación y 11 millones el gobierno del estado). Después se acordó que se iba a aplicar en la totalidad de las viviendas. “El Ayuntamiento estuvo pendiente de lo que se hacía porque el Presidente, en tono de broma, me dijo que si no se hacía me podia castigar. Siempre desconfiamos de la entrega de los números y de la calidad del trabajo, veíamos el tipo de material que se usaba: usaban grava-arena con mucha tierra, que no es tan pura para dar solidez al piso. Eso se hace para ahorrar más recursos. “Contamos las viviendas donde se aplicaron los recursos y tuvimos un número distinto al que manejaba Invisur. Por eso, buscamos apoyo de Fonhapo y Sedesol porque los datos de Invisur nos parecían manipulados”.

—¿Qué encontraron durante la inspección?
—El Invisur manejaba que ya había concluido con 3 mil 570 viviendas, pero el censo que se levanta con Sedesol y Fonhapo da 2 mil 758 viviendas.

—¿Cuánto dinero faltó de aplicarse?
—Estamos viendo que son como 14 millones de pesos, que es un cálculo que hacemos basados en el costo de reforzamiento, de piso firme, de letrinas y fogones. Pueden decir que los datos no son ciertos: si sumamos, es muy fácil cotejar. Lo único que pedimos es que se aplique el recurso en las mil viviendas pendientes.

—¿Por qué se dejaron fuera a esas familias?
—El censo del Ayuntamiento nunca se tomó en cuenta para la aplicación de recursos. Invisur hace su censo y aplica su recurso en la parte baja (en la cabecera municipal y comunidades cercanas) porque los fletes son costosos para las comunidades de la parte alta, en la montaña. “Hubo también casos de personas que dañaron el piso (de cemento) que ya tenían para recibir cemento. En el ayuntamiento hicimos un Comité de Apoyo y Vigilancia para decir cuál era la gente que necesitaba más el apoyo; sin embargo, no se nos permitió participar”.

—Fueron excluidas las familias más pobres…
—En la parte más marginada no llegó, según el Invisur no alcanzaron los recursos. Eso es injusto porque les habíamos dicho que era más importante empezar por la parte alta, porque en tiempo de lluvia viven incomunicados, falta de empleo, hay mucha marginanción, analfabetismo, pobreza.

—Pero también hubo gente que no se anotó para recibir el programa…
—Hay mucha desconfianza, no a este gobierno, pero siempre por tradición que venía arrastrándose, les prometían que les daban alambre, machete, carretilla. Por eso, cuando llega esa propuesta dicen ‘no nos anotamos, porque cuando nos pedían credencial y acta de nacimento, no nos traían nada’.

—En las obras hechas, ¿qué irregularidades encontraron?
—No es generalizado el problema. En las viviendas en las comunidades en la parte baja se hizo un trabajo medio bueno, pero en la parte alta (la montañosa) se hizo a la carrera, faltó gente conocedora del trabajo de albañilería, hubo deficiencias.

En muchas comunidades el cemento no tiene calidad. Si a un bulto de cemento, por regla, tienes que aplicarle ocho o 10 bultos de arena y se le aplican 11 ó 13, el material sale muy pobre, el cemento no es de calidad, no tiene una vida duradera y no le da una protección a la vivienda.

—¿Y los fogones, muros y letrinas?
—En algunas comunidades no se aplicó bien el repillado de muros, el pegado de la mezcla no fortalece la casa y el muro quedó blando. Desgraciadamente, la mayoría de los fogones y las letrinas no se instalaron porque no hubo un trabajo social serio de las personas de Invisur que debían capacitar. A la gente le dieron un tubo para que lo instalaran, y ahí los tienen tirados. Igualmente con las letrinas: se les dio un panel de unisel que va reforzado con malla en los costados y eso se convierte en muro, cuando se instala. Mucha gente no lo instaló porque no entendió bien.

En la parte alta la gente sigue haciendo sus necesidades en el exterior, no conocen lo que es un baño, no hubo un cambio de cultura, un trabajo social serio.

Kikka Roja

El dinero de la pensiones no existe : ISSSTE

México SA
Carlos Fernández-Vega

• Demagogia calderonista
• Contrarreforma en el sistema de pensiones
• Intervenciones quirúrgicas por decreto
• ¿Dónde está el fondo de $10 mil millones?

Lerdos que son, los trabajadores no se han dado cuenta que con la "reforma" a la Ley del ISSSTE "el país se salvó de una crisis de dimensiones insuperables" (Calderón dixit). Tampoco, que "se tomó la decisión correcta". Mucho menos, que "ya empiezan a vislumbrarse los primeros frutos".

Tercos que son, un grupo de trabajadores al servicio del Estado, con base en Zacatecas, envió un análisis a México SA, por medio del cual demuestra "la demagogia de Felipe Calderón al anunciar 10 medidas supuestamente para reforzar al ISSSTE", porque en el mejor de los casos de esa decena "sólo una puede llevarse a cabo, y no significa ningún cambio sustancial. Es la número cinco (plan rector para racionalizar los recursos para la infraestructura), que no requiere de ningún desembolso financiero, utilización de personal ni materiales extraordinarios, pero que igual no tiene ningún impacto significativo sobre la situación del Instituto y sus derechohabientes". Las otras nueve no pasan de ser pura demagogia.

En su análisis, destaca que en la primera medida el inquilino de Los Pinos propone "llevar a cabo las más de 10 mil intervenciones quirúrgicas y estudios de gabinete que están pendientes, en un máximo de 90 días". Pero esto no se resuelve por decreto, y menos cuando uno de los problemas más acuciantes del ISSSTE es que desde hace años no tiene personal, infraestructura, ni equipo suficiente y adecuado. Para la mayoría de cirugías que son prótesis de reemplazo de cadera y de rodilla se requiere contar con ellas, y para esto llevar a cabo las licitaciones respectivas y contar con los quirófanos disponibles, y esto no se logra con una indicación, aunque sea de Los Pinos. "Y aunque se quiera echar mano de los hospitales y gabinetes privados, como lo ha dicho Yunes -con lo que se comprobaría lo que tanto se ha negado: la privatización de los servicios médicos-, se requieren recursos extraordinarios y programación, lo cual es imposible de cumplir en las actuales condiciones y menos en tres meses".

La segunda medida ("se lleven a cabo todos los servicios médicos, de manera fundamental las de médicos especialistas") es imposible de cumplir, porque el ISSSTE no cuenta con especialistas en número suficiente, ni siquiera en la bolsa de trabajo. Además, paga salarios miserables, por esa razón los pocos con que cuenta tienen que buscar trabajo en otras dependencias o en hospitales privados para poder sobrevivir de manera decorosa. Así que con la actual plantilla de personal el ISSSTE no puede asumir tareas extraordinarias.

La tercer medida ("en 90 días se resuelva el grave problema de abasto de medicinas en las farmacias del instituto") también es una mentira, porque el abasto tiene que ser permanente, no temporal, puesto que así como entran las medicinas así se consumen. Y por otro lado a las trasnacionales no les conviene surtir al ISSSTE las medicinas que no están en el cuadro básico a bajo precio cuando las puede colocar en las farmacias privadas para mejorar sus ganancias. Entonces, tampoco se puede cumplir en las actuales condiciones.

La cuarta ("establecer en coordinación con el sindicato un programa de profesionalización y ampliación del personal médico, que deberá concluir este año") es otra falsedad; no se puede profesionalizar en un plazo tan breve, y si se pretende contratar con los actuales salarios, pocos querrían trabajar. Pero, mientras los médicos se "profesionalizan", ¿quién llevará a cabo las cirugías y la atención médica especializada en los 90 días que propone Calderón?

Como punto seis el "salvador" del ISSSTE dice que su gobierno "entregará (de forma extraordinaria) 8 mil millones de pesos para mejorar el servicio de salud en infraestructura". Ya se tienen ubicados los lugares donde se aplicarán estos recursos, fundamentalmente en los estados de México y Morelos -hospital de Tultitlán y Emiliano Zapata, respectivamente; éste último en obra negra, porque su construcción está en litigio desde 1998- donde ya se cuenta con hospitales de tercer nivel, mientras que en otros estados ésta atención médica no existe y se tiene que esperar hasta un año o más para que sea atendido en los hospitales de tercer nivel, tiempo de espera que regularmente tienen consecuencias fatales para el paciente.

La séptima ("abrir para el siguiente ciclo escolar más lugares en las guarderías del Instituto para los hijos de las madres trabajadoras que están el lista de espera"): construir para el próximo ciclo escolar -en dos meses- CENDIS suficientes o ampliar los ya existentes o contar con personal suficiente para atender la demanda actual es pura demagogia por lo que no se requiere abundar en ello.

La octava (se compromete "a aportar -por una sola vez- 2 mil millones de pesos adicionales para facilitar 100 mil préstamos que se añaden a los programados para 2007"), trata de encubrir el mal manejo del fondo de préstamos del ISSSTE. Como se sabe el gobierno dispuso indebidamente de cerca de 10 mil millones de este fondo para cubrir el gasto corriente del Instituto, que no ha restituido, y ahora promete sólo 2 mil millones. ¿Y los otros 8 mil millones?

Sobre la número 9 ("impulsar el otorgamiento de créditos hipotecarios a pensionados y jubilados"), hay que preguntarse de qué fondo saldrán los recursos y bajo qué reglas, pero aun creyendo esta mentira serían 7 mil créditos para casi 600 mil jubilados (uno por cada 85). Además, dichos créditos no corresponden a un derecho establecido en la nueva ley; sino a una oferta aislada, oportunista y demagógica.

Por lo anterior, sostenemos que el gobierno de Calderón no tiene ni la más remota idea respecto de la problemática de la seguridad social, en general, y del ISSSTE, en particular. De ahí la desastrosa contrarreforma impuesta por el FMI y el BM, y aprobada sumisamente en la Cámara de Diputados y Senadores, contra la voluntad y a espaldas de los trabajadores.

Las rebanadas del pastel:

Básele barchante: más tardó la Conago en expresar "nuestra más firme solidaridad" con Calderón "en las acciones que ha emprendido por la seguridad", que en extender la mano para pedir más recursos federales... George W. Bush cumplió con la "tradición", y hoy anuncia la "democrática" selección de Robert Zoellick para presidir Banco Mundial.

cfvmx@yahoo.com.mx/ cfv@prodigy.net.mx


Kikka Roja

SCJN : ley televisa

Declara inconstitucionales dos fracciones del artículo 20 de la ley Televisa
Reconoce la Corte la función social de medios educativos y comunitarios

JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció ayer la función social de los medios de comunicación públicos, al invalidar las reglas establecidas en la llamada ley Televisa por las que se impuso un marco jurídico discriminatorio y discrecional a solicitantes de permisos para operar estaciones de radio y televisión con fines culturales y educativos. El ministro Mariano Azuela advirtió que el Congreso se olvidó de la "sabiduría" que lo debe caracterizar y estableció dos regímenes distintos para el otorgamiento de concesiones y permisos: uno, con requisitos muy claros destinados a quienes usan las frecuencias "para especular y ganar dinero", y otro muy distinto a los permisionarios que se dedicaran al fin social de la radiodifusión.

Un régimen para una televisión comercial fuerte, digital, y otro para "una televisioncita modesta, casi de función altruista", obligada a cumplir mayores requisitos frente a una autoridad que actúa de manera discrecional, recalcó. "Mientras más se maneja la facultad discrecional, mayor riesgo hay de arbitrariedad", apuntó. Con una votación de ocho a uno, el pleno de la SCJN modificó el criterio del ministro ponente, Sergio Aguirre Anguiano, y declaró inconstitucionales las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT). El ex senador Javier Corral, representante del grupo de 47 ex legisladores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa, consideró que la Corte dio un paso importante al invalidar ese trato "vergonzoso" y desigual a quienes operan estaciones comunitarias y sociales, y son sometidos a "investigaciones policiacas".

"Es un verdadero coscorrón" de la Corte a los diputados y senadores que llevaron a la ley la decisión de Televisa de cerrarle el paso a los medios públicos, al someterlos a un trato absolutamente desigual, discrecional y discriminatorio", agregó. A su vez, el ex senador Manuel Bartlett dijo que le consta que las dos grandes televisoras siempre han querido eliminar a los llamados medios oficiales y públicos que no tienen fines de lucro, entre ellos las radios comunitarias y las estaciones de universidades y organizaciones sociales. En su fracción primera, el artículo 20 de la LFRT señala que "los solicitantes deberán presentar, por lo menos, la información a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E, así como un programa de desarrollo y servicio de la estación".

Asimismo, en su fracción segunda agrega que, "de considerarlo necesario", la Secretaría de Comunicaciones y Transportes "podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o instancias para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate".

En la fracción tercera agrega que "cumplidos los requisitos exigidos, y considerando la función social de la radiodifusión, la secretaría resolverá a su juicio sobre el otorgamiento del permiso". En su proyecto de resolución el ministro Aguirre Anguiano había desechado la petición de invalidar el artículo 20 de la LFRT, con el argumento de que es correcta una legislación especial para los medios públicos. Sin embargo, la mayoría de los ministros consideró que sí hay un criterio discriminatorio y un ejercicio discrecional de las facultades de la autoridad. Azuela destacó que frases que contiene el artículo, como "cuando menos", en referencia a los requisitos a presentar; o el que la autoridad "podrá" pedir documentación adicional y resolver "a su juicio", crean condiciones de incertidumbre para los solicitantes. "Entre más se maneja la facultad discrecional mayor riesgo hay de arbitrariedad", ya que la autoridad puede seleccionar "a quien le venga en gana", resaltó.

El ministro Azuela consideró que hay contradicción con el espíritu mismo de la LFRT, cuyo objeto es regular una actividad de interés público que deberá ser vigilada y protegida por el Estado. Es verdaderamente curioso, apuntó, que para la televisión comercial, "la que es para especular y ganar dinero, todo sea clarísimo, pero en el caso de las estaciones culturales, oficiales, de experimentación y comunitarias se les sujeta a una gran discrecionalidad". Insistió en que el Congreso estableció en la ley Televisa un régimen para una televisión fuerte, importante y digitalizada, que es la comercial, y una "televisioncita modesta, casi diríamos de función meramente altruista, para cumplir con las grandes finalidades que se establecen en la LFRT". Hay un trato desigual, sostuvo, ya que no se dan mayores apoyos ni mayor seguridad jurídica a los permisionarios. Además, agregó, se establece la desigualdad, al desvirtuarse el principio de legalidad con mecanismos de otorgamiento de las concesiones y de los permisos.

Al señalamiento que formuló el ponente, de que había que confiar en la "bondad" de las autoridades, Azuela resaltó que la discrecionalidad propicia que si éstas no son tan "bondadosas" pueden existir abusos y no se otorguen las concesiones a personas que reúnan todos los atributos. Al momento de la votación, desconcertó a los presentes en el salón de plenos que la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos señalara que ella "no veía tan inconstitucional" la disposición y que le daba lo mismo que la fracción segunda del artículo 20 de la LFRT quedara con el "cuando menos o sin el cuando menos", pero que votaría con la mayoría para lograr la invalidez. Después hubo una votación de cinco a cuatro por la inconstitucionalidad de los artículos 17-E, 17-F y 17-G, y 20 y 21-A, que según los demandantes establecen trato diferencial entre concesionarios y permisionarios. Pero como no se alcanzaron los ocho votos necesarios, éstos quedan vigentes. Más tarde, la ministra Luna Ramos dijo en conferencia de prensa que la discusión sobre la ley Televisa va en un 50 por ciento y que las votaciones emitidas por el pleno hasta ahora son "preliminares", ya que habrá una votación definitiva en la que podría darse el caso de que alguno de los ministros cambie de opinión, "aunque no lo creo".

Para Corral, la Corte hizo ayer una primera reivindicación importante, que debe ser la base para establecer una verdadera ley de medios públicos, que sí cumpla con los principios de igualdad y seguridad jurídica, y garantice la función social de la radiodifusión.

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Aeropuerto Benito Juárez : Se perdió el dinero

• La ASF detectó múltiples irregularidades en obras
• Sorpresiva visita de Germán Martínez al aeropuerto capitalino

ELIZABETH VELASCO C.

De manera sorpresiva, el secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, realizó este martes un recorrido por las obras de la Terminal II del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con un comunicado de la SFP, Martínez asistió a dichas instalaciones en compañía de funcionarios de los órganos internos de control del AICM para revisar el avance de los trabajos para modernizar la infraestructura aeroportuaria; la aplicación de los recursos públicos, y que las obras se ejecuten conforme a criterios de "eficiencia y transparencia". Entre los funcionarios que lo acompañaron estaban el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Rafael Morgan Ríos, y el coordinador de Organos de Vigilancia y Control, Juan Marcos Gutiérrez González, ambos de la SFP. Durante el recorrido estuvo presente el director del AICM, Héctor Velázquez Corona. Cabe destacar que la revisión que la SFP efectuó ayer se lleva a cabo luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en la Cuenta Pública 2005, año en el cual se iniciaron los trabajos de modernización de la terminal. Por ese motivo, la SPF audita las obras en cuestión. Entre las irregularidades más sobresalientes se menciona que la inversión del proyecto sólo permitió atender la saturación a siete años y no la prevista a 50, como se estipulaba en el plan maestro. Asimismo, el AICM no aplicó retenciones por 11 mil millones 772 mil pesos debido al atraso de la empresa contratista en su proyecto de ejecución.

Kikka Roja

El PAN cómplice de Robo : desfalcos de Vicente Fox

El diputado Raúl Padilla buscaba dar carpetazo a anomalías en cuentas de 2002 a 2004
Fracasa una tentativa del PAN para exonerar a Fox por desfalcos al erario

ROBERTO GARDUÑO

El quebranto histórico a las finanzas públicas durante 2002, 2003 y 2004 habría quedado enterrado en el olvido de haber prosperado la intentona de Raúl Padilla Orozco, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, quien pretendía dar un albazo para que ese órgano legislativo aprobara tres dictámenes mediante los cuales se exoneraba a Vicente Fox, ex presidente de la República. Al percatarse de la maniobra que orquestó Raúl Padilla por conducto de la secretaría técnica de la Comisión de Presupuesto, los diputados de PRD, PRI y Convergencia que integran la comisión lo obligaron a dar marcha atrás y definieron como fecha última para elaborar los dictámenes de las tres cuentas públicas el próximo 3 de julio. El diputado panista Raúl Padilla convocó a la Comisión de Presupuesto a una reunión ordinaria de trabajo con objeto de dirimir distintos temas. No obstante, él presentó, para sorpresa de la mayoría de los integrantes del grupo de legisladores, documentos por los cuales se decretaba que las tres cuentas públicas no habrían provocado grandes perjuicios al erario, y las dependencias del gobierno federal habrían cumplido con los ordenamientos para transparentar los efectos económicos que se hubiesen provocado.

Durante la reunión, el presidente de la comisión argumentó que dichos decretos fueron enriquecidos por todos los legisladores integrantes de la comisión. Y trató de endosar a las legislaturas 58 y 59 la responsabilidad que legalmente corresponde cumplir a la actual por los efectos económicos provocados durante el foxismo a las finanzas públicas. "Es un tema heredado a nosotros. No es nuestra responsabilidad el retraso. Nosotros queremos llegar al próximo primero de septiembre muy desahogados, dependientes (sic) de retraso, tanto en términos de cuenta pública como también en dictámenes que tengamos por resolver." Ante el asombro de la mayoría de los asistentes al encuentro, el diputado Padilla -quien el año pasado se refirió de manera despectiva y demeritó el papel histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, justificó la entrega de los tres dictámenes referidos, al señalar que la autoría de esos documentos provino de la secretaría técnica de la comisión que él encabeza, y sobre todo que fue enriquecida durante un mes por todos los diputados que integran la comisión.

Tal postura comenzó a generar molestia entre diputados del PRD, porque entre otros argumentos vertidos por Padilla destaca: "Lo que pasa es que, obviamente, si todos nos ponemos a escarbar a todo mundo, nos vamos a encontrar... Lo que digo es que no podemos tapar el sol con un dedo; hay cosas muy interesantes, hay cosas cuestionables, cosas -por cierto- que no está diciendo la Comisión de Presupuesto; simplemente estaremos llevando y poniendo lo que ya dijo la Auditoría Superior de la Federación y lo que ya se ventiló en la Comisión de Vigilancia, pero, repito, nosotros lo que estamos buscando es tener algo que verdaderamente recoja la visión de todas las fracciones parlamentarias".

Los diputados perredistas que objetaron de inmediato los tres proyectos de dictamen reprobaron también el contenido de los mismos, al considerar que la secretaría técnica de la comisión "hizo resúmenes mal hechos de las conclusiones a que llegó la Auditoría Superior de la Federación". Y es que en el dictamen presentado para justificar la Cuenta Pública de 2002, por orden de Raúl Padilla se elaboró el artículo séptimo del decreto, con la siguiente conclusión: "Los efectos económicos de la Cuenta Pública 2002, que ascendieron aproximadamente a 78 mil millones de pesos, resultaron menores en comparación con los de la Cuenta Pública de 2001, que correspondieron aproximadamente a 339 mil millones de pesos".

Kikka Roja