Televisa se apodera de la celebración

Jenaro villamil. Proceso

Los festejos con motivo del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, a cargo del empresario Fernando Landeros, podrían convertirse en un reality show al estilo de la empresa televisiva más grande de Latinoamérica. El proyecto presentado por el presidente del Teletón y de México Unido privilegia el aspecto mediático y mercadológico de las conmemoraciones, en pos del lucro y el posicionamiento político del consorcio.

Televisa vuelve a entrar a Los Pinos bajo la batuta de Fernando Landeros Verdugo, socio y amigo de la infancia de Emilio Azcárraga Jean, quien se encargará de coordinar las festividades del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. De acuerdo con el proyecto presentado por Landeros, presidente de las fundaciones Teletón y México Unido, ante el comité organizador de los festejos –que aún no termina de conformarse–, la conmemoración de las gestas patrias se realizará en el marco de un gran espectáculo televisivo con series, telenovelas históricas, documentales y hasta caricaturas de los héroes nacionales. Las propuestas más específicas del empresario, a quien el presidente Felipe Calderón le encargó la coordinación de los festejos, tienen el sello del Canal de las Estrellas, pues buscan que Televisa reanude “el canal de las Américas”, cuyo propósito es “promover el liderazgo de México en América Latina”. También se pretende coproducir con Editorial Clío, propiedad del historiador Enrique Krauze, miembro del consejo de administración de la empresa televisiva, “dos miniseries, una sobre la Revolución y otra sobre la Independencia”, que se transmitirán en 2010. Se prevé así mismo organizar torneos con la Selección Mexicana de Futbol, que contarían con el patrocinio de las televisoras.

Además, Landeros propone que en el Canal 22 se produzca un concurso “sobre conocimientos de historia patria (al estilo de los antiguos concursos de televisión como La Pregunta de los 64 mil pesos)” y, por supuesto, generar un “documento rector” para “todas aquellas empresas o instituciones que deseen transmitir campañas de comunicación, de modo que todas éstas sumadas generen un efecto de sinergia”. Experto en mercadotecnia de las emociones, Landeros aprovecha el proyecto de las celebraciones para hacerle publicidad a su propia fundación filantrópica: el Teletón, producto de una iniciativa surgida hace 10 años y que se ha convertido en un gran negocio para Televisa, que cobra cuotas a los gobiernos de los estados y a los “participantes solidarios” que participan en esta “cruzada” por los niños con discapacidad. En el proyecto presentado por el empresario, del cual Proceso obtuvo una copia, se establece que los festejos del bicentenario se alinearán con “los objetivos de campañas como el Teletón, el Juguetón (de TV Azteca) y Espacio 2010 (de Televisa), entre otros”. A finales de julio pasado, Landeros, hijo del exgobernador priista de Aguascalientes Rodolfo Landeros Gallegos, planteó su propuesta durante una reunión en las oficinas de Comunicación Social de Los Pinos. De acuerdo con algunos de los asistentes al cónclave, quienes fueron consultados por este semanario, la ausencia más notoria fue la del presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sergio Vela, a quien el presidente Felipe Calderón había nombrado coordinador ejecutivo de las festividades. Formado en escuelas de los Legionarios de Cristo, como el instituto Cumbres y la Universidad Anáhuac, Landeros divide su documento en ejes temáticos, que constituyen una enumeración de actividades y de enunciados de buenos propósitos, titulados “filosofía del bicentenario”, la “visión un México unido”, la “misión un México Unido” y el “objetivo un México unido”. Las actividades se enuncian en varios apartados: “medios”, “culturales”, “diplomáticas”, “de beneficio social”, “deportivas”, “empresariales”, “comunicaciones y transportes”, “educativas”, “actividades de celebración” del 15 y 16 de septiembre y del 20 de noviembre, “turísticas” y “científicas”.

Las “actividades políticas” propuestas para el bicentenario se reducen a los recorridos del presidente de la República por la ruta de la Independencia (Chilpancingo, Dolores Hidalgo, Ciudad de México, Guadalajara y Valladolid) y de la Revolución (San Luis Potosí, Parras, Cuautla y Querétaro). Las instituciones culturales y educativas del sector público son apenas mencionadas en este ambicioso proyecto. Por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica no aparece en ninguna de las más de 20 propuestas de coediciones y reediciones de textos históricos. De la UNAM, sólo se señala que las actividades que realice “jugarán un papel clave en el bicentenario”. Los medios públicos como el Instituto Mexicano de la Radio o el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional tampoco figuran en las actividades específicas. Algunas iniciativas son desproporcionadas, como “la repatriación permanente o temporal de importante acervo cultural. Por ejemplo, el Códice Mendocino (Inglaterra), el Códice Florentino (Florencia), el penacho de Moctezuma (Viena), Nican Mopohua (Nueva York)”. También propone “la construcción de un monumento nacional conmemorativo” y hasta la edificación “del nuevo Archivo General de la Nación”. La megabiblioteca José Vasconcelos, el “nuevo paradigma” de la política cultural foxista, no está considerada en la iniciativa.

La “filosofía” del bicentenario

En su parte introductoria, la propuesta de Landeros Verdugo anuncia lo que constituye “la filosofía” del bicentenario: “Ante la cercanía del Bicentenario de nuestra Independencia y del Centenario de nuestra Revolución es indispensable hacer una profunda reflexión sobre las luces y sombras del México actual. “Enormes retos sociales aún enfrenta nuestra nación. Somos independientes, pero no somos libres del todo. Somos un país democrático, pero el bienestar esperado aún no llega a todos los sectores de la población. “Sin embargo, hay momentos clave en la historia de las naciones. El bicentenario lo puede ser para México: un momento para atesorar lo mejor de nuestro pasado, un momento para dar lustre a nuestra alma mexicana. “Episodio que, si se aprovecha correctamente, puede convertirse en un parteaguas que le permita a nuestra nación fomentar su orgullo, su confianza y fortalecer su destino”. Unos párrafos más adelante, el documento insiste en que se debe preparar el bicentenario “con el alma comprometida” y anuncia el optimismo por venir:

“Es tiempo de hacer brillar a México y verlo fuerte y ganador.
“Es tiempo de que el mundo entero se maraville con nuestro pasado, pero sobre todo, se asombre con nuestro presente.
“¡Es tiempo de festejar porque viene el mejor de los tiempos!
“¡Por lo que fuimos, por lo que somos, por lo que podemos ser!”.

En el apartado “Visión: un México Unido” se plantea el objetivo final de las celebraciones, que tiene muy poca relación con los acontecimientos que se conmemoran: “Que al término de las celebraciones, México se encuentre más unido y cerca de su prosperidad, como fruto de haber conocido, apreciado y vivido los más profundos valores patrios surgidos de su historia”. El texto propone como eslogan de las celebraciones: “Por el México que Podemos Ser”, que contrasta con la frase que hasta ahora se promueve en el sitio del bicentenario: “México, uno y diverso”, que hasta ahora está disponible en la página www.bicentenario.com. En varios párrafos, el proyecto de Landeros habla de “sueños”, convoca a “maravillarnos con nuestro gran pasado”. Sin embargo, no especifica a cuánto ascenderá el presupuesto ni plantea plazos para cada una de sus propuestas, pero sí anuncia, como si fuera un reality show, que “el país celebra una gran fiesta y todos vamos a dar”.
Medios y cultura

Casi una tercera parte del proyecto está dedicado a las actividades mediáticas, pero los medios impresos no figuran en el plan, salvo una referencia marginal al periódico Reforma. Es evidente que en la propuesta lo más importante es la producción televisiva; prueba de ello son los siguientes párrafos: “Se promoverá que los medios de comunicación produzcan y transmitan series, telenovelas históricas, caricaturas y documentales sobre estos movimientos sociales. “Se promoverá el que los medios (sic) produzcan programas de reflexión, análisis y debate sobre nuestra identidad e historia, sobre nuestro pasado, presente y futuro”. Así mismo, propone “crear sinergias” con las campañas del Consejo de la Comunicación, organismo impulsado por Lorenzo Servitje y otros empresarios cercanos al PAN. Plantea rediseñar el contenido de La Hora Nacional para producir el programa Rumbo al 2010. Por último, propone alinear el Bicentenario a las campañas del Teletón, el Juguetón y Espacio 2010. El proyecto incurre en la desmesura cuando propone las actividades culturales que se realizarán en el marco de los festejos: es necesario “promover el más grande movimiento cultural de nuestros tiempos”, y para ello considera como acciones posibles seis coloquios internacionales que tendrían lugar en Guanajuato (septiembre 2009); en la Ciudad de México (septiembre 2010); en Coahuila (noviembre 2010); otro sobre las culturas indígenas (agosto 2009); sobre cultura, globalización e identidad (septiembre 2010), y uno más sobre perspectivas de la ciencia (sin fecha). Entre las publicaciones que propone editar destacan “biografías, por encargo” de las mujeres de la Independencia y de la Revolución, y la reedición y ampliación del libro Mi Pueblo durante la Revolución; un ejercicio de memoria popular editado hace 22 años por Guillermo Bonfil y publicado en coedición por el Museo Nacional de Culturas Populares, la Dirección General de Culturas Populares, CONAFE y el INAH.

Se prevé crear 100 para 200, “una colección popular de la literatura y el pensamiento intelectual y científico, con los 100 títulos mexicanos más significativos desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX”. También reeditarán un facsimilar del libro Las Fiestas del Centenario, editado originalmente en 1910 por el gobierno de Porfirio Díaz, así como una “reedición masiva y revisada” de Historia Mínima de México, publicada por El Colegio de México, y otra reedición de Historia de la Revolución Mexicana, también del Colmex. Otras ediciones nuevas aluden a textos históricos, como Los Sentimientos de la Nación en el Siglo XXI, así como el libro México, a 200 años de su Independencia, una comparación hacia la prosperidad. Las novedades artísticas consistirán en la promoción de los siguientes documentales en video y producciones fílmicas: –Vestigios y Convergencias, largometraje y serie televisiva que “es una reflexión de la vida cotidiana entre 1810 y 2010 (el México que fue y que converge con el de hoy)” y que se realizará mediante una coproducción entre el Centro de Capacitación Cinematográfica, Imcine, Canal 22 y el sector privado.
–Documental y libro sobre los 100 monumentos históricos más importantes.
–Coproducción, con Editorial Clío, de dos miniseries: una sobre la Revolución y otra sobre la Independencia, que se transmitirán en 2010.
–Producción de “cápsulas sobre sucesos, personajes y anécdotas de la Revolución y la Independencia”, que se transmitirán a partir de septiembre de 2008.

En cine, música, pintura y literatura, el proyecto propone concursos y bienales. Para 2008, 2009 y 2010 se convocará al concurso internacional de cine y literatura El poder Humano de la Migración. También plantea realizar exposiciones como Siglos de Esplendor en todo el mundo y en el 2010 en México. Otros eventos, adscritos a la Secretaría de Educación Pública, prevén la inauguración de nuevos murales en el edificio de la dependencia; la organización de seminarios y congresos universitarios, y un concurso escolar con el tema “Los niños del Bicentenario somos constructores de un mejor México”, entre otros.

Los otros bicentenarios

La planeación de los festejos del Bicentenario mexicano tiene un rezago de casi una década respecto de las celebraciones que desde la década pasada se preparan en Chile, Argentina y Colombia. El contraste se advierte en la conformación de los comités organizadores. En Argentina existe una comisión permanente integrada por el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el ministro de Cultura, José Nun. En Chile, la Comisión Bicentenario está presidida por el ministro del Interior y 14 representantes de distintas instituciones y cuenta con un comité asesor formado por 30 personalidades del quehacer nacional. En Colombia, la organización del Comité Bicentenario José Manuel Restrepo (nombre del abogado e historiador de Antioquía, precursor del movimiento de Independencia) tiene un carácter más académico. Está integrado por universidades bogotanas, la Academia Colombiana de Historia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación. En ninguno de estos casos los festejos se conciben como grandes eventos mediáticos. Más bien buscan difundir la realidad social y política de cada nación y problematizar, contrastar y suscitar reflexiones. El lema del bicentenario argentino juega con los eslóganes mercadológicos: “Argentina tiene una marca. Es tuya. Es de todos”. Para el ministro de Cultura, José Nun, el objetivo de las festividades es despertar el “entusiasmo colectivo” que permita “replantearnos nuestros modos de construir la realidad y quebrar definitivamente la secuencia de las innumerables crisis que hemos venido padeciendo y que todavía sufrimos”.

En ninguno de los casos anteriores se proponen teletones ni juguetones ni maratones televisivos.

Kikka Roja

Flavio Sosa, primera entrevista que ofrece desde su detención

• Apostó por la represión, afirma el líder de la APPO
• El Estado cerró las vías pacíficas al pueblo: Sosa
• Cancelar el diálogo, grave error y torpeza de Calderón, dice

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO (CORRESPONSAL)

Bajo fuerte custodia y esposado, Flavio Sosa llegó al aeropuerto de Oaxaca procedente del penal del Altiplano para ser recluido en una cárcel local Foto: Agencia MVT

San Juan Bautista Cuicatlán, Oax., 26 de agosto. Al apostar por la represión y politizar las instituciones, el Estado mexicano cierra las vías pacíficas al pueblo, que reclama atención a sus demandas sociales, afirmó Flavio Sosa Villavicencio en la primera entrevista que ofrece desde su detención, ocurrida el 4 de diciembre de 2006 en la ciudad de México.

“Cancelar el diálogo es un grave error y una torpeza de (Felipe) Calderón, que le va a pesar, porque no habrá transición si no se solucionan las demandas del movimiento magisterial y popular”, sostuvo. Destacó que está preparado para seguir en la cárcel hasta obtener su libertad, no por una negociación con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, “sino por la fuerza del movimiento magisterial y popular. No voy a negociar nada; no he cometido ningún delito y tarde o temprano saldré libre”, señaló. Asimismo, retó al gobierno estatal a mostrar al menos una prueba de su culpabilidad en los seis procesos abiertos en su contra.

“Quiero que me demuestren que tengo alguna responsabilidad; todas las acusaciones son de supuestos testigos que dicen que oyeron que alguien dijo que yo había participado”, agregó.

En la cárcel de este municipio, donde llegó con su hermano Horacio el pasado día 15, después de ocho meses y medio de reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sostuvo que la determinación del Estado mexicano para reprimir y utilizar a las instituciones para la negociación política, pone a la lucha pacífica contra la pared y sin ninguna oportunidad de alcanzar atención a sus demandas. “Fuimos a hablar con (la Secretaría de) Gobernación, recurrimos al Senado, pero no avanzaron el diálogo ni el procedimiento de desaparición de poderes, porque el PAN y el PRI negociaron el reconocimiento de Calderón a cambio de mantener a Ulises en la gubernatura. “Y cuando asume (Calderón) la Presidencia y vamos a buscar la interlocución, se nos encarcela. Así, opta por una salida de fuerza, por la represión y el encarcelamiento de quienes vamos por la vía pacífica. Esto es peligroso, porque no se está dejando ninguna salida al pueblo. Y en nuestro caso quedamos como rehenes de Calderón y de Ulises”, añadió. Consideró que el Estado mexicano “desató una brutal persecución contra el pueblo de Oaxaca. Se torturó y encarceló a muchos oaxaqueños sin haber cometido delito alguno. Y en un caso inédito para la historia reciente del estado, otros fuimos enviados a penales de máxima seguridad del estado de México, Nayarit y Tamaulipas, por alzar la voz solamente”.

Afirmó que los gobiernos federal y estatal “se ensañaron” en su contra, de su familia y de sus compañeros cercanos, por “decir las cosas como son y no ocultar el rostro. La decisión para la detención (junto con su hermano Horacio, Marcelino Coache Verano e Ignacio García Maldonado, los dos últimos recién liberados) fue al más alto nivel, pero con grandes irregularidades. Los policías nunca nos mostraron ninguna orden de aprehensión; incluso cuando estábamos en la Procuraduría General de la República, frente a nosotros estaban recibiendo por fax el oficio de colaboración de la procuraduría de Oaxaca, para poder cubrir el trámite de nuestra detención. Un periodista del New York Times me preguntó en noviembre del año pasado: ‘¿después de la entrada de la Policía Federal Preventiva, qué sigue?’ Y le respondí que tenía dos caminos, la muerte o Almoloya, y fue lo segundo, pero bueno, eso imaginé que sería para mí, nunca para mis hermanos, que no tienen nada que ver con el movimiento. Erick es bombero del aeropuerto de Oaxaca, y fue torturado y llevado hasta el penal de máxima seguridad de Matamoros; Horacio andaba acompañándome en la ciudad de México y lo envían conmigo a Almoloya, donde el trato es inhumano, humillante y degradante, sin que ninguno de nosotros haya incurrido en un delito federal”.

–¿Vale la pena tanto sufrimiento por una causa?
–Claro que vale la pena. Mi familia y la familia de otros han sufrido cosas terribles, acoso, persecución, pero si la lucha es por un cambio, vale la pena pasar tantas cosas. No podemos olvidar la muerte de tantos compañeros, como José Colmenares, Lorenzo San Pablo, Alejandro Hernández, los indígenas triquis, y tantos torturados de las barricadas.
–Su detención tenía aparentemente la finalidad de descabezar al movimiento magisterial y popular, por ser uno de los miembros más visibles del consejo estatal de la APPO, pero no ocurrió así.
–Efectivamente, Calderón y Ulises Ruiz pensaron que con detenerme iba a sufrir un duro golpe el movimiento, pero no fue así porque la APPO no es un movimiento de dirigentes, sino del pueblo, con demandas justas y legítimas. “La APPO representa una causa histórica contemporánea, una bandera en Oaxaca que han levantando muchísimas personas ante tanta pobreza, marginación, injusticia e impunidad, así como por tantos gobiernos frívolos, insensibles e ilegítimos. A pesar de la gran represión la gente mantiene viva la esperanza del cambio”, acotó. Flavio Sosa reiteró que seguirá resistiendo en prisión, porque no piensa negociar su excarcelación con el gobierno de Ruiz Ortiz. “No me interesa, porque mi hermano y yo, así como los demás presos del movimiento, somos inocentes. Si vamos a salir ha de ser por la fuerza del movimiento y por el trabajo de los abogados. Y cuando suceda eso no saldré con ninguna condición, mucho menos a guardar silencio. Cuando el movimiento nos ponga en la calle caminaré tranquilamente, porque no tengo nada de qué avergonzarme”, apuntó.
–Pero en los seis procesos penales que se le han instruido se le acusa de muchos delitos, algunos graves.
–Me han acusado de muchas cosas; de la toma del Canal 9, cuando fue un acto reivindicado por mujeres sin que yo haya participado; me acusan de la toma de las oficinas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, sin que haya tenido nada que ver; me acusan de haber secuestrado a unos policías ministeriales que entraron a mi casa a matarme, sin tampoco estar relacionado, porque eso estaba pasando mientras hacía la denuncia ante la prensa en el zócalo.

“No somos delincuentes”, concluye.

Kikka Roja

El Informe y los conflictos de fondo

jornada

En vísperas de que la actual administración presente su primer Informe, y con la atención mediática centrada en la disputa por el aspecto ceremonial y por el enigma de si habrá o no encuentro entre el titular del Ejecutivo federal con los integrantes del Legislativo –asuntos menores y poco significativos de la vida política–, el calderonismo ha sido incapaz de desactivar los conflictos heredados del gobierno anterior y, por el contrario, ha generado nuevos focos de tensión que representan otros tantos focos rojos en el mapa geográfico, social y político del país. Por principio de cuentas el actual grupo gobernante no ha conseguido superar, más allá del discurso, la crisis institucional surgida tras las elecciones de julio del año pasado, ni convencer de su legitimidad a una porción significativa del electorado. Tal es el asunto real que subyace en la polémica en torno al ritual que deba o no realizarse el próximo primero de septiembre; la persistencia de esa crisis explica que, a cuatro días de la fecha estipulada por la Constitución para la rendición del Informe escrito, no haya certeza sobre lo que ocurrirá ese día en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por lo demás, el país no se reduce a ese recinto. El conflicto oaxaqueño dista de haber sido resuelto; a las causas originales del descontento contra Ulises Ruiz y contra la dirigencia charra del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación (SNTE) se suma ahora la indignación por los excesos represivos cometidos por las corporaciones municipales, estatales y federales en la represión de los inconformes y por la impunidad generalizada de los violadores de derechos humanos en la entidad; la alianza de conveniencia entre Los Pinos y la gubernatura de Oaxaca, lejos de ensanchar la base de apoyo de ambos poderes, incrementa el desprestigio de uno y otro. Otro tanto ocurre en el ámbito de la educación, donde parece empezar a articularse el rechazo sindical a la cúpula dirigida por Elba Esther Gordillo. Por añadidura, el liderazgo gremial corrupto se encuentra en abierto enfrentamiento con la titular del ramo, Josefina Vázquez Mota, en lo que constituye un abierto desafío a Felipe Calderón. Las reformas al ISSSTE operadas por el calderonismo en estrecha alianza con el gordillismo fueron un factor clave para impulsar la inconformidad en las filas del SNTE. Y como ocurre en el caso oaxaqueño, la ostentación del pacto entre Los Pinos y Gordillo, en vez de atenuar el descontento, pone en evidencia ante la sociedad la persistencia de maneras deplorables –y supuestamente superadas– de hacer política.

A lo que puede verse, se gesta ahora una nueva confrontación, esta vez con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al cual se le pide “hacer a un lado” conquistas laborales con el propósito de sanear las finanzas de la institución, erosionadas por dos décadas de políticas económicas neoliberales, por la falta de rigor en el cobro a las empresas y por la corrupción inveterada en la administración pública. Por otra parte, la actual administración no ha podido o no ha querido resolver el conflicto sindical que el foxismo desató en el sector minero, y que se expresa en huelgas en tres entidades. Es claro que para solucionar el problema laboral el gobierno federal tendría que empezar por meter en cintura al Grupo Industrial Minera México, cuya voracidad e insensibilidad quedaron al descubierto en febrero del año pasado, cuando 65 trabajadores murieron en Pasta de Conchos, Coahuila, en un accidente que muchos expertos atribuyen a la falta de medidas de seguridad laboral. Por si no bastara con los problemas referidos, la explosividad cunde también en el agro, donde la inminencia de la liberación total de productos agrícolas prevista en el TLCAN puede generar una nueva catástrofe social. Pero el calderonismo no parece dispuesto a escuchar las expresiones de alerta formuladas por diversas organizaciones rurales como la Central Campesina Independiente, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, la propia Confederación Nacional Campesina y otras. Pareciera que, por ahora, la ceremonia presidencial del informe, o la falta de ella, fuera el problema más trascendente que enfrenta el país, y ello da cuenta de la grave fractura entre el México formal y el país real, fractura que no ha dejado de ensancharse en los sexenios recientes.

Kikka Roja

Mercados mundiales estables sólo por esta semana

• La crisis de los créditos no ha finalizado, pero los bancos centrales pueden respirar,
  
• Confían analistas en que mercados mundiales mantengan la estabilidad en esta semana
• Para Lehman Brothers, el discurso del presidente de la Fed el viernes será determinante

AFP

Las bolsas están mejorando, empujadas por las que tuvieron las mayores pérdidas por la debacle estimó el TD Bank Financial Group. En la imagen, corredores de la Bolsa de Nueva York Foto: Ap Washington, 26 de agosto. Los mercados intentarán ratificar su estabilización esta semana, mientras hay señales que permiten esperar un respiro de los bancos centrales con respecto a sus tasas de interés.“Nadie puede decir que la crisis de los créditos finalizó, pero una apariencia de orden regresó a los mercados” la pasada semana, estimó Derek Burleton, del TD Bank Financial Group. “Las bolsas están mejorando, empujadas por las que tuvieron las mayores pérdidas por la debacle, sobre todo Nikkei (+6,4%) y CAC (+3,2%)”, indicó.

El regreso a la calma se explica en particular, según el economista, por las inyecciones masivas de liquidez de los bancos centrales. Y en la semana próxima, los inversores vigilarán los índices que permiten esperar un respiro sobre las tasas. Tras la intervención de la Reserva Federal estadunidense (Fed) sobre su tasa de descuento, el Banco Central Europeo (BCE) podría ver un aumento de la presión contra un alza de sus tasas en septiembre, pero los analistas opinan que eso tendrá poco efecto si la entidad está determinada a ajustar su política monetaria. No obstante, “si las turbulencias se mantienen sobre los mercados y emergen nuevas perturbaciones, un alza de las tasas del BCE podría tornarse menos probable”, afirmó Elga Bartsch de Morgan Stanley. En Estados Unidos, “los mercados esperan impacientes el discurso de (presidente de la Fed) Ben Bernanke el viernes para hacerse una idea de la política de la Reserva Federal”, indicaron analistas en Lehman Brothers. Bernanke debe consagrar su discurso anual en el simposio de Jackson Hole (Wyoming, oeste de Estados Unidos) al “sector inmobiliario y a la política monetaria”, tema candente en estos periodos de debacle del sector de créditos hipotecarios a riesgo. Pero los analistas advierten contra expectativas desproporcionadas. A menos que haya una “nueva perturbación mayor” sobre los mercados, “Bernanke evitará enviar cualquier señal sobre la política monetaria”, señalaron analistas de Lehman Brothers. El martes, un influyente senador estadunidense creó expectativas en los mercados al afirmar, en una entrevista con Bernanke, que está preparado para utilizar “todas las herramientas a su disposición” para aliviar la crisis.

Hasta ahora, la Fed consiguió escapar a la presión de los mercados, que le piden que baje su tasa rectora para detener los temores de un anquilosamiento del crédito. La tasa está actualmente en 5,25%. Para lograrlo, utilizó una gran cantidad de medidas, desde la baja de su tasa de descuento hasta inyecciones reiteradas de dinero. Los grandes bancos estadunidenses deben obligatoriamente tomar prestado con la tasa de descuento, y quizá la Reserva Federal pueda mantenerse sin quemar su último cartucho que es el de bajar su tasa rectora.

Todo dependerá del nerviosismo del mercado, y desde ese punto de vista los indicadores macroeconómicos cobran una importancia particular.

Kikka Roja

Las Familias gastan para protegerse contra la delincuencia

• Sólo a medidas precautorias destinan $120 mil millones al año, afirma el CEESP
• Las familias gastan el triple que el gobierno para protegerse de delitos
• Las empresas invierten 64 mil 300 millones, que representan 0.86 por ciento del PIB

SUSANA GONZALEZ

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseveró que las familias mexicanas gastan en medidas para protegerse de la delincuencia unos 120 mil millones de pesos, cifra que triplica el presupuesto que el gobierno federal destina a la seguridad pública El organismo empresarial aseveró que se han subestimado los costos asociados a la inseguridad pública, ya que la mayoría de los estudios sólo consideran las pérdidas económicas en el momento en que se comete un delito, pero excluyen todos los gastos que la sociedad hace, tanto antes como después de ser víctima de un crimen. Calculó que sólo en medidas de protección –desde la colocación de alarmas, cerraduras, bardas y rejas, hasta la contratación de vigilancia privada o seguros especiales–, las familias del país erogan 120 mil millones de pesos, que equivalen a 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). En tanto, las empresas gastan 64.3 millones de pesos, que representan 0.86 por ciento del PIB. Ambos montos superan los recursos destinados por el gobierno federal a la seguridad pública, sin contar al Poder Judicial, que el CEESP calculó que ascendieron en 2004 a más de 40 mil millones de pesos, es decir 0.5 por ciento del PIB. De esta forma, el gasto preventivo de las familias triplica al presupuesto federal para seguridad pública, mientras el de las empresas casi lo duplica. El CEESP hizo tales estimaciones al considerar que cada familia mexicana gasta en promedio 5 mil pesos al año en medidas preventivas para protegerse contra actos delictivos, y lo multiplicó con 24 millones de viviendas que existían en el país hasta 2005, de acuerdo con el último conteo de población y vivienda del INEGI. En cuanto a las empresas, señaló que cada una de las 4.2 millones que existen en el país gasta en promedio 15 mil pesos en dichas medidas.

Si bien el CEESP reconoció que “podría resultar exagerado que todas las familias destinan recursos para protegerse contra el crimen, de todos modos, suponiendo que sólo 70 por ciento de los hogares los realiza, los recursos ascenderían a uno por ciento del PIB”. No es la primera vez que el CEESP dedica su análisis del domingo a evaluar los costos de la inseguridad en México, ya que además de afectar el patrimonio de las personas y poner en riesgo su vida, libertad y salud, obstaculiza el desarrollo y el crecimiento económico nacional. La situación resulta preocupante, indicó, toda vez que 25 por ciento de los entrevistados en la cuarta encuesta nacional sobre inseguridad urbana declararon haber sido víctimas de la delincuencia, y 30 por ciento del total aseguraron haber sido agredidas más de una vez, aunque 73 por ciento de los delitos no fueron denunciados, “básicamente por la pérdida de tiempo que implica este procedimiento”. El CEESP hizo otras estimaciones sobre pérdidas económicas derivadas de la inseguridad pública, como las vinculadas a los homicidios, pues a partir de un cálculo sobre la esperanza de vida promedio de 75 años y el ingreso de cuatro salarios mínimos por persona ocupada, aseguró que si en 2005 fueron asesinados 9.6 mil mexicanos, se perdieron 0.28 puntos porcentuales del PIB. Detalló que la contratación de seguros se ha convertido en una de las formas más utilizadas por personas y empresas para proteger su patrimonio, al grado de que el año pasado las primas que pagaron las empresas del sector ascendieron a 1.8 puntos porcentuales del PIB.

También mencionó los gastos que deben afrontar quienes han sido víctimas de algún delito, entre los cuales destacó el daño emocional, el cual se expresa en un deterioro del nivel de vida del individuo, aunque también afecta a diversos sectores de la economía nacional. “un reconociendo que el precio de los tratamientos terapéuticos presenta una fuerte variación, podríamos establecer un costo promedio de mil pesos a la semana y un periodo de recuperación de ocho semanas. Bajo esos supuestos, y considerando que en 2005 hubo 3 millones víctimas por delitos violentos, los recursos destinados a corregir estos daños serían de más de 24 mil millones de pesos, cifra que representa 0.30 por ciento del PIB”, puntualizó el organismo del sector privado.

Kikka Roja

Los panistas borraron el 18 de julio

Alvaro Cepeda Neri

Conjeturas

Foxistas y calderonistas, con sus diferencias, tienen factores comunes. Odian al liberalismo político de los padres fundadores de lo que ha quedado de republicanismo, y que no es lo mismo que democracia, pero que se complementan para lograr lo que se ha llamado el buen gobierno. Por lo tanto desprecian y combaten a quienes, con y tras nuestra gloriosa Revolución de Ayutla, lucharon por el Estado y la cultura laicas, la separación Estado e iglesia, la tolerancia religiosa, la libertad de cultos y rompieron el nudo gordiano del conservadurismo, la teocracia y la necedad de imponer la monarquía.

Pues bien. Del cada vez más reducido calendario de fechas históricas (para ya no hablar ni de patriotismo ni nacionalismo), la del 18 de julio es para recordar la muerte de Benito Juárez (y no para conmemorarla, como ante el presidente argentino, metiendo varias veces la pata al estilo Fox, dijo Calderón con motivo de que ese día era el recordatorio del fallecimiento de Hidalgo). Por disposición legal la Bandera debe izarse a media asta. Ninguna dependencia federal lo hizo y menos en Los Pinos. No se trató de un olvido. Fue intencional. Los panistas de todas las derechas, herederos de los conservadores, desprecian a Juárez. El pasado 21 de marzo, día del nacimiento del indio de Guelatao, Calderón, con su séquito de guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial, a hurtadillas se fue al Panteón de San Fernando, donde está la tumba del Benemérito, e hizo una guardia. En cuestión de minutos llegó y se fue. Los bien pensados supusieron que don Felipe cuando menos iba a guardar las formas y de dientes para fuera cumpliría con sus obligaciones, entre las que está rendir honores a quienes, como Juárez, dejaron precedente de la dimensión de un viraje histórico. Se ha dicho que Porfirio a pesar de todo. Y Juárez por sobre todo. Pero los panistas, que gracias a las contribuciones de los liberales de entonces, lograron rescatar su tradición derechista, reaccionaria y conservadora con tintes teocráticos, insisten, como sus antepasados, en borrar el legado juarista que comprende, desde 1854, con la Revolución de Ayutla encabezada por Juan µlvarez, hasta la restauración de la República en 1860, pasando por la Constitución de 1857. La Generación de Juárez conquistó una hazaña histórica que todavía vivimos como planteamiento de una sociedad abierta: democrática y republicana, que busca ser llevada hasta sus últimas consecuencias. "Los reaccionarios, que al fin son mexicanos", ahora en el poder, se cobran, vengativamente, que aquellos hombres, hayan abierto los caminos democráticos para la disputa electoral de los cargos públicos. Y por eso, conscientes, ordenaron no izar la Bandera para honrar el 18 de julio. En su fuero interno quieren rescatar la memoria de Maximiliano, quien, como bien escribió Gastón García Cantú, nunca fue emperador, porque Juárez era el Presidente Constitucional. Los conservadores de ayer son los cristeros de ahora y estos odian a Juárez, por eso han saboteado recordar el 18 de julio.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Kikka Roja

Calderón Demagogo espurio y ratero : Huracán Dean

Desprecio
lunes, 27 de agosto de 2007

Felipe Calderón Hinojosa y sus funcionarios merecen la condena pública de todos los mexicanos bien nacidos al autorizar para la Península de Yucatán sumas ridículas frente a los enormes estragos provocados por el huracán “Dean”/ Exhiben no sólo el peor rostro de la politiquería, sino también el de la insensibilidad social

Cuando “Wilma” afectó Quintana Roo y, exclusivamente, la parte oriental de Yucatán, el panista Patricio Patrón Laviada, “gobernador” yucateco, únicamente solicitó que 10 municipios fueran declarados “zona de desastre”, pero los panistas Vicente Fox y Marta Sahagún lo “corrigieron” e incorporaron otros 63 para un total de 73.

El huracán “Dean” afectó a una superficie entre ocho y nueve veces mayor en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, pero el “espurio” Felipe Calderón Hinojosa y la mafia política que ampara se han negado a reconocer la verdadera magnitud de los daños, sobre todo en el agro, y se han empecinado en declarar “zona de desastre” a sólo algunos municipios.

Los golpes políticos que Felipe Calderón Hinojosa y sus funcionarios propinan NO a los tres Gobernadores del PRI electos en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, sino a las miles de familias de la región que lo perdieron todo con el paso del huracán “Dean“, merecen la condena pública de todos los mexicanos bien nacidos, porque es amoral que se lucre con el hambre, la salud, la educación; que se atente contra los derechos humanos fundamentales, el derecho al trabajo, en particular, de manera especial y sobre todo, de los más pobres. El “espurio“ Calderón Hinojosa y sus funcionarios -que no servidores públicos- exhiben, con el paso de los días, NO sólo el peor rostro de la politiquería, sino también el de la insensibilidad social; ese rostro lombrosiano que refleja la falta de solidaridad para con los ciudadanos víctimas de la angustia y la desesperación en estos momentos críticos. A esa mafia política que cometió el imperdonable fraude electoral del 2 de Julio del 2006 la mueve y la domina un criminal espíritu de venganza que NO les permite ver en absoluto que con su mezquina actuación, al negar los apoyos que se requieren para alimentos, medicinas, nuevas siembras; para la reconstrucción de viviendas y centros de trabajo, etcétera; con su política criminal, se repite e insiste, aniquilan la esperanza de yucatecos, campechanos y quintanarroenses.

Es evidente que, respecto a la Península de Yucatán, el Gobierno Federal actúa con base a criterios político-partidistas. Su objetivo es el de tratar de estrangular a los gobernantes priístas de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, para quienes ha autorizado sumas ridículas frente a los enormes estragos provocados por “Dean“ y, de paso, castigar a los ciudadanos que rechazaron en las urnas las “propuestas“ del PAN, el Partido de Felipe Calderón Hinojosa y sus adláteres. En los casos de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, el “espurio“ Calderón Hinojosa y la mafia política que ampara ni siquiera han guardado las formas: simple y llanamente se han negado a reconocer la verdadera magnitud de los daños, sobre todo en el agro, y se han empecinado en declarar “zona de desastre“ a sólo algunos municipios, cuando, con base en monitoreos realizados en el lugar de los hechos por técnicos estatales y alcaldes, el huracán “Dean“ afectó a una superficie entre ocho y nueve veces mayor. Hasta ayer, la CONAGUA NO había explicado por qué ahora NO aplica los mismos criterios que utilizó en el 2005, cuando el huracán “Wilma“ afectó a Quintana Roo y, exclusivamente, la parte oriental de Yucatán. En ese entonces, el panista Patricio “El Alto Vacío“ Patrón Laviada, “gobernador“ yucateco, únicamente solicitó que 10 municipios fueran declarados “zona de desastre“, pero los panistas Vicente Fox y Marta Sahagún lo “corrigieron“ e incorporaron otros 63, para un total de 73.

En apenas dos años, el Gobierno Federal panista ha cambiado su política, a pesar de los reglamentos relativos a desastres naturales NO han registrado ninguna modificación. Este agudo contraste o “contradicción“ es lo que lleva a sospechar que la CONAGUA actúa con claros fines político-partidistas, en perjuicio de miles de familias, sobre todo del campo, que perdieron sus cosechas y con ellas su única fuente de ingresos. Hace bien la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco en defender los intereses de los yucatecos afectados y en denunciar públicamente los “tejemanejes“ de la “Federación“, que regatea obscenamente los apoyos que por obligación debe entregar y hacerlo sin tardanza. De paso, el paso de “Dean” demuestra lo peligroso que resulta que las delegaciones federales se encuentren en manos NO de técnicos calificados, sino de connotados panistas, muchos de ellos sin la preparación adecuada y quienes, en vez de solidarizarse con sus paisanos, son los primeros en obstaculizar la ayuda que éstos demandan. La política criminal de la actual administración calderonistra, ante la desgracia que oprime a miles de peninsulares, ha resultado peor que los embates de “Dean“. La inconciencia que prevalece en los albañales de la politería federal panista siempre atentará contra el desarrollo de los Pueblos.
La respuesta para la ciudadanía se encuentra en la Constitución General de la República.

Aquí seguimos con mucha atención al huracán Dean y lo que dijo la prensa extranjera

kikka-roja.blogspot.com/2007/08/el-espurio-caldern-enfrenta-afectados.html
a la gente no le informan, violencia institucional
kikka-roja.blogspot.com/2007/08/huracn-dean.html
fotos de satélite del huracán
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Kikka Roja

Las buenas costumbres... Del fraude

Alvaro Delgado. Proceso

La costumbre del poder termina por hacer que se parezcan entre sí quienes lo ejercen. Durante el proceso de renovación de la dirigencia juvenil del PAN hubo línea y cargada a favor del candidato impulsado por Felipe Calderón. Así lo señalan desde el presidente del CEN, Manuel Espino, hasta varios de los que participaron en la elección. Prueba de ello, sostienen, es que el Comité Nacional desconoció el triunfo del ganador, quien ha dicho que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el contexto de un nuevo intento por reformar los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN) para contrarrestar las crecientes prácticas de defraudación electoral en los procesos internos —un proyecto que los seguidores de Felipe Calderón reventaron en una acción previa a la Asamblea Nacional de junio pasado—, la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de anular la elección de la dirigencia juvenil reavivó las hostilidades intrapartidistas. Lo que no ocurrió con prácticas de adulteración electoral en los procesos internos para gobernador en Guanajuato, en 2000, y en Yucatán, seis años después, así como en la contienda por la candidatura presidencial –en 2005– y en numerosas elecciones de candidatos y dirigentes, se produjo en el proceso para la renovación de la dirigencia de Acción Juvenil, que se manchó por la influencia de funcionarios del gobierno de Calderón. Manuel Espino, presidente del CEN, había adelantado su posición desde que se encargó a la Comisión Interna de Elecciones un informe sobre la elección de los jóvenes panistas: No avalaría un resultado producto de la manipulación y prefería, en todo caso, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impusiera al dirigente juvenil del PAN. “Prefiero que sea la primera vez que se nombre a un dirigente en el Tribunal que hacerme tonto y hacer de ladito a los principios del partido. Por encima de cualquier procedimiento, yo antepongo la ética histórica y los principios del partido. Aquí no hubo subsidiaridad ni solidaridad. Lo que hubo fue una abierta intervención.” Ante los miembros del CEN, añadió: “No hubo respeto a la autonomía de los jóvenes en sus procesos internos. Hubo una suplantación de su autonomía desde diversas instancias y eso no lo podemos avalar. Si la mayoría del CEN lo acepta, yo fijo mi posición: No voy a avalar ese proceso”. Y así fue: Después de 45 días de análisis –el plazo máximo para revisar el proceso– y después de hacer comparecer a los tres aspirantes, el CEN votó, la madrugada del martes 21, por anular la elección celebrada el 7 de julio en Tlaxcala, en la que Juan Carlos Martínez Terrazas, autollamado candidato de Calderón, se impuso con 58.97% de los votos por 41.13% de Héctor Javier Rivera López, allegado a Espino.

La víspera de la elección, la diputada federal Claudia Caballero –tercera aspirante– declinó participar, después de ser sometida, aseguró, a presiones e intimidación de Jorge Manzanera Quintana, operador de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia. Juan Carlos Mondragón, quien concluyó su período al frente de la Secretaría de Acción Juvenil y testigo de lo acontecido en el proceso, advierte que anular la elección fue “una decisión contundente y de raíz” para evitar daños futuros en el PAN, particularmente entre los jóvenes. Y agrega: “Si bien es una decisión dolorosa, es necesaria para corregir algo que no puede suceder en las filas juveniles del partido. De lo contrario, estaríamos pervirtiendo a los jóvenes y enseñándoles, a una parte, que así se gana y, a otra parte, que para la próxima utilicen mañas para ganar”. Con dos décadas de historia, iniciada por Calderón como parte de una encomienda de Luis H. Álvarez, Acción Juvenil sufre por primera vez la anulación de un proceso interno, en un contexto –dice Mondragón– de ejercicio del PAN del poder público. “Hace 20 años, cuando se funda Acción Juvenil, no había de ninguna manera el nivel de relación que existe con el poder público hoy. En ese sentido hay que reconocer que estas prácticas tienen que ver con esta vinculación con el poder público, con las tentaciones del poder, con el utilizar medios que no son legítimos dentro de las decisiones del partido.” Reflexiona: “Ha habido otras ocasiones en que el partido no ha tomado las decisiones a tiempo ni ha detenido este tipo de vicios por miedo, por chantajes, por presiones y en esta ocasión es de raíz para ir corrigiendo algunas prácticas que no deben suceder dentro del PAN”.

–¿Cuáles fueron esas prácticas? –se le pregunta.
– Hubo desde el secuestro de delegados para que no se registraran en la asamblea y emitieran su voto; la compra o el intercambio de votos por ingreso a plazas del gobierno; la línea de parte de funcionarios del gobierno, la intromisión de adultos en las decisiones de los jóvenes. También la participación abierta de secretarios estatales juveniles a favor de un candidato. “Lamentablemente es como cuando el PRI nos hacía fraude: Nosotros decíamos que hubo fraude y el PRI, de manera cínica, decía: ‘Compruébenlo’. Son cosas muy difíciles de probar.” En ese sentido, Mondragón considera muy probable que el ganador de la contienda, Juan Carlos Martínez Terrazas, gane también el recurso que ya anunció que interpondrá ante el TEPJF, institución que, dice, “actúa como le da la gana”.
–¿Sería un secretario juvenil legitimado por el Tribunal?
–Exactamente: Un dirigente nacional impuesto por un tribunal.

Las mañas

Acción Juvenil nació hace 20 años y ha sido cantera del PAN. Ahí se foguearon Felipe Calderón, quien inició esa estructura; su secretario particular en la Presidencia de la República, César Nava; José Espina, secretario general del CEN; Rogelio Carvajal, Carlos Torres y Cristinan Castaño, diputados federales, y el propio Mondragón, candidato a diputado local por Puebla. Por eso la relevancia de la decisión: Desde la sesión del 9 de julio, dos días después de la elección en Tlaxcala, varios miembros del CEN propusieron profundizar en las quejas de Rivera y Caballero de prácticas fraudulentas y presiones, por lo que se encomendó a una comisión profundizar las indagatorias. “Si esto es tan importante como decimos que es, acordemos una sesión extraordinaria”, propuso Luis Ernesto Derbez, mientras que Rosario Castro Lozano, alcaldesa de Lerdo, Durango, propuso llamar a comparecer a los tres aspirantes de Acción Juvenil y aun anular el proceso. La Comisión Interna de Elecciones –integrada por Patricia Durán, secretaria de Promoción Política de la Mujer; Gerardo Priego, secretario de Vinculación con la Sociedad; Fernando Palma, coordinador de diputados locales; Marcos Pérez Esquer, tesorero nacional, y el diputado Rogelio Carbajal– elaboró un dictamen, que sometió al CEN y que acreditó prácticas fraudulentas. Durante las seis horas que duró la sesión, se llamó a los tres aspirantes a responder las preguntas de los miembros del CEN: Claudia Caballero declinó detallar las presiones que padeció de Manzanera y funcionarios gubernamentales como el propio Mouriño, pero se pronunció por la nulidad de la elección. La diputada federal por Nuevo León detalló, en entrevista con el diario Reforma, que fue amenazada por allegados de Calderón, entre ellos Manzanera: “Él tuvo mucho que ver. La verdad ya estoy harta de este tipo, y si quieren que nuestro partido se convierta en un PRI, pues vamos por el mejor camino, lo juro”. Las amenazas se materializaron desde el gobierno en varios casos declaró: “A varios chavos de mi equipo, de varios estados, los corrieron de sus trabajos por no seguir la línea. Qué lástima, porque dizque éramos el gobierno del empleo”.

Rivera, quien fue coordinador de Organización y Fortalecimiento Municipal del ayuntamiento de Lerdo, encabezado por Rosario Castro, ratificó los señalamientos de la intervención de servidores públicos en la manipulación, que orquestaron una “guerra sucia” para favorecer a Martínez Terrazas, quien se hacía llamar el “candidato” de Calderón. Entre las irregularidades que se presentaron en el proceso hubo compra de votos con cargos públicos para beneficiar a Martínez y, al contrario, se hostigó y despidió a jóvenes identificados con Caballero y Rivera en delegaciones federales en el Estado de México y Chiapas, así como en el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Rivera ratificó, también, lo que declaró al diario Reforma en el sentido de que Martínez fue apoyado por Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación y en cuyo rancho, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se produjo el lanzamiento de Calderón como aspirante a la candidatura presidencial del PAN. El día de la elección, según la información que conocieron los integrantes del CEN, las delegaciones de Colima y Nayarit fueron hostigadas por la Policía Federal de Caminos para evitar que llegaran a la asamblea, mientras que la de Morelos fue secuestrada en un palenque, supuestamente al mando de Óscar y Víctor Martínez Terrazas, hermanos de Juan Carlos. Y en cambio, a los que votaron por el ganador de la elección se les obsequiaron bebidas alcohólicas y paseos turísticos por Puebla. Incluso los llevaron al zoológico African Safari. En su turno, Martínez Terrazas negó las imputaciones de haber sido favorecido por la estructura del gobierno federal y recibir apoyo de Manzanera, cuyas oficinas acogieron su casa de campaña y a cuyas órdenes estuvo en la campaña presidencial –junto con Jordy Herrera, subsecretario de Energía–, aunque reconoció que lo asesoraron abogados del operador calderonista. Chihuahuense avecindado en Morelos, Martínez Terrazas es allegado, también, a Mariana Gómez del Campo, sobrina política de Calderón, y uno de sus abogados es Santiago Torreblanca Engell, secretario particular del diputado Jorge Romero, presidente de la Comisión de la Juventud de la Asamblea Legislativa capitalina, y quien hace tres años contendió contra Mondragón.

En la sesión del CEN del lunes 20 y que concluyó en los primeros minutos del martes 21, sólo tres integrantes votaron en contra de la decisión de anular el proceso de Acción Juvenil: César Nava, secretario particular de Calderón; Rogelio Carvajal, quien ostentó aquel mismo cargo en la campaña presidencial, y Rafael Morgan, subsecretario de la Función Pública, subordinado de Germán Martínez, aspirante a suceder a Espino. Incluso, antes de la votación, Carvajal trató de persuadir a sus compañeros de no anularla. Primero se dirigió a Martínez. “Juan Carlos, a mí no me cabe duda de que vas a ser secretario general y pronto estarás sentado aquí con nosotros”, dijo, retador. Y enseguida se dirigió a los miembros del CEN: “Hay que atacar las causas, no esto que sucedió, sino las causas que lo originaron. Porque, ¿qué va a pasar con Acción Juvenil?” Hebert Taylor, quien encabeza la supersecretaría de Innovación y Desarrollo en el gobierno de Emilio González Márquez, de Jalisco, le replicó: “Es al revés: Si no atacamos ahorita de tajo, imagínate qué va a pasar con Acción Juvenil”. El CEN emitió, entonces, una “contundente” votación de 23 votos contra 3 que “anula cualquier lectura de que esta decisión obedezca a favorecer a alguno de los aspirantes o contra alguno de ellos”, según la comunicación oficial, y que, subrayó, envía “un mensaje claro para los jóvenes de nuestro partido y la militancia en general de que nuestro procesos deben conducirse con apego a los principios y la normatividad interna”. El comunicado oficial, que leyó el portavoz Antonio Alvarado, incluía la exhortación a los aspirantes a acatar la decisión “en aras de mantener la concordia y la unidad y por el bien superior del partido, que debe estar por encima de intereses particulares o de grupo”. Sin embargo, Martínez Terrazas se negó y advirtió a los miembros del CEN, latente su impugnación ante el TEPJF: “La única decisión correcta es la de la asamblea”.

Como en el PRI

Lo que el CEN pretendía con esa exhortación era evitar que, en el juicio ante el TEPJF, se conozcan los detalles, al menos del financiamiento irregular, en que incurrieron los tres contendientes, pero también la identidad de los funcionarios panistas acusados de haber intervenido en el proceso. La Comisión de Orden, sin embargo, eventualmente procederá contra personajes como Jorge Manzanera e incluso Juan Camilo Mouriño, quienes se han involucrado en procesos internos del partido y aun en elecciones constitucionales, como la de Yucatán, tal como lo hizo público Espino tras la derrota. Propietario de la empresa Diseño y Operación de Campañas (DOCSA), Manzanera opera ahora en Michoacán, por encargo de Mouriño y Calderón, y asiste jurídicamente a Guillermo Galland, calificado de presidente “espurio” del PAN en Hidalgo e identificado como uno de los instigadores de la rechifla a Espino en la Asamblea Nacional del PAN en León, Guanajuato, el 2 de junio. Justamente en la Asamblea Nacional, Espino pretendía reformar los estatutos para evitar la manipulación de los procesos internos del PAN, pero los operadores de Calderón reventaron la sesión del Consejo Nacional que la propondría, por lo que Espino acusó a la Presidencia de la República de conducirse con “doble moral” (Proceso 1595). Ahora reanudó el objetivo de reformar los estatutos mediante una comisión presidida por Carlos Abascal, que preparará foros y propondrá una Asamblea Nacional Extraordinaria, en enero próximo, justo cuando estará en marcha el proceso de sucesión en la presidencia del CEN de Acción Nacional.

Kikka Roja

AMLO : Los diputados son traidores, a vigilarlos

• Todo lo que ahí se discute se ha vuelto un “retroceso”
• Las cámaras se han vuelto “un peligro”, dice AMLO
• Los temas en tribuna responden a la agenda del FMI, sostiene

CIRO PEREZ SILVA (ENVIADO)

Tianguismanalco, Pue., 26 de agosto. La Cámara de Diputados y el Senado se han convertido “en un peligro”, porque ahora todas las iniciativas que se discuten en tribuna representan un retroceso en los beneficios que se habían obtenido para los obreros, estudiantes y campesinos, “y responden a una agenda establecida desde el extranjero por el Fondo Monetario Internacional”, sostuvo aquí Andrés Manuel López Obrador. “Yo cuando hay sesiones en las cámaras, en periodo ordinario, me mantengo con preocupación, estoy esperando que termine el periodo, ya que se vaya, que quede nada más la (Comisión) Permanente, porque ahí no pueden llevar a cabo ninguna reforma constitucional; hay incluso diputados nuestros que cuando les digo esto me dicen, ‘¡pero cómo, si somos legisladores!’, pues sí, nada más que esa Cámara es un peligro, bueno las dos, porque todas las iniciativas son para dar marcha atrás a lo que ya se ha logrado”, aseveró.

“Nosotros tenemos que cuidar que no haya retrocesos, que cuando menos frenemos todo lo que ello signifique. Si no hay progresos, que no haya marcha atrás; que las cosas queden como están para que en un momento dado podamos transformar al país; es como interponer un amparo para que no le muevan”, explicó. Al cerrar su gira de trabajo en el municipio de Atlixco, el político tabasqueño reiteró que aquel senador o diputado del Frente Amplio Progresista que vote en favor de impuestos que lesionen la economía de los mexicanos, “¡que ni me hable!”, y en torno al debate con los partidos representados en el Congreso, que propone Felipe Calderón para el primero de septiembre, López Obrador enfatizó: “¡Si no contaron los votos, que no cuenten con nosotros!” De igual manera, se refirió a las reformas a la ley del ISSSTE, a la fiscal, y a lo que sería la reforma energética. “Ni siquiera es un plan diseñado en México, sino del FMI, y eso es lo que se está discutiendo en las cámaras. Por eso cuando llamo pelele a (Felipe) Calderón, no lo estoy ofendiendo, simplemente lo estoy describiendo”. En la tribuna (del Congreso), agregó, los grandes y graves problemas nacionales no se tocan; por ejemplo, señaló, los legisladores no suben a hablar del fenómeno migratorio, del campo, de la expulsión de mano de obra, la falta de apoyo a los productores, ni para defender los derechos humanos, que todos los días se están violando.

“No suben a tribuna para condenar la corrupción imperante, se tratan ahí sólo temas como las reformas laboral, a la seguridad social, fiscal, energética. ¿Qué es la reforma fiscal? Ya dijimos: es aumento de impuestos. ¿Qué es la reforma energética? Es la entrega del petróleo y la industria eléctrica a los extranjeros. Nosotros estamos planteando que vamos a defender al pueblo, a los trabajadores, a los productores, vamos a defender la educación pública, el petróleo y la energía eléctrica”, insistió. Al cerrar este domingo la gira por 28 municipios de la entidad, López Obrador llamó a los poblanos a seguir luchando con dos propósitos: de una parte, la organización como base de la movilización política, y de otra, la defensa de los bienes nacionales para evitar que los gobiernos federal y estatales) dejen sólo escombros. “Organizarnos y al mismo tiempo estar protestando, porque la crítica también es gobierno, no olvidemos eso. Si no existiéramos nosotros, si no estuviésemos criticando esto estaríamos peor”, afirmó, luego de insistir en que si el “gobierno espurio” intenta “entregar” el petróleo a los extranjeros, “ahí nos vamos a movilizar y pase lo que pase no lo vamos a permitir, porque esto significaría ya acabar con nuestro país”. Reiteró que tampoco debe aprobarse una reforma fiscal que considere un impuesto a la gasolina. “Tenemos que pedir a los diputados, a los senadores nuestros que no vayan… no sólo a aprobarlo, que eso sería una traición, sino que ni siquiera permitan que en las cámaras se toque ese tema; ahí sí, aunque hablen de que somos rijosos y alborotadores y que no somos institucionales y que somos unos conflictivos, ¡que tomen la tribuna!”

Buscan que ALDF invite a Calderón a informe de Ebrard

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Luego de que propuso –y se aprobó– el polémico formato para el primer informe de gobierno de Marcelo Ebrard Casaubon, ahora Jorge Carlos Díaz Cuervo, coordinador de la Coalición Socialdemócrata de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), adelantó que mañana martes planteará a la Comisión de Gobierno que Felipe Calderón Hinojosa sea invitado, precisamente, a la ceremonia en la que el mandatario capitalino rendirá cuentas de su gestión ante los diputados locales el próximo 17 de septiembre. Díaz Cuervo confió en que esta iniciativa será aprobada por la mayoría de los coordinadores parlamentarios de la ALDF, a quienes se unirían legisladores perredistas de Nueva Izquierda. Incluso, mencionó que en la petición que formulará a la Comisión de Gobierno está el que también se invite a los cuatro ex jefes de Gobierno que ha tenido la capital: Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andres Manuel López Obrador y Alejandro Encinas.

Cuestionado acerca de la paternidad de la propuesta para que Calderón acuda al recinto de Donceles y Allende –y debido a los comentarios de que Víctor Hugo Círigo es quien está detrás de sus planteamientos–, Díaz Cuervo aseguró que “la iniciativa es de la coalición; no he platicado con Círigo al respecto; no sé si ellos estarán a favor o en contra. Lo que sí se es que muchos diputados y diputadas de Nueva Izquierda se han manifestado a favor de esta invitación”.

–¿Y qué opina que lo califiquen de“vocero” del coordinador del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno?
–Entiendo de dónde vienen las descalificaciones hacia la coalición y hacia mi persona, pero nosotros desde el principio dijimos que si bien hay enojo (de los perredistas) por no haber llegado a la Presidencia, y si bien a nosotros nos parece que no fue legítima la forma en que llegó Felipe Calderón, sí reconocemos que hoy por hoy es el presidente legal de los mexicanos.

Kikka Roja

Pobreza y desigualdad México vergüenza mundial

• Imposible pensar en desarrollo si el Estado no asume su responsabilidad, insiste el rector
• Pobreza y desigualdad son signos ominosos para México: De la Fuente
• “Pareciera que el país quiere continuar al margen de la sociedad y la economía del conocimiento’’

EMIR OLIVARES ALONSO

Juan Ramón de la Fuente. Imagen de archivo Foto: Jesús Villaseca

Si el Estado mexicano no asume su responsabilidad, será imposible pensar que en los próximos años se pueda tener un desarrollo menos desigual, más equitativo, tranquilo, seguro y que ofrezca mejores perspectivas, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente. Al firmar un convenio de colaboración con la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMCA), De la Fuente –quien en unos meses terminará su periodo al frente de la rectoría– alertó que con la política actual pareciera que el país quiere continuar al margen de la sociedad y la economía del conocimiento, pues se carece de una política educativa y una visión de Estado a mediano y largo plazos. Dicha política de Estado en materia educativa, subrayó, debe basarse en transformar a la educación en un verdadero instrumento de capilaridad social, con lo que se ayude a México a salir del rezago en el que se encuentra.

Reclamos incumplidos

“¿Cómo avanzar en el país en los tiempos actuales cuando uno de los reclamos de la sociedad es que el Estado funcione y lo haga mejor de lo actual, que atienda sus responsabilidades básicas y sea capaz de proveer a los ciudadanos de seguridad, orden, salud y educación?, ¿y cómo aspirar a una sociedad más segura si no se atienden las necesidades básicas, si en una nación como México los signos ominosos son la pobreza y la desigualdad?”, dijo el rector de la UNAM. Por segunda ocasión en una semana, De la Fuente se refirió al Estado mexicano en su conjunto, al carecer éste de proyectos y políticas que propicien el desarrollo de la nación, sobre todo en los ámbitos educativo, social y de seguridad pública. Aunque consideró que es “compleja” la tarea de fortalecer el estado de derecho, De la Fuente insistió en que dicha labor no es inalcanzable para con ello también robustecer el estado social y democrático en México. Dijo el académico que hay que analizar diferentes formas de conseguir ese fortalecimiento, porque “con frecuencia el Estado mismo se desdibuja por insuficiente comprensión”. El pasado jueves, el rector de la UNAM cuestionó la labor de las autoridades mexicanas en su conjunto, al no contar con proyectos que beneficien al desarrollo de la sociedad mexicana. De nueva cuenta, durante la reunión con la BMCA, consideró que el Estado mexicano no asume su responsabilidad.

El convenio firmado entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Barra Mexicana Colegio de Abogados tiene por objeto realizar actividades académicas, científicas y culturales conjuntas para fortalecer con ello el estado de derecho, informaron autoridades universitarias. En su turno, el presidente de la Barra Mexicana, Luis Enrique Gram Tapia, destacó que la UNAM ha sido distintiva porque en su seno se han construido muchos proyectos, ideas y acciones que han marcado la forma de ser de la nación y de los mexicanos. Y definió a la institución como espacio “de ilustre, sabia y responsable crítica”, por lo que se congratuló de la firma del convenio. El abogado explicó que dicho acuerdo, primero que la BMCA signa con una institución de educación superior en 85 años de existencia, será el instrumento con el que se inicie la cooperación para continuar la construcción de una de las mayores necesidades de la nación: una mejor y más eficaz cultura de respeto al estado de derecho. Graham Tapia refirió que el estado de derecho, como expresión de la cultura, es un hábito, una forma de vida y diálogo, por lo que requiere una construcción de todos los días, “la sociedad necesita mejores abogados”. Con el convenio, dijo, se sumarán esfuerzos para la edificación de una cultura jurídica más eficaz, pero cimentada en que juntos se creen mejores esquemas y juristas. Por su parte, el abogado general de la UNAM, Jorge Islas, explicó que este acuerdo será una posibilidad de encontrar “ventanas de oportunidad” para trabajar de manera conjunta en aspectos donde se pueden desarrollar metas y esfuerzos afines, pues con él se buscará fortalecer la cultura de la legalidad, del respeto al estado de derecho, la justicia, la ley, la igualdad y la equidad.

Kikka Roja