Magistrados Delincuentes Electorales

La justicia de los poderosos del dinero. El pópulo pueblo no tiene derecho a la restitución, cuando es agraviado. Se duda de la palabra de una niña, joven o adulta cuando sufre una violación. La tierra pierde sus propiedades con la erosión y la contaminación industrial. Para los ultramillonarios mal nacidos y mal paridos (la falta de oxigeno al nacer produce daño cerebral...), ¡Me carga el payaso! Piiinches hijos de la puta que los parió, se están encanjando con la tierra y con el pueblo y todavía se burlan. Sangre tendrá que correr y no será la del pobre y desprotegido. ¿Que no leen historia? ¿Que no van a sus pinchurrientas iglesias? Las "revueltas indias" la sufrieron los misioneros que abusaron del incauto nativo en 1590... Señoritingos muy cabrones pero más Pendejos... Mal rayo los parta por la mitad.

"Utilizan trampas legales para apropiarse ilícitamente del dinero de la población"

Insulto a los pobres, el retiro millonario para magistrados electorales: juristas

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

En total coincidencia, doctores en derecho, constitucionalistas, presidentes de barras de abogados y juristas destacados reprobaron la conformación de un fideicomiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permitirá a seis magistrados retirarse el próximo 4 de noviembre con un bono cercano a 3 millones de pesos. Los expertos en derecho consultados por La Jornada calificaron de "inmoral" e "injusto" el "cochinito" que hicieron los juzgadores, pues señalaron que para autorizarse dicho bono se valieron de "trampas legales". El TEPJF autorizó, con el aval del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tres fideicomisos bancarios con más de 52 millones de pesos para el pago de retiro de los magistrados electorales, de los cuales, 30 millones fueron devueltos a Hacienda.
A continuación las opiniones vertidas:
Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la UAM: El bono es contrario a la Constitución, la cual dice que los servidores públicos percibirán un salario que se fije en el presupuesto y este sueldo extraordinario no está fijado en el presupuesto, y si lo reciben están cometiendo un ilícito; ahora, si los magistrados crearon el bono, están cometiendo una doble irregularidad. Ya de por sí los magistrados electorales perciben los sueldos más altos de la administración pública federal, local y municipal, lo cual, de entrada, es indebido. La pretensión de aplicarse un bono de retiro es un insulto a una sociedad pobre como la nuestra; los magistrados están violando la ley.
Clemente Valdés, constitucionalista y ex presidente de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados de México: Se trata de la repetición de una costumbre ominosa de los pasados 80 años de nuestros empleados públicos, en este caso los magistrados electorales, en la que utilizan las trampas legales para buscar apropiarse ilícitamente del dinero de la población. Esto antes se hacía de manera secreta, como era el sistema del PRI, pero ahora nos enteramos a tiempo por los medios de comunicación. Es dramático y triste que estas cosas sucedan con magistrados electorales, en el momento en que se está decidiendo quiénes serán los próximos miembros del TEPJF.
Raúl Carrancá y Rivas, constitucionalista y catedrático de la UNAM: Es un verdadero escándalo, una injuria y un contrasentido si lo comparamos con el pudor republicano que mantiene nuestra Constitución y leyes secundarias. Debería de atenderse con el mayor cuidado de parte de diputados, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y protestarse con la mayor energía, porque me parece que es un desatino y una injuria al pueblo de México. Ningún magistrado se debe retirar con un bono o premio en proporciones tan grandes; mucho menos unos juzgadores que violaron flagrantemente el artículo 41 de la Constitución, al no haber atendido a las manchas y deficiencias de la pasada elección presidencial, donde no hubo certeza, legitimidad, objetividad e imparcialidad. Más que un bono de retiro que ellos han gestionado, deben hacerse acreedores a un juicio político.
Elías Huerta Psihas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y ex candidato a magistrado para ocupar una plaza en el TEPJF: Es indebido este proceder, porque no está previsto en ninguna norma jurídica que se den un superbono de retiro. Una cosa es que sean un órgano especializado en materia electoral y otra que se sientan autónomos para decidir qué van a hacer con su presupuesto y manejarlo para su beneficio personal. Es un dinero que les sobró y tienen la obligación legal de regresarlo a Hacienda.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México: Lo desapruebo jurídica y moralmente. Desde el punto de vista legal no tiene un sustento con lo que deben ser los emolumentos, prestaciones y salarios de un trabajador de la administración pública. Su bono es una prestación extraordinaria de origen dudoso. Moralmente es un insulto a la clase trabajadora común. Onésimo Piña Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados: Aunque los fideicomisos están dentro del marco de la ley, sí me parece una exageración, una desmesura, lo que van a recibir de bono de retiro.

Ante los cuestionamientos de la ASF, procederán a devolver recursos involucrados
Disuelven fideicomisos del TEPJF; aprueban bono por casi $3 millones
Recibirán magistrados esa cantidad, además del fondo de retiro, aguinaldo y vacaciones
JESUS ARANDA Y ALONSO URRUTIA
Con el argumento de que se han externado algunas dudas sobre el origen de la partida destinada a la conformación de dos de los tres fideicomisos de retiro que tienen magistrados y funcionarios de confianza del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), próximos a dejar su cargo, la Comisión de Administración del organismo determinó disolverlos y proceder a devolver el monto involucrado, según dio a conocer ayer el magistrado presidente Leonel Castillo González. Sin embargo, en recompensa al trabajo realizado en este año electoral, y pese a la reducción presupuestal de 20 por ciento en el tribunal, los magistrados de la sala superior se asignaron un bono equivalente al salario de 11 meses, cifra cercana a 3 millones de pesos, adicional a lo que percibirán por concepto del fondo de retiro, más aguinaldo y vacaciones. Esta cantidad es independiente de lo que percibirán por el fondo de retiro previsto en un fideicomiso. Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y cuestionaron que ese gesto de recompensa al trabajo desempeñado no incluyera al resto del personal -incluidos los secretarios de acuerdos-, que en el mejor de los casos obtuvieron un bono adicional equivalente a mes y medio de salario. Al término de la presentación de su último informe de labores, Castillo González aseguró que en una reunión efectuada hace 12 días se analizó la situación relacionada con los tres fideicomisos -que sumaban más de 49 millones de pesos, de los cuales 21 millones eran para los magistrados de la sala superior- que se habían constituido para el retiro de los magistrados y personal de confianza, evaluándose las dudas que se plantearon en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la legalidad de la partida de donde originalmente surgió la conformación de dichos fideicomisos. Aunque no lo precisó, Leonel Castillo dijo que el monto global con el cual se marcharían los magistrados oscilaría alrededor de 20 millones de pesos en conjunto, de los cuales podría inclusive destinarse una partida para los familiares de José Luis de la Peza, fallecido hace un par de años. Cuestionado sobre las razones que los llevaron a desaparecer los dos fideicomisos -de los cuales no precisó el monto de recursos involucrados-, Castillo reconoció que ante la duda sobre la legalidad de la operación era mejor determinar su disolución. Sin embargo, se dijo convencido de que ese fondo provenía de una partida totalmente legal. El fideicomiso para el retiro de los magistrados, junto con otros dos para personal de confianza, fueron constituidos a mediados de 2001 gracias a las "economías" (ahorros) en el ejercicio fiscal de 2000 (La Jornada, 27/10/05). En el caso de los magistrados de la sala superior se pretendía destinar una partida para el momento en que tuvieran que dejar el cargo. La justificación siempre ha sido que, dada la naturaleza de su trabajo, los magistrados tienen fuertes restricciones para desempeñarse profesionalmente en la administración pública federal o locales. Previsores, los magistrados aseguraron con recursos públicos su retiro, quedándose con el fideicomiso de mayor monto -21 millones de pesos-; los otros 28 millones los dividieron en dos fideicomisos: uno para secretarios generales de acuerdos y administrativo, y otro para mandos superiores y personal de confianza. De acuerdo con el contrato del fideicomiso 158984, firmado con Bital, del cual La Jornada tiene copia, las partes acordaron que en caso de que un magistrado deje el cargo -como ocurrira el próximo 4 de noviembre con seis-, cada uno recibirá la séptima parte de ese fondo. Además de esta prestación, los juzgadores aportan quincenalmente hasta 10 por ciento de su salario bruto al fideicomiso -su sueldo es similar al de los ministros de la Suprema Corte, es decir, unos 200 mil pesos mensuales-, y el TEPJF aporta, a cuenta del erario federal, una cantidad igual cada mes. El 2000 fue el último año en que el Poder Judicial de la Federación no regresó sus recursos sobrantes a Hacienda, porque a partir de 2001 una disposición oficial estableció que todas las entidades del gobierno federal están obligadas a regresar el dinero no ejercido. Para evitar "perder" los 49 millones de pesos que quedaron en las arcas del TEPJF, la comisión de administración del organismo -en la que participan, además de los magistrados, consejeros de la Judicatura Federal- resolvió crear los tres fideicomisos. Así, se firmó el acuerdo 061/S51(11-VII-2001), que estipuló la constitución de los fideicomisos. El de los siete magistrados de la sala superior se integró con 21 millones de pesos; el de los secretarios general de acuerdos y administrativo de la sala superior con 5 millones 600 mil pesos, y el de mandos superiores -de los niveles 33 a 36- con 22 millones 400 mil pesos. Los seis magistrados beneficiarios de la prestación serán: Leonel Castillo González, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Bertha Navarro, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata.

Negro panorama para manglares: Geenpeace y Cemda
Demostró la IP que puede "someter" a la Semarnat
Plan de Pemex que afectará vegetación en Tabasco, denuncian
MARIANA NORANDI
Manglares de Puerto Progreso, Yucatán, inundados por agua salada a consecuencia de los fenómenos meteorológicos Foto Notimex Tras la victoria judicial obtenida por la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) para que no se modifique la norma oficial mexicana (NOM 022) que protege los manglares ante un desarrollo no sustentable de la industria hotelera, organizaciones ecologistas desaprobaron rotundamente la gestión de las autoridades federales en materia ambiental y denunciaron su política en pro de los intereses de la industria privada. "La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) de esta administración ha fungido como secretaría de turismo y, de seguir con este tipo de gobierno, en 50 años ya no tendremos manglares", aseguró Alejandra Serrano, coordinadora del programa de biodiversidad del Centro Mexicano de Derechos Ambiental (Cemda) en Cancún. Según los activistas, las autoridades federales no respetaron el trabajo que durante ocho meses realizaron miembros de diversas instancias gubernamentales, del sector turístico, de agrupaciones ecologistas y de académicos, anteponiendo la posición de los primeros sobre la de los ambientales, quienes fundamentaban la importancia del manglar. Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos de la organización ambientalista internacional Greenpeace, señala que "en el anteproyecto que diseñó nuestro grupo de trabajo se restringe hasta en 95 por ciento la deforestación del manglar y se desautoriza cualquier obra que no sea de prioridad nacional, entre ellas, hoteles y campos de golf. "Sin embargo, la industria privada frenó el proceso del anteproyecto metiendo un recurso legal -que ganaron-, evidenciando que pueden someter fácilmente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Tumbaron un trabajo de ocho meses, largo y tortuoso, con sus abogados caros que rebasaron al mismo gobierno". Greenpeace y Cemda aseguran que el panorama para el manglar "es negro", pero "recurrirán a todas las vías legales para revertir esta situación". Advirtieron que, además de tomar medidas jurídicas, intentarán retomar una iniciativa de ley propuesta tiempo atrás por el Partido Verde Ecologista de México, para que el manglar sea defendido por la próxima legislatura "y así buscar una ley que sea más difícil de modificar, porque en México una norma la viola cualquiera", afirmó Serrano. Olivera recordó que Quintana Roo es el estado con mayor índice de deforestación por el desarrollo no sustentable del sector turístico, el cual es el más interesado en destruir el manglar, porque desconoce sus beneficios, incluso los que favorecen su propia industria. "Cuando estábamos en el grupo de trabajo, gente de Fonatur decía que es falso que los manglares mitiguen el impacto de los huracanes. "Con este tipo de argumentos, fácilmente rebatibles, lograron frenar la reforma de la ley y desproteger el manglar. Con la normatividad vigente y el vacío legal que existe en la actualidad, no sólo la industria hotelera puede acabar con el manglar, sino que Pemex ya tiene planes para hacer exploraciones en la laguna madre de Tamaulipas".

La especie frena los embates de marejadas y tormentas
Error, amparar a constructores que acabarán con manglares: experto
JOSE GALAN ENVIADO
La destrucción de manglares en las costas de Yucatán deja indefensa a la penísula ante la presencia de huracanes Foto Notimex La Paz, BCS, 19 de octubre. Es un grave error del sistema de justicia en México amparar a constructores que buscan desaparecer los manglares de las costas del país en favor de desarrollo turísticos porque estas especies marítimo-vegetales tardan hasta 30 años en regenerarse y constituyen una barrera natural en contra de marejadas y tormentas, sobre todo en estos tiempo de cambio climático. Así lo advirtió Esteban Fernando Félix Pico, experto en manglares del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (Cicimar-IPN), quien explicó que existen manglares en las costas de nuestro país con más de mil 300 años de antigüedad, "una riqueza de la naturaleza que no debe ser borrada para construir un hotel o cualquier otra instalación para gente ociosa". Como se recordará, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) obtuvo una suspensión definitiva por parte de la justicia federal fiscal y administrativa en contra de la norma 022, que específicamente protege a los manglares para poder seguir adelante con desarrollos en las costas de Quintana Roo y del resto del país, y la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat) anunció que recurrirá en contra de la decisión judicial. Félix Pico sostuvo que no hay manera de reponer manglares fuera de las áreas donde ya han crecido en un lapso corto, y que su desaparición provoca desequilibrios ecológicos al desaparecer fuentes naturales de nutrientes, "pero lo más importante, es que los manglares son colchones naturales contra el embate de la naturaleza en forma de marejadas y tormentas a orillas del mar, sobre todo ahora, que con el cambio climático estos fenómenos se han acentuado", explicó. "Esas barreras naturales no pueden ser suplidas con criterios judiciales o pretextos desarrollistas", añadió, para luego enfatizar que no sólo se debe defender la norma que protege a los manglares, sino que, inclusive, se debe fortalecer "para que nadie juegue ya con el medio ambiente".

Traslados de diputados cuestan 100 mdp al año
Sus boletos, hasta 3 veces más caros que en tarifa normal

Cámara gasta 100 mdp al año en transportación Entre indiferencia y delicadezas se consumió la sesión Judicatura definirá bono de magistrados electorales

Andrea Merlos y Ricardo Gómez El Universal

Viernes 20 de octubre de 2006 Los diputados gastan 100 millones de pesos al año, de acuerdo con el presupuesto aprobado para 2006, para transportación aérea y terrestre. No sólo eso. Compran los boletos de avión hasta tres veces más caros que en las tarifas normales. Cada uno recibe de prestación cuatro pasajes de avión redondos al mes, y para quienes viajan encarretera, entre 3 mil y 9 mil pesos. El elevado costo se debe a que los boletos para viaje aéreo de los legisladores no tienen restricciones de horario. Un boleto redondo a Chetumal tiene una tarifa —en lasagencias de viajes con las que tiene convenio la Cámara— de 13 mil 176 pesos, mientras que elprecio normal, solicitado con 24 horas de anticipación, cuesta 5 mil 498 pesos, de acuerdo con una cotización corroborada por EL UNIVERSAL. Por ejemplo, el traslado mensual del diputado del PRI Elías Espinoza —del municipio Othón Blanco, Quintana Roo— cuesta 52 mil 701 pesos, en lugar de 20 mil pesos. En los tres años que Espinoza será diputado, el erario pagará un millón 897 mil pesos para sus traslados, 4 millones 680 mil pesos de su dieta y 90 mil pesos para sus vales de despensa, sin considerar aguinaldo, fondo de ahorro y demás prestaciones. En respuesta a la información publicada ayer por este diario, la Cámara de Diputados argumentó en una carta el gasto de legisladores para trasladarse. Guillermo Haro, secretario general, reconoció que la tarifa clase “Y” es la más alta por no tener restricciones ni de día ni de horario, además de que se designan los asientos en las primeras cinco filas después de la zona premier..

Lorenzo Meyer

La última gran crisis de México

Una historia de espías

Lorenzo Meyer

Incidente. Por salud mental, conviene de tarde en tarde alejarse del presente y analizar momentos significativos y positivos del pasado. El Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (FAPECFT) acaba de cumplir 20 años y está catalogando los documentos —varios cientos— que en 1927 agentes secretos mexicanos sacaron de la oficina del Agregado Militar de la embajada norteamericana en México por órdenes del secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Luis Napoleón Morones. El objetivo era que tales escritos sirvieran al presidente Calles como un elemento más para negociar una salida pacífica a la que sería, hasta ahora, la última gran crisis entre México y su vecino del norte.
Los documentos. Los papeles en cuestión son básicamente copias de informes que la agregaduría militar norteamericana elaboró sobre la situación política y militar de México entre el final de su guerra revolucionaria y de los gobiernos de la “dinastía sonorense” —Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles—. También están órdenes recibidas por el agregado de sus superiores, memoranda intercambiada entre los embajadores norteamericanos y el Departamento de Estado, informes sobre la situación de la industria petrolera y otras cosas relacionadas. La Secretaría de Guerra norteamericana tenía entonces —como los tuvo antes y supongo los tiene hasta ahora— planes de contingencia por si era necesario intervenir en México. Al final, la mayoría de esos planes resultan un ejercicio puramente teórico, pero es un hecho que en vísperas de que los espías mexicanos sustrajeran los documentos de la embajada norteamericana, la posibilidad de un choque armado entre México y Estados Unidos era alta, muy alta. La idea del uso de la fuerza la apoyaban el embajador norteamericano, James Rockwell Sheffield —antiguo abogado de empresas como General Electric—, y las compañías petroleras con intereses en México que consideraban que el nacionalismo revolucionario mexicano era una amenaza a sus inversiones dentro del país pero, sobre todo, fuera, pues el ejemplo podía cundir en otros lugares de Latinoamérica y fuera del continente.
La litis. Desde que la Constitución de 1917 decretó en su artículo 27 párrafo IV que todo el combustible en el subsuelo era propiedad de la nación, las empresas extranjeras —básicamente norteamericanas y británicas— señalaron que la medida valía para el futuro pero no para quienes habían adquirido sus derechos bajo el antiguo régimen que explícitamente daba la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo al superficiario. Negarles esa propiedad era un acto retroactivo, contrario a lo expresado por el artículo 14 de la propia Constitución y a la práctica internacional. Recién llegados al poder, el presidente Calles y Morones —a la vez miembro del gabinete y el líder sindical más importante— impulsaron una ley orgánica del petróleo que un congreso obediente aprobó en diciembre de 1925. Esa ley señalaba que sólo se reconocerían los derechos adquiridos antes de 1917, y nada más por cincuenta años, en los casos donde las empresas pudieran demostrar que habían realmente ejercido ese derecho mediante un “acto positivo” —es decir, que habían perforado y extraído petróleo—, pero no en terrenos mantenidos como reserva donde la propiedad del combustible no extraído retornaría a la nación. Finalmente, en todos los casos las empresas deberían de cambiar sus títulos originales por “confirmatorios”. En 1926 el petróleo mexicano ya no era tan importante para el mercado mundial, pues en cinco años la producción había caído más del 50%. De todas formas, dejar a México salirse con la suya sentaría un precedente internacional muy negativo. Por ello, concluido el plazo de un año dado por la ley, las empresas, apoyadas por sus gobiernos y sesenta amparos, no acataron lo dispuesto por el gobierno mexicano. En abril de 1927 y por la fuerza, las autoridades mexicanas detuvieron trabajos de exploración de ciertas empresas, aunque no se atrevieron a suspender la producción misma. Los que apoyaban una reacción dura contra la impertinencia nacionalista mexicana consideraron llegado el momento de responder con la fuerza.
El entorno. Tras los cambios producidos por la I Guerra, Estados Unidos era la única gran potencia con capacidad y voluntad para intervenir en América Latina. En los 1920, el presidente Calvin Coolidge y el Partido Republicano se habían manifestado dispuestos a intervenir “en cualquier parte del globo en donde el desorden y la violencia amenacen los pacíficos derechos de nuestro pueblo”. El ambiente dominante en Washington era francamente conservador, intervencionista y contrarrevolucionario. Estos dos últimos puntos eran importantes porque justo entonces el Departamento de Estado publicó un “Libro Blanco” titulado “Los objetivos y las políticas bolcheviques en México y América Latina” y dos mil marines apoyaban a los conservadores en Nicaragua. México parecía ser el siguiente destino de las tropas norteamericanas para asegurar el imperio de la ley y el orden, aunque había un problema: la fuerza invasora tendría que ser 50 ó 100 veces superior a la enviada a Nicaragua. Desde el 12 de junio de 1925, Washington había advertido que dejaría de apoyar al gobierno de México si éste no protegía la vida e intereses de los norteamericanos en su territorio. En noviembre de ese año, el embajador Sheffield, en carta personal al rector de la Universidad de Columbia, le confió que, en su opinión, “al final de cuentas (los mexicanos) no reconocen más argumentos que la fuerza”. A nadie extraña que el 31 de marzo de 1927, el embajador advirtiera a sus superiores que Calles sólo detendría su política “radical” cuando Estados Unidos le pusiera un alto, y que la interferencia en los pozos de exploración marcaba la coyuntura apropiada para ponérselo.
La invasión que no se dio. En 1927 México vivía la guerra cristera y el liderazgo revolucionario estaba dividido, pues los generales Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano se preparaban para actuar contra el dueto sonorense de Obregón y Calles. Si en condiciones normales el gobierno mexicano no podía resistir un ataque norteamericano, en las de 1927 menos. Sin embargo, para los “halcones” como Sheffield la situación tampoco era fácil. Una nueva “expedición punitiva” contra México requeriría muchos recursos y enfrentar la posibilidad de una guerra de guerrillas prolongada. En el congreso de Estados Unidos, los demócratas declararon que no estaban dispuestos a apoyar otra aventura militar más en América Latina. En esta coyuntura, Calles propuso someter la controversia petrolera a un arbitraje internacional. Pero también advirtió que tenía en su poder esos documentos que hoy están en el FAPECFT, y que si los norteamericanos desembarcaban en México, las tropas mexicanas incendiarían los pozos petroleros antes de retirarse y los documentos se harían públicos en el exterior para que el mundo se diera cuenta de que esa invasión se había planeado de tiempo atrás y con propósitos claramente imperialistas: para apoyar a empresas abusivas y contra los justos reclamos mexicanos. Las documentaciones extraídas de la embajada norteamericana por el “agente 10-B”, y que hoy se pueden consultar lo mismo en el FAPECFT que en los Archivos Nacionales de Washington, son comunicaciones internas del gobierno norteamericano que revelan claramente dureza y prepotencia, en particular del embajador Sheffield. Por sí mismos, no explican el cambio tan grande que entonces tuvo lugar en la política de Washington hacia México, pero sí arrojan luz sobre este cambio si se les mezcla con la falta de apoyo de los demócratas y el costo de la invasión. En el momento crítico, Coolidge cambió a su embajador por otro que dio un giro político de 180 grados. En efecto, Dwight Morrow, un banquero más interesado en que México pagara su deuda y menos en defender el petróleo, decidió que el mejor camino a seguir era cooptar a la Revolución Mexicana, ceder algo para conservar mucho. Así, aceptó que las empresas petroleras tuvieran que cambiar sus títulos originales por confirmatorios a cambio de que fueran a perpetuidad y se definiera de manera más ligera lo de “acto positivo”. Morrow se ganó la voluntad de Calles, al punto que la propia embajada redactó el proyecto de una nueva ley petrolera, misma que el obediente congreso mexicano pasó cuando Calles lo ordenó.