La entrega de la industria petrolera mexicana a las trasnacionales constituiría el error político más grande en la historia política de México en más de un siglo: un acto de traición a México de consecuencias desastrosas para el país, y por ello los despachos de abogados corporativos que en Estados Unidos y en México redactaron las contrarreformas legales de Calderón y de Beltrones buscaron esconder la mecánica privatizadora, aunque no lo lograron.
1. La privatización de la industria petrolera nacional impuesta por una serie de intereses trasnacionales al débil y corrupto gobierno de facto de Felipe Calderón no consiste en vender los activos de Petróleos Mexicanos, sino en transferir gradualmente, en abierta violación a la Constitución General de la República y a los derechos del pueblo mexicano, las funciones que lleva a cabo la empresa paraestatal a las dos principales corporaciones petroleras trasnacionales a las que se hallan vinculados (por no decir asociados) los priístas del grupo de Carlos Salinas y Mouriño y Calderón: Exxon Mobile, Royal Dutch Shell y Repsol YPF.
2. El paquete de siete iniciativas legislativas enviadas por Calderón al Senado –las cinco primeras el 8 de abril– no lograba esconder su burdo intento de pasar por encima de la Constitución, y fue evidenciado como inviable por anticonstitucional en las mesas del Senado y de diversas universidades de la República; de ahí que en el nuevo paquete de nueve iniciativas de Beltrones (de las que tres son nuevas leyes), presentado el 23 de julio, se trate de esconder más la mecánica privatizadora, lo que sin embargo tampoco se logra.
3. Los dos proyectos de desnacionalización de la industria petrolera del país, que han pasado a ser “del PAN” y “del PRI”, a pesar de los legisladores de estos partidos, se sustentan, sin embargo, en una misma estrategia: no privatizan ahora, sino que crean las condiciones seudojurídicas para empezar a privatizar de manera gradual en pocos meses. Y son “seudojurídicas”, pues buscan “legalizar” en leyes secundarias lo que la Constitución prohíbe tajantemente, violando así el principio de la supremacía constitucional, consagrado en el artículo 131.
4. La mecánica privatizadora de la propuesta de Beltrones (y del PRI), que será de seguro la base de la que ambas bancadas presentarán en septiembre, se sustenta en tres esquemas anticonstitucionales, ideados sin duda en esos despachos corporativos de las trasnacionales en Houston y en México, que dócilmente Calderón y Beltrones han hecho suyos, que constituyen una aberración jurídica que esperan la Suprema Corte acepte pasar por alto en abierta complicidad con las trasnacionales en el que sería un fraude a la Constitución: a) el primero es crearle a Pemex un marco legal propio, ajeno (y contrario) a la legislación constitucional de México, para poder manejar la empresa a su antojo y acelerar su división y desintegración, más de lo que ya está, desmantelándola de sus funciones y tareas, b) el segundo es facultar anticonstitucionalmente a las empresas filiales (es decir, al Ejecutivo) para celebrar contratos de riesgo tajantemente prohibidos por la Constitución, para ceder sus funciones, y c) el tercero sería la emisión de acciones denominadas “bonos”.
5. El proyecto que aparece en la iniciativa de Ley Orgánica de Pemex, de Beltrones, busca blindar a la paraestatal frente a la Constitución, creándole un marco seudojurídico muy “particular”, en el cual pudiera actuar como una corporación texana y Calderón como su dueño. Pemex aparece en esta legislación al margen de la Constitución y de las leyes mexicanas, como una corporación privada que funcionara en las islas Caimán y en la que su propietario (que en el caso sería por las facultades ultrapresidencialistas que se le otorgan, el propio Calderón), podría disponer libremente de ella: seguirla subdividiendo, creando organismos paraestatales “filiales” no sujetos a control presupuestal –lo que es anticonstitucional, pues éstos sólo puede crearlos el Congreso–, y contratando a través de éstos la entrega de sus funciones a trasnacionales privadas, lo que es también violatorio de la Constitución.
6. La entrega de las funciones de Pemex, reservadas constitucionalmente al Estado mexicano, se seguiría haciendo en lo formal a través de contratos “de riesgo” con inversionistas privados y extranjeros, celebrados por las filiales, lo que es absolutamente violatorio del párrafo sexto del 27 constitucional.
7. El proyecto de las trasnacionales para apoderarse del petróleo mexicano se ha consolidado por los compromisos de Salinas y Beltrones, por un lado, y de Mouriño y Calderón por el otro, de que “darle la vuelta” a la Constitución mexicana sería posible a) al tener la alianza PAN-PRI en el Congreso la mayoría simple y, sobre todo, b) al contar el régimen neoliberal con el respaldo de un número significativo de ministros corruptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que convalidarían la mecánica privatizadora a pesar de ser abiertamente violatoria de la Constitución.
8. El otro compomiso que probablemente hicieron, y que tampoco van a poder cumplir, es que controlarían al pueblo mexicano, engañándolo por conducto de los medios. Los resultados de la Consulta Popular así lo demuestran.
9. La entrega de la industria petrolera mexicana a las trasnacionales terminaría por muchos años con la posibilidad de edificar un México soberano, libre e independiente, y sumiría al país en un escenario de confrontación civil similar al del siglo XIX, y lo más significativo es que la clase política no puede justificar su “entreguismo”. No puede haber presiones cuando a la administración de Bush, defenestrada ya por la historia, le quedan unas cuantas semanas y sus sucesores no se pronuncian, y sobre todo cuando hay el ejemplo de diversos gobiernos del continente que se oponen abiertamente a las directrices del FMI y del Banco Mundial.
10. La única explicación de este acto de traición a México lo constituye la corrupción extrema de los integrantes de los grupos tanto de Salinas y Beltrones como de Mouriño y Calderón, que no pueden argumentar tampoco que están obnubilados por su fanatismo neoliberal y privatizador, y quienes deberían ser procesados ya desde ahora por el delito de traición a la patria.
2. El paquete de siete iniciativas legislativas enviadas por Calderón al Senado –las cinco primeras el 8 de abril– no lograba esconder su burdo intento de pasar por encima de la Constitución, y fue evidenciado como inviable por anticonstitucional en las mesas del Senado y de diversas universidades de la República; de ahí que en el nuevo paquete de nueve iniciativas de Beltrones (de las que tres son nuevas leyes), presentado el 23 de julio, se trate de esconder más la mecánica privatizadora, lo que sin embargo tampoco se logra.
3. Los dos proyectos de desnacionalización de la industria petrolera del país, que han pasado a ser “del PAN” y “del PRI”, a pesar de los legisladores de estos partidos, se sustentan, sin embargo, en una misma estrategia: no privatizan ahora, sino que crean las condiciones seudojurídicas para empezar a privatizar de manera gradual en pocos meses. Y son “seudojurídicas”, pues buscan “legalizar” en leyes secundarias lo que la Constitución prohíbe tajantemente, violando así el principio de la supremacía constitucional, consagrado en el artículo 131.
4. La mecánica privatizadora de la propuesta de Beltrones (y del PRI), que será de seguro la base de la que ambas bancadas presentarán en septiembre, se sustenta en tres esquemas anticonstitucionales, ideados sin duda en esos despachos corporativos de las trasnacionales en Houston y en México, que dócilmente Calderón y Beltrones han hecho suyos, que constituyen una aberración jurídica que esperan la Suprema Corte acepte pasar por alto en abierta complicidad con las trasnacionales en el que sería un fraude a la Constitución: a) el primero es crearle a Pemex un marco legal propio, ajeno (y contrario) a la legislación constitucional de México, para poder manejar la empresa a su antojo y acelerar su división y desintegración, más de lo que ya está, desmantelándola de sus funciones y tareas, b) el segundo es facultar anticonstitucionalmente a las empresas filiales (es decir, al Ejecutivo) para celebrar contratos de riesgo tajantemente prohibidos por la Constitución, para ceder sus funciones, y c) el tercero sería la emisión de acciones denominadas “bonos”.
5. El proyecto que aparece en la iniciativa de Ley Orgánica de Pemex, de Beltrones, busca blindar a la paraestatal frente a la Constitución, creándole un marco seudojurídico muy “particular”, en el cual pudiera actuar como una corporación texana y Calderón como su dueño. Pemex aparece en esta legislación al margen de la Constitución y de las leyes mexicanas, como una corporación privada que funcionara en las islas Caimán y en la que su propietario (que en el caso sería por las facultades ultrapresidencialistas que se le otorgan, el propio Calderón), podría disponer libremente de ella: seguirla subdividiendo, creando organismos paraestatales “filiales” no sujetos a control presupuestal –lo que es anticonstitucional, pues éstos sólo puede crearlos el Congreso–, y contratando a través de éstos la entrega de sus funciones a trasnacionales privadas, lo que es también violatorio de la Constitución.
6. La entrega de las funciones de Pemex, reservadas constitucionalmente al Estado mexicano, se seguiría haciendo en lo formal a través de contratos “de riesgo” con inversionistas privados y extranjeros, celebrados por las filiales, lo que es absolutamente violatorio del párrafo sexto del 27 constitucional.
7. El proyecto de las trasnacionales para apoderarse del petróleo mexicano se ha consolidado por los compromisos de Salinas y Beltrones, por un lado, y de Mouriño y Calderón por el otro, de que “darle la vuelta” a la Constitución mexicana sería posible a) al tener la alianza PAN-PRI en el Congreso la mayoría simple y, sobre todo, b) al contar el régimen neoliberal con el respaldo de un número significativo de ministros corruptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que convalidarían la mecánica privatizadora a pesar de ser abiertamente violatoria de la Constitución.
8. El otro compomiso que probablemente hicieron, y que tampoco van a poder cumplir, es que controlarían al pueblo mexicano, engañándolo por conducto de los medios. Los resultados de la Consulta Popular así lo demuestran.
9. La entrega de la industria petrolera mexicana a las trasnacionales terminaría por muchos años con la posibilidad de edificar un México soberano, libre e independiente, y sumiría al país en un escenario de confrontación civil similar al del siglo XIX, y lo más significativo es que la clase política no puede justificar su “entreguismo”. No puede haber presiones cuando a la administración de Bush, defenestrada ya por la historia, le quedan unas cuantas semanas y sus sucesores no se pronuncian, y sobre todo cuando hay el ejemplo de diversos gobiernos del continente que se oponen abiertamente a las directrices del FMI y del Banco Mundial.
10. La única explicación de este acto de traición a México lo constituye la corrupción extrema de los integrantes de los grupos tanto de Salinas y Beltrones como de Mouriño y Calderón, que no pueden argumentar tampoco que están obnubilados por su fanatismo neoliberal y privatizador, y quienes deberían ser procesados ya desde ahora por el delito de traición a la patria.
Kikka Roja
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