- La lucha por el reconocimiento al derecho a convivir
- De cómo la movilización fructificó en ley
Hace cinco años, en medio de miradas escépticas, se inició el debate por el reconocimiento legal a formas de convivencia no tradicionales en México. Los políticos de la ciudad de México dejaron morir un primer intento. Pero la Ley de Sociedades de Convivencia, útil para personas heterosexuales u homosexuales, resucitó, se aprobó y contó con un apoyo inesperado: el Pacto Civil de Solidaridad sancionado en Coahuila, que abrió la puerta a una discusión nacional en torno a los derechos ciudadanos.
Por Christian Rea Tizcareño y Fernando Mino
“Porque nunca sabes cuándo van a saltar los chapulines”. Armando respira y cuenta de sus temores ante la posibilidad de que algún día falte César, su pareja. Hasta hace algunos meses, ese escenario se imaginaba con angustia: no existía ningún respaldo legal para acreditar el patrimonio común. Llevan ocho años de relación, cuatro de vivir bajo el mismo techo y un plan de vida a largo plazo. Creen que la Ley de Sociedades de Convivencia (LSC), aprobada en el Distrito Federal para dar certeza jurídica a uniones no reconocidas antes por el derecho, protegerá los bienes que han acumulado juntos. Para el especialista en demografía y familias Carlos Javier Echarri, investigador de El Colegio de México, se trata de “una ventaja indudable”, dada la tendencia cultural de los mexicanos a la vida gregaria para paliar la falta de un aparato de seguridad social que cobije a, por ejemplo, los adultos mayores. La ley favorece a personas que no tuvieron descendencia que los ayude en la vejez, o a parejas del mismo sexo que han decidido unirse y crear patrimonio común, “se trata de la posibilidad de registrar la sociedad de convivencia y así asegurarse de que no serán echados a la calle cuando la otra persona muera”.
¿Qué es una sociedad de convivencia?
La ley de convivencia, que entrará en vigor el próximo 16 de marzo en la capital de la República, “es un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar en común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua”, según define su artículo dos. Aun cuando es un paso importante en el reconocimiento de la diversidad sexual, la ley no atiende sólo a personas homosexuales. A diferencia de reglamentaciones similares aprobadas en otras partes del mundo —como el Pacto Civil de Solidaridad francés—, la LSC también regula las relaciones entre personas de igual o distinto sexo que no necesariamente comparten vínculos sexuales. “Es importante que no se vea como ‘matrimonio gay, pues no es lo que aprobó la Asamblea Legislativa del DF; la ley no se equipara al matrimonio y tiene una amplitud de aplicación mayor”, dice Carlos Echarri. Si bien, las parejas del mismo sexo son uno de los grupos beneficiados con la nueva norma, el etiquetarla como ‘ley de uniones gays’ favorece la discriminación. “Llamarlas así les da un barniz de discriminación que va a impedir que personas —heterosexuales u homosexuales— que no están buscando un matrimonio, sino registrar una sociedad, se vean impedidas por temor al escarnio en una sociedad que desgraciadamente sigue reproduciendo conductas discriminatorias”. Pueden llegar a ser “convivientes” —término establecido en la ley para designar a quienes firman una sociedad de convivencia—, además de las parejas del mismo sexo, mujeres jefas de familia que cohabitan y se ayudan a cuidar a sus hijos y comparten los gastos domésticos; padrinos y ahijados; ancianos que juntan su pensión a fin de vivir mejor; un cura y un sacristán; dos monjas, o simplemente un par de amigos. Las posibilidades son múltiples, tantas como la diversidad de los acuerdos de convivencia que hoy pueden existir y que hacen difícil establecer un cálculo de potenciales beneficiarios. Según la Encuesta Nacional sobre Dinámica de la Familia de 2005, 6.6 por ciento de los hogares del país, más de un millón y medio, escapan a los esquemas tradicionales de convivencia —las familias nuclear y extendida. Asimismo, de acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, los hogares de corresidentes, es decir, personas sin vínculo sanguineo o legal que comparten techo, suman más de 115 mil.
Cómo ejercer los derechos
Según Carlos Fonseca, doctor en sociología jurídica por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, instrumentos legales como la ley de convivencia permiten que las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual alcancen el nivel de ciudadanos, “con posibilidad de heredar y de ponerle un nombre a su relación afectiva”. Si la ley de convivencia se identificó como “ley gay” fue en gran medida por el fuerte activismo de la Iglesia Católica y otros grupos de derecha, con un discurso reciclado de su oposición a cualquier disposición de avanzada en temas de sexualidad y convivencia. Dice Fonseca: “Las críticas son muy viejas. Cuando se discutió el divorcio, la derecha decía ‘se va acabar la sociedad, se va a detener el mundo’. Resulta que llegó el divorcio y no pasó nada, la vida continuó”. En el caso del reconocimiento jurídico de la diversidad sexual, la ley de convivencia “es un pequeño paso, pues no sólo se trata de hacer un simple registro de parejas”, dice Fonseca. “No es una legislación que combata la homofobia, el problema de fondo”. En su operación, la ley presenta otras limitaciones: no contempla el derecho al seguro social, o pensiones en caso de muerte de uno de los convivientes, y necesita que el derecho familiar dé certeza jurídica a los hijos de las parejas de personas del mismo sexo. Asimismo, señala Carlos Echarri, hay otros temas de uso cotidiano de la ley que deben considerarse, como las formas en que se empatará con disposiciones federales. “Cómo vamos, por ejemplo, a asegurar que al momento de pedir un crédito hipotecario los bancos aceptarán el acta de la sociedad de convivencia, al mismo nivel que un acta de matrimonio; habría que preguntarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y como éste existirán otros muchos casos”.
Una historia accidentada
En 2001 Enoé Uranga, en aquella época diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presentó por vez primera el proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia y convocó al primer registro simbólico de parejas homosexuales, el cual se efectuó el 14 de febrero de ese año en la explanada del Palacio de Bellas Artes. El evento consiguió atraer reflectores y provocó la condena inmediata de la Iglesia Católica. El cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, declaró ante la prensa: “Las familias mexicanas están siendo brutalmente expuestas por la perversión de los corazones (sic). No se pueden aceptar las caricaturas que la pseudo cultura nos ofrece”. A favor de la iniciativa se manifestaron intelectuales, artistas, académicos y juristas destacados. El entorno parecía favorable, puesto que la izquierda ya controlaba el poder legislativo y ejecutivo local. No obstante, en 2003 el proyecto se desplomó por falta de voluntad política; luego de ser boicoteada en varias ocasiones por los diputados, el entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, propuso que la decisión emanara de una “consulta ciudadana”. La declaración generó descontento entre organizaciones civiles impulsoras de la ley ante el intento de “someter a la voluntad de la mayoría los derechos elementales de las minorías”. Ese año, en la Marcha del Orgullo Gay, Cinthia, una joven fotógrafa lesbiana, conoció a Elisa. Tiempo después decidieron “quererse, amarse y respetarse”. Gracias a que sus proyectos de vida coincidían, hace año y medio formaron un hogar “equitativo”, en donde comparten, además de la cama, las labores domésticas. En 2006 la correlación de fuerzas políticas en la Ciudad de México cambió y se abrieron nuevos espacios para discutir el proyecto de LSC. Tras casi tres años de protestas, discusiones e incertidumbre, la ley por fin se aprobó el 9 de noviembre de 2006, con 43 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones. Actualmente, Cinthia y Elisa se preparan para celebrar la formalización de su convivencia en la delegación Azcapotzalco.
Cascada de leyes espejo
La discusión en torno a las formas de convivencia no tradicional se ha trasladado a otras entidades. El primer telón se abrió en Coahuila con la aprobación del Pacto Civil de Solidaridad (Pacs), figura jurídica mediante la cual dos personas del mismo o de distinto sexo que cohabitan en unión libre legalizan su unión ante el Registro Civil. Esa ley ya ha permitido, hasta la fecha, cuatro uniones legales entre personas del mismo sexo; la primera, ampliamente reseñada en los medios, fue la de las tamaulipecas Karina Almaguer y Karla López quienes celebraron su unión en Saltillo el 30 de enero pasado. A diferencia de la Ley de Sociedades de Convivencia, que sólo aplica para residentes en el Distrito Federal, el Pacs permite que personas con domicilio en cualquier lugar del país se registren en las oficinas del Registro Civil de Coahuila. Propuestas afines para legalizar estas uniones se han presentado en Puebla, Jalisco y Chihuahua, en donde, a decir de activistas y legisladores, el contexto político es desalentador. En Chihuahua, donde ya se discute en las comisiones del congreso local una propuesta, el gobernador José Reyes Baeza se manifestó en contra y alertó a los legisladores para que no discutieran temas “que propiciarán conflictos sociales”. En Michoacán, Guerrero, Veracruz y Zacatecas asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos y diputados piensan que el escenario será distinto. En Veracruz, en marzo se presentará una iniciativa de reformas al Código Civil estatal para incluir el Pacs. En Zacatecas hay pláticas al interior de la fracción del PRD, mayoría en el Congreso estatal, para impulsar una ley de este tipo y en Michoacán ya se discute la ley de convivencia en la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género del Congreso local; según la diputada perredista Citlalli Fernández, podría dictaminarse en los próximos días.
Escollos en la capital
Mientras tanto, en el DF miembros de la Red Ciudadana por las Sociedades de Convivencia, que agrupa a organizaciones civiles que impulsaron la aprobación de la ley, han presentado una propuesta de reglamento al gobierno del DF que detalla cada trámite y procedimiento a seguir en los registros. Y ante la lentitud de las autoridades, han decidido impartir cursos y talleres de capacitación a los funcionarios de las delegaciones que se encargarán de los registros. Al respecto, Juan José García Ochoa, subsecretario de gobierno del DF, afirma que cuando la ley entre en vigor, el próximo 16 de marzo, todas las demarcaciones políticas contarán con los procedimientos para la aplicación de la ley y al mismo tiempo los funcionarios responsables del registro de parejas estarán capacitados en materia de derechos humanos. Mientras las autoridades del gobierno central se demoran en el establecimiento del procedimiento, las organizaciones que componen la Red Ciudadana y los funcionarios de las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán y Venustiano Carranza realizan los preparativos para poner en marcha los primeros registros el día 16 de marzo. Es más, la delegación Iztapalapa ya comenzó a entregar los formatos de solicitud de registro. La actitud de apertura y disponibilidad de estas delegaciones contrasta con la cerrazón de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo. Actitud que preocupa porque la lista de espera para convivenciarse suma ya 570 parejas, según un pre registro realizado por la Red Ciudadana en el Zócalo capitalino el 14 de febrero pasado. Estas complicaciones iniciales derivan de trabas burocráticas, pero también de resistencia al cambio, por prejuicios e ignorancia. Para Echarri, con la aplicación comienza la verdadera prueba de civilidad, pues la ley abre camino, pero no soluciona los problemas. El texto legal refleja el reconocimiento de derechos y eso no puede ser un experimento, lo que está sujeto a modificación es la manera de operar, para facilitar el trámite e impulsar que los funcionarios encargados de registrar las sociedades lo hagan con el pleno convencimiento del servicio prestado. En esa labor, la sociedad civil debe estar presente con el mismo empeño que en el impulso al proceso legislativo. “Con todo y leyes de avanzada, no debemos bajar la guardia en la observancia y la exigencia de respeto a los derechos humanos”.
Si has decidido formalizar tu sociedad
Pasos a seguir:
• Acudir a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación correspondiente con original y fotostática de actas de nacimiento —forma migratoria si se es extranjero—, identificación oficial y comprobante de domicilio.
• Llenar un formato de solicitud que el módulo de registro proporcionará.
• Pagar por partida doble 42 pesos con 30 centavos para el registro y archivo de la sociedad
• Se señala una fecha para la ratificación.
• Si así se desea, redactar con asesoría legal un texto para especificar el tipo de convenio que mantendrán los convivientes.
• Llevar el día de la ratificación el convenio escrito, dos testigos e invitados. Ahí se consumará la unión legal con una ceremonia republicana.
Kikka Roja
A escala mundial existe una marcada "discriminación salarial" entre mujeres y hombres, al grado que en promedio ellas reciben alrededor de 25 por ciento menos que los varones y, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 60 por ciento de los 550 millones de trabajadores pobres del mundo -que sobreviven con menos de un dólar por día-, son mujeres. No obstante lo anterior, la presencia de la mujer en el mercado laboral mundial es cada vez mayor. En América Latina representan 40 por ciento de la población ocupada en zonas urbanas, en Europa más de 50 por ciento, en Asia suroriental supera 55 por ciento, mientras en el Caribe es más de la mitad. Asimismo, se estima que cerca de 70 por ciento de las microempresas a escala global son administradas por mujeres. Pese a los avances, el rezago salarial femenino continúa siendo un gran problema para el sector, porque incluso aunque ellas cuenten con el mismo grado académico que un varón, éste por lo general percibe mayor salario en el mismo puesto. En América Latina, la OIT reporta que las diferencias son marcadas. En Uruguay las mujeres perciben en promedio 28 por ciento menos que los hombres, en Chile 31 y en Argentina 39. De acuerdo con datos del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, de las personas con instrucción media superior y superior que gana menos de un salario mínimo, 45.4 por ciento son mujeres.
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