VIDEO: 4 MONERAS EN EL MUSEO DEL ESTANQUILLO: ADAN CARICATURIZADO POR EVA

La Exposición, ADÁN CARICATURIZADO POR EVA, permenecerá abierta del 14 de marzo al 12 de mayo 2008, de 10:00 am a 6:00 pm
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4 Moneras en el Museo del Estanquillo Martha Lamas, Cintia Bolio, María de la Cruz Gallut, Martha Barragán Mar, Araceli Sollano, Maestro Rius, idea del Monero Helguera.

Kikka Roja

VIDEO: FIESTA PRIMER ANIVERSARIO DE LA REVISTA EL CHAMUCO ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Cantina la Covadonga
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http://www.elchamuco.com.mx/ FELIZ CUMPLEAÑOS No.1 !
EEEEY FAMILIA, DANZON DEDICADO A

Federico Arreola, Maestro RIUS, HelioFlores, Rafael Barajas el Fisgón, Helguera, Hernández, Jesusa Rodríguez, Patricio, Cintia Bolio, Rapé, Jans, Vico, El FeR, Boligán, Vigo, Kemch, Sifuentes, Angonoa, Segio Flores. Arturo Cano, Ricardo Pelaez, Jesús Ramirez cuevas, Carlos Trillo, Clement, Juan Bobillo, Capanegra, Paty Blanco, Victor Hernández, Juanele, Jespe, Saldoval y Pepeto. ...Y PACHANGA QUE LO ACOMPAÑA.

¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS CHAMUCOS !!


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Kikka Roja

Académicos, científicos y políticos cierran filas en defensa de Pemex

■ Movilizar al pueblo para frenar la privatización, plantea Bartlett

Bertha Teresa Ramírez, Con información de Luis A. Boffil Gómez, corresponsal

Académicos, científicos y políticos cerraron filas con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que dirige la profesora María Esther Orozco, contra la entrega de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la iniciativa privada. Durante el foro Tecnología y Petróleo para los Mexicanos, Orozco criticó “la costosa campaña del gobierno federal para convencernos de que debemos ir por el hidrocarburo en aguas profundas para sacar el tesoro enterrado”, mientras el ex secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz afirmó que la única manera de detener la privatización es movilizando al pueblo de México.

Orozco dijo que en la campaña de radio y televisión las autoridades no informan sobre las consecuencias que tendría para la vida de los mexicanos el hecho de enajenar esa riqueza. Agregó que desde la época de Carlos Salinas de Gortari “se abandonó en forma criminal la petroquímica básica y la investigación sobre el petróleo”, y propuso impulsar esa práctica “para recuperar algo de lo mucho que se ha dilapidado y ha ido a parar a las bolsas de malos mexicanos”. Consideró que Pemex privatizada caería en manos de funcionarios como Juan Camilo Mouriño, que hace cinco años era jefe de asesores del secretario de Energía, Felipe Calderón, al tiempo que representaba “una empresa propiedad de su familia que firmaba contratos con Pemex sin licitación”.

Durante el acto que reunió a académicos, investigadores y público, Bartlett recordó que en la exposición de motivos que Lázaro Cardenas presentó al proponer la reforma constitucional al artículo 27 constitucional, después de la expropiación petrolera, el mandatario señaló que “a partir de la lucha que se libró contra el poder de las empresas trasnacionales de Estados Unidos e Inglaterra, debemos aprender que no podemos permitir que intereses extranjeros exploten el petróleo de México, porque quedaríamos en manos de intereses contrarios a los de la nación”.

Claudia Sheinbaum advirtió que la pérdida de las ganancias que provienen del petróleo implica el abandono de la industria y renunciar a la transición energética de México, pues sin esos recursos no será posible financiar tecnologías alternativas. En Mérida, Yucatán, Manuel Bartlett señaló en que el presidente Felipe Calderón se quiere aprovechar de la falta de información de los mexicanos para concretar la reforma energética que abrirá las puertas a los extranjeros para explotar la riqueza petrolera de México, En reunión con diputados locales del PRI, sostuvo que “nadie sabe lo que es una reforma energética, pero se ve claramente qué es lo que quiere Calderón”.

Kikka Roja

Luis Javier Garrido : “Sí, ¿y qué?”

“Sí, ¿y qué?”

Luis Javier Garrido
En vísperas del 70 aniversario de la expropiación petrolera, el manejo oficial del caso Mouriño no deja lugar a dudas de que Felipe Calderón defiende a su colaborador y brazo derecho a fin de autoprotegerse al irse descubriendo los alcances de las redes de corrupción que se benefician ilegalmente de la privatización de la industria petrolera y de las cuales él aparece como el principal responsable.

1. La crisis política abierta en México por la publicación de las evidencias de los graves actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, se agrava todos los días no tan sólo por la aparición de nuevas informaciones, sino por el desprecio a la legalidad del país con el que están respondiendo Calderón y sus amigos.

2. El golpe al régimen de facto con las revelaciones es demoledor, pues Mouriño ha sido pieza clave de la mecánica calderonista y es irremplazable para el espurio, pues: a) en los negocios “privados” había venido fungiendo como su principal asociado, cómplice y encubridor, b) como su operador privado se había tornado en su alter ego y su mejor apoyo en las relaciones institucionales, c) como hijo del principal socio y prestanombres de Vicente Fox garantizaba la tregua y acomodo de los intereses de las mafias de Fox y de Calderón, d) en tanto que íntimo de Manlio Fabio Beltrones creaba condiciones inmejorables para los acuerdos PAN-PRI en el Congreso, y e) como hombre de confianza del PP neofranquista y de múltiples empresas españolas consolidaba vínculos entre las trasnacionales hispanas y los amigos de Calderón.

3. Felipe Calderón tenía varias opciones para enfrentar el affaire Mouriño y escogió la peor: la que lo incrimina a él también, y de manera abierta, asumiéndose como encubridor y cómplice. La defensa a ultranza de un individuo que ante los mexicanos es mediocre, extranjero y corrupto no ha hecho otra cosa que mostrar la dependencia extrema de Calderón a éste, su carencia de cuadros y su ineptitud para responder en términos políticos a los señalamientos. En vez de actuar con los criterios de un hombre de Estado y aceptar que su colaborador había obrado en la ilegalidad y pedirle su renuncia para ponerlo a disposición de la justicia, Calderón respondió con un complejo diazordacista y cual capo de mafia buscó arroparlo junto con sus cuates: no evidenció fuerza, sino una debilidad extrema.

4. El torpe “sí ¿y qué?”, espetado por Mouriño desde un principio fue visto como una burla por los mexicanos, y el desprestigio en el que se ha ido hundiendo en pocas semanas, arrastrando con él a Calderón, es cada vez mayor, no nada más entre los amplios sectores populares, sino en todos los ámbitos, incluyendo el propio PAN, donde prevalece un creciente malestar; en diversos grupos empresariales y, sobre todo, en las fuerzas armadas. Una encuesta de María de las Heras, publicada en Milenio Diario el 10 de marzo, muestra que 85 por ciento de los mexicanos reprueban a Mouriño y 68 por ciento dicen que “debería renunciar”.

5. El fracaso del régimen de facto ha sido también mediático, pues los mexicanos no le creen en absoluto. La entrevista televisada de un Mouriño confeso y cínico con López Dóriga el jueves 6, aceptando que sí había firmado los contratos, pero que todo era “legal”, fue entendida como una burla por casi todos los medios, y la declaración leída en Bucareli el martes 11, anunciando la entrega de expedientes a la PGR, sin que ésta pudiese aún abrir una investigación al no haber denuncia (La Jornada, 13/3/08) fue vista como el anuncio de la autoexoneración seudojurídica que prepara el gobierno de facto, para el que es “legal” lo que él sostiene y avalan las “instituciones” sometidas a él, y no lo que dicen la Constitución y las leyes.

6. La encerrona de Los Pinos del miércoles 12, en una comilona que anunció por enésima vez el respaldo absoluto de Calderón y de sus incondicionales –los gobernadores panistas y el presidente del PAN– a Mouriño, fue vista como la respuesta de una mafia, aunque para otros no pasa de ser el acto desesperado de una pandilla de barrio, en la que de nuevo no hay muestras de fuerza, sino evidencias de debilidad.

7. El autoapoyo oficial, lejos de salvar a Mouriño, no está conduciendo más que a hundir más a la mafia calderonista evidenciando que todos están inmersos en la corrupción: lejos de detener el conflicto, lo prolonga y agrava. En un régimen democrático, el gobernante legítimo tomaría distancias del corrupto y lo libraría a la justicia para ser procesado; en el gobierno espurio de los pillos panistas, sin darse cuenta todos aceptan ser culpables y quieren imponerse a la mala, aunque su salvación momentánea esté en manos del PRI de Salinas y de su operador principal, el senador Manlio Fabio Beltrones.

8. La torpeza panista ha llevado al gobierno de facto a una situación límite, pues pierde si Mouriño cae ahora, pero también pierde si se queda, como quieren los priístas para desgastar al régimen, pues el que se seguirá hundiendo es Calderón, ya que nadie cree que no conociera que su colaborador ha estado librado a un desbocado tráfico de influencias y que él no sea el principal beneficiario.

9. La defensa a ultranza de Calderón a Juan Camilo Mouriño no sólo no ha logrado detener la caída en picada de su secretario de Gobernación, sino que lo ha hundido a él cada vez más, pues ya no aparece tan sólo como un golpista que se apoderó del poder por la vía del fraude electoral o un inepto gobernante espurio sometido a poderes trasnacionales, sino que el escándalo creciente está descubriendo nuevas redes de corrupción que pretenden enriquecerse con el patrimonio petrolero de la nación, todas las cuales apuntan a Calderón.

10. La crisis nacional se ha ahondado en unos días de manera grave, evidenciando que el gobierno de facto carece de toda viabilidad y que México no puede seguir cuatro años más hundido en este desastre de corrupción e ineficiencia.

Kikka Roja

ASTILLERO : Congregación de lucros políticos

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Uso exculpatorio de Los Pinos
■ Dos sesiones simbólicas que dan línea
■ Congregación de lucros políticos
■ Mouriño, vocero de barandilla

Felipe Calderón ha preferido el lenguaje simbólico para demostrar respaldo a la conducta de su afectuosa hechura política, el actual secretario de gobernación. Ni una palabra ha dicho el ocupante de Los Pinos respecto de las aventuras del Señor de las Firmas pero, además de avalarlo con su silencio (que en este caso puede calificarse de cómplice, pues el propio Calderón está involucrado en los actos ilegales, y no sólo inmorales, que cometió su protegido personal y patrocinador electoral) ha utilizado el espacio emblemático del ejercicio del poder presidencialista, la residencia oficial, para dar trato de intocable al compañero de juergas políticas que hoy está en problemas a causa de la manera en que se allega fondos para pagar las cuentas de consumo de la pandilla feliz.

El primer uso exculpatorio de la fuerza inmobiliaria de Los Pinos se dio enseguida de que el apoderado legal de la Casa Mouriño había ofrecido una insustancial conferencia de prensa en el Palacio de Covián. Cual gladiador triunfante fue recibido en la residencia presidencial por el equipo íntimo del felipismo, que rodeó, saludó, abrazó, palmeó y celebró a un personaje cuyas glorias lucrativas tenían allí mismo referentes importantes. En esa misma sesión social y gastronómica con el presidente de Islandia estuvo otro notable representante de los afanes comerciales beneficiados por la cercanía con la política, el cuñado cibernéticamente impresentable Diego Hildebrando Zavala, autor técnico de una parte del fraude electoral de 2006, que ahora se siente tan política y moralmente exculpado como desde ya se considera el allí muy sonriente Mouriño. Expertos en contratismo, beneficiados del felipismo, legalmente inocentes según la interpretación de su propio jefe siempre al tanto de los asuntos de sus íntimos, Hildebrando y Juan Camilo parecían especialmente seleccionados por Calderón para decir mediante signos a los mexicanos que lo hecho por los dos negociantes está bien hecho y que ambos gozan de la sacra protección del reino de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. Presente, como esposa de Mouriño, también estuvo María de la Luz Escalante, hija de Eduardo Escalante, el primer suegro de Campeche, que este año lleva casi 800 millones de pesos en contratos federales cuando en años recientes, siendo, sin embargo, un constructor altamente privilegiado por sus arreglos con el poder, no recibía ni una cuarta parte de esa cantidad.

El segundo golpe visual se produjo ayer cuando en la misma residencia gubernamental fueron reunidos siete de ocho gobernadores panistas, el comisionado calderónico para administrar el PAN, el presunto acusado (que con estos jolgorios ejemplares está felipescamente exonerado), y el comandante en jefe del Ejército de Salvación (de tesoros petroleros y tesoritos personales). No acudió a la pública exculpación el procurador federal de justicia, Eduardo Medina Mora (especializado también en el tema de beneficiar a parientes y amigos mediante negocios legalísimos), de tal manera que no se vio en la disyuntiva terrible de decidir entre aprehender a tanto traficante de influencias y saqueador de erarios reunidos en las dos sesiones de Los Pinos o sumarse gustosamente a la línea propiciatoria de impunidades que estaba definiendo el presidente formal.

Claro está que, encarrerado en cumplir la orden felipilla de declarar inocente al más favorito de los favoritos, el tal procurador MeMo jamás considerará que constituyen una forma de presión al sentido de la justicia los actos del agente vial 0.56 por ciento al cobijar, celebrar y políticamente exonerar a un acusado de actos ilícitos. Tanta impunidad y cinismo hay que, para informar de la reunión de ayer en Los Pinos, fueron comisionados como voceros el ultraderechista Marco Antonio Adame, de Morelos, y el acólito de Jalisco, Emilio González Márquez (a quien el pasado martes, en Guadalajara, el nuevo presidente del Centro Empresarial del Estado, Pablo Lemus, le dijo que “algunos puestos públicos (del gobierno de EGM) se otorgan dependiendo de la filiación, la amistad o el apoyo recibido en la campaña” electoral). Y, ya que de vocerías se trata, ha de mencionarse aquí la revelación del multicitado Mouriño como vocero de asuntos policiacos, al convertir el buque histórico de Gobernación en lanchita oportunista que sale a anunciar que fue detenido un narco de poca monta que formaría parte del cártel oficialmente casi en quiebra de los Arellano Félix. De presunto secretario de gobernación de una presunta presidencia de la República, a coordinador de comunicación social de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna. ¡Ya cayó, ya cayó (de nivel burocrático)!

En otro flanco, forcejean los lidercillos legislativos en busca de enredar lo que no tiene vuelta de hoja, es decir, que Juan Camilo Mouriño Terrazo infringió diversas disposiciones legales relacionadas con el tráfico de influencias y el conflicto de intereses (el panista Larios pide que resuelvan el caso Iván para “pasar a otros asuntos”, y panistas y priístas le hacen el vacío a Valentina Batres en tribuna). Claro que el Niño de los Ojos de Los Pinos no es, ni remotamente, el único que apuesta a la desmemoria y el cinismo: Sergio Vela, el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se defiende de las acusaciones por viajes despilfarradores al extranjero que no son nada frente a las pillerías y desorden cometidos por su antecesora en el cargo, Sari Bermúdez, dedicada ahora a dar lustre al monumento a la egolatría desfondada de Vicente Fox en su “Centro” guanajuatense que nuevamente es “investigado”.

Y, mientras varios lectores advierten que no es solamente Televisa la empresa que pone sus espacios aparentemente “neutros” o de frivolidades al servicio de la Compañía Hispano-Michoacana Subastadora de Tesoros de Aguas Profundas, sino que también lo ha hecho, en la misma proporción y con la misma desvergüenza, Televisión Azteca (así es que lo dicho en una primera entrega respecto de la empresa de Emilio Azcárraga ha de aplicarse de manera similar a la de Ricardo Salinas Pliego), ¡hasta mañana, con la hipocresía gringa a todo vapor en el caso de Eliot Spitzer!

Kikka Roja

Lorenzo Meyer : Setenta años

Setenta años

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AGENDA CIUDADANA
opinion@elnorte.com
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Articulos recientes del Dr. Lorenzo Meyer Cossio

“Un Pemex a la altura de la proeza del 38 es posible, pero ¿quien asumiría el papel del nuevo Cárdenas?”

Aniversario Conflictivo. La expropiación y nacionalización de la industria petrolera mexicana fue el punto culminante de un esfuerzo nacionalista cuyo origen es anterior a la Revolución Mexicana. En sus términos, la acción del general Lázaro Cárdenas en 1938 -recuperar el dominio nacional sobre el petróleo- no ha sido igualada, menos superada.

Desde Francisco I. Madero hasta Plutarco Elías Calles, el petróleo había enfrentado al régimen con las empresas petroleras y sus gobiernos sin buenos resultados para México. Finalmente, gracias a la combinación de un Gobierno con voluntad política y fuertes bases populares, se logró que cristalizara el sentido mexicano de confianza en la propia capacidad de autonomía. La hazaña del 38 fue la respuesta audaz de un país periférico frente a la acumulación de agravios por parte de las potencias imperiales con las que se había tenido que relacionar a partir de su independencia.

Es por su significado para el presente y el futuro que el sostenimiento o abandono de la industria petrolera como una actividad del sector público mexicano se convierte en un tema que va más allá de lo meramente económico. El petróleo sigue siendo un tema que toca a la imaginación colectiva en su relación con el mundo externo. Un estudio del CIDE en 2006, encontró que si bien entre las élites formadoras de opinión la idea de abrir al capital externo las áreas que van de la exploración a la distribución del petróleo era mayoritaria (65%), entre la población en general, apenas un 24% la respaldó. Este año, una encuesta del periódico Reforma, (3 de marzo), encontró que el 37% de los mexicanos aprobó la propuesta de permitir capital privado en Pemex, pero el 46% la rechazó.

Una política que reformara a Pemex, pero sin tocarla en tanto organización netamente mexicana y que le dejara los recursos necesarios para llevar por sí misma la exploración y explotación de todos los depósitos en mar y tierra -y en las zonas productoras antaño abandonadas, pero que por los precios actuales del petróleo vuelven a ser costeables-, revitalizaría su condición de punto de apoyo de la confianza colectiva en la capacidad nacional. Por el contrario, si como desea el actual Gobierno y una parte de la élite económica, se avanza en la apertura al capital privado y externo con el argumento de que a Pemex le es ya imposible caminar por sí solo, entonces la gesta del 38 pasaría a ser sólo una fecha más en el catálogo de nuestras “heroicas derrotas”.

Misterio que no es Tal. El barril de petróleo ya pasó la marca de los cien dólares y la de la mezcla mexicana la de los 90. Una empresa transnacional representativa del ramo, Exxon Mobil, reportó en 2007 ganancias de 40.6 mil millones de dólares ¡77,220 por minuto! ¿Entonces cómo es que Pemex, la joya de nuestra corona nacionalista, resulta ser hoy una empresa quebrada, cuyos pasivos superan a sus activos?

La explicación no es ningún misterio y se encuentra, básica aunque no exclusivamente, en la política impositiva que desde hace sexenios viene aplicando el Gobierno Federal a la empresa paraestatal. En efecto, en buena medida la relativa tranquilidad que caracterizó el cambio de guardia en “Los Pinos” –la salida del PRI y la entrada del PAN- se ha pagado quitándole recursos a Pemex y asignándolos no sólo a los programas sociales, sino sobre todo a los gobernadores –nuevos centros de poder- y a los sueldos de la “alta burocracia”, empezando por la de la propia empresa -un subdirector del Área de Refinación, por ejemplo, gana 330 mil pesos mensuales más prestaciones- y siguiendo con la federal: desde magistrados de la Suprema Corte que reciben 3.9 millones de pesos anuales, hasta remodelaciones de despachos, como el del consejero presidente del IFE, que costó 39 millones de pesos en 2007.

Esta afirmación adquiere mayor concreción si se le incorpora algunas cifras tomadas de un estudio de José Luis Manzo. De 1998 a 2000 Pemex debió padecer una carga fiscal equivalente a tres veces la que soporta el resto de las empresas petroleras. La mexicana ha sido obligada a llegar al extremo de contratar deuda para pagar impuestos. Entre 1998 y 2005, la carga fiscal para Pemex equivalió al 111% de sus utilidades. De ahí que la deuda de la empresa en el penúltimo año del sexenio foxista superara los cien mil millones de dólares. En suma, la causa de la catástrofe financiera de la gran empresa paraestatal es, básicamente, resultado de una política no sólo irresponsable en extremo sino corrupta.

Sin embargo, ése no es el único factor. A la responsabilidad del Gobierno Federal en el desastre de Pemex debe agregarse la carga que significa un sindicato abusivo prácticamente desde el origen –el “Pemexgate” es sólo uno de los últimos escándalos de una gran cadena que hoy incluye el pago de tripulaciones sin barco en la flota de Pemex- lo mismo que la cantidad de contratos con sobreprecio o de plano sin licitación como los ya famosos suscritos entre la empresa petrolera y el Grupo Energético del Sureste, propiedad de la familia del actual secretario de Gobernación, y que cada sexenio han permitido a empresarios y administradores inescrupulosos acumular fortunas sin que se les haya llamado a cuentas salvo para cobrar facturas políticas, como fue el caso del ingeniero Jorge Díaz Serrano durante el Gobierno de Miguel de la Madrid.

¿Una Agenda? Quitar a la gran empresa estatal todas sus utilidades e incluso endeudarla para dejarla en números rojos, mantener la impunidad del sindicato y obligarle a firmar contratos con favoritos del Gobierno en turno, pareciera una locura o una bien calculada estrategia que busca dos objetivos: a) proporcionar al Gobierno Federal los recursos para comprar la paz social y política sin tener que recurrir a una reforma fiscal y, b) sentar las bases para hacer inviable a Pemex y, en consecuencia, hacer inevitable una “reforma energética” que abra el petróleo mexicano al capital privado nacional y extranjero.

En México, donde el fisco apenas puede captar el 11% del PIB –la mitad de lo que se capta en otros países con el mismo nivel de desarrollo-, una autentica reforma fiscal es una necesidad tan evidente como pospuesta. La debilidad política de los gobiernos centrales ha hecho que un necesario cambio de fondo de la estructura impositiva desde los 1960 se haya pospuesto indefinidamente (la actual “reforma fiscal” no es tal sino apenas una adecuación; sólo va a aumentar la captación en alrededor del 2% del PIB). En esas condiciones, la salida fácil ha sido echar mano de Pemex como fuente de recursos, descuidar su modernización y petrolizar los recursos del Gobierno. ¡Y vaya que si éstos se han petrolizado! Hoy casi el 40% del presupuesto gubernamental proviene de la renta petrolera. Sin esos dineros para su gasto corriente, los gobiernos del PAN no hubieran podido darle contenido a su alianza con los gobernadores priistas.

Precisamente por dedicar las utilidades de Pemex a financiar el precario equilibrio político de los últimos años, es que esa empresa no ha contado con los recursos para acelerar la exploración, aumentar sus menguadas reservas lo mismo que su capacidad de refinación y de dominio de la tecnología de punta.

¿Nos dirigimos al Punto de Donde se Partió o una Nueva Meta? La industria petrolera mexicana nació al despuntar el siglo pasado y su crecimiento fue espectacular: de 10 mil barriles anuales en 1901 la producción pasó a 3.6 millones en 1910 para llegar a 193 millones en 1921. A partir de ahí declinó y en vísperas de su expropiación era de sólo 47 millones. De ser el pequeño mercado interno su primer objetivo pasó a exportar el 99% de la producción para quedar en 61% antes de la expropiación. En su mejor momento como enclave extranjero, el petróleo aportó el 33.6% del presupuesto federal aunque en vísperas de la expropiación ya sólo fue sólo el 12.%. Setenta años más tarde, casi la mitad de los ingresos de Pemex proviene de la exportación de un recurso natural no renovable y la dependencia del Gobierno de esa producción es mayor que nunca. Si a esto agregamos la apertura al capital privado y externo, casi se podría decir que nos encaminamos a recrear el modelo anterior a la expropiación cuyo objetivo era exportar en función de los intereses externos.

Nadie puede legítimamente apoyar la preservación del Pemex actual. Sin embargo, la mejor alternativa no está en desmontar la obra nacionalista de Cárdenas, sino en mejorarla, aprovechando los altos precios del petróleo, enfrentando la corrupción tanto del sindicato como de la administración y manteniéndola como gran empresa pública y bajo control nacional. Ése debería ser parte del proyecto nacional del siglo XXI.

Kikka Roja

VIDEO: MENSAJE JESUSA RODRIGUEZ MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL PETROLEO

http://video.google.es/

• EL MOVIMIENTO YA "AMARRÓ" EN LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA
• RECUERDEN QUE AQUEL QUE LLEVE VIOLENCIA EN LOS MÍTINES, ES UN PROVOCADOR ALIADO DE CALDERÓN
• LA RECOMENDACIÓN FUNDAMENTAL ES IR PACÍFICAMENTE
• EL MOVIMIENTO ES TOTALMENTE PACIFICO
• TODOS AL ZOCALO CON AMLO EL 18 DE MARZO 2008, SIN VIOLENCIA.
• NO SE DISTRAIGAN SI TOCAN LAS CAMPANAS DE CATEDRAL, TODOS ATENTOS A LOS ACTOS DE PROVOCACION PARA NO RESPONDER A ELLOS.
• Y AQUEL QUE LE DE CORAJE, A VER CON QUE SE LO BAJA, SEAN INTELIGENTES.
• DEFIENDAN CON DIGNIDAD AL PAIS Y VAMOS A CELEBRAR EL 18 DE MARZO CON ALEGRIA Y ENTUSIASMO.
  

http://lopezobradordvds.blogspot.com/
VIDEO VÍA SENDERO DEL PEJE
Kikka Roja

Ayer el PRD tomó la tribuna, hoy: Ruth Zalaveta pide la renuncia de Mouriño y Graco Ramirez pide arraigo de Oswaldo Machado Martínez pieza clave

AUDIO MOURIÑO EN CONFERNCIA DE PRENSA:

RECUERDEN QUE LOS CHUCHOS SON LOS FAVORITOS DEL PAN: JESUS ORTEGA Y RUTH ZAVALETA ( CHUCHOS GRUPILLO DEL PRD) ERAN O SON ALIADOS DE LOS PANISTAS. ¿QUE RAYOS LES PASA A LOS CHUCHOS? ¡mordiendo la mano que los alimenta!

Juan Camilo Mouriño debe renunciar: Ruth Zavaleta 11:28

El pesado expediente Mouriño

Gobierno federal indaga si Mouriño infringió ley

PRD en Senado exhibe más pruebas contra ‘Iván’

Investiga ya PGR el caso Mouriño

Apapachan a ‘Iván ’ en la Presidencia

Podcast. AUDIO DE Mouriño en conferencia de prensa

Editorial. Desgaste innecesario

Ricardo Alemán. Sí, mohína; pero también ilícito

Alfonso Zárate. ¿Tráfico de influencias o abuso de poder?

Bajo reserva. Los reflectores se mudaron en unas cuantas horas

Arturo Zárate Vite El Universal Ciudad de México Miércoles 12 de marzo de 2008

12:47 El secretario de la Comisión de Energía del Senado, Graco Ramírez, solicitó el arraigo del ingeniero Oswaldo Machado Martínez, gerente de transporte terrestre de Pemex Refinación, porque en su opinión es un funcionario clave para aclarar los contratos que firmó Juan Camilo Mouriño. Según el senador perredista, desde anoche recibió información de que están presionando a ese funcionario para que desaparezca o se vaya del país. Por ello, consideró que es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) actúe de inmediato y lo arraigue, para que proteja su vida y sea un testigo fundamental en este asunto. De acuerdo con Graco Ramírez, dicho funcionario tiene abundante información sobre los contratos que adjudicó Pemex a la empresa de la familia Mouriño. El senador también planteó que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, debería de renunciar para que no utilice el cargo en su favor y para librarse de la justicia. Por su parte, Santiago Creel, del PAN, sostuvo que deben ser la PGR y la Secretaría de la Función Pública las que lleven a cabo las investigaciones. mzro

Kikka Roja

Lucia Morett Declaración | ALVARO URIBE ASESINO DE MEXICANOS: prefiere una demanda que LIBERAR a Ingrid Betancourt

■ El fiscal general de Ecuador tomó la declaración a la estudiante mexicana en el hospital Los soldados colombianos remataron a gente herida o que se había rendido: Lucía Morett ■ La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos confía en que el gobierno mexicano actúe Blanche Petrich La estudiante mexicana Lucía Morett presentó ayer su primera declaración ministerial ante el fiscal general de Ecuador, William Pesantez, en el Hospital Militar de Quito, y dio testimonio de cómo los soldados colombianos que bombardearon el campamento de las FARC en la zona de Sucumbios –de donde se han rescatado, hasta ahora, los cadáveres de cinco mujeres y 17 hombres– remataron a heridos y a gente que se había rendido.Las otras dos sobrevivientes de la masacre, Doris Bohórquez y Martha Pérez, dos colombianas retenidas a la fuerza en el campamento para hacer el trabajo doméstico, ratificaron con sus declaraciones esa afirmación. “Los soldados les gritaban ríndanse, les vamos a respetar la vida, y una vez que se iban rindiendo, los iban matando”, sostuvo en entrevista el secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu), Juan de Dios Parra. El jurista, que representa a las tres sobrevivientes en la demanda contra Colombia por acto de guerra ilegítimo, acto de invasión en el que se usaron bombas de fragmentación, aniquilamiento de heridos y abandono de lesionados en el lugar, entre otros delitos contra el derecho humanitario, expresó que la Aldhu y las organizaciones humanitarias ecuatorianas “aspiramos a tener el apoyo del gobierno mexicano”. Informó que, además de esta vía, se estudia la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, ya que se trató de un ataque militar contra un grupo de estudiantes mexicanos, todos civiles, que estaban de forma legal en Ecuador, donde sus actividades eran lícitas. “Claro que primero hay que derrotar esta etapa inicial del proceso en el que se pretendió culpar a las víctimas de ser guerrilleros y terroristas, como si eso justificara el hecho de que fueron masacrados.” –¿Qué expectativas tienen sobre el gobierno mexicano? –Todo país soberano debe proteger a sus nacionales fuera de sus fronteras. México lo ha hecho en el pasado con mucha energía, y esperamos que ahora no sea la excepción. Estos chicos eran estudiantes civiles que estaban legalmente aquí, sus actividades eran lícitas y así lo ha certificado la propia Fiscalía General. Por tanto, son víctimas de una masacre. “Las autoridades mexicanas determinarán qué hacer, pero nosotros sí vamos a recurrir la próxima semana al Ministerio Público en México y a las autoridades respectivas, en demanda de protección de su gente y de sus derechos. Si no lo hacen, será el pueblo mexicano el que juzgue esta conducta. Nosotros como sociedad civil latinoamericana no vamos a descansar hasta que estos crímenes sean castigados y no queden en la impunidad”, indicó. La Aldhu entregó a la fiscalía ecuatoriana toda la documentación que certifica que los jóvenes mexicanos entraron con visa de turismo por 40 días, en los que visitaron varias universidades y se entrevistaron con líderes sociales e indígenas. Además presentaron en el segundo Congreso Continental Bolivariano, en Quito, entre el 25 y 27 de febrero, una obra de teatro de la cual hay un video.“Ahí alguien les propuso ir a conocer un campamento de las FARC”, relató Parra, al referir el contenido de la diligencia de ayer en el Hospital Militar. “Les entusiasmó la idea, primero por curiosidad y luego porque algunos estaban trabajando su tesis sobre movimientos de América Latina.“El 28 de febrero fueron por tierra en autobús a Lago Agrio, que es la ciudad más cercana a la frontera. Llegaron el 29 por la mañana, dieron unas vueltas por la ciudad y ahí los contactó un hombre, un adulto de pocas palabras, vestido de civil, que los condujo en un vehículo unas dos horas, poco más. Luego los subieron a una lancha, fueron por un río y caminaron mucho tiempo hasta llegar al campamento clandestino de las FARC alrededor de las seis de la tarde del día 29.“Ahí los habría recibido una mujer que les señaló el lugar donde les dieron de comer y les asignaron los sitios para dormir. Al día siguiente iban a iniciar las entrevistas y las actividades, pero esa misma noche fue el bombardeo. ”Lucía Morett relató que el bombardeo fue en dos etapas. Ella quedó herida porque se protegió con una mochila. Explicó que después de unos minutos arribaron los soldados. Cinco de ellos la rodearon, la iluminaron, ella les decía que era mexicana, estudiante. Relató algún acoso sexual al que fue sometida. Más tarde llegó otra ola de efectivos colombianos, pero con otro uniforme, que se identificaron como policías. No la mataron, pero ella refiere que escuchaba ráfagas de disparos contra grupos de gente que estaba rendida o herida. Después la trasladaron a un sitio más alto, bajo un techo, porque ya estaba alto el sol. Y ahí la abandonaron. La joven tiene una herida de 10 centímetros de profundidad en un glúteo, infectada y de difícil cicatrización. Ha estado varias veces en el quirófano. Parra indicó que durante toda la diligencia de ayer ante el fiscal fue acompañada por el embajador y el cónsul de México. “Eso la reconfortó, porque hasta anoche estaba muy dolida, sentía que su embajada la había poco menos que abandonado.” Ayer llegó a Quito la familia de Fernando Franco, y su cadáver fue identificado, así como el de Juan González del Castillo. Se espera para hoy el arribo de la familia de Verónica Natalia Velázquez Ramírez. La embajada mexicana también logró contactar a la familia de Soren Ulises Avilés, egresado del Instituto Politécnico Nacional.

SRE: familiares de las víctimas pueden actuar “como consideren pertinente”
Georgina Saldierna

Padres de víctimas mexicanas demandarán a Colombia ante instancias internacionales
Emir Olivares y agencias
Los padres de los estudiantes mexicanos que se encontraban en el campamento de las FARC atacado en Ecuador anunciaron que demandarán internacionalmente a Colombia, pues consideraron estos hechos como una irrupción “genocida” y un “crimen de Estado”.

Enérgica condena, pide el PRD
Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Kikka Roja

Mouriño no renuncia porque está en el poder, de pendejo se va, se caerían sus amigotes

PERO, VAMOS A VER CÓMO LE HACE CALDERÓN PARA SEGUIR GOBERNANDO SU ESPURIATO. LA USURPACIÓN DE LA PRESIDENCIA MEXICANA ESTÁ "PRENDIDA CON ALFILERES", que tal que hay otros PANISTAS RATERAZOS enemigos de Calderón ZOPILOTEANDO, en la pelona de FECAL. Creo que vamos a ver traiciones amistosas... Digo, Mouriño dijo que las amas de casa telenoveleras "deben estar tranquilas"... ¡Hay espectáculo vergonzante pa´ rato!

■ Asegura que continúa como interlocutor del gobierno con las diversas fuerzas políticas No renuncio; “sigo firme” en el proyecto del Presidente: Mouriño ■ En conferencia de prensa en Bucareli anuncia que puso a disposición de PGR, SFP y Congreso copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004 Fabiola Martínez Ampliar la imagen El secretario de Gobernación, al comparecer ayer ante los medios de comunicación Foto: Marco Peláez Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Secretaría de Gobernación (SG), dijo que no renunciará a su cargo y –por el contrario– aseguró que continúa como interlocutor del gobierno calderonista con “las diversas fuerzas políticas” del país. –¿Puede usted seguir siendo un secretario de Gobernación útil? –se le preguntó. –Por supuesto que puedo y sigo adelante en mis funciones (…) Los problemas de México son los mismos que existían antes de que todo esto iniciase. Y la responsabilidad que tenemos de resolverlos y la determinación que tenemos de hacerlo, la convicción con la que trabajamos, sigue siendo la misma (…) Sigo trabajando firme y hacia delante en el proyecto del Presidente y en el proyecto de México. Luego de que Andrés Manuel López Obrador diera a conocer (el 24 de febrero pasado) la existencia de contratos firmados entre Pemex y Transportes Especializados Ivancar (en el periodo en que Mouriño se desempeñaba simultáneamente como apoderado legal de esa empresa y funcionario público), el secretario de Gobernación anunció que puso ayer a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de las juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión copias de los siete contratos que firmó entre diciembre de 2000 y enero de 2004. El funcionario se presentó este martes ante los medios de comunicación acompañado por sus más cercanos colaboradores (incluidos subsecretarios, comisionada del Instituto Nacional de Migración y oficial mayor) para mostrar documentos acerca de la relación mercantil entre Pemex y la empresa propiedad de su familia. El espacio, en la sala de conferencias de la SG, prácticamente resultó insuficiente para dar cabida, al lado del podio, a los funcionarios que fueron a arropar a su jefe. Por novena ocasión (el 28 de febrero lo hizo en un mensaje de dos cuartillas, y una semana después en una entrevista para la televisión y seis para estaciones de radio) repitió que en su participación en la firma de contratos no hubo conflicto de intereses ni incurrió tampoco en tráfico de influencias. En entrevista para Televisa –el 6 de marzo pasado– aseguró que la firma de los contratos era “legal” y ética. Reiteró su versión con base en dos argumentos principales: que la empresa familiar celebra contratos con Pemex para el transporte de combustible, de manera ininterrumpida desde 1985, y que sus atribuciones como funcionario público no estaban relacionadas con la operación comercial de Pemex Refinación, ni con las actividades de transporte de la paraestatal.Señaló que las acusaciones por presunto tráfico de influencias son hechos infundados y tienen una clara intención política de quienes –dijo– prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública. “Quienes se sirven de esta información para crear una historia dolosa, lo hacen con evidente propósito político: pretenden evadir la discusión de los temas de fondo de este país y se empeñan en detener la marcha de un gobierno plenamente decidido a atender los asuntos más apremiantes de la sociedad”.Insistió en que nunca intervino, como servidor público, en acto alguno que representara un beneficio económico para él o su familia, de ahí que rechazó alguna violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o el Código Penal Federal. Agregó que no hay más contratos, además de los siete a los que hizo referencia ayer. Mouriño Terrazo se presentó ante la prensa con una carpeta blanca en la que, dijo, se encuentran los documentos que entregó a las dependencias y a los órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores.Emitió, en 12 puntos, la explicación acerca del desarrollo contractual de Ivancar con Pemex, y repitió que esa información es transparente y, por ello, es pública para cualquier ciudadano que la requiera, a través de Transparencia (Mexicana) o el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. “Soy el principal interesado en aclarar estos hechos”, sostuvo. Señaló que hasta la fecha no ha sido presentada denuncia alguna ante las instancias competentes “y, sin embargo, quienes me acusan prefieren mantener el debate en el ámbito de la opinión pública, con una clara intención política”. En el México de las instituciones –agregó– corresponde a las autoridades determinar si una conducta constituye una infracción a la ley. En el oficio solicita al procurador Eduardo Medina Mora y al titular de la SFP, Salvador Vega, analicen los documentos “de acuerdo con sus atribuciones”, entre éstos los convenios para la prestación de servicio de transporte terrestre en los años 2000-2004.

Mouriño signó cinco contratos con Pemex cuando fue legislador
Fabiola Martínez
El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) –en calidad de apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar (TEISA)– cinco contratos cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y dos más en calidad de funcionario de la Secretaría de Energía (SE), cuando el titular de esta dependencia era Felipe Calderón.

Revienta AN crear comisión investigadora
Enrique Méndez y Roberto Garduño

Presenta Navarrete expediente sobre el conflicto de intereses
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Como parte de una estrategia diseñada desde que estuvo en la Oficina de la Presidencia para colocar a sus empresas en situación privilegiada y que pudieran beneficiarse de la pretendida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, colocó a incondicionales en puestos claves de la paraestatal y otras dependencias, advirtió el coordinador perredista en el Senado, Carlos Navarrete.

Mouriño, obligado a renunciar: diputados
De la Redacción
La determinación de Juan Camilo Mouriño de seguir al frente de la Secretaría de Gobernación provocó agrias críticas de diputados de PRD, PRI, PT y Convergencia. Señalaron que con el argumento de trabajar por México, el funcionario sólo muestra un desaforado interés por conservarse en el poder, y consideraron que su permanencia en el cargo terminará por afectar los intereses de su jefe, Felipe Calderón.
Debe aplicarse juicio político
Roberto Garduño y Enrique Méndez

El gobierno, comprometido con la legalidad, afirma Calderón
Claudia Herrera, Víctor Cardoso y Juan Antonio Zúñiga
En el contexto de la polémica desatada por los presuntos negocios ilegales del secretario de Gobernación con Petróleos Mexicanos, el presidente Felipe Calderón declaró ayer que tiene un “enorme compromiso” con la legalidad y la seguridad del país.

Mouriño reitera su inocencia; festeja en Los Pinos
Claudia Herrera Beltrán

MOURIÑO AHORA CACIQUE LADRON DE TIERRAS DE CAMPESINOS

Acusan a Mouriño de alentar la compra de tierras ejidales
Lorenzo Chim (Corresponsal)

Campeche, Cam., 11 de marzo. El Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata acusó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, de alentar, mediante empresas fantasmas, la compra de más de 120 mil hectáreas de ampliaciones forestales.

Kikka Roja

Fernando Siqueira: presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina

Entrevista a Fernando Siqueira, Director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras Brasil busca recuperar el control de su petróleo Empresas extranjeras se apropian de recursos, sostiene Ante la presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina, el especialista dice que su país debe copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos. “Ahora más que nunca Pemex es un paradigma”, afirma Roberto González Amador e Israel Rodríguez Ampliar la imagen Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, acompañado de Murilo Marcato, delegado de la misma organización, en entrevista con La Jornada Foto: Carlos Ramos Mamahua Ampliar la imagen El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en una visita a la planta de gas de Cabiunas-Vitoria en Serra, en el estado de Espíritu Santo Foto: Ap Ampliar la imagen La decisión del gobierno brasileño de privatizar la industria petrolera en 1997 tuvo como componente fundamental “convencer” a la población, a través de los vehículos de comunicación de masas, que Brasil no podía solo, explicó Fernando Siqueira Foto: Carlos Ramos Mamahua Estados Unidos enfrenta una “difícil situación energética”, y la necesidad que tiene de lograr el control sobre los recursos petroleros de América Latina está detrás de las “enormes presiones” para privatizar los hidrocarburos en México y en otros países de la región. Habla Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet):“En realidad, Estados Unidos paga hoy 300 dólares por barril de petróleo: 100 dólares por el costo del crudo en el mercado y otros 200 derivados de los gastos en el aparato militar en Oriente Medio para garantizar el suministro desde esos yacimientos”.Crítico del proceso de privatización de Petróleos Brasileños (Petrobras), que se concretó en 1997, durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso –cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera–, Siqueira dice a La Jornada:“En la discusión sobre el tema energético, México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como un ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo, y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos, y ahora más que nunca Petróleos Mexicanos (Pemex) es un paradigma. Es necesario que Brasil recupere el control de su riqueza”.Fernando Siqueira y Murilio Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, forman parte del movimiento que ha renacido en Brasil para que el país recupere el control de su petróleo. La Aepet, fundada en 1961, está integrada por 5 mil empleados de nivel medio y superior de Petrobras, la mayoría en activo. Entre sus objetivos está defender la propiedad del Estado sobre el petróleo y el fortalecimiento de Petrobras como una empresa energética pública.De visita a México comentaron a La Jornada algunas de las experiencias del proceso de privatización del petróleo en su país. Entre ellas, la forma en que las empresas extranjeras penetraron los órganos de dirección de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), el órgano creado por el gobierno después de la apertura para coordinar la política petrolera, e incluso del intento –ya durante el gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva– de cambiar el nombre de la empresa por “Petrobrax”, bajo el argumento de su director de que “era más fácil de pronunciar para los inversionistas extranjeros”. También de la manera en que los promotores de la privatización invirtieron millones de dólares en pagar a periodistas y “analistas independientes” para que influyeran en la opinión pública en crear un clima favorable a la privatización.“La experiencia de Petrobras no fue buena ni para el país ni para la petrolera; se abrió a las compañías extranjeras que se convirtieron en propietarias del recurso natural. El gobierno tenía 87 por ciento de las acciones y ahora tiene sólo 40 por ciento. Las empresas participan en las licitaciones de lotes para explotar campos petroleros y se convierten en dueñas del terreno y del petróleo que encuentren, el cual pueden vender a quien deseen”.La privatización de Petrobras, asegura Siqueira, no llevó nuevas inversiones a Brasil. Tampoco aportó tecnología. “Las empresas extranjeras vinieron a Brasil a aprender, Petrobras era un líder tecnológico”, asegura. Debilitamiento premeditado A la vez que se transfería a firmas privadas, principalmente extranjeras, la propiedad sobre el petróleo, el Estado comenzó a perder los recursos de la renta petrolera.Explica Fernando Siqueira: las empresas privadas que participan en la explotación del petróleo brasileño pagan al gobierno una participación de 10 a 45 por ciento del precio a que vendan el crudo. La media internacional en cuanto al pago de contribuciones a los países propietarios del recurso, agrega, es de 84 por ciento del precio de venta. Es decir, las compañías que operan en el país sudamericano pagan al Estado la mitad de lo que se tributa en promedio internacional.Otra merma para el Estado, luego de la privatización impulsada por el régimen de Fernando Henrique Cardoso y continuada en el actual, tiene que ver con el valor de los lotes, que son las partes del territorio que se adjudican a las firmas privadas mediante licitación.Explican los expertos que el lote más costoso ha sido vendido por el gobierno brasileño a un precio de 300 millones de dólares. La firma que se lo adjudicó extraerá crudo por un monto equivalente a 8 mil millones de dólares durante la vida productiva del yacimiento.La privatización de Petróleos Brasileños en 1997 fue el punto culminante de un proceso de debilitamiento intencional de la empresa iniciado 20 años antes, explican. “Petrobras fue obligada a comprar petróleo a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares; la diferencia era cubierta por la producción nacional y esto provocó que la empresa no tuviera recursos para invertir y se descapitalizara”, dice Siqueira.En 1994 ocurrió un intento de reforma a la Constitución brasileña para acabar con el monopolio del Estado sobre el control de los recursos naturales. “Se tergiversaban las cosas, diciendo que Petrobras era un monopolio, pero en realidad el monopolio era del Estado sobre el control de los recursos, y Petrobras sólo era la empresa encargada de poner en práctica la política estatal sobre petróleo”, añade.Había una creciente oposición a la privatización de Petrobras, que incluía al sindicato petrolero, entonces uno de los mayores del país, a empleados públicos de otros gremios, sindicatos de industria y organizaciones sociales. Cuenta que en 1995 el entonces presidente Henrique Cardoso emitió un decreto que prohibía a cualquier empleado público trasladarse a Brasilia, la capital federal y asiento de los poderes, a realizar cualquier protesta contra la decisión de abrir la empresa petrolera al capital privado, so pena de ser despedido. El objetivo, dice, era “quebrar” la resistencia a la política de apertura.Un año después fue enviada la ley para eliminar el control total del Estado sobre el petróleo y permitir a empresas extranjeras extraer y hacerse propietarias del crudo brasileño. Fue aprobada un año después, a la vez que se creaba una Agencia Nacional del Petróleo que, asegura, respondía a los intereses de las grandes trasnacionales a las que entregó “todo el conocimiento que Petrobras había acumulado en 55 años de investigación sobre los yacimientos de petróleo en el país”. Los modos de Halliburton Una vez aprobada la ley que privatizaba la propiedad del petróleo brasileño, se instrumentó en la empresa una política de jubilación anticipada, que redujo de 35 a 30 años los años laborados antes del pase a retiro. En este proceso, la plantilla laboral de Petrobras se redujo de 60 mil a 30 mil empleados, aunque el plan de los administradores era de mantener sólo 15 mil empleados.Una siguiente medida fue reconformar el consejo de administración de Petrobras, que hasta antes de la privatización estaba integrado por nueve miembros: seis directivos de la empresa y tres representantes de la sociedad.Con las modificaciones legales se incluyó a consejeros externos de nacionalidad brasileña que, dicen los entrevistados, representaban los intereses del sistema financiero internacional.A partir de esta reconformación del consejo se perdió control sobre las decisiones y el manejo de información estratégica. Un problema, desde su punto de vista, que llegó al extremo este año, cuando “se perdieron” tres discos duros robados a computadoras portátiles y que contenían la información sobre el gigantesco campo de Tupí, descubierto en diciembre pasado. Esos datos, como se ha publicado en la prensa brasileña y ahora recuerda el entrevistado, “aparecieron” en poder de Halliburton, la empresa propiedad del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.Se eliminó, además, al equipo de planeación de Petrobras y se compraron “activos podridos” en Argentina, pertenecientes a Repsol, firma que, dijo, “se sospecha es un brazo de la Shell usado por la petrolera anglo holandesa para eludir algunos controles a que están sujetas las mayores compañías energéticas del mundo”.Fernando Henrique Cardoso dejó la presidencia en 2003 con una deuda interna por el equivalente a 60 mil millones de dólares, aun cuando durante su gobierno fueron vendidos activos públicos por 160 mil millones de dólares. “Entregó al país en bancarrota”, señala Siqueira. Murilo Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, recuerda que una vez iniciado el proceso de privatización, que ha llevado a que 40 por ciento del capital de Petrobras esté colocado en bolsas de valores, desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, similar a Nafin en México) se buscó adquirir acciones de la compañía petrolera para asegurar que una parte permaneciera bajo control estatal. “El gobierno impidió que siguiera la compra de acciones del BNDES, e incluso los directivos del banco que la promovían fueron cesados”. Actualmente, ese banco tiene alrededor de 10 por ciento del capital de Petrobras.En cambio, se favoreció a las empresas privadas que compraban acciones de Petrobras a través de los mercados accionarios. Dice Marcato que en 1999 el estatuto de la empresa fue cambiado para permitir que su presidente fuera extranjero; en 2000 se vendió, a través de la bolsa, 18 por ciento de la participación estatal. Un porcentaje similar de acciones, también del gobierno, fue colocado en las bolsas en 2001. En total, 40 por ciento del capital de Petrobas fue vendido en la bolsa. El gran consumidor Los dirigentes de la Asociación de Ingenieros de Petrobras consideran que América Latina está sujeta a una mayor presión por parte del aparato industrial y militar de Estados Unidos, y de las grandes compañías petroleras que los abastecen, por el control del petróleo. Una presión que ha ido en aumento conforme el alza en la cotización del crudo llega a niveles que los expertos consideraban que ocurrirían después de 2010.Explica Siqueira: “El choque de precios previsto para 2010 está ocurriendo en 2008. Se anticipó porque los picos de producción se han caído y la demanda ha subido. La era del petróleo barato ya se terminó y ahora la previsión es que el barril alcance 180 dólares en 2015 y una cotización de 300 dólares en 2020”.En este contexto de precios cada vez más altos, Estados Unidos muestra una mayor avidez por petróleo. Ese país consume una cuarta parte de la producción mundial dentro de su territorio y casi otro tanto con sus instalaciones militares externas, señala el experto.Así, con reservas de 28 mil millones de barriles, Estados Unidos requiere 8 mil millones de barriles por año para su suministro interno y otros 7 mil millones de barriles para su aparato militar, “por lo que si no garantiza un suministro confiable, en dos años puede colapsar”.Agrega que el desarrollo de Estados Unidos está “montado” sobre la energía del petróleo, que es la materia prima de 3 mil productos que no son fácilmente sustituibles.“Estados Unidos está en una situación crítica. Consume 15 mil millones de barriles por año y tiene 28 mil millones en reserva. En ese país, cada coche consume 28 barriles (al año), una computadora tres barriles, y el promedio de consumo por habitante es de 25 barriles por año, en tanto que en los países de Europa es de 11 barriles por persona al año”, asevera.Una de las principales fuentes de abasto de petróleo para Estados Unidos es el Oriente Medio y en especial de Arabia Saudita. Según los entrevistados, el gasto militar estadunidense en esa región del mundo agrega un costo de 200 dólares por barril al precio del crudo, que ya tiene dos semanas arriba de 100 dólares. Para el aparato industrial y militar de Estados Unidos, el costo neto ha subido a 300 dólares por barril de crudo.“Aun cuando Arabia Saudita es un aliado muy fiel de Estados Unidos, no tiene la capacidad para abastecer y garantizar el suministro de crudo”, agrega Siqueira. Estados Unidos, asegura, se encuentra en una situación difícil de abasto de petróleo y para ellos es más fácil tratar de garantizar ese suministro en América Latina que invertir en Medio Oriente.“Ahora que la oferta de petróleo es prácticamente igual a la demanda, la lucha por el abasto y el control del crudo se intensifica”. Estrategia mediática La decisión del gobierno brasileño de privatizar su industria petrolera en 1997 tuvo un componente fundamental para asegurar su realización, cuenta el especialista. Fue “convencer” a la población, a través de los principales vehículos de comunicación de masas en el país, de que Brasil no podía solo.Relata: “la campaña en los medios de comunicación hacía llegar a los brasileños el mensaje, insistente, de que si no había apertura al capital privado no llegarían al país recursos externos necesarios para explotar el recurso, y entonces, se decía desde el gobierno, se tendrían que desviar recursos de los ramos de la salud, educación y seguridad. Se nos insistía en que no teníamos recursos ni experiencia, por lo que necesitábamos ayuda de las compañías y que no permitir esa ayuda sería ruin para el país”.Todas las afirmaciones para apoyar la privatización estaban sustentadas en mentiras, cuenta Siqueira. Fue una campaña muy bien elaborada y planeada, añade. Recuerda que la trasnacional Shell invirtió 100 millones de dólares para que especialistas y profesores escribieran artículos y aparecieran en los medios de comunicación para hablar a favor de la privatización. “Les daban espacios para defender la privatización, compraron conciencias de periodistas y académicos que después se volvieron célebres en los medios brasileños”.Relata que los promotores de la privatización ofrecían a profesores universitarios triplicarles el sueldo para que aceptaran escribir artículos y participar en foros para hablar a favor de la apertura de la empresa petrolera al capital privado.“Yo, como opositor a la privatización, realicé entonces visitas por todo el país para hablar sobre el tema. Y me llamó la atención cómo, sin importar la región de Brasil donde me encontrara, las preguntas de quienes me cuestionaban en los foros eran las mismas, como salidas del mismo sitio”.Los periódicos y los medios electrónicos lanzaron una campaña en la que argumentaban que la nacionalización de los recursos petroleros “era algo retrógrado y que la globalización era lo actual”. Se desplegaron informaciones subliminales para convencer a la población, dice. Recuperar el control En diciembre de 2007, Petrobras anunció el descubrimiento del campo petrolero Tupí, en el sureste del país, en la costa del océano Atlántico, un yacimiento que incrementará la reserva de crudo de Brasil a 80 mil millones de barriles, lo que convierte a ese país en poseedor de una riqueza comparable a la de mayores dueños de reservas: Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela.El descubrimiento de Tupí reavivó el debate nacionalista e infundió nuevos ánimos a un sector de la población que busca recuperar el control total de Brasil sobre sus recursos naturales. Una acción emprendida, entre otras organizaciones por la Aepet, ante un órgano autónomo de procuración de justicia, detuvo temporalmente una licitación de 41 campos cercanos a Tupí. Con este mandato judicial, el gobierno pospuso la venta de esos campos.“La enorme riqueza descubierta hace necesario que Brasil recupere el control sobre sus yacimientos. Como están las cosas ahora ese control no existe, porque las empresas privadas, de acuerdo con la ley vigente, son propietarias del crudo que extraen”, dice.En Brasil, asegura, ha crecido un nuevo sentimiento nacionalista que ha hecho suyo el lema “el petróleo es nuestro” –que fue una de las frases empleadas por Getulio Vargas, el presidente que nacionalizó el hidrocarburo en los años 50, quien tomó como ejemplo el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de nacionalización en 1938.Añade que la privatización de Petrobras tuvo otras implicaciones. Dio éxito a la idea de los grupos que controlan política y económicamente a Estados Unidos de que se debe impedir que países potencialmente hegemónicos se desarrollen.“Antes de la privatización, en Brasil el 90 por ciento del desarrollo tecnológico se realizaba en empresas estatales, eso se perdió. Los países dominantes no quieren un competidor indeseable”.

Kikka Roja

Mouriño y el control de daños

Mouriño y el control de daños
editorial

Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño, puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las juntas de coordinación política de las dos cámaras legislativas y de “la opinión pública” un expediente con los siete contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) en calidad de apoderado legal de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, en tiempos en que desempeñaba los cargos de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del secretario de Energía y subsecretario de Electricidad. En conferencia de prensa, Mouriño emitió de nueva cuenta descalificaciones contra sus detractores y aseguró que convenios como los firmados por él son habitualmente otorgados en adjudicación directa por la paraestatal a diversos transportistas. Pocas horas después, la PGR, tras ser requerida por el propio Mouriño, anunció que, “a efecto de dar trámite al documento que presentó el citado licenciado”, iniciaba una averiguación previa “para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.

Por parte del coordinador del gabinete calderonista fue un nuevo paso en falso que, lejos de despejar las sospechas por su actuación, las robustece y extiende, mucho más allá del Palacio de Covián, al conjunto de la administración pública. Cabe preguntarse por qué el secretario de Gobernación esperó a que Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Convergencia divulgaran otros cuatro nuevos contratos entre Pemex y las empresas de la familia Mouriño –adicionales a los que dio a conocer el dirigente opositor el pasado 24 de febrero– para convocar a la conferencia de prensa en la que ofreció tales documentos a la opinión pública, siendo que ésta ya los conocía; por qué tardó tanto tiempo en “cumplir con un deber como funcionario público y como ciudadano” y por qué eludió el punto principal del señalamiento, que no se refiere sólo a los beneficios que obtuvo con los contratos mencionados sino a su doble carácter de funcionario del sector energético y empresario del ramo petrolero. Lo dicho por el secretario de Gobernación ayer no es, pues, sino una repetición de gestos mediáticos ya efectuados anteriormente, que no van a atenuar la crisis política en la que ha sumido al gobierno federal.

Más allá de lo que Mouriño haga o deje de hacer para defender su posición, que no puede ser mucho, la reacción de la PGR da cabal cuenta de lo que se configura, desde ahora, en tono y en contenido, como un mero trámite de exculpación a petición del interesado, es decir, como un acto de simulación. Independientemente del servilismo hacia el investigado en el tono del boletín de prensa emitido por la dependencia, ésta debió investigar de oficio los presuntos delitos cometidos por Mouriño, cuyos indicios fueron divulgados hace más de dos semanas. Otro tanto puede achacarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Difícilmente ambas dependencias podrían apartarse de lo dicho por el sujeto a investigación –que es postura oficial del gobierno–, según la cual la divulgación de los contratos Ivancar-Pemex fue un acto “mezquino”, “inmoral” y “doloso” y una maniobra para “que a México le vaya mal”. Además de que el emisor de ese discurso sea el superior jerárquico de los titulares de la PGR y de la SFP, estas dependencias acusan un severo desprestigio por el faccionalismo y la parcialidad con que han sido usadas por el Ejecutivo en la presente administración y en el sexenio anterior: empleada, la primera, para golpear a las oposiciones políticas y sociales, para exculpar a funcionarios y allegados del foxismo sospechosos de desviar fondos y de enriquecerse a costa del erario, y para fabricar culpables a fin de dar la impresión de que se hacía algo significativo en el combate al crimen organizado; rebajada, la segunda, a defensoría de panistas y a sepulturera de investigaciones contra sospechosos de daño al patrimonio público. Al respecto, destacan el desfalco a Pemex en el que presuntamente se encuentran involucrados los hijos de Marta Sahagún o el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) operado por Carmen Segura Rangel, actual diputada local por Acción Nacional.

La única forma de dar credibilidad y transparencia a las pesquisas gubernamentales en torno a los negocios de Mouriño es que éste se retire del cargo, por lo menos durante el tiempo que tomen las investigaciones, a fin de no contaminarlas con la sospecha o la certeza de parcialidad. Esa sería la mejor contribución que podría hacer a sus correligionarios, a su jefe inmediato, a la transparencia en la administración pública, a una sociedad justificadamente escéptica y a las posibilidades –si es que aún quedan– de rescatar su carrera política.

Por su parte, el calderonismo no puede seguir actuando en este caso como si se tratara de un problema mediático y de relaciones públicas, cuando en realidad es una severa crisis política. Tendría que empezar, pues, por desmentir al propio Mouriño, quien la describió como un mero empeño de los que “no quieren que México sea exitoso”, y por admitir que tal crisis existe.

Kikka Roja

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CHISTE SABIDURIA DE LOS NIÑOS
Mamá mamá: había una vez un señor con las orejas tan grandes pero tan grandes, que un día hizo ZUUUM y salió volando

Kikka Roja

ASTILLERO : Gamboa defiende a su socio político

Astillero Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx ■ Más negocios Mouriño ■ Gamboa defiende a su socio político ■ Tierras ejidales y electricidad eólica ■ Parientes siguen ganando contratos 1. Emilio Gamboa Patrón defiende a Juan Camilo Mouriño Terrazo (obstruyendo la posibilidad de abrir una comisión legislativa que investigue los evidentes actos de tráfico de influencias y de conflicto de intereses del madrileño-gallego-mexicano) porque ambos son socios en Yucatán. La gubernatura de la entidad fue entregada a la priísta Ivonne Ortega, en arreglo con Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, mediante maniobras de la Oficina de la Presidencia (formal) de la República que en su momento fueron denunciadas por el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, quien aseguró que de Los Pinos fueron enviados a la entidad peninsular operadores electorales que no tenían los mismos propósitos que el partido blanquiazul. La cesión de Yucatán fue operada por el analfabeto político Patricio Patrón Laviada, quien cerró el paso a la candidata natural a conservar al PAN en el poder, Ana Rosa Payán, y causó una división en el panismo que ayudó al PRI; el mandatario conocido como el Alto Vacío, Patrón Laviada, a pesar de estar metido en procesos judiciales por negocios con tierras ejidales en los que asoma el apellido Mouriño, fue premiado con la procuraduría para la defensa del medio ambiente (obviamente no sabe absolutamente nada del tema), desde donde podrá ayudar a los inversionistas españoles y mexicanos interesados en devastar la ecología para instalar desarrollos turísticos. 2. Un proyecto en el que convergen los intereses asociados de Gamboa y Mouriño es el del corredor Mérida-Progreso, donde, con el expediente ya clásico de arrebatar tierras a ejidatarios, se han construido fraccionamientos de lujo y además se planeaba utilizar el puerto de Progreso para operaciones relacionadas con el negocio petrolero concesionado a empresas españolas y a grupos mexicanos, entre los que asoma la mano del banquero Roberto Hernández. El investigador y escritor José Luis Sierra ha publicado en http://mexicodesdeyucatan.blogspot.com que el gobierno encabezado por Patrón Laviada compró 400 hectáreas de origen ejidal a unos kilómetros de la costa de Progreso, para construir allí instalaciones dedicadas al manejo y almacenaje de carga que necesitaría una compañía española que administraría la Plataforma Logística de ese puerto yucateco. El negocio se frustró pero, asegura Sierra, de las 400 hectáreas expropiadas “se consideró una extensión de 20 hectáreas, localizadas en el ‘corazón’ de los patios y almacenes de esa plataforma para establecer allí el ‘recinto fiscal’. Esas 20 hectáreas (…) sí fueron vendidas y escrituradas, y es en ese terreno donde se construye ahora la empresa que fabricará los grandes ventiladores que se utilizan para producir electricidad por medio de corrientes de aire. Esa empresa también pertenece a la familia Mouriño (en coinversión con la firma española que aporta la tecnología; los Mouriño se encargarán de venderle los ‘molinos de viento’ a la CFE) y se instala en los terrenos de Paraíso (…) Los Mouriño son dueños de esas hectáreas porque ellos se habían asegurado la concesión del ‘recinto fiscal’ de la Plataforma Logística, gracias a sus buenas relaciones en el SAT. Estamos hablando de un negocito asegurado casi dos años antes de la realización física del proyecto. Así de grueso están las relaciones de los Mouriño en el ‘alto mando’ nacional… y eso que Juan Camilo no entraba todavía a Los Pinos ni era el secretario de Gobernación… ¡Que Dios nos coja confesados!” 3. Llegan correos de Campeche, con nombres, apellidos y datos personales que, sin embargo, este tecleador mantendrá en reserva: “el suegro de Juan Camilo, Eduardo Escalante, sigue ganando concursos a nombre de las tres empresas que maneja: Constructora Escalante, Construcciones y Materiales Peninsulares y Grupo Constructor Patterson (ésta, de otro yerno; todas, SA de CV). El hijo del ingeniero y suegro llamado Carlos Escalante utiliza para hacer sus pillerías el nombre del hermano de Juan Camilo, que también se llama Carlos; ya los funcionarios de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones hablan burlonamente del negocio Carlos&Charly”. Otro lector informa: “Número de licitación federal 00009017-077-07, de fecha 25 de enero de 2008. Se concursa un tramo carretero y se dio la obra a un grupo que formaron cuatro constructoras: dos del suegro de Mouriño, Eduardo Escalante, y otra de su familiar político, Patterson, casado con Ana Escalante, quien maneja las finanzas del Congreso de Campeche. El grupo de la familia de Mouriño hizo una propuesta para la obra por 143 millones 543 mil pesos, y otros grupos, que perdieron, realizaron una oferta mucho menor. Cucsa, por ejemplo, propuso 136 millones, y Constructora Arjona, 134 millones 602 mil pesos”. Otro lector reporta sobre una licitación hecha por el gobierno estatal, la SEOPC/107/07, cuyo fallo se difundió el 30 de noviembre de 2007. Ganó una empresa del suegro de Mouriño. En el acta se dice que para asignar la obra no sólo se consideraron las mejores propuestas, sino “todas y cada una de las circunstancias” y el hecho de que la empresa seleccionada garantice “la ejecución de la obra”. Así, con esos discrecionales matices, la Constructora Escalante se quedó con el contrato por 60 millones 857 mil 709 pesos con 18 centavos para modificar el trazo de la carretera Ciudad del Carmen-Sabancuy, del kilómetro 227 más 745 al 83 más 233. Y, para cerrar el tema, desde Mexicali: “El cinismo proyectado a través de la televisión por Juan Camilo Mouriño la noche del pasado 6 es y será el principal argumento de justificación del comportamiento de los funcionarios que se dicen defensores del estado de derecho. En el noroeste del país suceden cosas parecidas, con el jugoso negocio de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, donde se agigantan las ganancias del capital extranjero y de sus promotores, todo a costa de la soberanía y de la depredación del medio ambiente. Acá, el Mouriño que justifica los negocios se llama Ernesto Ruffo, quien fue gobernador de la entidad y hoy es senador suplente”. ¡Hasta mañana, con el drenaje profundo (de la política nacional) a revisión!

Kikka Roja

Crisis de gobierno CALDERONISTA

Crisis de gobierno
editorial

En su calidad de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como coordinador de asesores del secretario de Energía, y en tanto que subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño actuó en representación de una empresa de su familia para firmar contratos con Pemex, como reconoció recientemente él mismo. El que pueda hallarse, o no, una rendija legal para exonerar al actual secretario de Gobernación de los posibles delitos en que pudo incurrir (artículos 47 y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículos 214 y 221 del Código Penal, entre otros), dependerá, en primer lugar, de la voluntad del gobierno del que forma parte, y de las bancadas priístas en las cámaras de Diputados y de Senadores, para esclarecer ésas y otras transacciones. En caso de que las pesquisas tengan lugar, y en tanto no culminen en el hallazgo de responsabilidades específicas, el funcionario estará protegido, en lo jurídico, por el principio de presunción de inocencia.

En el ámbito de la opinión pública, en cambio, las reacciones defensivas del secretario de Gobernación y de sus entornos institucionales, partidistas, parlamentarios y mediáticos, no han hecho más que alimentar una presunción de culpabilidad y de inmoralidad que se incrementa conforme se multiplican los intentos por blindarlo ante procesos administrativos, políticos y penales. Las sospechas se han expandido mucho más allá del movimiento lopezobradorista y han desembocado en una crisis de gobierno que se hará más profunda mientras más tiempo tarde en reconocerla el grupo en el poder.

El propio Mouriño ha fallado en el fondo y en la forma de sus respuestas. Una vez divulgados los contratos que firmó en su doble calidad de funcionario público del sector energético y de apoderado de sus propias empresas del ramo de hidrocarburos, el secretario de Gobernación se limitó a ensayar, sin pruebas, una descalificación de su impugnador, y posteriormente, en vez de comparecer ante el conjunto de la opinión pública, se limitó a presentarse en algunos medios electrónicos –afectados, a su vez, en la percepción pública por su tendencia a favorecer al discurso oficial–, desde los que tampoco desvirtuó con documentos los señalamientos en su contra. En cambio, se exoneró a sí mismo y pidió a la sociedad creer que la divulgación de los contratos sospechosos es parte de “una apuesta por el fracaso de nuestro país”. Así, de paso, las réplicas del funcionario han sembrado dudas sobre su capacidad para ejercer en forma adecuada el cargo que ostenta y para manejar crisis que vayan más allá de las impugnaciones a su persona.

De manera inexorable, la circunstancia por la que atraviesa el secretario de Gobernación genera severos impactos en el conjunto del Ejecutivo federal. La contundencia de los cuestionamientos a su paso por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Energía coloca a Mouriño ante el dilema de defenderse, en la forma que sea, o dedicarse a procurar una gobernabilidad que, paradójicamente, tiene uno de sus principales desafíos inmediatos en la situación del propio funcionario impugnado. Por añadidura, el estrecho colaborador del titular del Ejecutivo viene a ser, en su calidad de coordinador del gabinete presidencial (el que “tramita lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los secretarios de Estado” e “interviene en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por ley a otras dependencias del Ejecutivo”), el superior jerárquico de quienes tendrían que analizar sus posibles responsabilidades administrativas y penales: el procurador federal y el secretario de la Función Pública.

Así, a menos de dos meses de su llegada al Palacio de Cobián, Juan Camilo Mouriño ha dejado de ser un activo y se ha convertido en un pesado lastre para el gobierno federal, cuyo titular tendría que evaluar la conveniencia de mantenerlo en un cargo para el que perdió buena parte de su margen de maniobra –particularmente como operador de la privatización petrolera eufemísticamente llamada “reforma energética”–, no sólo porque la Presidencia tendría que operar por sí misma, sin mediaciones ni parapetos políticos, en la resolución de difíciles conflictos, sino también porque las sospechas ciudadanas sobre la moralidad y la legalidad de los contratos de Mouriño se convertirían en percepciones de inmoralidad, opacidad e ilegalidad del Ejecutivo federal en su conjunto, y con ello se incrementaría gravemente el déficit de legitimidad que padece de origen la actual administración.

Kikka Roja