EL CAGANCHO ESPAÑOL juan camilo camote Y EL COMEMIERDA DE CHICAGO carstens
Kikka Roja
sábado, 7 de junio de 2008
GASTO DEL CISEN: irregularidades pagos indebidos compra 139 coches
Informa de pagos indebidos y la compra de 139 automóviles
Irregular, el ejercicio del gasto en el Cisen en 2006, descubre la ASF
Elizabeth Velasco C.
Kikka Roja
Irregular, el ejercicio del gasto en el Cisen en 2006, descubre la ASF
Elizabeth Velasco C.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) incurrió en diversas irregularidades en el ejercicio del presupuesto de 2006; una de ellas fue que adquirió 139 automóviles para renovar el parque vehicular, sin que diera de baja unidad alguna, además de que realizó en forma indebida pagos por 3 millones 552 mil 400 pesos, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública de ese año. Al informar lo anterior, el presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, agregó que el Cisen prestó una aeronave, hasta en nueve ocasiones, para transportar a funcionarios de otras dependencias de instancias gubernamentales, sin la autorización del secretario de Gobernación.
Asimismo, se confirmó el incumplimiento de las leyes de seguridad nacional y de responsabilidades de los servidores públicos, incluyendo reglamentos internos en sus diversos apartados. Esto, porque no cubrió los indicadores establecidos para evaluar su desempeño, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el presupuesto de egresos 2006. “Tales indicadores –dijo del Río Virgen– ordenan al Cisen contribuir a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado; dar sustento a la gobernabilidad democrática y fortalecer el estado de derecho; sin embargo, no cumplió los cometidos.”
En el caso de los vehículos, explicó que la ASF confirmó que la Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios Generales del Cisen solicitó la adquisición de 139 vehículos operativos tipo sedan, cuatro puertas, mediante oficio número SRMSG/1196/06, de fecha 26 de mayo de 2006. Esa petición fue justificada técnicamente para renovar una parte del parque vehicular y reducir de siete a cinco años la antigüedad promedio de las unidades, a fin de disminuir costos de mantenimiento y consumo de combustible.
No obstante, el auditor Arturo González de Aragón estableció que a la fecha del cierre de la auditoría, el 16 de noviembre pasado, el Cisen no había informado sobre la baja de ninguna unidad. De hecho, el 17 de septiembre de 2007, mediante oficio SPA /07/07, la subdirectora de Planeación Administrativa informó que no se había dado de baja ningún vehículo, pero que el asunto “estaba en proceso” y le correspondía a Gobernación aclarar tal situación. También se detectaron pagos indebidos por más de 3 millones de pesos, con cargo a la partida 3506, denominada “mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”.
Asimismo, se confirmó el incumplimiento de las leyes de seguridad nacional y de responsabilidades de los servidores públicos, incluyendo reglamentos internos en sus diversos apartados. Esto, porque no cubrió los indicadores establecidos para evaluar su desempeño, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el presupuesto de egresos 2006. “Tales indicadores –dijo del Río Virgen– ordenan al Cisen contribuir a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado; dar sustento a la gobernabilidad democrática y fortalecer el estado de derecho; sin embargo, no cumplió los cometidos.”
En el caso de los vehículos, explicó que la ASF confirmó que la Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios Generales del Cisen solicitó la adquisición de 139 vehículos operativos tipo sedan, cuatro puertas, mediante oficio número SRMSG/1196/06, de fecha 26 de mayo de 2006. Esa petición fue justificada técnicamente para renovar una parte del parque vehicular y reducir de siete a cinco años la antigüedad promedio de las unidades, a fin de disminuir costos de mantenimiento y consumo de combustible.
No obstante, el auditor Arturo González de Aragón estableció que a la fecha del cierre de la auditoría, el 16 de noviembre pasado, el Cisen no había informado sobre la baja de ninguna unidad. De hecho, el 17 de septiembre de 2007, mediante oficio SPA /07/07, la subdirectora de Planeación Administrativa informó que no se había dado de baja ningún vehículo, pero que el asunto “estaba en proceso” y le correspondía a Gobernación aclarar tal situación. También se detectaron pagos indebidos por más de 3 millones de pesos, con cargo a la partida 3506, denominada “mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales”.
VIVEN COMO REYES, MARICONES CON LOS DELINCUENTES Y MUY MALDITOS CON LA POBLACION CIVIL
SOLO SON "OREJAS", NO POLICIAS, PERO QUE BIEN CHINGAN CON SU INFORMACION PRIVILEGIADA
PEOR QUE HIJOS DE BANQUERO, NO TRABAJAN PERO COMO GASTAN DINERO
Kikka Roja
Calderón debe ofrecer disculpas al que le prometió el petroleo
Calderón debe ofrecer disculpas a quienes prometió el crudo: AMLO
Deberá hacerlo pues “no habrá privatización (del crudo) porque el pueblo no la quiere”, aseveró.
La Jornada On Line Publicado: 07/06/2008 19:34
Kikka Roja
Deberá hacerlo pues “no habrá privatización (del crudo) porque el pueblo no la quiere”, aseveró.
La Jornada On Line Publicado: 07/06/2008 19:34
México, DF. Andrés Manuel López Obrador planteó este sábado a Felipe Calderón que “ofrezca disculpas a sus jefes, con aquellos con los cuales se comprometió” a darles el petróleo, porque el pueblo no va a permitir que se apruebe su iniciativa de reforma energética. En su reunión con los comités municipales y estatales del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo de Fresnillo, el llamado presidente legítimo pidió a Calderón dejar de lado el proyecto entreguista para privatizar el petróleo, informó un comunicado del gobierno legítimo.
El político tabasqueño expresó que “no habrá privatización (del crudo) porque el pueblo no la quiere”, y advirtió que el Movimiento en Defensa del Petróleo seguirá adelante para ponerle un alto a la minoría voraz y rapaz que quiere entregar la industria petrolera. Pidió a los brigadistas de Fresnillo comunicarse con el Congreso local y el gobierno estatal para que en Zacatecas se lleve a cabo la consulta popular.
Después de mediodía, López Obrador sostuvo reuniones informativas con los brigadistas de Irapuato, Salamanca y Celaya. Mañana domingo, se reunirá con los brigadistas de Chilpancingo e Iguala, Guerrero, así como de Cuautla, Morelos.
El político tabasqueño expresó que “no habrá privatización (del crudo) porque el pueblo no la quiere”, y advirtió que el Movimiento en Defensa del Petróleo seguirá adelante para ponerle un alto a la minoría voraz y rapaz que quiere entregar la industria petrolera. Pidió a los brigadistas de Fresnillo comunicarse con el Congreso local y el gobierno estatal para que en Zacatecas se lleve a cabo la consulta popular.
Después de mediodía, López Obrador sostuvo reuniones informativas con los brigadistas de Irapuato, Salamanca y Celaya. Mañana domingo, se reunirá con los brigadistas de Chilpancingo e Iguala, Guerrero, así como de Cuautla, Morelos.
ESO MALDITOS PANISTAS VENDEPATRIAS NO TIENEN VERGÜENZA
LOS RATEROS NO SE LARGAN, SIEMPRE ESTARÁN ACECHANDO LAS RIQUEZAS NACIONALES.
FELIPE CALDERON DEBERIA HUIR DEL PAIS
Kikka Roja
viernes, 6 de junio de 2008
AUDIOS y VIDEOS: FORO REFORMA ENERGETICA: DEBATE PETROLERO PEMEX Y DE ENERGIA
PARTICIPACION DE: ING JOSE EDUARDO BELTRAN, FABIO BARBOSA, GUSTAVO IRUEGAS, MARCELO EBRARD, MARIA FERNANDA CAMPA,
EN EL SENADO DE LA REPUBLICA : MÉXICO : movimiento en defensa del petróleo: CONSULTA POPULAR
RECHAZAR LA REFORMA DEL ESPURIO CALDERÓN
ING JOSE EDUARDO BELTRAN: EE. UU. será dueño de México y su petróleo, Calderon traidor
VIDEO http://www.tu.tv/videos/ing-jose-eduardo-beltran
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=f53fa59
FABIO BARBOSA: "unitizacion" : explotacion unificada
VIDEO http://www.tu.tv/videos/flavio-barbosa-cano-unam
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=66643d1
GUSTAVO IRUEGAS: cual es la prisa, esconden la verdad los espurios
VIDEO http://www.tu.tv/videos/dra-lourdes-melgar-palacios Embajador Gustavo Iruegas
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=b8905e3
MARCELO EBRARD: rechazar la propuesta de Calderón, CONSULTA CIUDADANA POPULAR
VIDEO http://www.tu.tv/videos/marcelo-ebrad
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=4d48921
MARIA FERNANDA CAMPA: si hay petróleo y esta en aguas no profundas
VIDEO http://www.tu.tv/videos/dra-maria-fernanda-campa
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=987db3d
VIDEO http://www.tu.tv/videos/debate-entre-ponentes
http://www.tu.tv/videos/ing-gustavo-bonilla
http://www.tu.tv/videos/ing-ricardo-prian-calleti
http://www.tu.tv/videos/ing-adrian-lajuus-vargas_1
Kikka Roja
EN EL SENADO DE LA REPUBLICA : MÉXICO : movimiento en defensa del petróleo: CONSULTA POPULAR
ING JOSE EDUARDO BELTRAN: EE. UU. será dueño de México y su petróleo, Calderon traidor
VIDEO http://www.tu.tv/videos/ing-jose-eduardo-beltran
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=f53fa59
FABIO BARBOSA: "unitizacion" : explotacion unificada
VIDEO http://www.tu.tv/videos/flavio-barbosa-cano-unam
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=66643d1
GUSTAVO IRUEGAS: cual es la prisa, esconden la verdad los espurios
VIDEO http://www.tu.tv/videos/dra-lourdes-melgar-palacios Embajador Gustavo Iruegas
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=b8905e3
MARCELO EBRARD: rechazar la propuesta de Calderón, CONSULTA CIUDADANA POPULAR
VIDEO http://www.tu.tv/videos/marcelo-ebrad
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=4d48921
MARIA FERNANDA CAMPA: si hay petróleo y esta en aguas no profundas
VIDEO http://www.tu.tv/videos/dra-maria-fernanda-campa
AUDIO http://www.goear.com/listen.php?v=987db3d
VIDEO http://www.tu.tv/videos/debate-entre-ponentes
http://www.tu.tv/videos/ing-gustavo-bonilla
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Kikka Roja
Denuncia ante la PGR: para el secretario de usurpacion Juan Camilo Mouriño Terrazo
Juan Camilo Mouriño Terrazo español de ultraderecha, secretario de gobernacion del gobierno usurpador
Incurrió en tráfico de influencias y uso indebido de funciones en contratos de Pemex
Denuncian a Mouriño ante la PGR
Atalo Mata
(05:43 p.m.)
Kikka Roja
Incurrió en tráfico de influencias y uso indebido de funciones en contratos de Pemex
Denuncian a Mouriño ante la PGR
Atalo Mata
(05:43 p.m.)
Este viernes, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acudieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), para denunciar al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Los legisladores Aleida Alavez y Alejandro Sánchez, señalaron que el encargado de la política interna del país, incurrió en tráfico de influencias y uso indebido de funciones. Esta denuncia forma parte de lo que ya se había manejado con anterioridad, en el que Mouriño Terrazo había participado en la firma de contratos millonarios con PEMEX cuando era diputado federal, los cuales supuestamente, benefició a su familia.
OTRA NOTA la jornada- Diputados perredistas presentan denuncia contra Mouriño ante PGR
- Lo acusan de incurrir en uso indebido de atribuciones y tráfico de influencias.
México, DF. Diputados perredistas presentaron hoy viernes una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por el presunto uso indebido de atribuciones y tráfico de influencias. Los legisladores del sol azteca Aleida Alavez y Alejandro Sánchez exigieron la renuncia de Mouriño. Alavez presentó documentos referentes a los contratos que Mouriño Terrazo firmó cuando fungió como servidor público, y dijo que estarán pendientes de la resolución y el curso que siga la denuncia en esta dependencia federal.
y lean los comentarios de la gente click aqui
- Alavez Ruiz y Sánchez Camacho piden respuesta clara de la PGR
- Diputados perredistas denuncian a Mouriño por el caso Ivancar
- Contratos con Pemex representaron ingresos por $100 millones, afirman
Los diputados federales perredistas Aleida Alavez Ruiz y Alejandro Sánchez Camacho presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como presunto responsable de los delitos de uso indebido de funciones y tráfico de influencias, ya que, según el documento entregado al Ministerio Público Federal, el ex representante de la empresa Ivancar se valió de información que poseía como funcionario público para obtener beneficios económicos para él y su familia. Este viernes los legisladores acudieron a la sede de la PGR para entregar un documento de más de cien cuartillas, entre ellas copias fotostáticas de algunos de los contratos firmados por Mouriño con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como representante legal de la empresa Ivancar, que según los diputados suman ingresos por alrededor de cien millones de pesos. Alavez Ruiz declaró que la PGR deberá responder de manera clara a los señalamientos que se mencionan en la denuncia presentada, a pesar de que estas acusaciones se investiguen dentro de la averiguación previa que se inició a petición del propio secretario de Gobernación.
Debe renunciar
A su vez, Sánchez Camacho pidió la renuncia de Mouriño, ya que, a decir de ambos diputados, el funcionario carece de calidad moral y, de acuerdo con los datos obtenidos por ellos, sí incurrió en delitos de tipo penal y por ello presentaban la denuncia. La legisladora mencionó que cuando “Mouriño se desempeñaba como subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía, Pemex Refinación otorgó a Ivancar varios contratos, no obstante que los precios aplicados a los transportistas no habían sido autorizados por la dependencia. “Además, durante la administración de Juan Bueno Torio en Pemex Refinación se otorgaron contratos multianuales para el transporte de hidrocarburos a algunos transportistas, entre ellos Ivancar, y los acuerdos que se realizaron entre funcionarios de la paraestatal y la Canacar antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación.
“Mouriño se encuentra confeso de los delitos que ha cometido, pues en entrevista televisiva aceptó que firmó contratos de su empresa familiar Ivancar con Pemex cuando era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y luego cuando fungió como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, por lo cual debe ser juzgado y procesado”, concluyó Alavez Ruiz.
Debe renunciar
A su vez, Sánchez Camacho pidió la renuncia de Mouriño, ya que, a decir de ambos diputados, el funcionario carece de calidad moral y, de acuerdo con los datos obtenidos por ellos, sí incurrió en delitos de tipo penal y por ello presentaban la denuncia. La legisladora mencionó que cuando “Mouriño se desempeñaba como subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía, Pemex Refinación otorgó a Ivancar varios contratos, no obstante que los precios aplicados a los transportistas no habían sido autorizados por la dependencia. “Además, durante la administración de Juan Bueno Torio en Pemex Refinación se otorgaron contratos multianuales para el transporte de hidrocarburos a algunos transportistas, entre ellos Ivancar, y los acuerdos que se realizaron entre funcionarios de la paraestatal y la Canacar antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación.
“Mouriño se encuentra confeso de los delitos que ha cometido, pues en entrevista televisiva aceptó que firmó contratos de su empresa familiar Ivancar con Pemex cuando era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y luego cuando fungió como director general de la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, por lo cual debe ser juzgado y procesado”, concluyó Alavez Ruiz.
Kikka Roja
Acosta Naranjo: la consulta energética anunciada por AMLO es de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
no es chucha-perredista
NO, Nel, perredista, ni madres!,
Sólo se quieren colgar de la valentía honesta de AMLO
la consulta es de una izquierda honesta, no de los chuchos traidores
y Es de la gente de a pie que no tiene partido
El líder interino del PRD no descarta acercamiento con el tabasqueño para la organización de dicho ejercicio.
Notimex / La Jornada On Line Publicado: 06/06/2008 15:36
Kikka Roja
"Es perredista, la consulta energética anunciada por AMLO: Acosta Naranjo"
Sólo se quieren colgar de la valentía honesta de AMLO
la consulta es de una izquierda honesta, no de los chuchos traidores
y Es de la gente de a pie que no tiene partido
- Que se oiga la voz del pueblo, Calderon FECAL usurpador tiene miedo, porque se robó la presidencia y ha repartido dinero para que lo legitimen, los chuchos el PRD no tienen vergüenza.
El líder interino del PRD no descarta acercamiento con el tabasqueño para la organización de dicho ejercicio.
Notimex / La Jornada On Line Publicado: 06/06/2008 15:36
México, DF. El dirigente nacional sustituto del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Acosta Naranjo, señaló que la defensa del petróleo no es propiedad de nadie, ni siquiera del sol azteca, y precisó que la consulta energética anunciada por Andrés Manuel López Obrador es la misma que convocó el partido.Entrevistado en la sede nacional perredista, se refirió al anuncio de que el 29 de junio López Obrador dará a conocer la forma de participación de la Convención Nacional Democrática en dicho ejercicio. “Qué bueno, entre más gente participe mejor, bienvenida sea la participación de todos. Es un esfuerzo común, creemos en lo mismo y no será una consulta distinta a la que hemos acordado el 27 de julio próximo”, destacó el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Acosta Naranjo no descartó la posibilidad de que en algún momento de la organización de la consulta por primera vez se sentará con el político tabasqueño, pues “sin duda es un compañero de partido y en algún momento nos habremos de encontrar”. En ese sentido, confió en que participen los aliados del PRD es decir, los partidos del Trabajo y Convergencia, y convencer a otras fuerzas políticas como el Socialdemócrata. Por otra parte, el secretario de Finanzas perredista, Rigoberto Avila Ordoñez, informó que solicitarán apoyo económico de la militancia para llevar a cabo la consulta, cuyo costo aún se desconoce, por lo que el aspecto financiero no impedirá que se concrete.
Acosta Naranjo no descartó la posibilidad de que en algún momento de la organización de la consulta por primera vez se sentará con el político tabasqueño, pues “sin duda es un compañero de partido y en algún momento nos habremos de encontrar”. En ese sentido, confió en que participen los aliados del PRD es decir, los partidos del Trabajo y Convergencia, y convencer a otras fuerzas políticas como el Socialdemócrata. Por otra parte, el secretario de Finanzas perredista, Rigoberto Avila Ordoñez, informó que solicitarán apoyo económico de la militancia para llevar a cabo la consulta, cuyo costo aún se desconoce, por lo que el aspecto financiero no impedirá que se concrete.
y vean lo que la gente piensa haz clikCHUCHOS DE MIERDA, LOS SIGUIENTES TRAIDORES: JESUS ORTEGA, RUTH ZAVALETA, CIRIGO, ACOSTA NARANJO, GONZALEZ GARZA, CARLOS NAVARRETE Y TODA LA CORRIENTE DE N.I. "NUEVA IZQUIERDA calderonista"
Kikka Roja
SHCP no puede investigar: hoyo negro el paradero de los excedentes petroleros
- Piden a la ASF investigar los excedentes petroleros
Víctor Chávez
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acordó solicitar al auditor superior, Arturo González de Aragón, que investigue el paradero de los excedentes petroleros, en respuesta a las declaraciones de la Secretaría de Hacienda.
El subsecretario de Egresos de Hacienda, Dionisio Pérez-Jácome, informó -ante las exigencias de los legisladores- que la dependencia "no tiene facultades" para vigilar esos recurso extra, y que es una tarea que corresponde a la ASF. Por ello, se instruyó al presidente de esa comisión legislativa, Antonio Ortega Martínez, a que enviara de inmediato la solicitud correspondiente. El priista Víctor Valencia de los Santos, el perredista Pablo Trejo Pérez y el petista Ezequiel Reynoso Esparza, secretarios de la Comisión de Vigilancia de la ASF, indicaron que se ordenó enviar un oficio a la oficina de Arturo González de Aragón para que inicie una revisión del destino del dinero y entregue un informe al Congreso de la Unión. Valencia de los Santos dijo que es necesario que se transparente el manejo de esos recursos, toda vez que -añadió- "pertenecen a la nación y se deben destinar al desarrollo".
Por su parte, Trejo Pérez aseveró que los excedentes petroleros se han convertido en un "hoyo negro", con el fin de que el gobierno federal utilice los recursos de manera "discrecional y con opacidad". A su vez, el legislador del PT, Ezequiel Reynoso, coincidió en que hay duda en el informe de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que "los excedentes se utilizaron para financiar las importaciones de gasolina que no produce el país". En tanto, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, denunció que tiene informes de que la Secretaría de Hacienda oculta los excedentes petroleros porque prepara un cochinito para "estimular" con 2.5 millones de dólares a cada uno de los legisladores que apoyen con su voto las iniciativas del gobierno federal en materia energética. Anotó que esta cantidad sería mucho mayor, conforme ascienda la jerarquía parlamentaria. "Si consideramos que este incentivo se extiende a todos los legisladores, estaríamos hablando de un fondo superior a mil millones de dólares".
El subsecretario de Egresos de Hacienda, Dionisio Pérez-Jácome, informó -ante las exigencias de los legisladores- que la dependencia "no tiene facultades" para vigilar esos recurso extra, y que es una tarea que corresponde a la ASF. Por ello, se instruyó al presidente de esa comisión legislativa, Antonio Ortega Martínez, a que enviara de inmediato la solicitud correspondiente. El priista Víctor Valencia de los Santos, el perredista Pablo Trejo Pérez y el petista Ezequiel Reynoso Esparza, secretarios de la Comisión de Vigilancia de la ASF, indicaron que se ordenó enviar un oficio a la oficina de Arturo González de Aragón para que inicie una revisión del destino del dinero y entregue un informe al Congreso de la Unión. Valencia de los Santos dijo que es necesario que se transparente el manejo de esos recursos, toda vez que -añadió- "pertenecen a la nación y se deben destinar al desarrollo".
Por su parte, Trejo Pérez aseveró que los excedentes petroleros se han convertido en un "hoyo negro", con el fin de que el gobierno federal utilice los recursos de manera "discrecional y con opacidad". A su vez, el legislador del PT, Ezequiel Reynoso, coincidió en que hay duda en el informe de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que "los excedentes se utilizaron para financiar las importaciones de gasolina que no produce el país". En tanto, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, denunció que tiene informes de que la Secretaría de Hacienda oculta los excedentes petroleros porque prepara un cochinito para "estimular" con 2.5 millones de dólares a cada uno de los legisladores que apoyen con su voto las iniciativas del gobierno federal en materia energética. Anotó que esta cantidad sería mucho mayor, conforme ascienda la jerarquía parlamentaria. "Si consideramos que este incentivo se extiende a todos los legisladores, estaríamos hablando de un fondo superior a mil millones de dólares".
LE ECHAN LA BOLITA A LA ASF
Jueves, 5 de junio de 2008
Dionisio Pérez-Jácome, Marcela Ojeda Castilla
Dionisio Pérez-Jácome asegura que la SHCP no puede vigilar los excedentes petroleros porque se trata de recursos adicionales a los establecidos en la Ley de Ingresos.
Hacienda, sin atribuciones para vigilar excedentes petroleros
* Compete a la Auditoría Superior de la Federación: Pérez-Jácome.
Sin embargo, constitucionalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya tiene atribuciones para fiscalizar el gasto federalizado, explicó el subsecretario de Egresos, Dionisio Pérez-Jácome Friscione. En entrevista con EL FINANCIERO, agregó que el manejo de los excedentes se ha aplicado puntualmente conforme lo marca la ley.
"No coincido con que haya habido opacidad, se aplica directamente lo que dice la ley."
Consultado respecto a que si con el Presupuesto basado en Resultados, que empezará a operar en 2009, habrá mayor transparencia de los excedentes petroleros, precisó que el PbR traerá aparejada una mayor obligación de dar a conocer los resultados de las evaluaciones de los diferentes programas. "Hay mayor transparencia e información hacia la población que contribuirá a que la gente tenga mayor certeza de que se está haciendo un buen uso de los recursos públicos, mediante el ejercicio del gasto. "El PbR se aplica a programas presupuestarios aprobados en el Congreso, mientras que los excedentes son ingresos por arriba de lo que establece la Ley de Ingresos... Sobre la evaluación del gasto federalizado, ahora la ASF tiene la facultad de auditarlo, y así lo empezaremos a ver casi ya a partir de este año", agregó. Del programa de austeridad anunciado por Calderón al inicio de su gobierno y el ajuste adicional como parte del Programa de Apoyo a la Economía Familiar, el funcionario aseguró que para el cierre del año los gastos administrativos y de operación habrán disminuido 5 por ciento respecto a 2007.
"La obligación es reducir en 20 por ciento los gastos administrativos y de operación de las dependencias de aquí al final del sexenio. "Esto lleva por lo menos a 5 por ciento anual. Vamos bien y ahora estamos reforzando las medidas y vamos a cumplir definitivamente 5 por ciento este año", dijo. Anticipó que para este segundo semestre quedarán plasmados los compromisos concretos de ahorro y reducción en esos gastos.
Calidad del gasto
Dionisio Pérez-Jácome destacó que el 9 y 10 de junio, junto con la OCDE, el BID, el CIDE y el Banco Mundial, Hacienda realizará la Conferencia Internacional sobre el PbR, que desde mediados de 2009 se aplicará por primera vez en México a escala federal, estatal y municipal, para mejorar la calidad del gasto público. Precisó que a la fecha se han depurado indicadores de desempeño de cerca de 200 programas presupuestarios que están en línea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pasando de mil indicadores en 2007 a cerca de 280.
"Pero hay que seguir avanzando y trabajar muy de cerca con gobiernos estatales y municipales.
"Se deben seguir depurando los indicadores para definirlos mejor, que guarden consistencia con el PND, con los programas sectoriales y que midan mejor el resultado que queremos alcanzar", apuntó. Aunque es difícil cuantificar la contribución que sobre el crecimiento de la economía tendrá la aplicación del PbR, dijo, definitivamente sí incidirá mediante el mejor uso del presupuesto. "Permitirá que el presupuesto rinda más, podremos aumentar los apoyos focalizados hacia más gente y detonar más proyectos que a la larga traerán aparejado crecimiento económico. "La prioridad es conseguir el mayor beneficio para la sociedad por cada peso que el Estado recauda vía impuestos."
"No coincido con que haya habido opacidad, se aplica directamente lo que dice la ley."
Consultado respecto a que si con el Presupuesto basado en Resultados, que empezará a operar en 2009, habrá mayor transparencia de los excedentes petroleros, precisó que el PbR traerá aparejada una mayor obligación de dar a conocer los resultados de las evaluaciones de los diferentes programas. "Hay mayor transparencia e información hacia la población que contribuirá a que la gente tenga mayor certeza de que se está haciendo un buen uso de los recursos públicos, mediante el ejercicio del gasto. "El PbR se aplica a programas presupuestarios aprobados en el Congreso, mientras que los excedentes son ingresos por arriba de lo que establece la Ley de Ingresos... Sobre la evaluación del gasto federalizado, ahora la ASF tiene la facultad de auditarlo, y así lo empezaremos a ver casi ya a partir de este año", agregó. Del programa de austeridad anunciado por Calderón al inicio de su gobierno y el ajuste adicional como parte del Programa de Apoyo a la Economía Familiar, el funcionario aseguró que para el cierre del año los gastos administrativos y de operación habrán disminuido 5 por ciento respecto a 2007.
"La obligación es reducir en 20 por ciento los gastos administrativos y de operación de las dependencias de aquí al final del sexenio. "Esto lleva por lo menos a 5 por ciento anual. Vamos bien y ahora estamos reforzando las medidas y vamos a cumplir definitivamente 5 por ciento este año", dijo. Anticipó que para este segundo semestre quedarán plasmados los compromisos concretos de ahorro y reducción en esos gastos.
Calidad del gasto
Dionisio Pérez-Jácome destacó que el 9 y 10 de junio, junto con la OCDE, el BID, el CIDE y el Banco Mundial, Hacienda realizará la Conferencia Internacional sobre el PbR, que desde mediados de 2009 se aplicará por primera vez en México a escala federal, estatal y municipal, para mejorar la calidad del gasto público. Precisó que a la fecha se han depurado indicadores de desempeño de cerca de 200 programas presupuestarios que están en línea con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pasando de mil indicadores en 2007 a cerca de 280.
"Pero hay que seguir avanzando y trabajar muy de cerca con gobiernos estatales y municipales.
"Se deben seguir depurando los indicadores para definirlos mejor, que guarden consistencia con el PND, con los programas sectoriales y que midan mejor el resultado que queremos alcanzar", apuntó. Aunque es difícil cuantificar la contribución que sobre el crecimiento de la economía tendrá la aplicación del PbR, dijo, definitivamente sí incidirá mediante el mejor uso del presupuesto. "Permitirá que el presupuesto rinda más, podremos aumentar los apoyos focalizados hacia más gente y detonar más proyectos que a la larga traerán aparejado crecimiento económico. "La prioridad es conseguir el mayor beneficio para la sociedad por cada peso que el Estado recauda vía impuestos."
Kikka Roja
Pablo Gómez: engaños mentiras ridiculas EFECTO POPO TE
Qué feo huele… el petróleo / IX
pgomez@milenio.com
http://www2.milenio.com/node/28850
Kikka Roja
Se ha producido un debate singular en el Senado. Ya sabemos —ya lo sabíamos— que el riesgo del efecto popote es un espantajo creado por la administración de Calderón.
¿Qué cosa es eso del popote? Se presume que existen yacimientos de petróleo que se extienden debajo del mar mexicano y del mar estadunidense.
Supongamos que tales yacimientos existen. ¿El crudo será del primero que llegue? Eso no parece razonable, pero Calderón nos quiere vender tal idea con el propósito de que el Congreso apruebe su proyecto de hacer contratos con compañías transnacionales para adelantarnos a Estados Unidos e “impedir” que ese país nos robe.
El pozo más cercano “Hammerhead” está siendo operado por la compañía Shell y no sabemos si el yacimiento es transfronterizo. Calderón nos está planteando que contratemos a la Shell para evitar que Estados Unidos nos robe el petróleo. Tendríamos, así, a la Shell sacando el crudo del mismo yacimiento por los dos lados de la línea internacional.
En el debate quedó muy claro que el problema de los yacimientos transfronterizos no se resuelve con una competencia de quién llega primero, sino con un nuevo tratado entre México y Estados Unidos, el cual debió empezarse a discutir con el vecino país hace un tiempo, pues la moratoria pactada en el año 2000 va a vencer dentro de dos años. El gobierno mexicano (Fox y Calderón) no ha movido un dedo para tratar de llegar a un acuerdo civilizado al respecto.
Así, el efecto popote es del ámbito de las relaciones internacionales y nada tiene que ver con las reformas propuestas por Calderón sobre la industria petrolera.
Lo que se busca, por parte del gobierno, es contratar a compañías transnacionales para explorar y explotar pozos en aguas profundas y semiprofundas del Golfo de México. El problema es que tales compañías no van a trabajar por el simple pago de sus servicios, sino que quieren más. ¿Cuánto es ese más? Depende de la productividad de los yacimientos descubiertos. Por esto, el proyecto de Calderón habla de pagar una cantidad “determinable”, es decir, que no sería precisada en el contrato con el perforador sino hasta después de que se conozca la magnitud del yacimiento.
Calderón quiere compartir una parte de la renta petrolera con los perforadores que ya poseen la tecnología para trabajar en tirantes de agua hasta de 2 mil 500 metros. La urgencia tiene que ver con la necesidad de seguir vendiendo crudo al exterior, sin importar que, al hacerlo, renunciamos a procesarlo dentro del país, es decir, producir petroquímicos y refinados con nuestro propio petróleo.
Calderón no está preocupado por llegar a un acuerdo respetuoso y razonable con Estados Unidos, sino por producir la mayor cantidad de crudo posible para cubrir el déficit gubernamental aunque tenga que compartir con las transnacionales.
No se trata de impedir que México vaya hacia el Golfo a buscar el petróleo. De lo que se trata es de evitar que se entregue a las transnacionales lo que es nuestro y de logar que se explore y explote en aguas profundas según un plan nacional petrolero que sirva para el desarrollo nacional. Ah, pero este leguaje no lo habla el señor Calderón, cuyo lema es: toda empresa pública es perniciosa e irreformable. ¿Es eso verdad?
¿Qué cosa es eso del popote? Se presume que existen yacimientos de petróleo que se extienden debajo del mar mexicano y del mar estadunidense.
Supongamos que tales yacimientos existen. ¿El crudo será del primero que llegue? Eso no parece razonable, pero Calderón nos quiere vender tal idea con el propósito de que el Congreso apruebe su proyecto de hacer contratos con compañías transnacionales para adelantarnos a Estados Unidos e “impedir” que ese país nos robe.
El pozo más cercano “Hammerhead” está siendo operado por la compañía Shell y no sabemos si el yacimiento es transfronterizo. Calderón nos está planteando que contratemos a la Shell para evitar que Estados Unidos nos robe el petróleo. Tendríamos, así, a la Shell sacando el crudo del mismo yacimiento por los dos lados de la línea internacional.
En el debate quedó muy claro que el problema de los yacimientos transfronterizos no se resuelve con una competencia de quién llega primero, sino con un nuevo tratado entre México y Estados Unidos, el cual debió empezarse a discutir con el vecino país hace un tiempo, pues la moratoria pactada en el año 2000 va a vencer dentro de dos años. El gobierno mexicano (Fox y Calderón) no ha movido un dedo para tratar de llegar a un acuerdo civilizado al respecto.
Así, el efecto popote es del ámbito de las relaciones internacionales y nada tiene que ver con las reformas propuestas por Calderón sobre la industria petrolera.
Lo que se busca, por parte del gobierno, es contratar a compañías transnacionales para explorar y explotar pozos en aguas profundas y semiprofundas del Golfo de México. El problema es que tales compañías no van a trabajar por el simple pago de sus servicios, sino que quieren más. ¿Cuánto es ese más? Depende de la productividad de los yacimientos descubiertos. Por esto, el proyecto de Calderón habla de pagar una cantidad “determinable”, es decir, que no sería precisada en el contrato con el perforador sino hasta después de que se conozca la magnitud del yacimiento.
Calderón quiere compartir una parte de la renta petrolera con los perforadores que ya poseen la tecnología para trabajar en tirantes de agua hasta de 2 mil 500 metros. La urgencia tiene que ver con la necesidad de seguir vendiendo crudo al exterior, sin importar que, al hacerlo, renunciamos a procesarlo dentro del país, es decir, producir petroquímicos y refinados con nuestro propio petróleo.
Calderón no está preocupado por llegar a un acuerdo respetuoso y razonable con Estados Unidos, sino por producir la mayor cantidad de crudo posible para cubrir el déficit gubernamental aunque tenga que compartir con las transnacionales.
No se trata de impedir que México vaya hacia el Golfo a buscar el petróleo. De lo que se trata es de evitar que se entregue a las transnacionales lo que es nuestro y de logar que se explore y explote en aguas profundas según un plan nacional petrolero que sirva para el desarrollo nacional. Ah, pero este leguaje no lo habla el señor Calderón, cuyo lema es: toda empresa pública es perniciosa e irreformable. ¿Es eso verdad?
pgomez@milenio.com
http://www2.milenio.com/node/28850
Kikka Roja
Marcela Gomez Zalce : Calderón = López Portillo = desastre: La voracidad de Carstens
A PUERATA CERRADA Calderón = López Portillo = desastre • ¡¿Y la autonomía, apá?! • La voracidad de Carstens La desesperación, mi estimado, duplica las energías. Aunque a veces sea para escupir idioteces, como ha sucedido en este espectacular cierre de semana donde la incontinencia verbal oficial sigue rompiendo el récord de la casa de la risa loca. Porque entre que sale polvito de la casa por la limpia y la pretensión de manipular la política económica, my friend, Felipe Calderón logró que diversos protagonistas se fueran a la lámpara sideral, y no pocos consideren alarmante el original desarrollo de un virus presidencial como el verdadero peligro para México. Así que corra por su drink porque ahí le va. ¿Listo? Jesús Reyes Heroles se aventó el tiro de decirle a los mexicanos que básicamente somos una bola de ignorantes, iletrados, disfuncionales y pendejos que no entendemos la “complejidad” del chisguete energético como para someterlo a una consulta popular. El argumento esgrimido por este altanero funcionario no sólo insulta por lo aldeano del planteamiento sino que arroja más gasolina al de por sí volátil ambientito. Eso sin mencionar la cascada de lugares comunes con los que Kessel ha defendido la tristemente célebre iniciativa presidencial… que después del tubazo priista, ya hizo agua. Así que el gobierno puede tranquilamente enterrar su ridícula campaña espotera en el fondo del mar. Y como si los frentes abiertos no bastaran para debilitar aún más la credibilidad de Felipe, por qué rayos no enviar más señales de que he´s literally up the creek and without a paddle gracias a su achispado Gymboree y a su elfo económico llamado Agustín Carstens. Que además de estar en pleno faje de arreglones con Manlio Fabio Beltrones, ya está mareado sobre el ladrillo financiero maquinando cómo va a controlar la sucesión en el Banco de México ahora que Guillermo Ortiz termine su periodo. Pero mientras tanto, amable lector, este secretario con neuronas limitadas y mucha iniciativa (mala combinación), aconseja irresponsablemente a Calderón de meter mano en las decisiones económicas que, va de más decirle, vulnera la autonomía del banco central. Aunque ese peligroso deporte de andar vulnerando, infringiendo y transgrediendo es sello inconfundible de la casa presidencial. La ingenua pregunta del pasmado respetable es ¿de qué le sirvieron los estudios en economía a Felipe Calderón en Harvard y en el ITAM…? Porque aunque no lo parezca, eso de escupir que se deben bajar las tasas de interés para ser competitivos comparándonos con otros mercados es no tener el elemental entendimiento de las razones por las cuales bajan o suben las tasas de interés. Y eso lo entendieron los decision makers a quienes se les desorbitaron los ojos y les dio taquicardia al constatar la pesadilla populista en que se ha convertido el michoacano y donde el verdadero peligro para México está en... ¡Los Pinos! Lo que desencadena la siguiente preguntilla: ¿a quién escucha Calderón en los temas económicos…? Porque con eso de que la opinión de Guillermo Ortiz no figura en las juntas del gabinete económico por frívolas diferencias con el elfo Carstens, como que la piedra presidencial ya no gira. O si gira, lo hace pero… sobre su mismo eje. O sea, vale madres. Y no hay peor señal en la frontera de los 18 meses, mi estimadísimo, que la de sugerir con esa temeridad autoritaria, la posible manipulación de la política económica, yes? La celeridad de las simpáticas reacciones por el traspié discursivo debería ser una señal de alarma y los zapes, de continuar con ese lenguaje priista del enloquecido lopezportillismo, le van a tirar la dentadura y la risa a Felipe y a Agustín por querer pasarse de lanzas. Y eso que falta la sucesión en Banxico donde el titular de Hacienda quiere, con su típica voracidad, colocar todas las fichas y quizá sentirse a sus anchas (literalmente) para permitir las manos de su jefe en decisiones económicas... de las cuales con lo sostenido, evidenció que el agua no llega a su tinaco financiero balconeando, además, la irrebatible ausencia en Los Pinos de asesores y expertos en la estupenda materia. Y en este terreno son peligrosos los resbalones de populismo ramplón que, sumada a la oleada de subsidios, han logrado que los analistas financieros, sus otrora aliados naturales y los verdaderos intereses que lo entronizaron estén al borde de un ataque de nervios... Y esa incertidumbre, my friend, es un peligro más... para la estabilidad de Calderón. ¡Adiós! gomezalce@aol.com |
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MEXICO SA: Gil Díaz, bajo investigación: "se le hizo facil recomendar"
México SA Carlos Fernández-Vega cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx
A escasos meses de concluir el sexenio foxista, al modesto secretario de Hacienda del “cambio”, Francisco Gil Díaz, se le ocurrió la brillante idea de “recomendar” a quien lo sustituyera al frente de esa dependencia que, “en primer lugar, se hincara, que se pusiera de rodillas y le pidiera a mis colaboradores que siguieran aquí”, en la referida institución. Por aquellos tiempos comentamos en este espacio que si la vida fuera justa, tendrían que ser Gil Díaz y sus monaguillos quienes se hincaran y pidieran perdón a los millones de mexicanos víctimas de su libro sagrado y sus prácticas dogmáticas. Algunos de sus pupilos se quedaron y otros más llegaron a la Secretaría de Hacienda de la “continuidad”, mientras Gil Díaz aceptaba el hueso lanzado por la trasnacional financiera británica HSBC, que apenas probó, para poco después agarrar el arrojado por otra trasnacional, en este caso española, dedicada a la telefonía y que en México opera con la marca Movistar. En ambos huesos claramente se leía “por los favores recibidos”, que fueron muchos y muy generosos para la famiglia financiera (nacional y extranjera, protegida por el gerente de Los Pinos en turno), entre ellos, de manera destacada, los fiscales. A Gil Díaz el “reconocimiento” de la trasnacional HSBC se le apestó por el escándalo generado, no así el otorgado por la española Telefónica (Movistar en México), que se tradujo en la dirección general. Como titular de Hacienda del foxismo, más que obvios fueron los favores concedidos por Gil Díaz a los grupos financieros y empresariales “amigos del cambio”, pero debieron transcurrir 18 meses de la “nueva” administración gubernamental para que alguien se diera cuenta y denunciara algunas de las atrocidades cometidas por este personaje, en detrimento de la nación. Sin embargo, si la denuncia es seria y se le da seguimiento (es mucho pedir en el país de la impunidad) quien tal vez se vea en la penosa necesidad de arrodillarse sea el propio Paco. Resulta que la Comisión Permanente demandó a la de Vigilancia de la Cámara de Diputados “que instruya a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una exhaustiva investigación sobre el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ya que existe la presunción de que ‘como funcionario benefició a la compañía española Telefónica y a su filial mexicana, Telefónica Móviles de México, a la que le estableció un régimen fiscal de excepción, con tasa cero en el cobro del IVA en los servicios de larga distancia internacional, en detrimento del erario mexicano’. De igual forma, la Permanente solicitó a la Secretaría de la Función Pública abrir una investigación sobre ‘la actuación de Gil Díaz en los últimos meses como titular de Hacienda’…” (La Jornada, Víctor Ballinas y Andrea Becerril). Mientras los legisladores y la sempiternamente lenta SFP actúan en consecuencia, si es que lo hacen, vale la pena comparar los impuestos cubiertos por Telefónica en su tierra y en México. No es para sorprender, pero en su Informe anual 2007 la trasnacional detalla que ese año la tasa fiscal por ella cubierta en España fue de 12.66 por ciento (ingresos totales/ impuestos), la cual si bien es reducida nada tiene que ver con la que (supuestamente) pagó en México: apenas 7 por ciento (“contribución al progreso”, le llama), casi la mitad de lo que la misma empresa saldó en su país de origen. Nada mal para un consorcio que obtiene 63 por ciento de sus ingresos fuera de sus fronteras. Las rebanadas del pastel De la lectoría y el “idioma” de funcionarios como Jesús Reyes Heroles G.G.: “en este país, donde la simulación es el deporte que más practican los hombres en el poder, las trampas en el lenguaje son un requisito indispensable para mantener atada a la población; más ahora, que se pretende una de las más injustas decisiones en contra del pueblo mexicano. Es deplorable el grado de cinismo que estos personajes, nefastos en su mayoría, presumen. Recurren a la decencia que ellos no practican. Respaldan el actuar jurídico, cuando son los primeros en violar cualquier cosa que nos regule. Son autores en descalificar y los primeros quejosos cuando son ellos los recetados con la opinión ganada a pulso. Y, como en este caso, sacan por delante los diplomas como si hubiesen demostrado los últimos 30 años que sirvieran. Siempre, los asesores en propaganda, tienen la palabra idónea, la frase certera, el embuste conveniente. ¿Por qué debería ser de distinta manera? Ahora resulta que al que le duele el pie, por no saber de ortopedia, no puede opinar. A partir de hoy, usted no le puede sugerir el color a un pintor, ni la mínima cosa, porque él es el experto. ¿Acaso usted tiene que saber de mecánica, para no darse cuenta que le está viendo la cara, el pillo que le miente? ¿Tenemos que leer a Emmanuel Kant para saber que un policía no actúa éticamente? ¿Debemos quedarnos callados para demostrar que seguimos siendo ‘buenos mexicanos’? ¿Las experiencias depredadoras de los últimos 40 años deben quedar en el limbo de la crítica social? ¿La única sentencia debe ser encontrarle un defecto al ladrón e inventar un chiste? Eso quisieran estas personas pagadas de su estulticia. El dejar que nos claven el machete sin movernos es el escenario que sueñan estos tipos. El permitir que nos hundan por bastardas intenciones es la tónica a la cual están acostumbrados. Hoy llegó la hora de pararse del sillón. Dejar el control remoto y asustar al ladrón que a la sala se ha metido. Seremos ignorantes en el tema petrolero, pero somos doctorados en los fraudes que sufrimos. No tienen buenas intenciones, nos dice, a gritos, la experiencia. A esta sarta de ladrones, ningún beneficio más; ni siquiera, el de la duda. Por eso debemos reflexionar con nuestros cercanos; expresar nuestras dudas y opiniones, basadas en lo que nos han heredado estos ilustrados venidos de otros mundos. Hacer el juego, creyendo las trampas del idioma, es querer ser venado en un departamento. Es no vivir la realidad, que nos han endilgado ¡esta bola de tramposos!” (Francisco A. Servín de Alba, fsda@att.net.mx)... Saludos a los compas del círculo de estudios del Instituto Cultural José Martí. http://www.jornada.unam.mx/ |
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Luis Javier Garrido: Diez razones para la consulta
Diez razones para la consulta
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La propuesta de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo de someter a una Consulta Popular la iniciativa de Felipe Calderón para privatizar la industria petrolera nacional procede, a pesar de lo que dicen los funcionarios del gobierno de facto, al menos por 10 razones.
1. La Consulta Popular en materia energética es absolutamente constitucional y legal porque la Constitución mexicana prevé ya, desde 1983, este mecanismo en el tercer párrafo del artículo 26, en el marco del “sistema nacional de planeación democrática”, además de que al menos en 22 Constituciones locales del país existen mecanismos de democracia semidirecta, como la consulta pública, el plebiscito y el referendo.
2. La consulta procede porque es el mecanismo democrático por excelencia en la toma de decisiones en la mayor parte de los países euro-occidentales en este siglo XXI, ya que está progresivamente compensando los vicios y limitaciones del sistema representativo, con otros mecanismos de democracia semi-directa. México está atrasado en materia democrática y la consulta sentaría, por lo mismo, un precedente positivo para el país.
3. La decisión de consultar al pueblo es correcta porque la mayor parte de los mexicanos la quiere, como demuestran las encuestas, incluso aquellas hechas por despachos vinculados al gobierno. El 78 por ciento de los ciudadanos la aprueba, según una encuesta de Gea-Isa del 28 de mayo
4. El mecanismo de la consulta tiene una legitimidad histórica y hondas raíces en la tradición mexicana, pues, a pesar de lo que muchos suponen, sí se ha utilizado en el pasado en momentos significativos. Los ejemplos que se podrían dar son muchos, pero baste uno: con motivo de las elecciones de 1867, el presidente Benito Juárez sometió en una Consulta Popular a los electores su propuesta de aprobar diversas modificaciones constitucionales, entre ellas la del restablecimiento del Senado, solicitándoles se pronunciaran en el anverso de la boleta electoral.
5. La consulta no sólo es legal, legítima y viable, sino que es, por otro lado, imprescindible por una razón obvia que sustenta en el mundo entero el recurso a las consultas, plebiscitos y referendos: porque en las elecciones de 2006, ninguno de los partidos y candidatos que ahora auspician la privatización propusieron durante la campaña desincorporar al petróleo de la soberanía y del patrimonio nacionales, como ahora lo hacen, y no lo hicieron porque esta medida no aparecía en sus plataformas electorales y en consecuencia ni los legisladores federales ni la 50 Legislatura del Congreso están mandatados por el pueblo para tomar esta medida, mucho más cuando la misma trastoca el orden constitucional y atenta contra la soberanía energética de la nación, por lo que la única salida a esta situación es, como se hace en regímenes de otros países, recurrir de nuevo por la vía democrática al pueblo para que se pronuncie.
6. El carácter imprescindible de la Consulta Popular se fortalece porque a juicio de amplios sectores hay dudas razonables y fundadas sobre la representatividad de un Congreso surgido de las elecciones fraudulentas de 2006 –en el que el PAN y otros partidos están sobrerrepresentados– y, por lo mismo, sobre la “legitimidad” de una decisión tomada en un asunto de importancia estratégica para el país y clave para los intereses de las multinacionales. Las que no son dudas, sino certezas de lo que sería una decisión así se fortalecen por las informaciones en el sentido de que tanto las grandes corporaciones como el gobierno de facto están recurriendo a prácticas de corrupción y de amedrentamiento para someter a los legisladores.
7. La consulta procede además con carácter imprescindible por el papel crítico que está desempeñando Felipe Calderón, quien luego de haber llegado por la vía fraudulenta al cargo protestó cumplir la Constitución y ahora pretende violarla, exigiendo se apruebe una legislación anticonstitucional. Calderón impulsa una desbocada campaña de desinformación, se niega a transparentar la información y miente constantemente incurriendo en contradicciones que suscitan lo mismo indignación que hilaridad. Argumenta con desprecio a la inteligencia de los mexicanos que sus iniciativas no son “privatizadoras”, pero luego en un arrebato de carácter racista se lamenta de la oposición a sus propuestas y dice que “hasta los chinos” están privatizándolo todo (4 de junio).
8. En el grave contexto actual, la consulta está de sobra justificada además de todo por las evidencias existentes de que un alto número de funcionarios públicos están asociados a los intereses de las corporaciones trasnacionales y actúan como parte interesada en la privatización en un escenario de corrupción generalizada –en el cual son parte fundamental Felipe Calderón, varios de sus familiares y su secretario de facto de Gobernación, el español Juan Camilo Mouriño–, y el hecho de que hasta ahora esta situación ha rebasado en mucho al Congreso, que ha mostrado su impotencia, por lo que se hace urgente recurrir a la Consulta Popular.
9. La Consulta Popular debe llevarse a cabo, en suma, porque de aprobarse estos cambios legales sin consenso –y una decisión del Congreso es insuficiente, como han subrayado la mayor parte de los constitucionalistas– se generaría en México un escenario de absoluta inseguridad jurídica, pues las corporaciones extranjeras invertirían en un contexto de ilegalidad y de violación al marco constitucional, lo que le daría al pueblo mexicano y a los futuros gobiernos el legítimo derecho para actuar contra ellas.
10. “La soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo”, establece el artículo 39 constitucional, y frente a este precepto no hay consideración que valga. Los funcionarios privatizadores del gobierno de facto están repitiendo ya en plena desesperación y de manera mecánica para oponerse a la Consulta Popular que el pueblo es ignorante, que el mecanismo “carece de sustento legal”, que es dilatorio, que sería costoso, que “descarrila” las intenciones de Calderón. Es decir, que carecen de argumentos jurídicos, políticos, éticos e históricos para oponerse a la misma. La consulta procede en última instancia, o acaso en primera, porque no hay, además de todo, argumentos en contra. Y no los hay porque no puede haberlos en contra de la voluntad soberana de los mexicanos.
http://www.jornada.unam.mx2. La consulta procede porque es el mecanismo democrático por excelencia en la toma de decisiones en la mayor parte de los países euro-occidentales en este siglo XXI, ya que está progresivamente compensando los vicios y limitaciones del sistema representativo, con otros mecanismos de democracia semi-directa. México está atrasado en materia democrática y la consulta sentaría, por lo mismo, un precedente positivo para el país.
3. La decisión de consultar al pueblo es correcta porque la mayor parte de los mexicanos la quiere, como demuestran las encuestas, incluso aquellas hechas por despachos vinculados al gobierno. El 78 por ciento de los ciudadanos la aprueba, según una encuesta de Gea-Isa del 28 de mayo
4. El mecanismo de la consulta tiene una legitimidad histórica y hondas raíces en la tradición mexicana, pues, a pesar de lo que muchos suponen, sí se ha utilizado en el pasado en momentos significativos. Los ejemplos que se podrían dar son muchos, pero baste uno: con motivo de las elecciones de 1867, el presidente Benito Juárez sometió en una Consulta Popular a los electores su propuesta de aprobar diversas modificaciones constitucionales, entre ellas la del restablecimiento del Senado, solicitándoles se pronunciaran en el anverso de la boleta electoral.
5. La consulta no sólo es legal, legítima y viable, sino que es, por otro lado, imprescindible por una razón obvia que sustenta en el mundo entero el recurso a las consultas, plebiscitos y referendos: porque en las elecciones de 2006, ninguno de los partidos y candidatos que ahora auspician la privatización propusieron durante la campaña desincorporar al petróleo de la soberanía y del patrimonio nacionales, como ahora lo hacen, y no lo hicieron porque esta medida no aparecía en sus plataformas electorales y en consecuencia ni los legisladores federales ni la 50 Legislatura del Congreso están mandatados por el pueblo para tomar esta medida, mucho más cuando la misma trastoca el orden constitucional y atenta contra la soberanía energética de la nación, por lo que la única salida a esta situación es, como se hace en regímenes de otros países, recurrir de nuevo por la vía democrática al pueblo para que se pronuncie.
6. El carácter imprescindible de la Consulta Popular se fortalece porque a juicio de amplios sectores hay dudas razonables y fundadas sobre la representatividad de un Congreso surgido de las elecciones fraudulentas de 2006 –en el que el PAN y otros partidos están sobrerrepresentados– y, por lo mismo, sobre la “legitimidad” de una decisión tomada en un asunto de importancia estratégica para el país y clave para los intereses de las multinacionales. Las que no son dudas, sino certezas de lo que sería una decisión así se fortalecen por las informaciones en el sentido de que tanto las grandes corporaciones como el gobierno de facto están recurriendo a prácticas de corrupción y de amedrentamiento para someter a los legisladores.
7. La consulta procede además con carácter imprescindible por el papel crítico que está desempeñando Felipe Calderón, quien luego de haber llegado por la vía fraudulenta al cargo protestó cumplir la Constitución y ahora pretende violarla, exigiendo se apruebe una legislación anticonstitucional. Calderón impulsa una desbocada campaña de desinformación, se niega a transparentar la información y miente constantemente incurriendo en contradicciones que suscitan lo mismo indignación que hilaridad. Argumenta con desprecio a la inteligencia de los mexicanos que sus iniciativas no son “privatizadoras”, pero luego en un arrebato de carácter racista se lamenta de la oposición a sus propuestas y dice que “hasta los chinos” están privatizándolo todo (4 de junio).
8. En el grave contexto actual, la consulta está de sobra justificada además de todo por las evidencias existentes de que un alto número de funcionarios públicos están asociados a los intereses de las corporaciones trasnacionales y actúan como parte interesada en la privatización en un escenario de corrupción generalizada –en el cual son parte fundamental Felipe Calderón, varios de sus familiares y su secretario de facto de Gobernación, el español Juan Camilo Mouriño–, y el hecho de que hasta ahora esta situación ha rebasado en mucho al Congreso, que ha mostrado su impotencia, por lo que se hace urgente recurrir a la Consulta Popular.
9. La Consulta Popular debe llevarse a cabo, en suma, porque de aprobarse estos cambios legales sin consenso –y una decisión del Congreso es insuficiente, como han subrayado la mayor parte de los constitucionalistas– se generaría en México un escenario de absoluta inseguridad jurídica, pues las corporaciones extranjeras invertirían en un contexto de ilegalidad y de violación al marco constitucional, lo que le daría al pueblo mexicano y a los futuros gobiernos el legítimo derecho para actuar contra ellas.
10. “La soberanía nacional reside esencialmente y originariamente en el pueblo”, establece el artículo 39 constitucional, y frente a este precepto no hay consideración que valga. Los funcionarios privatizadores del gobierno de facto están repitiendo ya en plena desesperación y de manera mecánica para oponerse a la Consulta Popular que el pueblo es ignorante, que el mecanismo “carece de sustento legal”, que es dilatorio, que sería costoso, que “descarrila” las intenciones de Calderón. Es decir, que carecen de argumentos jurídicos, políticos, éticos e históricos para oponerse a la misma. La consulta procede en última instancia, o acaso en primera, porque no hay, además de todo, argumentos en contra. Y no los hay porque no puede haberlos en contra de la voluntad soberana de los mexicanos.
Kikka Roja
Juventino Castro y Castro: La solidez jurídica de la consulta popular 6 junio 08
La noticia del día es que el secretario de Gobernación de la administración federal afirma que la consulta popular sobre las iniciativas para reformar a la industria petrolera no se debe llevar a cabo por no tener el procedimiento de participación base constitucional ni ley reguladora aplicables. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, por su parte, afirma que al secretario de gobierno se le ha perdido el artículo 26 constitucional. Mucho me temo que al señor secretario (y con él muchos funcionarios públicos) se les ha perdido –o quizás les ha sido robado– no sólo el ejemplar de su Constitución Política, sino todo el paquete de las leyes fundamentales sobre la administración pública federal, en donde está incluida la ley de planeación, expedida por el presidente Miguel de la Madrid y publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1983 (hace más de 25 años), para regular la planeación y la coordinación de la actividad económica nacional, promover (o pretender promover) la convivencia armónica de los distintos sectores, e impulsar así el desarrollo económico nacional, como responsabilidad conjunta de todos ellos. Creo de mi obligación hacer del conocimiento público los basamentos de la consulta popular en la que yo –por cierto– mucho he insistido con simple sentido cívico nacionalista, y con ausencia total de interés o de ideología personales en las cuestiones que tanto perturban a nuestro país en estos días. Ante todo debe tenerse en mente (como disparador) a la disposición constitucional contenida en el tercer párrafo del artículo 26 (que se dice se le ha perdido al secretario de Gobernación), que ya no transcribo aquí porque medio México se muestra enterado ya de él. Se ha planteado que si bien la Constitución faculta al Ejecutivo federal para llevar a cabo los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, la reglamentación necesaria no existe. Posiblemente a muchos se les han perdido también sus ejemplares de consulta, razón por la cual me permito transcribir un artículo principal de la Ley de Planeación. El capítulo tercero de la Ley de Planeación lleva el rubro de Participación social en la planeación, y su artículo 20 dice: “Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley”. Se puede alegar (y a lo mejor con razón) que la proposición de la consulta popular es una herejía, un recurso retardatorio, una utopía, una invención o una forma de deshacerse de un problema que no se encuentra forma de resolver. Lo que no se puede alegar de buena fe es que nuestra Constitución y nuestras leyes reglamentarias no prevean una institución para aplicar a la consulta propuesta. Éste es un servicio social que me he decidido prestar, especialmente para aquellos que hayan perdido –o les hayan robado– su colección de leyes. http://www.jornada.unam.mx |
Kikka Roja
Adios al plan Merida: Camilo Mouriño Raterazo se Caga de miedo: Debe EU revalorar apoyo
INDICADOR POLÍTICO
de El Financiero en linea de Carlos Ramírez
El titular de la Segob espera que este temea concluya bien para que realmente pueda servir al propósito por el cual se originó la iniciativa, "que es reconocer que existe un problema común".
Vie, 06/06/2008 - 13:29
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación. Foto: Especial
QUITAR CANDADOS AL PLAN MÉRIDA, PIDE BUSH
Viernes, 6 de junio de 2008
· Suavizar cláusulas del plan Mérida, pide Bush
Llama al Congreso de EU a aprobar rápidamente el proyecto de gastos suplementarios, pero sin "condiciones irracionales".
(Agencias)
* Exhorta al Capitolio a aprobar el proyecto de ley cuanto antes. * "Vital", la ayuda regional en el combate al narco, dice. * Difieren legisladores de EU sobre recursos para México.
Kikka Roja
de El Financiero en linea de Carlos Ramírez
MONTERREY, NL.- Para los que se extrañan de que el Congreso de Estados Unidos esté preocupado por la violación de los derechos humanos por el Ejército Mexicano y no por la criminalidad militar de EU en Irak y Guantánamo, el asunto debería entonces analizarse de otro modo: la intervención de militares en la lucha contra el narco ha sido efectiva y ha disminuido la oferta de droga en el consumo estadounidense. Por eso no debe extrañar el comportamiento de los congresistas estadounidenses. Y justamente este argumento debieran decírselo los congresistas mexicanos a los de EU en la interparlamentaria de este fin de semana en Monterrey. El voto que mantiene en el poder a los legisladores estadounidenses viene fundamentalmente de las grandes masas que consumen droga. Un alza en los precios por escasez de productos provoca correlativamente aumento en la violencia callejera y en la inestabilidad social. Ante la ausencia de un programa real de combate social de la drogadicción y en medio de una crisis económica, el consumo de drogas en Estados Unidos se ha convertido en un mecanismo de control social o de desmovilización de las masas.
El combate contra las drogas en México ha disminuido el flujo hacia el mercado de EU, causando problemas en la demanda y carestía en los productos. Estados Unidos no puede disminuir bruscamente la oferta de droga por las distorsiones en el mercado. Ocurre lo mismo, por ejemplo, que con el petróleo: la carestía en la importación repercute en los precios de las gasolinas. Y el desbasto energético ha provocado severas crisis internas, como la que enfrentó Jimmy Carter en 1979 y 1980 y por la que perdió su reelección. El problema se ha centrado en la intervención del Ejército Mexicano en la lucha contra el narco. Sin embargo, ha habido respuestas concretas: todos los casos de presunta violación de derechos humanos han sido investigados y castigados por el propio Ejército. Y el otro dato es más revelador: la lucha contra el narco tomó características de seriedad sólo cuando intervino el Ejército. Han sido más casos y más graves los que han revelado la complicidad de policías, funcionarios, políticos y gobernantes con el narco que los abusos en la violación de los derechos humanos. Asimismo, el Ejército Mexicano no viola los derechos humanos como objetivo sino que ejercita la fuerza contra bandas del crimen organizado que poseen armamentos similares a los militares y de mayor calibre y destrucción que los de las policías. Los casos de violación de derechos humanos tienen que ver con operaciones en curso.
Las quejas del Congreso estadounidense y del The New York Times quieren ignorar que el propio Ejército creó una oficina de derechos humanos -única en el mundo, al parecer- y que las comisiones nacional y estatales de derechos humanos están sobrevigilando los operativos militares. La intervención militar no fue una maniobra política del gobierno para reprimir sino una decisión planteada por la necesidad. Las policías han demostrado evidente incapacidad para combatir al crimen organizado. Y el verdadero daño a las bandas comenzó a ocurrir con la intervención de los militares. En el corte de caja, hasta ahora han sido más los éxitos del Ejército en la lucha contra el narco que los casos de violación de derechos humanos. Y para que no haya duda, la CNDH está especialmente interesada en vigilar que no haya excesos militares. De ahí que el problema no sea realmente la violación de los derechos humanos por el Ejército, sobre todo porque se trata de investigaciones en curso. Todo estaría llevando a la tesis de que el objetivo final sería sacar al Ejército de la lucha contra el narco para no romper con los precarios equilibrios en la siembra, comercio, disposición y sobre todo consumo de droga en territorio estadounidense. En este contexto, México tiene que replantear la Iniciativa Mérida, ser más exigente con el consumo de drogas en Estados Unidos y apostarle a una reorganización urgente y de fondo de sus policías y el aparato judicial.
Y ahí el problema no es de fondos -propios o de cooperación bilateral-, sino de desmantelamiento de la estructura de poder del viejo régimen priista que prohijó las complicidades con el crimen organizado. La estrategia de Calderón de lucha contra el narco, aun con sus insuficiencias, logró tocar el centro de poder de las bandas, reveló las complicidades con policías y evidenció un sistema de justicia para la regeneración y no para el castigo de delincuentes imposibles de rehabilitar. La participación del Ejército le movió el esquema al gobierno de Estados Unidos, por lo que la presión del Congreso estadounidense está relacionada con los intentos del Pentágono por penetrar el cuerpo militar mexicano. La queja de los congresistas de Estados Unidos probó sólo un hecho: los militares mexicanos están dañando al narco, han disminuido el abasto al mercado estadounidense y han provocado quejas de los consumidores americanos. (Blog e Indicador Político TV en www.grupotransicion.com.mx.) cramirez@indicadorpolitico.com.mx
El combate contra las drogas en México ha disminuido el flujo hacia el mercado de EU, causando problemas en la demanda y carestía en los productos. Estados Unidos no puede disminuir bruscamente la oferta de droga por las distorsiones en el mercado. Ocurre lo mismo, por ejemplo, que con el petróleo: la carestía en la importación repercute en los precios de las gasolinas. Y el desbasto energético ha provocado severas crisis internas, como la que enfrentó Jimmy Carter en 1979 y 1980 y por la que perdió su reelección. El problema se ha centrado en la intervención del Ejército Mexicano en la lucha contra el narco. Sin embargo, ha habido respuestas concretas: todos los casos de presunta violación de derechos humanos han sido investigados y castigados por el propio Ejército. Y el otro dato es más revelador: la lucha contra el narco tomó características de seriedad sólo cuando intervino el Ejército. Han sido más casos y más graves los que han revelado la complicidad de policías, funcionarios, políticos y gobernantes con el narco que los abusos en la violación de los derechos humanos. Asimismo, el Ejército Mexicano no viola los derechos humanos como objetivo sino que ejercita la fuerza contra bandas del crimen organizado que poseen armamentos similares a los militares y de mayor calibre y destrucción que los de las policías. Los casos de violación de derechos humanos tienen que ver con operaciones en curso.
Las quejas del Congreso estadounidense y del The New York Times quieren ignorar que el propio Ejército creó una oficina de derechos humanos -única en el mundo, al parecer- y que las comisiones nacional y estatales de derechos humanos están sobrevigilando los operativos militares. La intervención militar no fue una maniobra política del gobierno para reprimir sino una decisión planteada por la necesidad. Las policías han demostrado evidente incapacidad para combatir al crimen organizado. Y el verdadero daño a las bandas comenzó a ocurrir con la intervención de los militares. En el corte de caja, hasta ahora han sido más los éxitos del Ejército en la lucha contra el narco que los casos de violación de derechos humanos. Y para que no haya duda, la CNDH está especialmente interesada en vigilar que no haya excesos militares. De ahí que el problema no sea realmente la violación de los derechos humanos por el Ejército, sobre todo porque se trata de investigaciones en curso. Todo estaría llevando a la tesis de que el objetivo final sería sacar al Ejército de la lucha contra el narco para no romper con los precarios equilibrios en la siembra, comercio, disposición y sobre todo consumo de droga en territorio estadounidense. En este contexto, México tiene que replantear la Iniciativa Mérida, ser más exigente con el consumo de drogas en Estados Unidos y apostarle a una reorganización urgente y de fondo de sus policías y el aparato judicial.
Y ahí el problema no es de fondos -propios o de cooperación bilateral-, sino de desmantelamiento de la estructura de poder del viejo régimen priista que prohijó las complicidades con el crimen organizado. La estrategia de Calderón de lucha contra el narco, aun con sus insuficiencias, logró tocar el centro de poder de las bandas, reveló las complicidades con policías y evidenció un sistema de justicia para la regeneración y no para el castigo de delincuentes imposibles de rehabilitar. La participación del Ejército le movió el esquema al gobierno de Estados Unidos, por lo que la presión del Congreso estadounidense está relacionada con los intentos del Pentágono por penetrar el cuerpo militar mexicano. La queja de los congresistas de Estados Unidos probó sólo un hecho: los militares mexicanos están dañando al narco, han disminuido el abasto al mercado estadounidense y han provocado quejas de los consumidores americanos. (Blog e Indicador Político TV en www.grupotransicion.com.mx.) cramirez@indicadorpolitico.com.mx
PLEITO ENTRE NARCO POLITICOS
Debe EU revalorar apoyo a Plan Mérida, advierte MouriñoEl titular de la Segob espera que este temea concluya bien para que realmente pueda servir al propósito por el cual se originó la iniciativa, "que es reconocer que existe un problema común".
Vie, 06/06/2008 - 13:29
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación. Foto: Especial
México.- El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, confió en que ante las distintas voces que han pedido al Congreso de Estados Unidos revalorar la forma de apoyo para la llamada Iniciativa Mérida, se llegue a buen término. Señaló que ya son muchas voces tanto aquí como el vecino país del norte, incluyendo la petición del presidente de Estados Unidos, Jorge W. Bush, que han pedido mayor sensibilidad al Congreso estadunidense. Por ello, añadió el responsable de la política interna de México, se espera que esto concluya bien para que realmente pueda servir al propósito por el cual se originó la Iniciativa Mérida, "que es reconocer que existe un problema común". Así, se podrán tomar medidas bilaterales para combatir al crimen organizado de manera más efectiva, apuntó Mouriño en el marco de una reunión que encabezó el presidente Felipe Calderón con funcionarios de su administración en Palacio Nacional. Mouriño Terrazo dijo que lo que resta ahora es estar muy atento al proceso legislativo de ese país del norte. Notimex
EL OTRO BURRO, EL BURRO GRINGO¡¡ ARRÉGLENSE CABRONES O LEGALICEN LAS DROGAS !!
QUITAR CANDADOS AL PLAN MÉRIDA, PIDE BUSH
Viernes, 6 de junio de 2008
· Suavizar cláusulas del plan Mérida, pide Bush
Llama al Congreso de EU a aprobar rápidamente el proyecto de gastos suplementarios, pero sin "condiciones irracionales".
(Agencias)
* Exhorta al Capitolio a aprobar el proyecto de ley cuanto antes. * "Vital", la ayuda regional en el combate al narco, dice. * Difieren legisladores de EU sobre recursos para México.
WASHINGTON, DC, 5 de junio.- El presidente George W. Bush instó al Congreso -de mayoría demócrata- a aprobar, lo más pronto posible, el proyecto de ley que incluye la Iniciativa Mérida para México y Centroamérica, pero sin "condiciones irracionales". Aseguró el mandatario que la propuesta de gastos suplementarios para Irak, que incluye los recursos para esa iniciativa, es importante para proteger al hemisferio de traficantes y terroristas. "Pido al Congreso aprobar rápidamente la petición de gastos suplementarios, sin poner condiciones irracionales en está ayuda vital", reiteró.
De esta forma, Bush salió al paso a las condiciones impuestas por el Senado y la Cámara de Representantes para entregar los recursos con que se apoyaría el combate de México al narcotráfico.
La iniciativa debe de ser aún conciliada por una conferencia integrada por miembros de ambas cámaras, ya que mientras los senadores aprobaron 350 millones de dólares, los representantes otorgaron 400 millones. Entre los condicionamientos está el que México inicie reformas legales en su aparato judicial, y que las unidades policiales y militares, apoyadas con esos recursos, sean ajenas a violaciones a los derechos humanos o corrupción. Bush señaló que la Iniciativa Mérida es una expresión de la política de la Unión Americana de alentar la cooperación en los países amenazados por traficantes de drogas. De su lado, Paul Rosenzweig, subsecretario de Seguridad de la Patria, señaló que el paquete de ayuda permitirá fortalecer la cooperación con México y superar décadas de recriminaciones mutuas. Al comparecer ante un Subcomité de la Cámara de Representantes, donde se examinó la iniciativa, Rosenzweig y el secretario de Estado Asistente para Narcóticos, David Johnson, coincidieron en que la iniciativa constituye un arma crítica en la lucha antidrogas, y por ello la necesidad de aprobarla sin demora. "Vamos a continuar trabajando con el Congreso de manera que el más efectivo paquete de ayuda sea incluido en la ley final", afirmó Rosenzwieg, al responder a las quejas de algunos legisladores sobre la composición del paquete.
De esta forma, Bush salió al paso a las condiciones impuestas por el Senado y la Cámara de Representantes para entregar los recursos con que se apoyaría el combate de México al narcotráfico.
La iniciativa debe de ser aún conciliada por una conferencia integrada por miembros de ambas cámaras, ya que mientras los senadores aprobaron 350 millones de dólares, los representantes otorgaron 400 millones. Entre los condicionamientos está el que México inicie reformas legales en su aparato judicial, y que las unidades policiales y militares, apoyadas con esos recursos, sean ajenas a violaciones a los derechos humanos o corrupción. Bush señaló que la Iniciativa Mérida es una expresión de la política de la Unión Americana de alentar la cooperación en los países amenazados por traficantes de drogas. De su lado, Paul Rosenzweig, subsecretario de Seguridad de la Patria, señaló que el paquete de ayuda permitirá fortalecer la cooperación con México y superar décadas de recriminaciones mutuas. Al comparecer ante un Subcomité de la Cámara de Representantes, donde se examinó la iniciativa, Rosenzweig y el secretario de Estado Asistente para Narcóticos, David Johnson, coincidieron en que la iniciativa constituye un arma crítica en la lucha antidrogas, y por ello la necesidad de aprobarla sin demora. "Vamos a continuar trabajando con el Congreso de manera que el más efectivo paquete de ayuda sea incluido en la ley final", afirmó Rosenzwieg, al responder a las quejas de algunos legisladores sobre la composición del paquete.
Kikka Roja
¿Intromision Ebrard?: Art 26 : los panistas Engañabobos, simpre violando la constitucion
EL CHISTE ES ENGAÑAR A LA GENTE, DEJARLA IGNORANTE PARA SAQUEAR LOS BIENES DE LA NACION: ESA ES LA ESTRATEGIA PANISTA
Gobierno Usurpador DICE: "O SEA SI SE PUEDE LA CONSULTA CIUDADANA POPULAR ARTICULO 26, PERO NO QUEREMOS QUE LO SEPAN, PORQUE SOMOS VENDEPATRIAS"
- Invade una facultad exclusiva del Congreso de la Unión: subsecretario Cabeza de Vaca
- Bucareli califica de “intromisión” la consulta convocada por Ebrard
- El artículo 26 constitucional incluye esa figura, pero en lo relativo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y no tiene un ámbito de aplicación general, se le dice en una misiva
Fabiola Martínez y Georgina Saldierna
La Secretaría de Gobernación aseguró que la consulta convocada por el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard (sobre la reforma energética), “representaría una intromisión” en una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. En una carta enviada la tarde de ayer al mandatario de la ciudad de México, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, afirma que el artículo 26 de la Constitución Política incluye la figura específica de consulta con un fin y objetivos particulares, relativo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. “Dicho procedimiento no tiene un ámbito de aplicación general y absoluto, como lo ha pretendido interpretar, sino por el contrario se encuentra acotado exclusivamente al Sistema Nacional de Planeación”, aseguró Cabeza de Vaca.
En el mismo sentido emitió declaraciones la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y, frente al anuncio del PRI de que modificará totalmente la iniciativa calderonista, pidió nuevamente un análisis a fondo respecto a la problemática del sector. La misiva de Gobernación fue recibida en el gobierno capitalino a las 18:42 y, una hora después, la dependencia emitió un comunicado en referencia al envío y más tarde difundió el documento de tres cuartillas firmado por Cabeza de Vaca. El gobierno federal argumenta, a través de Gobernación, que la consulta ya se realiza en el Congreso de la Unión, poder en el que se encuentra representada la ciudadanía conforme a los artículos 40 y 41 constitucionales. “Dentro del proceso legislativo vinculado con las iniciativas en materia energética presentadas por el titular del Ejecutivo, el Senado previó una consulta mediante foros, en los que inclusive usted ha participado, por lo que pretender efectuar otra consulta en los términos propuestos por usted, representaría una intromisión de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, prevista en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dice la carta.
El funcionario federal añade en la misiva que la interpretación y aplicación de las normas jurídicas es necesario hacerla de manera integral, sobre la totalidad del precepto, “y no llegar a conclusiones leyendo sólo una parte del mismo”.
La víspera, Ebrard advirtió que el próximo 27 de julio se llevará a cabo la consulta para conocer la opinión de los ciudadanos en torno a la pretendida reforma a la operación de Petróleos Mexicanos enviada al Congreso de la Unión por el presidente Felipe Calderón. El gobernante capitalino respondió también a las declaraciones del titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (quien había asegurado que la consulta ciudadana no estaba en la Carta Magna). Ebrard precisó que el artículo 26 constitucional establece como facultad del Ejecutivo federal convocar a una consulta nacional sobre los temas de la planeación y el desarrollo del país.
Un día después, el responsable de los asuntos jurídicos de Bucareli redactó una carta en la cual asegura que la Ley de Planeación establece, en su artículo 20, que la consulta a los diversos grupos de la sociedad deberá realizarse con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Por ello –agrega–, y en cumplimiento del mandato constitucional antes citado, el Ejecutivo federal llevó a cabo las consultas y foros ciudadanos en los que participaron legisladores, sindicatos, académicos, gobiernos estatales y ciudadanos en general, que permitió la elaboración del Plan 2007-2012. “Como puede observarse, la consulta prevista en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se realizó y agotó, y quedó debidamente plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo”, señala el funcionario, también ex procurador general de la República y ex consejero jurídico de la Presidencia.
En tanto, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, dijo –en una entrevista realizada en la residencia oficial de Los Pinos– que entre los legisladores hay un alto sentido de responsabilidad y eso los va a llevar a tomar la mejor decisión sobre el tema. Reiteró su rechazo a la consulta que propuso Ebrard e insistió en que el marco legal vigente no incluye esa figura. Dijo que respeta la opinión de todos, pero ha costado mucho trabajo construir las instituciones que actualmente existen.
En el mismo sentido emitió declaraciones la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y, frente al anuncio del PRI de que modificará totalmente la iniciativa calderonista, pidió nuevamente un análisis a fondo respecto a la problemática del sector. La misiva de Gobernación fue recibida en el gobierno capitalino a las 18:42 y, una hora después, la dependencia emitió un comunicado en referencia al envío y más tarde difundió el documento de tres cuartillas firmado por Cabeza de Vaca. El gobierno federal argumenta, a través de Gobernación, que la consulta ya se realiza en el Congreso de la Unión, poder en el que se encuentra representada la ciudadanía conforme a los artículos 40 y 41 constitucionales. “Dentro del proceso legislativo vinculado con las iniciativas en materia energética presentadas por el titular del Ejecutivo, el Senado previó una consulta mediante foros, en los que inclusive usted ha participado, por lo que pretender efectuar otra consulta en los términos propuestos por usted, representaría una intromisión de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, prevista en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dice la carta.
El funcionario federal añade en la misiva que la interpretación y aplicación de las normas jurídicas es necesario hacerla de manera integral, sobre la totalidad del precepto, “y no llegar a conclusiones leyendo sólo una parte del mismo”.
La víspera, Ebrard advirtió que el próximo 27 de julio se llevará a cabo la consulta para conocer la opinión de los ciudadanos en torno a la pretendida reforma a la operación de Petróleos Mexicanos enviada al Congreso de la Unión por el presidente Felipe Calderón. El gobernante capitalino respondió también a las declaraciones del titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño (quien había asegurado que la consulta ciudadana no estaba en la Carta Magna). Ebrard precisó que el artículo 26 constitucional establece como facultad del Ejecutivo federal convocar a una consulta nacional sobre los temas de la planeación y el desarrollo del país.
Un día después, el responsable de los asuntos jurídicos de Bucareli redactó una carta en la cual asegura que la Ley de Planeación establece, en su artículo 20, que la consulta a los diversos grupos de la sociedad deberá realizarse con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Por ello –agrega–, y en cumplimiento del mandato constitucional antes citado, el Ejecutivo federal llevó a cabo las consultas y foros ciudadanos en los que participaron legisladores, sindicatos, académicos, gobiernos estatales y ciudadanos en general, que permitió la elaboración del Plan 2007-2012. “Como puede observarse, la consulta prevista en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se realizó y agotó, y quedó debidamente plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo”, señala el funcionario, también ex procurador general de la República y ex consejero jurídico de la Presidencia.
En tanto, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, dijo –en una entrevista realizada en la residencia oficial de Los Pinos– que entre los legisladores hay un alto sentido de responsabilidad y eso los va a llevar a tomar la mejor decisión sobre el tema. Reiteró su rechazo a la consulta que propuso Ebrard e insistió en que el marco legal vigente no incluye esa figura. Dijo que respeta la opinión de todos, pero ha costado mucho trabajo construir las instituciones que actualmente existen.
Responde Ebrard: Que el pueblo decida el futuro del país
El funcionario planteó que en torno a la polémica generada por su propuesta lo que se necesita es prudencia, sensatez, sangre fía y menos hígado.
Ciudad de México.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, insistió en que la consulta sobre la reforma energética que propuso no es violatoria de la Constitución, ya que se debe conocer la opinión de los ciudadanos al respecto. El funcionario planteó que en torno a la polémica generada por su propuesta lo que se necesita es prudencia, sensatez, sangre fía y menos hígado, a fin de que el pueblo decida el futuro del país.
Entrevistado al término de la presentación del Programa de Mejoramiento de Atención al Contribuyente de Agua, Ebrard subrayó que es falso el argumento de que se atenta contra la Constitución por un ejercicio de ese tipo pues, dijo, en la carta magna está previsto que es el espíritu de la propia norma máxima.
NotimexCiudad de México.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, insistió en que la consulta sobre la reforma energética que propuso no es violatoria de la Constitución, ya que se debe conocer la opinión de los ciudadanos al respecto. El funcionario planteó que en torno a la polémica generada por su propuesta lo que se necesita es prudencia, sensatez, sangre fía y menos hígado, a fin de que el pueblo decida el futuro del país.
Entrevistado al término de la presentación del Programa de Mejoramiento de Atención al Contribuyente de Agua, Ebrard subrayó que es falso el argumento de que se atenta contra la Constitución por un ejercicio de ese tipo pues, dijo, en la carta magna está previsto que es el espíritu de la propia norma máxima.
milenio.com
Kikka Roja
Día 8 debate petrolero VIDEOS yacimientos transfronterizos: Fabio Barbosa es imposible el “efecto popote”: Gustavo Iruegas evitar explotacion abusiva
VIDEOS: Fabio Barbosa EN NINGUN LUGAR DEL MUNDO SE HA PERFORADO UN POZO DE 3 MIL 300 METROS DE PROFUNDIDAD
Gustavo Iruegas NEGOCIACION NEGLIGENTE: PERFORACIONES HORIZONTALES DE 11 KILOMETROS, se podria robar el petroleo mexicano: CALDERON ESCONDE LA VERDAD, CUAL ES LA PRISA, la verdad es que nos saquean.
FABIO BARBOSA
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Gustavo Iruegas
www.tu.tv/videos/Fabio-Barbosa-cano-unam
www.tu.tv/videos/Gustavo-Iruegas
Kikka Roja
Gustavo Iruegas NEGOCIACION NEGLIGENTE: PERFORACIONES HORIZONTALES DE 11 KILOMETROS, se podria robar el petroleo mexicano: CALDERON ESCONDE LA VERDAD, CUAL ES LA PRISA, la verdad es que nos saquean.
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Gustavo Iruegas
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Ampliar la imagen David Enríquez, Alberto Székely, Lourdes Melgar y Gustavo Iruegas, ayer durante el foro Yacimientos transfronterizos: negociación, exploración y explotación, en el Senado de la República Foto: José Antonio López En forma unánime, los especialistas, académicos y diplomáticos participantes en el debate energético de ayer en el Senado alertaron sobre las consecuencias negativas que podría traer al país la “negligencia” en que han incurrido los gobiernos del PAN para renegociar con Estados Unidos el llamado Tratado del Hoyo de Dona, mismo que estableció una moratoria de diez años durante la cual ninguno de los dos países realizaría tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en esa zona de protección ubicada en el Golfo de México. Sin embargo, a poco más de dos años del vencimiento de ese acuerdo binacional (17 de enero de 2011), México podría vivir, “por descuido”, un episodio similar al que en el pasado le hizo perder parte de su territorio, estableció el embajador Alberto Székely. “El tiempo se nos acaba”, coincidió Lourdes Melgar Palacios, consultora independiente y analista en temas energéticos. Desde su perspectiva, mientras en México se discuten posibles “remedios menores” a la crisis de la industria petrolera, Estados Unidos avanza “avasalladoramente” en la conquista del fondo marino del Golfo de México y “promete” iniciar su producción en 2010 a pocos kilómetros de la línea fronteriza con México, en tirantes de agua superiores a los 2 mil 500 metros de profundidad. Y aunque en la discusión algunos ponentes –como la propia doctora Melgar y legisladores– trataron de desligar el tema del Tratado del Hoyo de Dona de la propuesta energética del presidente Felipe Calderón, el propio Székely ubicó su vínculo: el gobierno federal ha usado a los yacimientos submarinos como “panacea” para promover esa reforma. “Es necesario entender que si una reforma constitucional permitiera la participación privada, máxime la extranjera, en exploración y explotación de tales yacimientos, no estará lejos el día en que su explotación se acuerde en negociaciones entre la Shell, del lado estadunidense, y la Shell, por el lado mexicano”. Székely destacó otro punto: aun cuando se lograra un buen acuerdo para hacer valer el derecho mexicano a la exploración de sus recursos submarinos, de nada servirá “si no liberamos a Pemex y a su sindicato de la corrupción que ha robado a la nación por 70 años la riqueza con la que podríamos haber salido del subdesarrollo”. Fue la sesión de este jueves de un alto contenido técnico y de derecho internacional. Pero el ingrediente político no se soslayó. El embajador Gustavo Iruegas, secretario de relaciones internacionales en el “gobierno legítimo” desestimó los argumentos oficiales y se centró en el referido a la caída de reservas como limitante para mantener, en la próxima década, la plataforma de producción de 3 millones de barriles diarios. Determinar esa cantidad, indicó, sólo tiene propósitos fiscales y la renta petrolera está en función del costo de producción, la cantidad de aceite que se vende y al precio que se haga. A partir de ahí, dijo Iruegas, la tendencia a subir los precios debería aprovecharse para vender cada vez menos petróleo al extranjero, “y preservar el que aún queda para el consumo interno en el futuro”. El también ex subsecretario de Relaciones Exteriores dijo que la “prisa” por extraer petróleo de aguas profundas tiene que ver con entregar una legislación permisiva a la enajenación del patrimonio petrolero a la administración de George W. Bush. Son, apuntó, “las ansias extranjerizantes de los espurios”. Enseguida, Adán Ernesto Oviedo, director de la Compañía Mexicana de Exploraciones, explicó que el Cinturón Plegado de Perdido (falla geológica en el norte del Golfo de México, que comparte territorio de nuestro país y Estados Unidos) permite prever la existencia de yacimientos transfronterizos, y que si se diera su explotación de forma unilateral por el país vecino, ello afectaría hidráulicamente el comportamiento del lado mexicano. Como varios de los participantes, Oviedo habló de la unitización –esquema por el cual los países acuerdan condiciones técnicas y económicas, entre otras, para explorar yacimientos compartidos o transfronterizos a través de un solo proceso, y luego comparten la renta– y llegó a la misma conclusión: negociar con Estados Unidos un tratado sobre los recursos naturales de la zona limítrofe del Golfo de México e incluir su exploración. Expuso además la necesidad de “capturar sinergias de inversión” y conocimiento para el desarrollo “conjunto y multiempresarial” del crudo submarino. El embajador Miguel Angel González Félix, quien estuvo en el equipo que negoció el Tratado del Hoyo de Dona, llamó a no permanecer con los brazos cruzados y permitir que Estados Unidos se lleve el petróleo, por una “inacción” de los mexicanos. Hay dos opciones, dijo: o se negocia para hacer la exploración bilateralmente o se acepta el llamado “principio de captura” según el cual quien encuentra primero el recurso tiene derechos sobre el mismo. Eso, dijo, México no puede aceptarlo. El académico de la UNAM, Fabio Barbosa, desestimó la posibilidad del llamado “efecto popote”, lo que sin embargo algunos otros oradores sí consideraron factible y, sobre todo, llamó la atención a que Pemex propone perforar pozos a 3 mil 500 metros de profundidad, lo que no se ha hecho “en ningún otro lugar del mundo”. Antes que negociar con Estados Unidos, subrayó, debe comprobarse si realmente existen yacimientos transfronterizos. Néstor Martínez Romero, presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, pidió fortalecer a Pemex y negociar, además de con Estados Unidos, con Cuba, Guatemala, Belice y Honduras, para definir un régimen de cooperación de largo plazo en la frontera marítima común y la explotación de los yacimientos transfronterizos, acudir a la unitización y apoyar al Instituto Mexicano del Petróleo para desarrollar tecnología para proyectos en aguas profundas. David Enríquez, profesor en derecho internacional en el ITAM, propuso una “estrategia de solución amigable e inteligente” con Estados Unidos, con la que pueda ofrecerse “certeza jurídica tanto a los gobiernos como a los inversionistas que pretendan desarrollar campos transfronterizos”.
Roberto Garduño y Rosa Elvira Vargas El vacío legal en torno a los límites marítimos de México lo coloca en notable desventaja jurisdiccional frente a Estados Unidos en el ámbito de la explotación de hidrocarburos en los yacimientos transfronterizos, fue la conclusión en el octavo foro petrolero en el Senado. La preocupante inexistencia de un tratado de aguas internacionales entre México y los países vecinos (Belice, Guatemala, Cuba y Estados Unidos) acarreó posturas de descalificación a la iniciativa de reforma petrolera del gobierno calderonista. Para la doctora Lourdes Melgar, el único tratado que México firmó con Estados Unidos en el terreno de los yacimientos petrolíferos (Hoyo de Dona), en el año 2000, fue conducido por la canciller Rosario Green, quien lo presentó a Ernesto Zedillo: “Debo aclarar muy respetuosamente –dijo a Fabio Barbosa, quien la había cuestionado–, que definitivamente no fue un tratado que se negoció rápidamente, ni que en tres reuniones lo acordamos. De hecho hubo negociaciones muy duras; tuvimos una negociación en la cual vino un gran equipo técnico de Estados Unidos y les dijimos que México no puede aceptar un tratado en el cual no se establece una protección a sus yacimientos transfronterizos”. No obstante, el embajador Gustavo Iruegas acusó la pretensión gubernamental de plegarse a los intereses energéticos de Estados Unidos: “Aquí estamos tratando de la maquinación de un crimen de lesa patria, así que usaré este criterio para abundar en mi acusación al gobierno de facto. Se trata de un crimen, sí, pero no de un crimen aislado. Para sustentar mi afirmación de que la prisa de la administración espuria obedece a un malsano deseo de agradar, o como se ha dicho, de cumplir la promesa hecha al presidente saliente de Estados Unidos, de entregarle el petróleo mexicano antes de que termine su mandato”, dijo Iruegas. En una entrevista aparte, el priísta Francisco Labastida alertó sobre la inmovilidad gubernamental de México respecto de sus vecinos. En ese contexto, s le preguntó: –¿Qué corresponde hacer al gobierno de México antes de que, a partir de 2010, Estados Unidos comience a extraer 130 mil barriles de petróleo diariamente del Hoyo de Dona? –Sólo negociar un acuerdo con los países con los que comparte frontera marítima –respondió el senador sinaloense. En ese sentido, el embajador Miguel González Félix advirtió que cualquier acuerdo con la administración estadunidense sólo deberá seguir el lineamiento constitucional vigente. “Ese esquema no es el que le conviene a México, que tendrá que hacer su propio tratado con Estados Unidos conforme a nuestros principios constitucionales y a nuestras políticas y legislación... una cosa es la facultad que tiene el Estado mexicano de hacer un tratado internacional, para lo cual no se requiere ninguna reforma constitucional, y otra cosa muy diferente es el tipo de tratado que lleguemos a tener con ellos”, señaló. En el ámbito del foro, el tema del “efecto popote” cobró relevancia al aceptarse que no se acerca demasiado al mito, como se le ha querido interpretar. En ese contexto, el maestro Néstor Mártir Romero alertó sobre tal circunstancia: “Ha quedado claro que las reservas petroleras y yacimientos transfronterizos están en peligro porque Estados Unidos, o cualquier otro país vecino, en cualquier momento pueden licitar zonas limítrofes a lo largo de las fronteras con nuestro país y extraer los hidrocarburos que se localicen del lado mexicano. El efecto popote es una realidad”. Para Alberto Székely, la pretensión de otorgar al gobierno de Estados Unidos la cualidad de defensor del derecho internacional carece de objetividad: “La verdad me sorprendió mucho que se haya dicho aquí que Estados Unidos de alguna manera ahora es paladín de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuando en realidad la ha venido repudiando desde su negociación, y después de que se adoptó y se puso en vigor. “Estados Unidos, cuando le conviene, aduce que la convención refleja la codificación de derecho del mar a nivel internacional, pero ¿la ha adoptado?, ¿la ha aprobado?, ¿la ha metido en su legislación interna como lo hemos hecho nosotros? ¡Claro que no! “Estados Unidos va a usar su posición respecto a la convención, que es una posición de rechazo, esencialmente para una cosa: para mantenerse las manos libres; el tratado de 2000 (de Hoyo de Dona) no dispone una obligación de negociar, no dispone de una obligación de prorrogar la moratoria de diez años, y porque al término de esa moratoria queda libre de actuar de su lado sin importar las consecuencias que tenga del lado mexicano.” Contrario a Székely, el abogado David Enríquez dijo: “Nadie ha dicho aquí que negociar con un país como nuestro vecino del norte sea sencillo; si nos enfrascamos solamente en estructuras legales que no permiten generar recursos suficientes, en dónde está la bondad de tener un sacrosanto instrumento jurídico, y no más bien modelar los esquemas jurídicos que necesitemos para realmente transmitir esos recursos económicos a la pobreza extrema que hay en nuestro país”. El senador del Partido Verde Arturo Escobar emitió un juicio en contra de Gustavo Iruegas: “Antes que nada quiero felicitar a todos los ponentes, creo que la mayoría de ustedes, en específico siete, demostraron enormes conocimientos técnicos del asunto... en el caso del embajador Gustavo Iruegas, sinceramente y con mucho respeto no entendí su participación. La mesa ideológica y política de esta reforma ya pasó...” Los asistentes y ponentes al foro guardaron un silencio incómodo, pero fue el diputado del PRI Carlos Zataráin quien disculpó a Escobar: “Para mí, los ocho cumplieron. Y sí quiero pedirle (sic) una disculpa a Gustavo Iruegas, porque el punto de vista que usted está aportando es tan completo como los otros siete expositores. En esta casa del pueblo nadie puede coartarnos nuestro derecho a manifestar nuestras ideas. Una disculpa por la aseveración que un compañero hizo”. Iruegas culminó su participación con la siguiente respuesta: “Al señor senador Escobar le diría que estoy aquí porque ustedes me invitaron, y me invitaron a participar en el tema Yacimientos Transfronterizos, Negociación, Exploración y Explotación. Mi ponencia hace énfasis en que la urgencia que se nos plantea, y para eso se usa la cuestión de que los yacimientos fronterizos conduce a la necesidad de contratar empresas extranjeras, método que lógicamente hará que esas empresas se queden con una parte del petróleo mexicano, haciendo que México tenga que aumentar esa sagrada plataforma petrolera y que eso es contrario a los intereses nacionales. Si eso no es el interés de esta mesa, no me queda más que lamentarlo, pero creo que no es así”. |
Kikka Roja
jueves, 5 de junio de 2008
RIP: Dan por muerta a plan Mérida: ¿Asi empezó y asi terminó?
ASI EMPEZÓ EL PLAN MEXICO PLAN MERIDA bush-pone-el-ojo-en-los-narco-panistas
500 MILLONES PARA UN CHURRITO
Kikka Roja
500 MILLONES PARA UN CHURRITO
- FOX Y CALDERÓN HICIERON ACUERDOS CON BUSH
- CAMBIARON LA LEY DE LA CONSTITUCION QUE IMPEDIA entrar al territorio AL EJERCITO GRINGO
- APROBARON EL PLAN MERIDA
- APROBARON LA LEY JUDICIAL
- CORRIERON A AMERIGO INCALCATERRA DE LA ONU, DERECHOS HUMANOS
- LUEGO LE PUSIERON CONDICIONES AL PLAN MERIDA Y LE BAJARON EL PRESUPUESTO A 300 MILLONES, UNA CONDICION FUE QUE SE RESPETARAN LOS DERECHOS HUMANOS
- MOURIÑO DIJO QUE ERA INACEPTABLE (pos ¿que nos quiere madrear a todos?)
- EL ZAR ANTI DROGAS GRINGO REGAÑÓ A SU PROPIO CONGRESO
- ¿QUÉ SIGUE?
Difícil, quitar condiciones a plan Mérida: SRE Carlos Rico, subsecretario para América del Norte, dice que es muy difícil que el Congreso de EU elimine condicionamientos. elfinanciero.com.mx (Roxana González / Mariana Otero-Briz / agencias) Jueves, 5 de junio de 2008 * The New York Times critica "tímida" ayuda de Estados Unidos contra el narco. * Insistir en el respeto a los derechos humanos, pide AI. * Metalúrgicos demandan garantías a libertad sindical. La cancillería mexicana dio prácticamente por muerta a la denominada Iniciativa Mérida, al considerar poco probable que el Congreso de la Unión Americana modifique las condiciones impuestas para el financiamiento. Durante una reunión preparatoria al encuentro interparlamentario México-Estados Unidos, que se realizará el fin de semana próximo en Monterrey, el subsecretario para América del Norte, Carlos Rico, reconoció ante legisladores que existen grandes dificultades para convencer a un Congreso tan dividido, politizado y enfocado a las elecciones presidenciales, de que la iniciativa sea modificada y se eliminen los condicionamientos. Luego que el gobierno de México advirtió que rechazará los recursos que abruebe Estados Unidos para la Iniciativa Mérida, si los condiciona a cualquier tipo de verificación, la organización Amnistía Internacional (AI) pidió al legislativo estadounidense no ceder a las presiones y mantener la vigilancia en cuestión de derechos humanos. Miembros de la sección en Washington de AI explicaron que si el acuerdo de cooperación es aprobado debe garantizarse que organismos independientes, junto con el gobierno y organizaciones de la sociedad civil, sean las encargadas de la supervisión. Indicaron que, al rechazar cualquier verificación, México envía un mensaje erróneo y contrario a su compromiso y obligación internacional en la defensa y respeto de las garantías individuales. Mientras tanto, la United Steel Workers (USW), organización sindical que agrupa a los trabajadores metalúrgicos de la Unión Americana y Canadá, envió una carta al Congreso estadounidense en que solicita que los recursos de la Iniciativa Mérida también se condicionen al respeto a la libertad sindical. Por otra parte, The New York Times señaló que el "tímido" paquete de apoyo propuesto por la Casa Blanca y reducido por el Congreso para apoyar la lucha antidrogas en México, muestra que Washington no entiende el tamaño del peligro o sus propias responsabilidades. En su principal editorial, titulado "México al Borde" y dedicado al debate sobre la Iniciativa Mérida, el diario sostuvo que las "sangrientas batallas" de la guerra contra las drogas amenazan con rebasar al gobierno de México. |
Kikka Roja
El congreso investigará a Francisco Gil Diaz: Telefónica Movistar
Jueves, 5 de junio de 2008
· Investigar a Gil Díaz, ordena el Congreso
El Congreso instruyó a la ASF a que averigüe si el exfuncionario incurrió en tráfico de influencias, como se desprende de una investigación de EL FINANCIERO.
Rivelino Rueda
Jueves, 5 de junio de 2008
* Debe la ASF determinar si benefició a Movistar siendo titular de la SHCP.
* EL FINANCIERO investigó y dio a conocer el caso.
* La SFP deberá fincar, en su caso, responsabilidades.
Kikka Roja
· Investigar a Gil Díaz, ordena el Congreso
El Congreso instruyó a la ASF a que averigüe si el exfuncionario incurrió en tráfico de influencias, como se desprende de una investigación de EL FINANCIERO.
Rivelino Rueda
Jueves, 5 de junio de 2008
* Debe la ASF determinar si benefició a Movistar siendo titular de la SHCP.
* EL FINANCIERO investigó y dio a conocer el caso.
* La SFP deberá fincar, en su caso, responsabilidades.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, instruir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que realice una "investigación exhaustiva", mediante la cual pueda determinarse si durante la gestión de Francisco Gil Díaz como titular de la Secretaría de Hacienda, se tomaron medidas para favorecer a la empresa española Telefónica y a su filial mexicana Telefónica Móviles México.
La resolución de la Comisión Permanente se deriva de una investigación realizada por EL FINANCIERO, cuyos resultados fueron publicados en la edición del 29 de abril de 2008. Destaca un documento firmado por Verónica Gómez Ferro, directora de Roaming de Movistar, fechado el 29 de septiembre de 2006, en el que hace partícipes a los socios de las gestiones con la SHCP que les permitirían "ser la única empresa" con tasa cero. La proposición avalada por diputados y senadores prevé que el máximo órgano de fiscalización del Congreso deberá determinar en sus pesquisas, si tales medidas del exfuncionario foxista causaron algún perjuicio al erario y si en su aplicación se violaron las disposiciones legales aplicables. La Comisión Permanente solicitó también a la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciar una investigación sobre los hechos descritos "para fincar, en su caso, las responsabilidades que correspondan".
El responsable de presentar este punto de acuerdo fue el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien subrayó en su exposición de motivos, que tras darse a conocer estas supuestas irregularidades de Gil Díaz, "se hace necesario que los legisladores hagamos algo pronto y bien para combatir de manera más efectiva la corrupción y el tráfico de influencias de los altos funcionarios que aprovechan sus cargos para favorecer a empresas privadas". Cuestionó que con estas actividades los exfuncionarios "obtienen, a su vez, favores, como un empleo bien remunerado y capacidad de decisión en la cúspide, aprovechando información privilegiada a la que tuvieron acceso como servidores públicos".
El senador campechano afirmó que "existen fundadas sospechas de que el actual cargo directivo del exsecretario de Hacienda, no se debe únicamente a sus probadas capacidades profesionales, sino a favores recibidos por la empresa española Telefónica, cuando fue un funcionario `todopoderoso'". Las decisiones tomadas en materia fiscal durante los últimos meses en los que Francisco Gil Díaz permaneció en el cargo, añadió, "son sorprendentes, por decir lo menos, y lo son mucho más cuando hoy ocupa el más alto cargo directivo de esa empresa extranjera, que resultó beneficiada cuando fue funcionario público. "Efectivamente, apenas dos meses antes de concluir la administración de Vicente Fox, Hacienda estableció un régimen fiscal de excepción, con tasa cero en el cobro del IVA en los servicios de larga distancia internacional de esa compañía, sin una justificación suficiente y en claro detrimento del erario mexicano", recordó. Moreno Cárdenas lamentó, no obstante, que "hay cierta laxitud" en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que permite que se tomen "decisiones sesgadas" para favorecer a determinadas empresas, y anunció que en breve el grupo parlamentario del PRI en Xicoténcatl presentará una iniciativa de reforma a ese reglamento "para impedir ese tipo de conductas en el futuro".
En el banquillo
En su exposición, el priista presentó una carta -que entregó a la presidencia de la Mesa Directiva- fechada el 25 de septiembre de 2006, en la cual se notifica a los socios de Movistar, que dicha compañía ha sido autorizada a no cobrar ningún impuesto en servicios de roaming, a partir del 10 de octubre de ese año. Indicó además que las explicaciones que Gil Díaz presentó cuando este asunto salió a la luz, "no son suficientes para aclarar lo que pasó y, por el contrario, confirman la necesidad de investigar los términos en que se dieron los hechos descritos".
La resolución de la Comisión Permanente se deriva de una investigación realizada por EL FINANCIERO, cuyos resultados fueron publicados en la edición del 29 de abril de 2008. Destaca un documento firmado por Verónica Gómez Ferro, directora de Roaming de Movistar, fechado el 29 de septiembre de 2006, en el que hace partícipes a los socios de las gestiones con la SHCP que les permitirían "ser la única empresa" con tasa cero. La proposición avalada por diputados y senadores prevé que el máximo órgano de fiscalización del Congreso deberá determinar en sus pesquisas, si tales medidas del exfuncionario foxista causaron algún perjuicio al erario y si en su aplicación se violaron las disposiciones legales aplicables. La Comisión Permanente solicitó también a la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciar una investigación sobre los hechos descritos "para fincar, en su caso, las responsabilidades que correspondan".
El responsable de presentar este punto de acuerdo fue el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien subrayó en su exposición de motivos, que tras darse a conocer estas supuestas irregularidades de Gil Díaz, "se hace necesario que los legisladores hagamos algo pronto y bien para combatir de manera más efectiva la corrupción y el tráfico de influencias de los altos funcionarios que aprovechan sus cargos para favorecer a empresas privadas". Cuestionó que con estas actividades los exfuncionarios "obtienen, a su vez, favores, como un empleo bien remunerado y capacidad de decisión en la cúspide, aprovechando información privilegiada a la que tuvieron acceso como servidores públicos".
El senador campechano afirmó que "existen fundadas sospechas de que el actual cargo directivo del exsecretario de Hacienda, no se debe únicamente a sus probadas capacidades profesionales, sino a favores recibidos por la empresa española Telefónica, cuando fue un funcionario `todopoderoso'". Las decisiones tomadas en materia fiscal durante los últimos meses en los que Francisco Gil Díaz permaneció en el cargo, añadió, "son sorprendentes, por decir lo menos, y lo son mucho más cuando hoy ocupa el más alto cargo directivo de esa empresa extranjera, que resultó beneficiada cuando fue funcionario público. "Efectivamente, apenas dos meses antes de concluir la administración de Vicente Fox, Hacienda estableció un régimen fiscal de excepción, con tasa cero en el cobro del IVA en los servicios de larga distancia internacional de esa compañía, sin una justificación suficiente y en claro detrimento del erario mexicano", recordó. Moreno Cárdenas lamentó, no obstante, que "hay cierta laxitud" en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que permite que se tomen "decisiones sesgadas" para favorecer a determinadas empresas, y anunció que en breve el grupo parlamentario del PRI en Xicoténcatl presentará una iniciativa de reforma a ese reglamento "para impedir ese tipo de conductas en el futuro".
En el banquillo
En su exposición, el priista presentó una carta -que entregó a la presidencia de la Mesa Directiva- fechada el 25 de septiembre de 2006, en la cual se notifica a los socios de Movistar, que dicha compañía ha sido autorizada a no cobrar ningún impuesto en servicios de roaming, a partir del 10 de octubre de ese año. Indicó además que las explicaciones que Gil Díaz presentó cuando este asunto salió a la luz, "no son suficientes para aclarar lo que pasó y, por el contrario, confirman la necesidad de investigar los términos en que se dieron los hechos descritos".
Kikka Roja
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