Gustavo Enrique Madero Muñoz, el sustituto de Santiago Creel en la coordinación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, tiene una semejanza con Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación: une la política a los negocios. Como a Mouriño, confeso de haber firmado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era servidor público del sector energético, Madero Muñoz obtuvo, siendo diputado federal, millonarias ganancias del erario federal y estatal para una de sus empresas: Electronic Publishing, S.A. de C.V. Uno de los contratos que obtuvo esa compañía de productos de computación –por 5 millones 129 mil pesos– fue de la Secretaría de Energía, en noviembre de 2003, precisamente cuando el titular era Felipe Calderón y Madero Muñoz presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Cuando se firmó el contrato con la Secretaría de Energía, tres meses después de que Calderón asumió el cargo, un socio de Madero Muñoz, Marco Antonio Herrera García, era también servidor público: el titular del órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobernación, con Creel como secretario, cargo que –según el directorio oficial– ostenta hasta la fecha con Mouriño.
Más aún, el secretario del consejo de administración de la empresa de Madero era Arturo Chávez Chávez, quien antecedió a Herrera García en el mencionado cargo y en el momento de la firma del contrato era jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, de la que fue subsecretario cuando Carlos Abascal era el titular. Madero Muñoz obtuvo ese y otros contratos para su empresa a pesar de que la Ley de Adquisiciones lo prohíbe expresamente, un caso semejante al de Mouriño, cuando, siendo presidente de la Comisión de Energía y luego funcionario de la secretaría del ramo, firmó contratos con Pemex a favor de la empresa familiar Ivancar, S.A. de C.V. El artículo 50 de la ley citada ordena a las dependencias y entidades de la administración pública federal que se abstengan de recibir propuestas o celebrar contratos con las personas “que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”. Esa hipótesis incluye a Madero Muñoz, quien no sólo tenía condición de servidor público como diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, sino que formaba parte de Electronic Publishing, S.A. de C.V., como socio y presidente ejecutivo, con pleno poder notarial, según consta en el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua. Conforme a documentos obtenidos por Proceso, entre 2000 y 2004 Madero Muñoz tuvo ganancias por al menos 35 millones de pesos, derivadas de contratos para dotar de software a dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Un ejemplo de la discrecionalidad para otorgar recursos del erario federal son siete contratos que, por adjudicación directa, le otorgó a la empresa de Gustavo Madero en 2004 el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la SCT, César Patricio Reyes Roel, diputado federal del PAN cuando Calderón fue coordinador de la bancada y quien posteriormente fue por ratificado por éste en el cargo. Otro de los benefactores de Electronic Publishing fue el gobierno panista de Querétaro, que le otorgó, en mayo de 2000, dos contratos por más de 20 millones de pesos.
De hecho, el año 2000 marca el ascenso de Electronic Publishing, que al ser fundada en 1995 era una modesta empresa con un patrimonio de 50 mil pesos. Con la alternancia en la Presidencia de la República las cosas cambiaron: el capital social aumentó a 15 millones de pesos. A la compañía se sumaron, además, prominentes empresarios de Chihuahua, a cuyo gobierno estatal aspira Madero Muñoz con el respaldo de la facción hegemónica del PAN en el estado, los “dhiacos”, cuyo origen es la agrupación ultraderechista Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC), uno de los organismos fachada de El Yunque. Pero por ahora, junto con Mouriño y Germán Martínez, presidente del PAN, el nuevo coordinador de los senadores de este partido integra la triada responsable del “relanzamiento” de la estrategia de Calderón para hacer aprobar la reforma de Pemex, exhibida por la oposición, incluyendo a Cuauhtémoc Cárdenas, como privatizadora.
Negocios con los amigos
Exfuncionario del gobierno de Francisco Barrio, de quien fue director de Planeación entre 1992 y 1998, Madero Muñoz está estrechamente vinculado a los grandes empresarios de Chihuahua y Nuevo León que financiaron, aun ilegalmente, la campaña de Calderón. Madero fue miembro del Consejo Estratégico de la campaña de Calderón en Chihuahua en el proceso electoral de 2006, junto con Enrique Terrazas Torres, quien fue el responsable formal del financiamiento, y su hijo, Enrique Terrazas Seyffert (que orquestó la campaña televisiva contra Andrés Manuel López Obrador, a través del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, Celiderh). El senador del PAN, quien ya anunció que dejará la presidencia de la Comisión de Hacienda, constituyó en 1995 Electronic Publishing, S.A. de C.V., empresa dedicada a crear, diseñar, idear, desarrollar, producir, maquilar, distribuir, comercializar y representar todo tipo de productos de software. Era una compañía modesta, según se describe en la escritura pública protocolizada el 12 de julio de aquel año en la capital de Chihuahua, de donde Madero es originario. El capital social fue de 50 mil pesos y se dividió en 50 acciones de mil pesos cada una. El consejo de administración quedó presidido por Madero Muñoz, y su único socio, Marco Antonio Herrera García, asumió la secretaría. Cada uno tenía 25 acciones de la sociedad, a la que sumaron a sus respectivas esposas: María Eugenia Falomir de Madero y Cynthia Barrera Barrón de Herrera.
El primer director de la sociedad fue Herrera García, de 1995 hasta 2002, hasta que ingresó al servicio público federal. Antes fue director de Egresos de la tesorería municipal de Chihuahua capital, entre 1984 y 1986, cuando el alcalde era Luis H. álvarez, actual encargado de la oficina federal de asuntos indígenas.
A Herrera García lo sustituyó Alexis Tron Almaguer, quien también formó parte del gobierno de Vicente Fox: fue director de Control y Evaluación de la PGR cuando el titular era Daniel Cabeza de Vaca, actual subsecretario de Gobernación. Luego, mientras era presidente ejecutivo y del consejo de administración, Madero Muñoz asumió poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, en 2001, justo el año en que la empresa registró el ingreso de prominentes inversionistas. El 30 de agosto de ese año, conforme a la escritura pública, se celebró una Asamblea Extraordinaria: se aumentó el capital social de 50 mil pesos, tal como se había fundado, a 15 millones 696 mil pesos, y se nombró a Madero Muñoz como presidente ejecutivo y a Arturo Chávez Chávez como secretario. La distribución accionaria quedó de la siguiente forma: Promotora Empresarial del Norte S.A. de C.V., 4 mil 348 acciones, cada una con valor de mis pesos, lo que arrojó un total de 4 millones 348 mil pesos; Río Sacramento, S.A. de C.V., con 3 mil 259 acciones (3 millones 259 mil pesos); Internacional de Cerámica, S.A. de C.V., con 2 mil 896 acciones (2 millones 896 mil pesos), y Cementos de Chihuahua, de la familia Terrazas Torres, con mil 613 acciones por un millón 613 mil pesos. Alonso Rafael Ramos Vaca –quien fue presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua, un organismo privado que encabezó también Madero Muñoz– es otro de los accionistas, con mil 88 acciones (un millón 88 mil pesos); Sistema Anix, S.A. con 854 acciones (854 mil pesos); Evaristo Francisco Juan Madero Porraz, con 302 acciones (302 mil pesos).
Madero Muñoz y Herrera García, los fundadores de la empresa, quedaron en una posición accionaria minoritaria: el primero, con 658 acciones, con un valor de 658 mil pesos, y el segundo con 156 acciones, con valor de 156 mil pesos. Estos datos los omite Madero Muñoz en su currículo oficial de senador, aunque, eso sí, destaca ser miembro del Consejo de Administración del consorcio regiomontano Vitro, cuyo comité de auditoría preside y del que forman parte Jaime Serra Puche, Alejandro Garza Lagüera y Joaquín Vargas Guajardo. Exconsejero regional de Banamex, Madero Muñoz sumó a la sociedad a su cuñado, José Martín Falomir Morales, y a uno de sus hermanos, Mauricio Augusto Madero Muñoz.
“Decencia pública”
Fue a partir del año 2000 que a la empresa de Madero Muñoz le empezó a ir bien en los negocios. Ese mismo año recibió del gobierno de Querétaro, encabezado por Ignacio Loyola, dos contratos: uno por un millón 438 mil 235 dólares (equivalente a unos 15 millones de pesos) y otro por 7 millones 792 mil pesos. En diciembre de 2003, tres meses después de que Vicente Fox lo nombró secretario de Energía y cuando Madero Muñoz era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados –justo cuando se discutía el paquete presupuestal para 2004– esta secretaría le asignó a Electronic Publishing, S.A. de C.V. un contrato para la “implantación de un sistema de planeación de recursos gubernamentales”. En la asignación del contrato, por 4 millones 600 mil pesos, sin incluir IVA, la Secretaría de Energía presuntamente contravino la Ley de Adquisiciones, que en su artículo 50 establece que las dependencias y entidades de la administración pública federal se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos en las materias a las que se refiere esa ley con las personas que detalla la fracción II:
“Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte…”
La PGR, encabezada por el general Rafael Macedo de la Concha, ya había otorgado antes, en noviembre de 2002, un contrato derivado de una licitación por un total de 6 millones 100 mil pesos. En esa fecha, Herrera García, el socio de Madero Muñoz, era ya el contralor de la Secretaría de Gobernación, nombrado por Francisco Barrio.
Pero la dependencia que más contratos le otorgó a Electric Publishing fue la secretaría encabezada por Pedro Cerisola, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, cuyo titular, César Patricio Reyes Roel, le dio siete contratos por adjudicación directa con un monto de 735 mil pesos. Exdiputado federal panista por Chihuahua, justo cuando Calderón era coordinador parlamentario de la fracción, Reyes Roel asumió el cargo en la SCT el 1 de abril del 2003 y al año siguiente –de agosto a diciembre– firmó los contratos con la empresa de su amigo Madero Muñoz para instalar un modelo administrativo para el sistema de información presupuestal y contable en seis administraciones portuarias. El 20 de agosto se firmaron los contratos para actividades de consultoría, análisis de requerimientos, procesos de índole informática, administrativos contables y financieros en la Administración Portuaria Integral de Ensenada. El costo total fue de 130 mil pesos.
Ese mismo día, y al mismo precio, se contrató a la empresa de Madero Muñoz para instrumentar la “Administración para el Sistema de Información Presupuestal y Contable (SIPC) en la administración portuaria Integral de Tuxpan, Veracruz”. Cuatro días después, en 24 de agosto, el SIPC se contrató para Guaymas, sólo que ahora costó 150 mil pesos. El 28 de se mismo mes, se pagaron 100 mil pesos para elaborar un “Programa de Contabilidad”. El 10 de noviembre, para la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, Oaxaca, se contrataron servicios profesionales de consultoría, análisis de requerimientos en procesos de índole informática, administrativas, contables y financieras y para crear un modelo de administración, sistema de información presupuestal y contable, a un costo total de 55 mil pesos.
Y ese mismo día se contrató el modelo “Administración para el sistema de información presupuestal y contable” para el puerto de Veracruz, cuyo costo fue de 170 mil pesos.
Quince días antes de concluir 2004, Reyes Roel –ratificado en el cargo por el secretario Luis Téllez– pagó a la empresa de su amigo panista 130 mil pesos para crear un modelo para el sistema de administración presupuestal en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. El costo fue de 130 mil pesos. Una vez designado coordinador de de los senadores en sustitución de Creel, Madero Muñoz parece encajar en el perfil que de la “nueva clase política” panista hizo Germán Martínez cuando defendió a Mouriño de las acusaciones de usar el servicio público para negocios personales: “él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”
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