Miguel Ángel Granados Chapa
Al mediodía del martes, en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, la principal de Xalapa, frente a la cual se alza el palacio de Gobierno donde despacha el gobernador Fidel Herrera, un promotor de derechos campesinos se roció con gasolina y se prendió fuego. A pesar de que compañeros suyos y brigadistas de la Cruz Roja sofocaron pronto las llamas que envolvían a Ramiro Guillén Tapia, la lumbre le causó quemaduras de tal gravedad que ayer en la mañana, antes de cumplirse veinticuatro horas de su trágica decisión, murió en el hospital en que se hicieron inútiles esfuerzos por salvarle la vida.
De pie durante los minutos en que el fuego consumía su cuerpo, Tapia Guillén logró explicar la causa de su inmolación: “Lo hice porque no sirve el Gobierno, sólo son engaños y yo tenía que responder a mi pueblo popoluca”. Andrés Cruz, integrante del Comité regional pro defensa de los derechos humanos en el Sur de Veracruz, que encabezaba Guillén Tapia, agregó que el engaño a que éste se refería consiste en la cancelación de citas del gobernador con el grupo campesino de que forman parte. El martes mismo se habría cancelado un encuentro en que los populucas del ejido de Ocozotepec, en el municipio de Soteapan, en el Sur veracruzano conocerían la solución a un conflicto de tierras que han padecido durante décadas. (La Jornada, 1 de octubre).
En el Gobierno veracruzano reaccionó con displicencia ante el sacrificio del dirigente populuca. Para un funcionario de segundo rango en la secretaría de Gobierno, Valentín Arrieta Sanromán, se trató de un “mero afán protagónico”, como si privarse de la vida y del modo atroz en que lo hizo Guillén Tapia fuera una trivialidad. No contuvo su ánimo despectivo, reprobable en toda persona, pero en mayor medida cuando lo expresa un funcionario que debe tratar con peticionarios menesterosos. Dijo con desdén que los campesinos indígenas gustan de “hacerse los sufridos”. Otro miembro del Gobierno (Carlos Ramírez Marín, director de política regional de la subsecretaría de Desarrollo Político) fue más allá, al suponer que la decisión del promotor de derechos humanos tenía motivos aviesos. Sugirió que llegó al extremo de quemarse por “haber engañado a sus representados y, al ser descubierto, amenazó con suicidarse”, imagino que sólo para distraer la atención de sus compañeros. (Notisistema, 1 de octubre). Pero como no se quedó en amago, en un mero anuncio, la conjetura del funcionario pierde peso si es que lo tuvo y no resulta una tentativa de descargar a la Administración veracruzana de responsabilidad por las demoras que en éste u otros casos han lastrado la vida de ese poblado indígena.
Guillén Tapia, que gestionaba a favor de los ejidatarios popolucas varios asuntos, había sido convocado para acordar la solución de un problema de tierras suscitado hace más de veinte años, pero se le dijo que la reunión del caso fue cancelada, lo que lo exasperó al extremo. Al parecer se había convenido que los compañeros del dirigente inmolado, tenidos como invasores de más de doscientas hectáreas en el ejido en que habitan, las abandonaran a cambio de una indemnización. Si en efecto se aplazó la cita, no lo supo a tiempo el delegado de la secretaría de la Reforma agraria en Veracruz, Alberto Meza Abud quien dijo en el palacio de Gobierno: “me llamaron hace hora y media porque hoy se iba a firmar el convenio. Hablé con Ramiro Tapia (sic) y aquí estoy”. Se traba de consumar el pacto que ponía fin a un conflicto desatendido durante años.
Tras el fallecimiento de Guillén Tapia, el Gobierno de Jalapa buscó alejar de sí la causa de su decisión. En un comunicado de prensa lamentó la muerte del dirigente y proclamó que “en todo momento se medió entre instancias federales y campesinos”. El boletín informa que Guillén Tapia “estaba en Xalapa con otros 42 campesinos que desde hace más de veinte años están en posesión de 250 hectáreas del ejido Ocozotepec”, las mismas cuyo desalojo iba a ser compensado por la Secretaría de la Reforma Agraria. El secretario de Gobierno veracruzano, Reynaldo Escobar Pérez “dijo que el Gobierno del Estado ofreció su respaldo para gestionar un crédito puente para liquidar los más de dos millones de pesos para finalizar el conflicto agrario.
”Añadió que se acordó que la Federación otorgara el 50 por ciento de lo convenido y el Estado la otra parte, recursos que adelantará la Administración estatal, en tanto el Gobierno Federal deposita los recursos”. El delegado de la Reforma Agraria a su vez dijo a los representantes popolucas que los recursos federales “saldrán después del 30 de octubre”.
El escenario donde surgió la inmolación de Guillén Tapia es, por desgracia, muy conocido. Se trata de litigios agrarios que se ventilan por años, con el agravamiento que el tiempo supone por las tensiones que la disputa legal genera, y por la dejadez de las autoridades, locales o federales que no están nunca poseídas por el sentido de urgencia que mueve a los peticionarios de un arreglo, dotados sin embargo por un paralelo sentido de paciencia que les permite ir y tornar a las oficinas burocráticas donde sus reclamaciones reposan por años sin que nadie las atienda.
Según Andrés Cruz, el gobernador Herrera ha evitado recibir a los popolucas en 107 ocasiones. Acaso se refiere a que no han sido recibidos en las audiencias públicas semanales durante dos años, donde no hay cita propiamente, que pueda ser cancelada. Pero no hay duda que hubo grave negligencia.
De pie durante los minutos en que el fuego consumía su cuerpo, Tapia Guillén logró explicar la causa de su inmolación: “Lo hice porque no sirve el Gobierno, sólo son engaños y yo tenía que responder a mi pueblo popoluca”. Andrés Cruz, integrante del Comité regional pro defensa de los derechos humanos en el Sur de Veracruz, que encabezaba Guillén Tapia, agregó que el engaño a que éste se refería consiste en la cancelación de citas del gobernador con el grupo campesino de que forman parte. El martes mismo se habría cancelado un encuentro en que los populucas del ejido de Ocozotepec, en el municipio de Soteapan, en el Sur veracruzano conocerían la solución a un conflicto de tierras que han padecido durante décadas. (La Jornada, 1 de octubre).
En el Gobierno veracruzano reaccionó con displicencia ante el sacrificio del dirigente populuca. Para un funcionario de segundo rango en la secretaría de Gobierno, Valentín Arrieta Sanromán, se trató de un “mero afán protagónico”, como si privarse de la vida y del modo atroz en que lo hizo Guillén Tapia fuera una trivialidad. No contuvo su ánimo despectivo, reprobable en toda persona, pero en mayor medida cuando lo expresa un funcionario que debe tratar con peticionarios menesterosos. Dijo con desdén que los campesinos indígenas gustan de “hacerse los sufridos”. Otro miembro del Gobierno (Carlos Ramírez Marín, director de política regional de la subsecretaría de Desarrollo Político) fue más allá, al suponer que la decisión del promotor de derechos humanos tenía motivos aviesos. Sugirió que llegó al extremo de quemarse por “haber engañado a sus representados y, al ser descubierto, amenazó con suicidarse”, imagino que sólo para distraer la atención de sus compañeros. (Notisistema, 1 de octubre). Pero como no se quedó en amago, en un mero anuncio, la conjetura del funcionario pierde peso si es que lo tuvo y no resulta una tentativa de descargar a la Administración veracruzana de responsabilidad por las demoras que en éste u otros casos han lastrado la vida de ese poblado indígena.
Guillén Tapia, que gestionaba a favor de los ejidatarios popolucas varios asuntos, había sido convocado para acordar la solución de un problema de tierras suscitado hace más de veinte años, pero se le dijo que la reunión del caso fue cancelada, lo que lo exasperó al extremo. Al parecer se había convenido que los compañeros del dirigente inmolado, tenidos como invasores de más de doscientas hectáreas en el ejido en que habitan, las abandonaran a cambio de una indemnización. Si en efecto se aplazó la cita, no lo supo a tiempo el delegado de la secretaría de la Reforma agraria en Veracruz, Alberto Meza Abud quien dijo en el palacio de Gobierno: “me llamaron hace hora y media porque hoy se iba a firmar el convenio. Hablé con Ramiro Tapia (sic) y aquí estoy”. Se traba de consumar el pacto que ponía fin a un conflicto desatendido durante años.
Tras el fallecimiento de Guillén Tapia, el Gobierno de Jalapa buscó alejar de sí la causa de su decisión. En un comunicado de prensa lamentó la muerte del dirigente y proclamó que “en todo momento se medió entre instancias federales y campesinos”. El boletín informa que Guillén Tapia “estaba en Xalapa con otros 42 campesinos que desde hace más de veinte años están en posesión de 250 hectáreas del ejido Ocozotepec”, las mismas cuyo desalojo iba a ser compensado por la Secretaría de la Reforma Agraria. El secretario de Gobierno veracruzano, Reynaldo Escobar Pérez “dijo que el Gobierno del Estado ofreció su respaldo para gestionar un crédito puente para liquidar los más de dos millones de pesos para finalizar el conflicto agrario.
”Añadió que se acordó que la Federación otorgara el 50 por ciento de lo convenido y el Estado la otra parte, recursos que adelantará la Administración estatal, en tanto el Gobierno Federal deposita los recursos”. El delegado de la Reforma Agraria a su vez dijo a los representantes popolucas que los recursos federales “saldrán después del 30 de octubre”.
El escenario donde surgió la inmolación de Guillén Tapia es, por desgracia, muy conocido. Se trata de litigios agrarios que se ventilan por años, con el agravamiento que el tiempo supone por las tensiones que la disputa legal genera, y por la dejadez de las autoridades, locales o federales que no están nunca poseídas por el sentido de urgencia que mueve a los peticionarios de un arreglo, dotados sin embargo por un paralelo sentido de paciencia que les permite ir y tornar a las oficinas burocráticas donde sus reclamaciones reposan por años sin que nadie las atienda.
Según Andrés Cruz, el gobernador Herrera ha evitado recibir a los popolucas en 107 ocasiones. Acaso se refiere a que no han sido recibidos en las audiencias públicas semanales durante dos años, donde no hay cita propiamente, que pueda ser cancelada. Pero no hay duda que hubo grave negligencia.
Kikka Roja
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