Diversas organizaciones de transportistas protestaron ayer, en distintos puntos del territorio nacional, en demanda de la disminución en el precio del diesel y la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU), como medidas para evitar un incremento en los fletes al transporte de carga y en las tarifas a los usuarios del transporte de pasajeros. En esta capital, la movilización de alrededor de cientos de vehículos procedentes de 28 entidades desquició el tránsito durante gran parte del día y mermó la cantidad de unidades de transporte público disponible, lo cual generó considerables afectaciones y molestias comprensibles entre la población.
Estas protestas –a las que deben agregarse las recientemente protagonizadas, por el mismo motivo, por los pescadores mexicanos– dan cuenta del creciente descontento social que recorre el país a consecuencia de la falta de voluntad política del gobierno federal para hacer frente a la actual crisis económica: ante la necesidad de modificar la política vigente de precios de combustibles –y evitar, de esa manera, la configuración de un panorama todavía más exasperante para la economía popular–, el calderonismo se ha limitado a emprender acciones como el congelamiento del precio de las gasolinas –luego de que ese combustible experimentó más de 30 incrementos durante el año pasado– o la reducción en el alza mensual del diesel, medidas de carácter cosmético que no atienden a las demandas de los sectores afectados y reflejan, en cambio, una actitud indolente y hasta demagógica de la presente administración.
Hasta hoy no existen justificaciones de índole económica para mantener los niveles actuales de los precios internos de los combustibles, toda vez que las cotizaciones internacionales del crudo acusan una drástica disminución y, por tanto, los productos derivados del petróleo se han abaratado prácticamente en todo el mundo: baste mencionar que los equivalentes de las gasolinas regular y premium en Estados Unidos, cuyos precios se ubicaban en 10.85 y 11.49 pesos por litro en julio de 2008 –mes en el que el petróleo alcanzó su nivel histórico cercano a 150 dólares por barril–, se cotizan hoy en 6.04 y 6.78 pesos por litro, respectivamente; en tanto, el costo del diesel en la nación vecina, que llegó a rondar los 10.50 pesos por litro a mediados del año pasado, hoy se ubica alrededor de 6.50 pesos por litro, es decir, 15 por ciento menos de lo que vale al sur del río Bravo (7.68 pesos por litro).
Ante tales consideraciones, es claro que la actual política de precios de los combustibles no obedece a los preceptos de una economía de mercado ni, como se ha dicho, a la intención de homologar los costos en México con las cotizaciones internacionales, sino a un empeño por mantener el ingreso de recursos a las arcas públicas con medidas que castigan a los sectores mayoritarios y no, como debería ser, mediante el cobro de impuestos a las grandes corporaciones y a las desmedidas fortunas individuales.
Por lo demás, la renuencia del calderonismo a bajar los costos del diesel resta credibilidad y sustento a su pretendido interés por defender a los transportistas mexicanos ante las restricciones impuestas por el Senado de Estados Unidos, que les impiden circular en ese país en contra de lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: mientras que el gobierno federal aplica represalias a la nación vecina por el incumplimiento del acuerdo de comercio trilateral en materia de transporte de carga, en el país se mantienen políticas que hacen que ésa y otras actividades económicas sean cada vez menos costeables, lo que equivale a enmendar con una mano las afectaciones que se causan con la otra, y a mantener un doble discurso ante el sector. Por añadidura, el incremento a los costos del transporte termina por afectar, más temprano que tarde, al conjunto de los precios; desde esa perspectiva, las tarifas irracionales del diesel y de las gasolinas constituyen factores inflacionarios del todo indeseables en la coyuntura actual, cuando la carestía es impulsada ya por otros factores endógenos y exógenos y, en particular, por la devaluación cambiaria que ha ocurrido en meses recientes.
Es necesario, en suma, que el gobierno federal dé un giro radical en el manejo de la economía, cancele las directrices de corte antipopular con las que se ha conducido hasta ahora y vuelva su atención a expresiones de descontento como las de ayer, si es que aspira a evitar un desgaste adicional en su imagen y en su autoridad –debilitadas de origen– y la configuración de escenarios indeseables de inestabilidad social.
kikka-roja.blogspot.com/
Estas protestas –a las que deben agregarse las recientemente protagonizadas, por el mismo motivo, por los pescadores mexicanos– dan cuenta del creciente descontento social que recorre el país a consecuencia de la falta de voluntad política del gobierno federal para hacer frente a la actual crisis económica: ante la necesidad de modificar la política vigente de precios de combustibles –y evitar, de esa manera, la configuración de un panorama todavía más exasperante para la economía popular–, el calderonismo se ha limitado a emprender acciones como el congelamiento del precio de las gasolinas –luego de que ese combustible experimentó más de 30 incrementos durante el año pasado– o la reducción en el alza mensual del diesel, medidas de carácter cosmético que no atienden a las demandas de los sectores afectados y reflejan, en cambio, una actitud indolente y hasta demagógica de la presente administración.
Hasta hoy no existen justificaciones de índole económica para mantener los niveles actuales de los precios internos de los combustibles, toda vez que las cotizaciones internacionales del crudo acusan una drástica disminución y, por tanto, los productos derivados del petróleo se han abaratado prácticamente en todo el mundo: baste mencionar que los equivalentes de las gasolinas regular y premium en Estados Unidos, cuyos precios se ubicaban en 10.85 y 11.49 pesos por litro en julio de 2008 –mes en el que el petróleo alcanzó su nivel histórico cercano a 150 dólares por barril–, se cotizan hoy en 6.04 y 6.78 pesos por litro, respectivamente; en tanto, el costo del diesel en la nación vecina, que llegó a rondar los 10.50 pesos por litro a mediados del año pasado, hoy se ubica alrededor de 6.50 pesos por litro, es decir, 15 por ciento menos de lo que vale al sur del río Bravo (7.68 pesos por litro).
Ante tales consideraciones, es claro que la actual política de precios de los combustibles no obedece a los preceptos de una economía de mercado ni, como se ha dicho, a la intención de homologar los costos en México con las cotizaciones internacionales, sino a un empeño por mantener el ingreso de recursos a las arcas públicas con medidas que castigan a los sectores mayoritarios y no, como debería ser, mediante el cobro de impuestos a las grandes corporaciones y a las desmedidas fortunas individuales.
Por lo demás, la renuencia del calderonismo a bajar los costos del diesel resta credibilidad y sustento a su pretendido interés por defender a los transportistas mexicanos ante las restricciones impuestas por el Senado de Estados Unidos, que les impiden circular en ese país en contra de lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte: mientras que el gobierno federal aplica represalias a la nación vecina por el incumplimiento del acuerdo de comercio trilateral en materia de transporte de carga, en el país se mantienen políticas que hacen que ésa y otras actividades económicas sean cada vez menos costeables, lo que equivale a enmendar con una mano las afectaciones que se causan con la otra, y a mantener un doble discurso ante el sector. Por añadidura, el incremento a los costos del transporte termina por afectar, más temprano que tarde, al conjunto de los precios; desde esa perspectiva, las tarifas irracionales del diesel y de las gasolinas constituyen factores inflacionarios del todo indeseables en la coyuntura actual, cuando la carestía es impulsada ya por otros factores endógenos y exógenos y, en particular, por la devaluación cambiaria que ha ocurrido en meses recientes.
Es necesario, en suma, que el gobierno federal dé un giro radical en el manejo de la economía, cancele las directrices de corte antipopular con las que se ha conducido hasta ahora y vuelva su atención a expresiones de descontento como las de ayer, si es que aspira a evitar un desgaste adicional en su imagen y en su autoridad –debilitadas de origen– y la configuración de escenarios indeseables de inestabilidad social.
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