El presidente Felipe Calderón está dispuesto a acabar con la autonomía de los llamados órganos autónomos, al llenarlos de sus incondicionales servidores, y con la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, al dar otro paso en firme para blindar al máximo la información vinculada con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.
Con la designación de Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez-Jaén como nuevas comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se confirmó que para la ocupación de las vacantes en las que participan el Ejecutivo (como ponente) y el Legislativo (como poder que designa, ratifica o no objeta), las cuotas partidistas prevalecen sobre los requisitos de idoneidad de los candidatos.
La pareja designada deja claro que el presidente y los personeros del Partido Revolucionario Institucional acordaron repartirse los dos puestos: “uno para ti (Pérez-Jaén) y otro para mí (Arzt Colunga)”. El periodo que cubrirán en el IFAI será del 12 de septiembre de 2009 al 11 de septiembre de 2016, con lo cual estarán en su cargo los últimos tres años de este gobierno y los cuatro primeros del siguiente.
Aparte de los puestos otorgados a estas dos comisionadas del IFAI, en los próximos tres meses se ocuparán otras cuatro posiciones cruciales para la vida nacional: las correspondientes a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la dirección o gubernatura del Banco de México, que tendrá efectos desde enero.
Por lo pronto, la ratificación en el Senado de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República, impulsado por Felipe Calderón, confirma que panistas y tricolores ya acordaron repartirse los puestos entre sus incondicionales.
Por lo que se refiere a los órganos autónomos, salta a la vista que, para ocupar las vacantes, en todos los casos, Calderón se decide por sus incondicionales, sin importar sus credenciales en la materia. Privilegia la lealtad sobre la capacidad; pero se le olvida que uno de los requisitos indispensables (aunque no suficiente) para lograr la confianza ciudadana y preservar la neutralidad política de los órganos autónomos es la idoneidad de sus integrantes.
Calderón interpreta que la idoneidad de los funcionarios depende de que le sirvan a él y a sus propósitos, no a las instituciones ni al país, como ya lo mostró al ocupar plazas previas en Banxico y en el mismo IFAI, así como al proponer a su secretario de Economía, Eduardo Sojo, para la presidencia del Inegi. Obviamente, lo mismo hacen los priistas, como ocurrió con toda claridad al designar a los integrantes del Consejo General y al contralor del Instituto Federal Electoral (IFE).
Con la designación de Arzt Colunga, Calderón procuró tener, aparte de una comisionada de su entera confianza, alguien que le permita cerrar todavía más el acceso a la información vinculada con el combate a la inseguridad. Tal es el sentido de echar mano de la exsecretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional.
Para Calderón y su gobierno, la lucha contra el narcotráfico es lo que para Bush fue el combate al terrorismo: el pretexto ideal para violar flagrante, pública e impunemente los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información.
Cabe al respecto recordar que el acceso a la información de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública han sido motivo de conflicto permanente entre el IFAI y los titulares de dichas dependencias.
Las resoluciones del IFAI lograron que la PGR abriera las averiguaciones previas en las que se había decretado el no ejercicio de la acción penal, es decir, aquéllas en las que el Ministerio Público (MP) consideraba que no existían elementos para consignar ante un juez. Y es que, mediante la mala integración de un expediente o la interpretación sesgada de lo que consta en el mismo, el MP –que en México tiene el monopolio de la acción penal– puede proteger a culpables decretando el inejercicio de la acción penal.
Acceder a los expedientes que no se consignan ante un juez tiene la mayor importancia porque constituye la única rendición de cuentas a la que puede sujetarse el MP, aunque la sanción que sus integrantes pueden recibir por conductas indebidas se reduzcan al ámbito de la opinión pública, pues rara vez se inicia un procedimiento administrativo o penal en contra de un agente del Ministerio Público.
Para contrarrestar dicha apertura, el 23 de enero de 2009 se reformó el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que ahora asienta:
…Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de 12 años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.
Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.
En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria.
El Ministerio Público no podrá proporcionar información, una vez que se haya ejercitado la acción penal, a quien no esté legitimado.
Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda…
Sin embargo, pareciera que, para garantizar la opacidad en este campo, dicha reforma no era suficiente y se requería tener además, dentro del órgano de transparencia, a alguien que pudiera conseguir que la información en materia de seguridad fuera inaccesible. Para ello, qué mejor que una experta en seguridad que dispone de todas las confianzas del presidente.
El PRI, por su parte, buscó a alguien que en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal comprobó que puede ser un incómodo y eficaz persecutor de un gobernante, papel que jugó María Elena Pérez-Jaén en contra del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Ahora, durante tres años, será una tozuda y molesta comisionada para Calderón, y, como los priistas ya se ven en Los Pinos nuevamente, a partir del 1 de diciembre de 2012 se transformará en una leal y dócil funcionaria pública.
Tales decisiones dañan seriamente a otra de las pocas instancias (una más sería la electoral) que han representado avances en la construcción de una institucionalidad democrática, aunque esto parece secundario para los actores políticos involucrados (Calderón, panistas y priistas), pues primero están sus intereses particulares.
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- IFAI: Otra bofetada a la sociedad
ÁLVARO DELGADOMÉXICO, D.F., 28 de septiembre (apro).- Es un hecho: La mayoría panista-priista de senadores que ratificó como procurador general de la República a un sujeto identificado como encubridor de criminales, Arturo Chávez Chávez, hará lo mismo con Sigrid Arzt y María Elena Pérez para terminar de derrumbar el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Se trata de una fatalidad no sólo en su significado de inevitable, sino de desgracia social: El IFAI nació, en 2003, como resultado de una exigencia ciudadana de crear mecanismos para la rendición de cuentas mediante el acceso a la información en poder del gobierno federal, que la había conculcado hasta entonces.
Pero ya desde que se discutía la creación del IFAI en el 2002, en el marco de la confección de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se identificó a uno de los principales opositores a la apertura informativa: El coordinador de los diputados federales del PAN, que era nada menos que Felipe Calderón.
La labor de zapa que ha hecho Calderón en el IFAI está documentada desde entonces --y publicada en Proceso--, y ahora se corona con sus propuestas al Senado para reemplazar a Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Juan Pablo Guerrero Amparán, este último sin duda el más consistente comisionado para garantizar el derecho de los mexicanos a saber.
No extraña que Calderón envíe al IFAI a Arzt y a Pérez, ambas de trayectoria y desempeño opuesto a la transparencia y a la rendición de cuentas, cualidades que deberían ser inobjetables para quienes deben ser custodios de la garantía constitucional --¡constitucional!-- a saber.
Arzt encaja en la propagandística obsesión oficial de la "guerra" contra el crimen organizado: Secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, de la que fue despedida por inepta, era la única de la alta burocracia de ese ámbito que prohibió que se hiciera pública su fotografía, porque temía por su seguridad.
Más que la anécdota en sí, lo que se revela es la proclividad de esa mujer al ocultamiento de información en ese ámbito, entre ella los abusos y violaciones a los derechos humanos de la Policía Federal y el Ejército, algo que el propio Calderón ha tratado de ocultar a través del IFAI, cuyo único comisionado que se oponía era Guerrero Amparán.
En marzo de este año, en este espacio me ocupé de este afán de Calderón, quien, con la engañifa de la seguridad nacional, envió al Congreso una iniciativa de reforma legal para que jamás se pueda conocer el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando ya estén cerradas.
Tal y como lo denunció públicamente el comisionado Guerrero, el gobierno de Calderón impone una política de cerrazón semejante a la de George W. Bush en Estados Unidos, a raíz del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001:
"¿Qué ganó Bush con eso? Nada sustancial. La cerrazón no fortaleció sus esquemas de seguridad. Prueba de ello es que su sucesor, Barack Obama, decidió abrir los archivos en cuanto entró a la Casa Blanca. La transparencia no merma la seguridad nacional."
Pero la cerrazón de Calderón puede acreditarse también cuantitativamente: El rechazo a solicitudes de información se ha disparado: En 2007, su primer año de gestión, 4 mil 222 solicitudes ciudadanas no tuvieron respuesta, pero para el 2008 la cifra se duplicó: 8 mil 208.
Por eso Calderón propone, también como comisionada, a María Elena Pérez Zermeño, una mujer harto conocida en el mundillo priista como publirrelacionista y que, repentinamente, se transformó en experta en acceso a la información y en combativa activista en defensa de este derecho.
Allegada a Elba Esther Gordillo y a sus amanuenses en la prensa, a menudo afines a Calderón, Pérez engatusó a Ernesto Villanueva, uno de los autores de la Ley Federal de Transparencia, para que se volviera su impulsor a la Comisión de Transparencia del Distrito Federal, y lo logró.
Astuta, se volvió heroína del PAN y de toda la derecha al enfrentarse con Andrés Manuel López Obrador, no en una defensa auténtica del derecho de los capitalinos a someter a escrutinio a su gobierno, sino en realidad a defender sus jugosos emolumentos de que disfrutó como comisionada ciudadana, cargo que ostentó hasta julio de este año.
Pero esta mujer ni siquiera se llama como dice llamarse: Se presenta como María Elena Pérez-Jaen Zermeño --así ha cobrado como alta burócrata en el Distrito Federal y así se propone hacerlo en el IFAI--, pero en realidad se llama María Elena Pérez Zermeño.
Fue la revista que dirige Villanueva, Transparencia y Corrupción, la que exhibió el nombre de paja de Pérez, quien por ello inclusive enfrenta, en el ámbito penal, una denuncia por la probable comisión de los delitos de colusión de servidores públicos, uso indebido de documentación oficial y usurpación de funciones, y en el ámbito administrativo se cuestiona su probidad y honradez.
Para sostener que se llama como dice llamarse, Pérez no exhibe la constancia de un juicio para cambiar su nombre, sino sólo un acta notarial de uno de sus afectos, el exprocurador Ignacio Morales Lechuga.
Arzt, quien se inscribe netamente en la facción de Calderón, cuenta con todo el apoyo de los senadores del PAN, y Pérez, más bien de establo priista, es muy amiga de Manlio Fabio Beltrones, coordinador priista.
Así, en el dando y dando de la mercadería política, la expresión más grotesca de la involución en curso, las dos quedarán firmes al no ser objetadas en el plazo de un mes y, en un caso semejante al de Chávez Chávez, se dará cumplimiento al adagio de que a los santos los santifican, a los beatos los santifican y a las ratas las ratifican…
Apuntes
En este espacio se anticipó que Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos quedarían impunes y se quedarían con las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. No se requiere ser pitoniso, sino sólo tener sentido común y apreciar lo evidente: La corrupción inaudita de instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados de la Sala Superior prefirieron no sumar otra raya al tigre y dejaron el trabajo sucio a los de la Sala Regional. Pero se sentó un precedente terrible con la resolución de Sodi: Al no contabilizarse como propaganda la "entrevista" transmitida durante el partido de futbol Puebla-Pumas, el 23 de mayo –con lo cual no se rebasa el tope de campaña--, el TEPJF abrió la puerta para que partidos y candidatos gasten lo que sea sin posibilidad de sanción… Por cierto, Sodi fue uno de los más feroces detractores de la construcción de los segundos pisos del Periférico en la Ciudad de México, y hoy guarda silencio ante la obra análoga en el Estado de México, como lo hace también la jauría que imitó a este saltibanqui que no tarda en irse al Partido Verde. Está en su naturaleza...
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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