Álvaro Delgado
Durante su campaña se jactó de tener las “manos limpias”, pero una vez instalado en Los Pinos Felipe Calderón se niega a proporcionar información fidedigna sobre el monto de su patrimonio y el de su familia. Cuando Proceso solicitó, el pasado lunes 4, una copia de la declaración patrimonial del mandatario, la Presidencia de la República se hizo a un lado: respondió que proporcionarla le corresponde a la Secretaría de la Función Pública...
Durante su campaña se jactó de tener las “manos limpias”, pero una vez instalado en Los Pinos Felipe Calderón se niega a proporcionar información fidedigna sobre el monto de su patrimonio y el de su familia. Cuando Proceso solicitó, el pasado lunes 4, una copia de la declaración patrimonial del mandatario, la Presidencia de la República se hizo a un lado: respondió que proporcionarla le corresponde a la Secretaría de la Función Pública...La transparencia no es el fuerte de Felipe Calderón: No sólo oculta el uso de 150 millones de pesos para los gastos de transición, que por mandato de ley y del Instituto Federal de Acceso a la Informa-ción (IFAI) debe informar a detalle, sino su propio patrimonio. Sobre sus bienes y los de su familia, específicamente, Calderón actúa de manera ambivalente: Como candidato hizo pública su declaración patrimonial, pero como titular del Poder Ejecutivo la mantiene oculta. La Presidencia de la República negó a Proceso una solicitud para tener acceso a la declaración patrimonial de Calderón, con el argumento de que brindarla no es de su competencia, sino de la Secretaría de la Función Pública, lo que contraviene el compromiso de transparencia que asumió Calderón cuando era candidato, así como las disposiciones del Partido Acción Nacional (PAN). Esta conducta de ocultamiento de Cal-derón no es nueva. Jamás honró su palabra de informar sobre los gastos de su campaña, el costo de la renta de tres inmuebles usados por su equipo ni sobre el de su casa de transición –propiedad de los hermanos Limón Mestre–, y tampoco sobre sus medios de sustento durante dos años y medio de desempleo, desde que renunció a la Secretaría de Energía.
“Me mantiene mi esposa”, decía durante la campaña presidencial, aludiendo a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien en marzo solicitó licencia como diputada federal, lo que cortó los suministros económicos a la familia, cuyo patrimonio monetario era, hasta el 19 de enero de 2006, de poco más de 1 millón 200 mil pesos. Pero inclusive este monto riñe con el que declaró Calderón cuando era secretario de Energía, sobre todo por el crédito que contrató con el banco IXE, dirigido por Javier Molinar Horcasitas –hermano de Juan, director general del IMSS–, para adquirir su actual vivienda, después de que estalló el escándalo por el autopréstamo, de 4 millones de pesos, que se hizo como director general del Banco Nacional de Obras (Banobras). En noviembre de 2005, Calderón autorizó a la Secretaría de la Función Pública entregar al diario Noroeste de Culiacán, Sinaloa, su declaración patrimonial, que para entonces registraba tres cuentas: Una por 21 mil 616 pesos, otra por 10 mil 410 y la tercera, en bancos estadunidenses, por 16 mil 365 dólares, así como dos casas: La de 4 millones de pesos y otra de 340 mil pesos. En ese documento se registra también un adeudo de 2 millones 363 de pesos. Tres meses después, el 19 de enero de 2006, en la declaración patrimonial de Calderón se esfumó la deuda de 2 millones 363 mil pesos, y sus cuentas, que ahora eran cinco, también observaron un crecimiento: La primera por 63 mil 147 pesos, la segunda por 58 mil 431, la tercera 50 mil 934, la cuarta 95 mil 983. Sólo la cuenta en el extranjero, mancomunada con su esposa, tuvo un ligero descenso: Acumuló 14 mil 988 dólares estadunidenses.
Las cuatro cuentas de la cónyuge de Calderón registraban, en enero de este año, un total de 885 mil pesos que, sumados a los aproximadamente 300 mil pesos que cobró antes de solicitar licencia como diputada federal panista, darían un total aproximado de 1 millón 185 mil pesos. Sobre los bienes inmuebles, cotejando la declaración patrimonial que le fue entregada a Noroeste, cuyo director es Manuel Clouthier hijo, y que Calderón hizo pública en enero, también hay cambios: la casa de 340 mil pesos desapareció y sólo anotó la de 4 millones de pesos, pero se sumaron dos bienes propiedad de Margarita Zavala: El predio rústico en Ayapango, Estado de México, valuado en 60 mil pesos y adquirido en 1997, y 33% de un terreno en el Distrito Federal valuado en 2 millones y medio de pesos. En ambas declaraciones, Calderón asegura ser propietario de dos automóviles: Un Volkswagen Golf, modelo 1993, valuado en 55 mil pesos, y una camioneta Ford Windstar modelo 2000, cuyo costo estimó en 240 mil pesos.
Prestidigitaciones
Desempleado desde junio de 2004, cuando renunció a su trayectoria de 17 meses en la administración pública –ocho como director general de Banobras y nueve como secretario de Energía–, Calderón no tuvo otro ingreso a las cuentas descritas, y cuando se le reconoció como ganador presidencial renunció a recibir un sueldo del presupuesto de transición, que ascendió a 150 millones de pesos. Con el propósito de conocer el patrimonio con el que cuenta Calderón al iniciar su gestión al frente del Poder Ejecutivo, como lo dispuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Proceso solicitó a la Presidencia, el 4 de diciembre, copia de la declaración del mandatario.
Con base en la Ley Federal de Trans-parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el reportero solicitó la “relación de bienes del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que incluya propiedades muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias y adeudos, que por ley debe rendir en su declaración patrimonial”. Sin embargo, el 15 de diciembre, la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República notificó al solicitante la negativa de información con el argumento de que proporcionarla no es de su competencia, sino de la Secre-taría de la Función Pública, según el artículo 37 fracción XV, que establece que a esa institución corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la administración pública federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables”. Sin embargo, al margen de la disposición legal, el Código de Ética del PAN dispone, en el apartado “Información, comunicación y transparencia”, la obligación de los servidores públicos de ese origen partidista a abrirse al escrutinio público: en el punto 23, establece: “Me aseguraré que la información que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la información”.
En el punto 24, añade: “Facilitaré a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar. Me abstendré de ofrecer u otorgar favores o dádivas con cualquier propósito que busque cambiar el sentido de tal información”. Y en el 27, anota: “Ejerceré la autoridad con responsabilidad y aplicaré en ello todo mi tiempo y esfuerzo, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor público y del partido (Acción Nacional). Estaré dispuesto al escrutinio de la gestión pública. Haré transparente y limpio el ámbito público”. Sin embargo, como candidato y aun antes de retomar su paso por el servicio público, el panista Calderón tuvo poco aprecio por proporcionar información, como los ingresos y egresos de su campaña, solicitados recurrentemente por el reportero, así como los sueldos de su equipo de campaña y luego de transición. Los gastos de renta –o la gratuidad– de las tres oficinas que ocupó durante la campaña, tampoco fueron dados a conocer ni los correspondientes a la casa de transición ubicada en la calle de San Francisco 1005 de la colonia Insurgentes San Borja, que habitó desde el 8 de agosto, aun antes de ser legalizado ganador de las elecciones, el 5 de septiembre.
Ahora que están desocupadas, las oficinas que albergaron la casa de transición durante casi cuatro meses están en renta: Se trata de mil 200 metros de terreno, con capacidad para estacionar 24 automóviles, y 900 metros de construcción en dos niveles. Los propietarios, los hermanos Juan, Pablo y Alberto Limón Mestre –dedicados en su despacho de contadores a dar apoyo contable, fiscal, financiero y administrativo, y que antes tuvieron ahí sus oficinas–, han fijado el costo del arriendo: 25 mil dólares mensuales, equivalentes a 270 mil pesos.
La ley y la ética
Tras la negativa de la Presidencia, Proceso solicitó el jueves 20 una copia de la declaración patrimonial de Calderón a la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Germán Martínez Cázares, uno de los más estrechos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, quien se ufana de ser escrupuloso en la aplicación de la ley y de anteponerla a los mandatos del Código de Ética del PAN. La dependencia tiene 20 días hábiles para responder. Entrevistado por el reportero el pasado 19 de septiembre, semanas antes de que fuera nombrado titular de la Función Pública, Martínez Cázares manifestó su desacuerdo con el Código de Ética, que establece que para ese partido y sus militantes en el ejercicio del servicio público “la política es éticamente política”. Y disertó al respecto: “Pero es una ética sometida al sufragio y a la voluntad de los ciudadanos. Es una moral votada en las urnas, es una moral aceptada por la mayoría de los ciudadanos. En eso los panistas no haríamos mal en releer a Emmanuel Kant y distinguir entre el valor personal –que no puede imponerse al semejante– y la ley, que es un valor para todos y debe imponerse a todos”.
–Los dirigentes y militantes no pueden cometer acciones que rompan con esta ética porque ningún fin es justificable por medios antiéticos –se le cuestionó.
–Yo no alegaría a la ética para decir eso. Mis valores son personales y con ellos guío mi conducta personal. No. Yo para que un funcionario público no se meta a la campaña de un candidato no invoco la moral, sino la ley. La ley es la moral votada y aceptada por todos y debe ser impuesta a todos. Yo no argumentaría la ética. Insisto: debemos separar la moral del derecho. Es reprobable no porque lo dice mi valor personal, mi moral individual. Es reprobable porque lo dice la ley o porque lo prohíbe una norma de observancia general y obligatoria, y no una norma personal y de observancia individual. “Yo prefiero una ley en donde no está a discusión si se obedece o no. Debe obedecerse. La política está hecha de verdades probables, no está hecha de verdades absolutas. En las verdades absolutas anidan las intolerancias y los radicalismos. Sólo en las verdades probables fructifica el pluralismo, la política, el acuerdo y el reconocimiento a que hoy el opositor, el adversario, también tiene una parte de la verdad. Por eso a mí no me gustan los conceptos absolutos en política. Y es un concepto absoluto la ética y la moral. Eso debe regir a cada quien. La ley no.”
–Sólo que los militantes del PAN están obligados a comportarse de acuerdo a los documentos básicos de un partido.
–Pero el Código de Ética es para todos los funcionarios y los principios de doctrina para todos los militantes, tengan o no poder. Yo creo en las verdades probables de la política y no de los códigos absolutos. En todo caso, creo que debe discutirse, debe rediscutirse ese tema.
Proceso No. 1573, 24 dicembre 2006“Me mantiene mi esposa”, decía durante la campaña presidencial, aludiendo a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien en marzo solicitó licencia como diputada federal, lo que cortó los suministros económicos a la familia, cuyo patrimonio monetario era, hasta el 19 de enero de 2006, de poco más de 1 millón 200 mil pesos. Pero inclusive este monto riñe con el que declaró Calderón cuando era secretario de Energía, sobre todo por el crédito que contrató con el banco IXE, dirigido por Javier Molinar Horcasitas –hermano de Juan, director general del IMSS–, para adquirir su actual vivienda, después de que estalló el escándalo por el autopréstamo, de 4 millones de pesos, que se hizo como director general del Banco Nacional de Obras (Banobras). En noviembre de 2005, Calderón autorizó a la Secretaría de la Función Pública entregar al diario Noroeste de Culiacán, Sinaloa, su declaración patrimonial, que para entonces registraba tres cuentas: Una por 21 mil 616 pesos, otra por 10 mil 410 y la tercera, en bancos estadunidenses, por 16 mil 365 dólares, así como dos casas: La de 4 millones de pesos y otra de 340 mil pesos. En ese documento se registra también un adeudo de 2 millones 363 de pesos. Tres meses después, el 19 de enero de 2006, en la declaración patrimonial de Calderón se esfumó la deuda de 2 millones 363 mil pesos, y sus cuentas, que ahora eran cinco, también observaron un crecimiento: La primera por 63 mil 147 pesos, la segunda por 58 mil 431, la tercera 50 mil 934, la cuarta 95 mil 983. Sólo la cuenta en el extranjero, mancomunada con su esposa, tuvo un ligero descenso: Acumuló 14 mil 988 dólares estadunidenses.
Las cuatro cuentas de la cónyuge de Calderón registraban, en enero de este año, un total de 885 mil pesos que, sumados a los aproximadamente 300 mil pesos que cobró antes de solicitar licencia como diputada federal panista, darían un total aproximado de 1 millón 185 mil pesos. Sobre los bienes inmuebles, cotejando la declaración patrimonial que le fue entregada a Noroeste, cuyo director es Manuel Clouthier hijo, y que Calderón hizo pública en enero, también hay cambios: la casa de 340 mil pesos desapareció y sólo anotó la de 4 millones de pesos, pero se sumaron dos bienes propiedad de Margarita Zavala: El predio rústico en Ayapango, Estado de México, valuado en 60 mil pesos y adquirido en 1997, y 33% de un terreno en el Distrito Federal valuado en 2 millones y medio de pesos. En ambas declaraciones, Calderón asegura ser propietario de dos automóviles: Un Volkswagen Golf, modelo 1993, valuado en 55 mil pesos, y una camioneta Ford Windstar modelo 2000, cuyo costo estimó en 240 mil pesos.
Prestidigitaciones
Desempleado desde junio de 2004, cuando renunció a su trayectoria de 17 meses en la administración pública –ocho como director general de Banobras y nueve como secretario de Energía–, Calderón no tuvo otro ingreso a las cuentas descritas, y cuando se le reconoció como ganador presidencial renunció a recibir un sueldo del presupuesto de transición, que ascendió a 150 millones de pesos. Con el propósito de conocer el patrimonio con el que cuenta Calderón al iniciar su gestión al frente del Poder Ejecutivo, como lo dispuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Proceso solicitó a la Presidencia, el 4 de diciembre, copia de la declaración del mandatario.
Con base en la Ley Federal de Trans-parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el reportero solicitó la “relación de bienes del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que incluya propiedades muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias y adeudos, que por ley debe rendir en su declaración patrimonial”. Sin embargo, el 15 de diciembre, la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República notificó al solicitante la negativa de información con el argumento de que proporcionarla no es de su competencia, sino de la Secre-taría de la Función Pública, según el artículo 37 fracción XV, que establece que a esa institución corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la administración pública federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables”. Sin embargo, al margen de la disposición legal, el Código de Ética del PAN dispone, en el apartado “Información, comunicación y transparencia”, la obligación de los servidores públicos de ese origen partidista a abrirse al escrutinio público: en el punto 23, establece: “Me aseguraré que la información que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la información”.
En el punto 24, añade: “Facilitaré a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar. Me abstendré de ofrecer u otorgar favores o dádivas con cualquier propósito que busque cambiar el sentido de tal información”. Y en el 27, anota: “Ejerceré la autoridad con responsabilidad y aplicaré en ello todo mi tiempo y esfuerzo, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor público y del partido (Acción Nacional). Estaré dispuesto al escrutinio de la gestión pública. Haré transparente y limpio el ámbito público”. Sin embargo, como candidato y aun antes de retomar su paso por el servicio público, el panista Calderón tuvo poco aprecio por proporcionar información, como los ingresos y egresos de su campaña, solicitados recurrentemente por el reportero, así como los sueldos de su equipo de campaña y luego de transición. Los gastos de renta –o la gratuidad– de las tres oficinas que ocupó durante la campaña, tampoco fueron dados a conocer ni los correspondientes a la casa de transición ubicada en la calle de San Francisco 1005 de la colonia Insurgentes San Borja, que habitó desde el 8 de agosto, aun antes de ser legalizado ganador de las elecciones, el 5 de septiembre.
Ahora que están desocupadas, las oficinas que albergaron la casa de transición durante casi cuatro meses están en renta: Se trata de mil 200 metros de terreno, con capacidad para estacionar 24 automóviles, y 900 metros de construcción en dos niveles. Los propietarios, los hermanos Juan, Pablo y Alberto Limón Mestre –dedicados en su despacho de contadores a dar apoyo contable, fiscal, financiero y administrativo, y que antes tuvieron ahí sus oficinas–, han fijado el costo del arriendo: 25 mil dólares mensuales, equivalentes a 270 mil pesos.
La ley y la ética
Tras la negativa de la Presidencia, Proceso solicitó el jueves 20 una copia de la declaración patrimonial de Calderón a la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Germán Martínez Cázares, uno de los más estrechos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, quien se ufana de ser escrupuloso en la aplicación de la ley y de anteponerla a los mandatos del Código de Ética del PAN. La dependencia tiene 20 días hábiles para responder. Entrevistado por el reportero el pasado 19 de septiembre, semanas antes de que fuera nombrado titular de la Función Pública, Martínez Cázares manifestó su desacuerdo con el Código de Ética, que establece que para ese partido y sus militantes en el ejercicio del servicio público “la política es éticamente política”. Y disertó al respecto: “Pero es una ética sometida al sufragio y a la voluntad de los ciudadanos. Es una moral votada en las urnas, es una moral aceptada por la mayoría de los ciudadanos. En eso los panistas no haríamos mal en releer a Emmanuel Kant y distinguir entre el valor personal –que no puede imponerse al semejante– y la ley, que es un valor para todos y debe imponerse a todos”.
–Los dirigentes y militantes no pueden cometer acciones que rompan con esta ética porque ningún fin es justificable por medios antiéticos –se le cuestionó.
–Yo no alegaría a la ética para decir eso. Mis valores son personales y con ellos guío mi conducta personal. No. Yo para que un funcionario público no se meta a la campaña de un candidato no invoco la moral, sino la ley. La ley es la moral votada y aceptada por todos y debe ser impuesta a todos. Yo no argumentaría la ética. Insisto: debemos separar la moral del derecho. Es reprobable no porque lo dice mi valor personal, mi moral individual. Es reprobable porque lo dice la ley o porque lo prohíbe una norma de observancia general y obligatoria, y no una norma personal y de observancia individual. “Yo prefiero una ley en donde no está a discusión si se obedece o no. Debe obedecerse. La política está hecha de verdades probables, no está hecha de verdades absolutas. En las verdades absolutas anidan las intolerancias y los radicalismos. Sólo en las verdades probables fructifica el pluralismo, la política, el acuerdo y el reconocimiento a que hoy el opositor, el adversario, también tiene una parte de la verdad. Por eso a mí no me gustan los conceptos absolutos en política. Y es un concepto absoluto la ética y la moral. Eso debe regir a cada quien. La ley no.”
–Sólo que los militantes del PAN están obligados a comportarse de acuerdo a los documentos básicos de un partido.
–Pero el Código de Ética es para todos los funcionarios y los principios de doctrina para todos los militantes, tengan o no poder. Yo creo en las verdades probables de la política y no de los códigos absolutos. En todo caso, creo que debe discutirse, debe rediscutirse ese tema.
Kikka Roja
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