Luis Javier Garrido
1. En la historia mexicana ningún gobernante de facto había sido tan repudiado en su intento de llegar al poder por vías ilegales como el panista Felipe Calderón, y no hay tampoco otro que tras haber usurpado la Presidencia de México haya concitado un rechazo tan inmediato a sus políticas antipopulares y antinacionales como este panista que, a menos de cien días de estar en Los Pinos, carece de la menor autoridad moral para ejercer ese poder de hecho.
2. La Marcha por la Soberanía Alimentaria, la Defensa del Salario y el Empleo, que reunió el 31 de enero a cientos de miles de manifestantes de más de 150 agrupaciones campesinas, sindicales, sociales ciudadanas y políticas, anunciando el inicio de una nueva "etapa de lucha" contra las políticas del gobierno de facto y ante el fracaso absoluto del actual modelo económico, es un nuevo anuncio de la situación crítica por la que atraviesa México tras cuatro sexenios de políticas neoliberales, agravada por las decisiones que ha tomado Felipe Calderón contra el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos y cuyo detonador fue el alza del precio de la tortilla, y de que México se halla en una situación límite.
3. La gran manifestación fue significativa en primer término por su pluralidad, ya que rompe uno de los fundamentos de la estrategia de los últimos gobiernos para poder imponer sus políticas consistente en dividir a las fuerzas sociales en su lucha con el gobierno para mejor controlarlas y cooptarlas. Muy significativo resultó que confluyeran tanto los contingentes de la izquierda como del PRI; igualmente campesinos, trabajadores e intelectuales que simples ciudadanos; lo mismo las columnas de las organizaciones sindicales desde las del Frente Sindical Mexicano hasta las de la UNT que las de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista, encabezadas por Andrés Manuel López Obrador. Y, en particular, que todas coincidieran en la llamada Declaración del Zócalo, documento que hace un llamado a construir una "amplia unidad social" con un programa concreto.
4. El hecho histórico de que por fin múltiples organizaciones de diversas tendencias confluyan en un programa de lucha política y social, que exige cambios concretos a la política económica y social para hacer del campo la prioridad, así como renegociar el capítulo agropecuario del NAFTA o TLC, es de enorme trascendencia, pues contribuye a fortalecer las condiciones existentes para que el centro del poder político siga desplazándose de Los Pinos a San Lázaro.
5. La apuesta del gobierno ilegítimo de Calderón de que podría seguir imponiendo impunemente políticas antipopulares a los mexicanos durante seis años, como hicieron sus predecesores de Salinas a Fox, gracias a la manipulación que hacen los medios masivos de comunicación, se ha ido así desmoronando junto con el sueño panista de seguir dando al pueblo atole con el dedo, como hicieron en el pasado sus aliados priístas. Las fuerzas sociales y políticas no están desmovilizadas, como ha buscado la extrema derecha que controla el poder político, y lejos de ello anuncian que las cosas van a ser diferentes en el futuro.
6. El sistema de poder que se fraguó en el régimen salinista tras el fraude electoral de 1988, y que suponía que reformulando las instancias políticas bajo la tesis de la supuesta "transición democrática" con la alternancia PRI-PAN y dando más espacio a otros partidos iba a dar legitimidad al poder público, pues todas las fuerzas políticas y sociales apoyarían el mismo proyecto y así los grupos económicos que se apoderaron entonces del poder en México podríanconsolidar su dominación, se está resquebrajando tras el fraude electoral de 2006 y la situación económica crítica creada por la prosecución de las políticas de los neoliberales.
7. La "crisis de la tortilla", como la llama la prensa europea, no es otra cosa que la punta del iceberg que refleja esa gravísima crisis económica, política y moral del aparato de poder en México, cuyas mafias y grupos corruptos, parapetados tras las siglas del PAN, con un profundo desprecio por la realidad social, creen poder seguir decidiendo impunemente las políticas generales del Estado en función de sus intereses económicos inmediatos, parapetándose en la excusa de que lo único que están haciendo es aplicar con disciplina las políticas monetaristas dictadas por los organismos internacionales.
8. El marco institucional ha sido en estas semanas de abierta simulación, pues el gobierno de facto no hace otra cosa que desafanarse de sus responsabilidades, como expresaba el comunicado de prensa del 31 de enero, asumiendo que el alza de los productos básicos no es competencia suya, como tampoco enfrentar los intereses privados que determinaron la situación, mientras muchos de sus integrantes llegan al colmo del cinismo al negar la existencia de una situación crítica para el pueblo, como Guillermo Ortiz (gobernador del Banco de México), quienes hablan de una situación imaginaria en un pueblo esquizofrénico.
9. La ausencia de una autoridad real moral y política en quien encabeza el gobierno de facto, que no puede ser visto más que como cómplice de los intereses de grupos económicos y, en consecuencia, como un enemigo de las mayorías del pueblo mexicano, deja la decisión de los asuntos públicos en los funcionarios que actúan como mandatarios de esos grupos: Guillermo Ortiz, hombre de las confianzas del Banco Mundial; Agustin Carstens (secretario de Hacienda y Crédito Público), quien actúa como empleado del FMI; el español Juan Camilo Mouriño (jefe de la oficina de la Presidencia), señalado como uno de los principales traficantes de influencias y representante de intereses empresariales extranjeros; Luis Téllez (secretario de Energía), personero de grupos empresariales salinistas y de los intereses oscuros que lo conforman; Gerónimo Gutierrez (subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina), hombre clave del Pentágono y del Departamento de Estado de Estados Unidos; Manuel Espino (presidente nacional del PAN) y mandatario del PP español y de grupos de la ultraderecha europea y latinoamericana. En un régimen espurio y surgido del fraude, sus integrantes no pueden tener representatividad social alguna: no representan más que intereses espurios.
10. El futuro inmediato de México dependerá, una vez más, de la capacidad de presión y de la fuerza que tengan las bases de las organizaciones sociales y políticas para impulsar a su dirigentes a no ceder ante la probable nueva ofensiva oficial, pero el primer paso, sin embargo, ya está dado.
1. En la historia mexicana ningún gobernante de facto había sido tan repudiado en su intento de llegar al poder por vías ilegales como el panista Felipe Calderón, y no hay tampoco otro que tras haber usurpado la Presidencia de México haya concitado un rechazo tan inmediato a sus políticas antipopulares y antinacionales como este panista que, a menos de cien días de estar en Los Pinos, carece de la menor autoridad moral para ejercer ese poder de hecho.
2. La Marcha por la Soberanía Alimentaria, la Defensa del Salario y el Empleo, que reunió el 31 de enero a cientos de miles de manifestantes de más de 150 agrupaciones campesinas, sindicales, sociales ciudadanas y políticas, anunciando el inicio de una nueva "etapa de lucha" contra las políticas del gobierno de facto y ante el fracaso absoluto del actual modelo económico, es un nuevo anuncio de la situación crítica por la que atraviesa México tras cuatro sexenios de políticas neoliberales, agravada por las decisiones que ha tomado Felipe Calderón contra el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos y cuyo detonador fue el alza del precio de la tortilla, y de que México se halla en una situación límite.
3. La gran manifestación fue significativa en primer término por su pluralidad, ya que rompe uno de los fundamentos de la estrategia de los últimos gobiernos para poder imponer sus políticas consistente en dividir a las fuerzas sociales en su lucha con el gobierno para mejor controlarlas y cooptarlas. Muy significativo resultó que confluyeran tanto los contingentes de la izquierda como del PRI; igualmente campesinos, trabajadores e intelectuales que simples ciudadanos; lo mismo las columnas de las organizaciones sindicales desde las del Frente Sindical Mexicano hasta las de la UNT que las de los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista, encabezadas por Andrés Manuel López Obrador. Y, en particular, que todas coincidieran en la llamada Declaración del Zócalo, documento que hace un llamado a construir una "amplia unidad social" con un programa concreto.
4. El hecho histórico de que por fin múltiples organizaciones de diversas tendencias confluyan en un programa de lucha política y social, que exige cambios concretos a la política económica y social para hacer del campo la prioridad, así como renegociar el capítulo agropecuario del NAFTA o TLC, es de enorme trascendencia, pues contribuye a fortalecer las condiciones existentes para que el centro del poder político siga desplazándose de Los Pinos a San Lázaro.
5. La apuesta del gobierno ilegítimo de Calderón de que podría seguir imponiendo impunemente políticas antipopulares a los mexicanos durante seis años, como hicieron sus predecesores de Salinas a Fox, gracias a la manipulación que hacen los medios masivos de comunicación, se ha ido así desmoronando junto con el sueño panista de seguir dando al pueblo atole con el dedo, como hicieron en el pasado sus aliados priístas. Las fuerzas sociales y políticas no están desmovilizadas, como ha buscado la extrema derecha que controla el poder político, y lejos de ello anuncian que las cosas van a ser diferentes en el futuro.
6. El sistema de poder que se fraguó en el régimen salinista tras el fraude electoral de 1988, y que suponía que reformulando las instancias políticas bajo la tesis de la supuesta "transición democrática" con la alternancia PRI-PAN y dando más espacio a otros partidos iba a dar legitimidad al poder público, pues todas las fuerzas políticas y sociales apoyarían el mismo proyecto y así los grupos económicos que se apoderaron entonces del poder en México podríanconsolidar su dominación, se está resquebrajando tras el fraude electoral de 2006 y la situación económica crítica creada por la prosecución de las políticas de los neoliberales.
7. La "crisis de la tortilla", como la llama la prensa europea, no es otra cosa que la punta del iceberg que refleja esa gravísima crisis económica, política y moral del aparato de poder en México, cuyas mafias y grupos corruptos, parapetados tras las siglas del PAN, con un profundo desprecio por la realidad social, creen poder seguir decidiendo impunemente las políticas generales del Estado en función de sus intereses económicos inmediatos, parapetándose en la excusa de que lo único que están haciendo es aplicar con disciplina las políticas monetaristas dictadas por los organismos internacionales.
8. El marco institucional ha sido en estas semanas de abierta simulación, pues el gobierno de facto no hace otra cosa que desafanarse de sus responsabilidades, como expresaba el comunicado de prensa del 31 de enero, asumiendo que el alza de los productos básicos no es competencia suya, como tampoco enfrentar los intereses privados que determinaron la situación, mientras muchos de sus integrantes llegan al colmo del cinismo al negar la existencia de una situación crítica para el pueblo, como Guillermo Ortiz (gobernador del Banco de México), quienes hablan de una situación imaginaria en un pueblo esquizofrénico.
9. La ausencia de una autoridad real moral y política en quien encabeza el gobierno de facto, que no puede ser visto más que como cómplice de los intereses de grupos económicos y, en consecuencia, como un enemigo de las mayorías del pueblo mexicano, deja la decisión de los asuntos públicos en los funcionarios que actúan como mandatarios de esos grupos: Guillermo Ortiz, hombre de las confianzas del Banco Mundial; Agustin Carstens (secretario de Hacienda y Crédito Público), quien actúa como empleado del FMI; el español Juan Camilo Mouriño (jefe de la oficina de la Presidencia), señalado como uno de los principales traficantes de influencias y representante de intereses empresariales extranjeros; Luis Téllez (secretario de Energía), personero de grupos empresariales salinistas y de los intereses oscuros que lo conforman; Gerónimo Gutierrez (subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina), hombre clave del Pentágono y del Departamento de Estado de Estados Unidos; Manuel Espino (presidente nacional del PAN) y mandatario del PP español y de grupos de la ultraderecha europea y latinoamericana. En un régimen espurio y surgido del fraude, sus integrantes no pueden tener representatividad social alguna: no representan más que intereses espurios.
10. El futuro inmediato de México dependerá, una vez más, de la capacidad de presión y de la fuerza que tengan las bases de las organizaciones sociales y políticas para impulsar a su dirigentes a no ceder ante la probable nueva ofensiva oficial, pero el primer paso, sin embargo, ya está dado.
Kikka Roja
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