- Vecinos aseguran que se los llevaron en un patrulla
- "Desaparecen" los hijos de Ernestina Ascensión
- Extraen el expediente clínico de la indígena veracruzana
BLANCHE PETRICH
Este lunes se cumplen dos semanas desde que los cinco hijos de la anciana Ernestina Ascensión Inés -Marta, Carmen e Isabel, Francisco y Julio- fueron sacados de Tetlaltzinga, su comunidad en lo alto de la sierra de Zongolica, por tres patrullas de la Policía Auxiliar veracruzana y trasladados, inicialmente, a Jalapa. Se ignora su paradero.
Justo a partir del momento en el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dio un giro de 180 grados en su postura inicial de investigar la muerte de la mujer nahua por una violación tumultuaria y concluir sorpresivamente que se trató de una muerte natural, "por parasitosis", y que no procedía la acción penal, sus descendientes abandonaron sus casas. Lo anterior fue constatado por tres diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Valentina Batres, Alliet Bautista y Marisela Contreras, quienes viajaron el fin de semana a la región y llegaron hasta las viviendas de la familia. Ahí sólo encontraron las casas abandonadas y a policías del estado, con armas largas, bajo las órdenes del comandante Héctor Manuel Alcántara Ortiz, vigilando el área. Un sobrino de doña Ernestina, Bernardo Ascensión, que laboraba en uno de los talleres de carpintería de la familia, recibió al grupo de legisladoras, pero no proporcionó ningún dato. A partir de ese día, 30 de abril, cuando el fiscal especial Juan Alatriste y el procurador de Justicia veracruzano, Emeterio López Márquez, anunciaron el no ejercicio de la acción penal, los hermanos Ascensión Inés perdieron todo contacto con sus vecinos, el resto de su parentela, sus autoridades comunitarias y municipales, las organizaciones de derechos humanos y la prensa.
Agentes "protegen" viviendas de la familia
Según el testimonio del presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, a partir del 22 de abril -fecha en la que él subió hasta Tetlaltzinga para interesarse por la familia-, un comando integrado por 10 elementos del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz, con dos camionetas tipo pick up de la corporación, permaneció custodiando las viviendas de los hijos de Ernestina, en las orillas del pueblo. Los agentes decían estar brindando "protección" a los familiares, pero en la práctica los aislaban de todo contacto con el exterior. El día 30, cerca de las siete de la mañana, varios testigos de los pueblos aledaños vieron bajar a los cinco hermanos de la montaña dentro de una patrulla, custodiados por dos camionetas con policías armados. No hablaron con nadie. Algunas autoridades del municipio suponen que fueron trasladados a Orizaba, pero otros consideran que es probable que hayan sido llevados hasta Jalapa. Según datos recabados por las legisladoras en las entrevistas que realizaron con pobladores de la región, en el pueblo se rumora que están en México, "invitados por el presidente Felipe Calderón, porque los quiere tener cerca". Este sábado 5 de mayo, en una reunión de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Veracruz y las tres diputadas -Contreras, que preside la Comisión de Equidad y Género; Batres y Bautista, que integran la Comisión de Derechos Humanos- se concluyó que lo que se pretende en este operativo de aislamiento en el que intervienen los gobiernos estatal y federal es "mantenerlos guardados" mientras transcurre el plazo de 15 días hábiles desde el momento en el que la procuraduría estatal resolvió que en el caso de doña Ernestina no hay delito que perseguir porque falleció de "parasitosis", para que posteriormente ninguno de sus hijos pueda impugnar esta conclusión de la averiguación previa.
Una vez transcurridos los 15 días, prescribe la posibilidad de que los interesados se inconformen con la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. El primero de mayo, en entrevista, el gobernador Fidel Herrera declaró que "había hablado" con la familia de Ernestina y que habían firmado un documento de conformidad con la conclusión del procurador. No se conoce en qué términos fue redactado este documento, que no se ha hecho público. Tampoco se explicó con qué propósito se pidió la firma de los familiares de la víctima. Al día siguiente, en la televisora local, aparecieron en público por última vez los cinco hermanos Inés Ascención, tomándose la foto con Herrera Beltrán, pero sin hacer declaración alguna. La diputada Valentina Batres consideró que "nadie sabe si su firma de conformidad fue voluntaria o si fue lograda por presión de las autoridades". Otro de los hallazgos de las diputadas en su gira a Soledad Atzompa es que el expediente médico de doña Ernestina en la clínica Unidad Médica Rural de Acultzingo fue extraído.
Personal de la clínica recuerda bien a la señora Ascensión, una mujer sana para su edad, con algunos antecedentes de bronquitis y que hace algunos años fue atendida ahí mismo por una mordedura de perro en la pierna. Ni un rastro de gastritis, úlceras pépticas o, como finalmente se dijo, parasitosis. El jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, doctor Javier Yeo Canales, reclamó el expediente y no lo devolvió. Estos datos fueron valorados en la reunión que sostuvieron las diputadas Batres, Contreras y Bautista con los representantes de las siguientes organizaciones: el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Matraca, que trabaja con niños y trabajadores de la calle, la Red de Organismos Civiles de Veracruz, el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos (OVDH) y los representantes de las redes de defensa del voto del 2 de julio.
En la reunión, Cristopher Servín, del OVDH, informó que su organismo ya interpuso, el pasado 22 de abril, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por irregularidades en la investigación de este caso.
Kikka Roja
Justo a partir del momento en el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz dio un giro de 180 grados en su postura inicial de investigar la muerte de la mujer nahua por una violación tumultuaria y concluir sorpresivamente que se trató de una muerte natural, "por parasitosis", y que no procedía la acción penal, sus descendientes abandonaron sus casas. Lo anterior fue constatado por tres diputadas federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Valentina Batres, Alliet Bautista y Marisela Contreras, quienes viajaron el fin de semana a la región y llegaron hasta las viviendas de la familia. Ahí sólo encontraron las casas abandonadas y a policías del estado, con armas largas, bajo las órdenes del comandante Héctor Manuel Alcántara Ortiz, vigilando el área. Un sobrino de doña Ernestina, Bernardo Ascensión, que laboraba en uno de los talleres de carpintería de la familia, recibió al grupo de legisladoras, pero no proporcionó ningún dato. A partir de ese día, 30 de abril, cuando el fiscal especial Juan Alatriste y el procurador de Justicia veracruzano, Emeterio López Márquez, anunciaron el no ejercicio de la acción penal, los hermanos Ascensión Inés perdieron todo contacto con sus vecinos, el resto de su parentela, sus autoridades comunitarias y municipales, las organizaciones de derechos humanos y la prensa.
Agentes "protegen" viviendas de la familia
Según el testimonio del presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, a partir del 22 de abril -fecha en la que él subió hasta Tetlaltzinga para interesarse por la familia-, un comando integrado por 10 elementos del Instituto de la Policía Auxiliar de Veracruz, con dos camionetas tipo pick up de la corporación, permaneció custodiando las viviendas de los hijos de Ernestina, en las orillas del pueblo. Los agentes decían estar brindando "protección" a los familiares, pero en la práctica los aislaban de todo contacto con el exterior. El día 30, cerca de las siete de la mañana, varios testigos de los pueblos aledaños vieron bajar a los cinco hermanos de la montaña dentro de una patrulla, custodiados por dos camionetas con policías armados. No hablaron con nadie. Algunas autoridades del municipio suponen que fueron trasladados a Orizaba, pero otros consideran que es probable que hayan sido llevados hasta Jalapa. Según datos recabados por las legisladoras en las entrevistas que realizaron con pobladores de la región, en el pueblo se rumora que están en México, "invitados por el presidente Felipe Calderón, porque los quiere tener cerca". Este sábado 5 de mayo, en una reunión de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Veracruz y las tres diputadas -Contreras, que preside la Comisión de Equidad y Género; Batres y Bautista, que integran la Comisión de Derechos Humanos- se concluyó que lo que se pretende en este operativo de aislamiento en el que intervienen los gobiernos estatal y federal es "mantenerlos guardados" mientras transcurre el plazo de 15 días hábiles desde el momento en el que la procuraduría estatal resolvió que en el caso de doña Ernestina no hay delito que perseguir porque falleció de "parasitosis", para que posteriormente ninguno de sus hijos pueda impugnar esta conclusión de la averiguación previa.
Una vez transcurridos los 15 días, prescribe la posibilidad de que los interesados se inconformen con la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. El primero de mayo, en entrevista, el gobernador Fidel Herrera declaró que "había hablado" con la familia de Ernestina y que habían firmado un documento de conformidad con la conclusión del procurador. No se conoce en qué términos fue redactado este documento, que no se ha hecho público. Tampoco se explicó con qué propósito se pidió la firma de los familiares de la víctima. Al día siguiente, en la televisora local, aparecieron en público por última vez los cinco hermanos Inés Ascención, tomándose la foto con Herrera Beltrán, pero sin hacer declaración alguna. La diputada Valentina Batres consideró que "nadie sabe si su firma de conformidad fue voluntaria o si fue lograda por presión de las autoridades". Otro de los hallazgos de las diputadas en su gira a Soledad Atzompa es que el expediente médico de doña Ernestina en la clínica Unidad Médica Rural de Acultzingo fue extraído.
Personal de la clínica recuerda bien a la señora Ascensión, una mujer sana para su edad, con algunos antecedentes de bronquitis y que hace algunos años fue atendida ahí mismo por una mordedura de perro en la pierna. Ni un rastro de gastritis, úlceras pépticas o, como finalmente se dijo, parasitosis. El jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, doctor Javier Yeo Canales, reclamó el expediente y no lo devolvió. Estos datos fueron valorados en la reunión que sostuvieron las diputadas Batres, Contreras y Bautista con los representantes de las siguientes organizaciones: el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Matraca, que trabaja con niños y trabajadores de la calle, la Red de Organismos Civiles de Veracruz, el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos (OVDH) y los representantes de las redes de defensa del voto del 2 de julio.
En la reunión, Cristopher Servín, del OVDH, informó que su organismo ya interpuso, el pasado 22 de abril, una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por irregularidades en la investigación de este caso.
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