Miguel Ángel Granados Chapa

Pantalla canalla

Plaza Pública

Javier Corral está en la mira de las televisoras, que llevan su imagen deformada a la porción canalla de su pantalla. Al duopolio irrita sobremanera el activismo de muchos años, acentuado en los meses, semanas y días recientes, que despliega el ex diputado local, federal y senador chihuahuense en torno a los medios de comunicación. Su papel en la impugnación legislativa primero y judicial ahora, a la reforma a las Leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones, que de modo sintético se ha llamado Ley Televisa le ha merecido una nueva demostración de dolo contenido o desembozado pero dolo al fin, con que las televisoras atacan a quien a su juicio pretende lastimar sus intereses.

Desde la semana antepasada, cuando la Corte inició la etapa preparatoria del debate sobre la acción de inconstitucionalidad que busca invalidar aquella reforma, TV Azteca ha dedicado buena parte de sus noticiarios a intentar el desprestigio de Corral y otros promoventes de aquel recurso judicial. En particular se persigue cuestionar su solvencia política al presentarlo, fuera de contexto, como partidario de autonomizar la Cofetel, siendo que en la acción de inconstitucionalidad sostiene lo contrario. Corral buscó dar respuesta a los señalamientos, pero se le negó acceso al micrófono con estas expresiones: “No señor Corral, lo que usted quiere es su programa de media hora, cuando el respetable sólo quiere que nos diga si firmó o no la iniciativa que pedía la autonomía de la Cofetel”.

Ignoro si el ex senador demandó el derecho de réplica verbalmente o se atuvo al absurdo y estéril procedimiento incluido desde el diez de octubre de 2002 –y sólo entonces— en el reglamento de la Ley federal de radio y televisión, que supuestamente permite a toda persona refutar un material “que no cite la fuente de la cual extrajo la información” y el afectado considere que “los hechos que lo aluden son falsos o injuriosos”. El reglamento obliga a solicitar la réplica por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la difusión que la provoca y no señala término para la aceptación o rechazo de la solicitud, que se deja al libre arbitrio del concesionario. Eso sí, dice muy oronda la norma reglamentaria, como si pudiera ocurrir de otro modo, ante la negativa “el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes”. Si alguien tomara en serio esta cláusula, podrá esperar que alguna vez, dentro de varios años, se aclare una información que en su momento produjo efectos de ese modo irreparables.

En la emulación ofensiva que empareja a una televisora con la otra, para ver cuál es peor en la defensa de sus negocios, Televisa difundió el jueves pasado un comunicado en apariencia puramente noticioso, pero que es la porción mediática de una ruin maniobra para presentar a Corral como deudor insolvente y si la suerte ayuda, hasta a despojarlo de su patrimonio. Se leyó un comunicado de Televisa de occidente que da cuenta de una sentencia, todavía no notificada al afectado, del un juez civil de Chihuahua que condena al ex legislador al pago de publicidad contratada y no sufragada, como si Corral fuera un timador vulgar a quien ni siquiera amables diligencias extrajudiciales fuerzan a cumplir sus compromisos. Como senador de la República, presidente de la Comisión de comunicaciones y transportes, Corral impulsó durante un año entero –de diciembre de 2002 a noviembre siguiente, cuando pidió licencia— un proyecto de Ley de medios que sin perjuicio de intereses legítimos abriera la comunicación colectiva a la diversidad de actores que conviven en una sociedad plural.

Con ello se había ganado ya la animosidad de las televisoras a las que, sin embargo, debió acudir como cliente durante su esfuerzo por ser gobernador de Chihuahua en el proceso de 2004. Nunca figuró como contratante de tiempos para su propaganda en el canal local de Televisa, porque esa función corresponde al Partido Acción nacional, al que Corral pertenece y de cuyo consejo nacional espera ser miembro si lo elige la asamblea nacional dentro de un mes. Cuando el PRI recuperó la gubernatura chihuahuense, Corral no retornó a la presidencia de la Comisión —ejercida ya por su compañero Héctor Osuna, cuya acción en pro de la Ley Televisa sería premiada con la presidencia de la Cofetel— pero recobró el ánimo reformador, lo que implicó el refrendo de los reconcomios de las televisoras.

Televisa no limitó su rencor a la pantalla. Inició contra Corral un juicio civil como deudor moroso. Basó su acción y halló un juez a modo, en un papel sin valor jurídico, un memorándum de campaña en que Corral aceptaba la pauta de mensajes que la televisora emitiría por cuenta de su comité de campaña. Desde que se le notificó la demanda –en el aeropuerto chihuahuense, para generar escándalo— el comité estatal panista aclaró que la deuda era del partido, y sólo requería para solventarla las facturas correspondientes. Pero en este caso a Televisa no le interesa cobrar sino hacer pagar a Corral su posición legislativa prolongada hasta ahora, en materia de medios. Después de año y medio de juicio, Televisa consiguió que la sentencia fuera dictada el día en que comenzó en la Corte el debate propiamente dicho sobre su Ley. Con esos elementos el público del consorcio puede formarse una idea de la clase de malandrín que busca reformar la reforma, un individuo no sólo contrario a las libertades de expresión y de empresa sino una persona que no es de fiar.

Kikka Roja