Para Tapar la mugre de Calderón

Impunes: Fox, Marín, Ulises, Medina-Mora

Álvaro Delgado

Con independencia de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la represión de los gobernadores de Oaxaca y Puebla, Ulises Ruiz y Mario Marín, quedan pendientes aún las sanciones que contra ellos procedan, pero también el ex presidente Vicente Fox y el actual procurador federal, Eduardo Medina-Mora Icaza. Porque, además de los dos gobernadores, en el caso específico de la represión en Oaxaca y en San Salvador Atenco, Estado de México, tomaron parte Fox y Medina-Mora, el segundo colocado en la hipótesis de juzgarse a sí mismo por ostentar el monopolio de la acción legal como lo reserva la Constitución al titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Sería un sueño anticipar que Medina-Mora se separaría del cargo si la comisión investigadora del Poder Judicial considera que hay cargos contra él por su participación en los hechos de Atenco y luego los de Oaxaca, el año pasado. Se estaría ante la evidencia de un cambio sustantivo en la impartición de justicia, algo que no se aprecia próximo. En el sexenio de Fox, Medina-Mora ocupó la Secretaría de Seguridad Pública a la muerte de Ramón Martín Huerta, en septiembre del 2005 y cuyas causas se encuentran en la bruma, procedente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y antes de los negocios con Televisa.

Ahora está colocado en la posición estratégica, la PGR, de encubrir asuntos que le son inconvenientes a Calderón y empujar los que sí le importan, tal como lo hizo en su momento el general Rafael Macedo de la Concha, el único damnificado en la acometida mafiosa, encabezada por Fox, contra Andrés Manuel López Obrador. De manera que esperar una separación de Medina-Mora, en el caso de la represión en Atento y Oaxaca, es "esperar sentados", expresión de José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para negarse a renunciar por su comedida actuación en el homicidio de la indígena veracruzana Ernestina Ascensio Rosario, quien representa una nueva fase de impunidad por razones de Estado. En el caso de Puebla -la colusión de poderes contra la periodista Lydia Cacho- es ya casi completamente firme la decisión de la SCJN de proceder contra Marín, la procuradora de Justicia estatal, Blanca Laura Villeda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, la juez del caso y otros personeros, pero nada garantiza que el gobernador sea sometido a juicio y sentenciado. Intereses mayores a la justicia así lo refieren: el caso, que caerá en el ámbito del Legislativo, implicaría romper el pacto de Calderón con el PRI -por el que ya entregó Yucatán- y en todo caso será administrado convenientemente a favor del PAN hacia las elecciones de Puebla, de noviembre.

En el caso de Oaxaca, en el que las investigaciones tendrían que involucrar a Fox y a Medina-Mora, tampoco se ve mayor alcance por las mismas razones de la colusión Calderón-PRI, el amasiato que -ya se verá- dejará es una simulación al tono con la canción: "Olvidemos los enfados y volvamos al amor". APUNTES El presidente del comité estatal del PAN en Jalisco, Eduardo Rosales, anunció ayer que solicitará al CEN de su partido iniciar una investigación sobre la presencia de la ultraderechista organización de El Yunque, porque se trata de "un problema nacional". Rosales, allegado al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, formula una propuesta que tiene dos elementos fundamentales: el primero es que formaliza preliminarmente una petición para procesar institucionalmente ese asunto, algo que hasta ahora había sido soslayado por las jerarquías del panismo, y el segundo es que asume que El Yunque es, en efecto, un entramado político-ideológico de carácter nacional y afianzado en el PAN.

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