Autopsias
sergioaguayo@infosel.net.mx
www.sergioaguayo.org
En el tranco final de la batalla por la Ley Televisa se desinfló la esperada agresividad de las televisoras contra la Suprema Corte que sorprendió con una firmeza que casi nadie anticipaba. En la historia reciente ninguno de los tres poderes había retado y derrotado al duopolio televisivo de manera tan clara. La sorpresa vino cuando las empresas se contuvieron y no atacaron directamente a los ministros. Sustento la afirmación en las transmisiones de 18 días (16 de mayo a 7 de junio) hechas por Televisa en El Noticiero con Joaquín López Dóriga, por Hechos de TV Azteca con Javier Alatorre y por otra parte en Once Noticias de Canal 11 con Adriana Pérez Cañedo. Cifras y conclusiones provienen del análisis de contenido realizado por Miguel Acosta de Fundar –centro de investigación cuyo consejo de dirección presido— (disponibles en www.fundar.org.mx). El Canal 11 es medio público y está incluido como un contraste que demostró el papel que, bajo ciertas condiciones, pueden jugar los medios públicos y comunitarios. Los 28 minutos que dedicó Once Noticias se caracterizaron por la imparcialidad y el profesionalismo. Contextualizó las noticias, presentó opiniones diversas y otorgó la voz a actores ignorados por los otros. Fue, sin duda alguna, la mejor opción para estar informado sobre este tema.
El Noticiero de Televisa fue distante y cauteloso; sólo dedicó 20 minutos al asunto y en siete de los 18 programas simplemente ignoró el tema al que restó importancia mientras lanzaba críticas a través de opiniones de los defensores de la Ley. Cuando la Suprema Corte declaró inconstitucionales partes de la Ley, la televisora aceptó la decisión de la Corte. Su irritación la desahogaron atacando al ahora senador Santiago Creel en la sección humorística-editorial “Las mangas del chaleco”. El divorcio Creel-Televisa es parte de una tortuosa historia digna del canal de las estrellas que comentaré en otra ocasión. Hechos de TV Azteca dedicó 1 hora 47 minutos la mayor parte de los cuales fueron parciales porque editorializó las noticias y descalificó a quienes impugnaban la Ley. Por ejemplo, relacionaron lo que pasaba en México con el retiro de la concesión a Radio Caracas TV en Venezuela asegurando que en ambos casos se trataba de un dilema entre “transparencia” y “discrecionalidad”. Aunque evitaron descalificar abiertamente a los ministros se lanzaron contra Manuel Bartlett (el responsable de la “caída del sistema” en 1988) y Javier Corral (ese “nebuloso personaje”). Cuando el desenlace fue inevitable se moderaron y el propietario, Ricardo Salinas Pliego, expresó en una entrevista banquetera su respeto por la legalidad.
La cautela de las televisoras es comprensible. Tenían que asegurar las ganancias obtenidas gracias a la generosidad de Vicente Fox: entre 2000 y 2006 Salinas Pliego incrementó su fortuna personal en más del 300 por ciento (pasó de 1.4 a 4.6 mil millones de dólares); y con los permisos por las casas de juego otorgados a Televisa en el 2005 se estima que dentro de 5 años facturará unos 1,363 millones de dólares. La ausencia de un frente unido es sólo uno de los factores tras la independencia de la Suprema Corte. Además de la autonomía que dan los salarios altos tienen su cargo asegurado por 15 años y contaron con el apoyo de otros sectores. Los medios impresos se transformaron en contrapeso y El Financiero, La Jornada, Proceso, Reforma y El Universal, entre otros, tomaron una actitud crítica frente a la Ley e informaron sobre sus implicaciones. La Suprema Corte entendió que debía enfrentar los aspectos más peliagudos de la Ley porque además de la vigilancia social flotaba en el aire la intención de los partidos políticos de crear un Tribunal constitucional para atender asuntos que competen a la Suprema Corte. Para fortalecerse diseñaron una estrategia con la transparencia y la opinión de especialistas y, ya atrincherados, se dedicaron a estudiar pausadamente, sin prisas, cuáles partes de la Ley iban contra la Constitución.
Ahora se vienen las batallas por una nueva legislación de medios que tal vez rompa el duopolio y abra espacios para otras cadenas y fortalezca los medios públicos y comunitarios. Todo dependerá de lo que hagan y dejen de hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando Felipe Calderón Hinojosa decida sobre el destino de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones sabremos si todavía trae puestas las botas foxistas de la abyecta sumisión ante las televisoras; sometimiento reproducido la semana pasada por el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, quien regaló 67 millones de pesos a Televisa para un programa dedicado a jóvenes promesas. ¿Existen en 2007 las condiciones para una Ley de Medios innovadora? En una tesis presentada al Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Grisel Salazar Rebolledo estudió los factores que llevaron al Legislativo a aprobar por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en 2002. Entre los ingredientes esenciales estaría una coyuntura favorable y la participación de los principales partidos, de la sociedad organizada y del Gobierno Federal en la elaboración y discusión de la legislación.
El ambiente de 2007 sí es propicio para que el Legislativo formule una Ley anclada en el bien común. La clase política es consciente de la trascendencia que tiene evitar los chantajes que padecieron en 2006, faltan dos años para otra elección y otros sectores sociales quieren que los medios reflejen la pluralidad de la sociedad y/o que se resquebrajen los monopolios y/o que mejore la calidad de los programas. En este contexto sería deseable que continuara el “Grupo de los 47” (el número es por supuesto simbólico si son más, mucho mejor) que con tanto éxito frenó una Ley nociva. A ellos y a otras fuerzas sociales corresponde construir lo nuevo. Según dos encuestas recientes sobre confianza ciudadana en las instituciones (una de Mitofsky de febrero y otra de Reforma de marzo) la Suprema Corte estaba a la mitad de la tabla y el Legislativo y los partidos padecían el menosprecio ciudadano. Después de la batalla por la Ley Televisa es probable que la Suprema Corte haya mejorado su prestigio; va en el interés nacional que el legislativo nos obsequie, y se regale, un campanazo tan sonoro y trascendente como el logrado por el poder judicial. Para ganarse el respeto deben respetarse a sí mismos.
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En el tranco final de la batalla por la Ley Televisa se desinfló la esperada agresividad de las televisoras contra la Suprema Corte que sorprendió con una firmeza que casi nadie anticipaba. En la historia reciente ninguno de los tres poderes había retado y derrotado al duopolio televisivo de manera tan clara. La sorpresa vino cuando las empresas se contuvieron y no atacaron directamente a los ministros. Sustento la afirmación en las transmisiones de 18 días (16 de mayo a 7 de junio) hechas por Televisa en El Noticiero con Joaquín López Dóriga, por Hechos de TV Azteca con Javier Alatorre y por otra parte en Once Noticias de Canal 11 con Adriana Pérez Cañedo. Cifras y conclusiones provienen del análisis de contenido realizado por Miguel Acosta de Fundar –centro de investigación cuyo consejo de dirección presido— (disponibles en www.fundar.org.mx). El Canal 11 es medio público y está incluido como un contraste que demostró el papel que, bajo ciertas condiciones, pueden jugar los medios públicos y comunitarios. Los 28 minutos que dedicó Once Noticias se caracterizaron por la imparcialidad y el profesionalismo. Contextualizó las noticias, presentó opiniones diversas y otorgó la voz a actores ignorados por los otros. Fue, sin duda alguna, la mejor opción para estar informado sobre este tema.El Noticiero de Televisa fue distante y cauteloso; sólo dedicó 20 minutos al asunto y en siete de los 18 programas simplemente ignoró el tema al que restó importancia mientras lanzaba críticas a través de opiniones de los defensores de la Ley. Cuando la Suprema Corte declaró inconstitucionales partes de la Ley, la televisora aceptó la decisión de la Corte. Su irritación la desahogaron atacando al ahora senador Santiago Creel en la sección humorística-editorial “Las mangas del chaleco”. El divorcio Creel-Televisa es parte de una tortuosa historia digna del canal de las estrellas que comentaré en otra ocasión. Hechos de TV Azteca dedicó 1 hora 47 minutos la mayor parte de los cuales fueron parciales porque editorializó las noticias y descalificó a quienes impugnaban la Ley. Por ejemplo, relacionaron lo que pasaba en México con el retiro de la concesión a Radio Caracas TV en Venezuela asegurando que en ambos casos se trataba de un dilema entre “transparencia” y “discrecionalidad”. Aunque evitaron descalificar abiertamente a los ministros se lanzaron contra Manuel Bartlett (el responsable de la “caída del sistema” en 1988) y Javier Corral (ese “nebuloso personaje”). Cuando el desenlace fue inevitable se moderaron y el propietario, Ricardo Salinas Pliego, expresó en una entrevista banquetera su respeto por la legalidad.
La cautela de las televisoras es comprensible. Tenían que asegurar las ganancias obtenidas gracias a la generosidad de Vicente Fox: entre 2000 y 2006 Salinas Pliego incrementó su fortuna personal en más del 300 por ciento (pasó de 1.4 a 4.6 mil millones de dólares); y con los permisos por las casas de juego otorgados a Televisa en el 2005 se estima que dentro de 5 años facturará unos 1,363 millones de dólares. La ausencia de un frente unido es sólo uno de los factores tras la independencia de la Suprema Corte. Además de la autonomía que dan los salarios altos tienen su cargo asegurado por 15 años y contaron con el apoyo de otros sectores. Los medios impresos se transformaron en contrapeso y El Financiero, La Jornada, Proceso, Reforma y El Universal, entre otros, tomaron una actitud crítica frente a la Ley e informaron sobre sus implicaciones. La Suprema Corte entendió que debía enfrentar los aspectos más peliagudos de la Ley porque además de la vigilancia social flotaba en el aire la intención de los partidos políticos de crear un Tribunal constitucional para atender asuntos que competen a la Suprema Corte. Para fortalecerse diseñaron una estrategia con la transparencia y la opinión de especialistas y, ya atrincherados, se dedicaron a estudiar pausadamente, sin prisas, cuáles partes de la Ley iban contra la Constitución.
Ahora se vienen las batallas por una nueva legislación de medios que tal vez rompa el duopolio y abra espacios para otras cadenas y fortalezca los medios públicos y comunitarios. Todo dependerá de lo que hagan y dejen de hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando Felipe Calderón Hinojosa decida sobre el destino de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones sabremos si todavía trae puestas las botas foxistas de la abyecta sumisión ante las televisoras; sometimiento reproducido la semana pasada por el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, quien regaló 67 millones de pesos a Televisa para un programa dedicado a jóvenes promesas. ¿Existen en 2007 las condiciones para una Ley de Medios innovadora? En una tesis presentada al Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Grisel Salazar Rebolledo estudió los factores que llevaron al Legislativo a aprobar por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en 2002. Entre los ingredientes esenciales estaría una coyuntura favorable y la participación de los principales partidos, de la sociedad organizada y del Gobierno Federal en la elaboración y discusión de la legislación.
El ambiente de 2007 sí es propicio para que el Legislativo formule una Ley anclada en el bien común. La clase política es consciente de la trascendencia que tiene evitar los chantajes que padecieron en 2006, faltan dos años para otra elección y otros sectores sociales quieren que los medios reflejen la pluralidad de la sociedad y/o que se resquebrajen los monopolios y/o que mejore la calidad de los programas. En este contexto sería deseable que continuara el “Grupo de los 47” (el número es por supuesto simbólico si son más, mucho mejor) que con tanto éxito frenó una Ley nociva. A ellos y a otras fuerzas sociales corresponde construir lo nuevo. Según dos encuestas recientes sobre confianza ciudadana en las instituciones (una de Mitofsky de febrero y otra de Reforma de marzo) la Suprema Corte estaba a la mitad de la tabla y el Legislativo y los partidos padecían el menosprecio ciudadano. Después de la batalla por la Ley Televisa es probable que la Suprema Corte haya mejorado su prestigio; va en el interés nacional que el legislativo nos obsequie, y se regale, un campanazo tan sonoro y trascendente como el logrado por el poder judicial. Para ganarse el respeto deben respetarse a sí mismos.
Kikka Roja
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