La nueva guerra sucia
josé gil olmosMéxico, D.F., 18 de julio (apro).- Nadie sabe de ellos no obstante que ya tienen un mes y medio desparecidos. Nadie sabe el paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y ninguna autoridad se hace responsable. La gravedad del asunto es que, con este hecho, se hace evidente el inicio de una nueva guerra sucia, pero con las mismas tácticas de entonces: persecución, tortura y desaparición de disidentes políticos, una práctica ilegal que el PAN vienen a repetir como gobierno, al igual que lo hizo el PRI durante 40 años. Felipe Calderón ha comenzado a dar muestras de ser un político intolerante, de oídos cerrados a la oposición política. Su voluntarismo es más que evidente cuando se presentan hechos como la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que acusó a los cuerpos de seguridad del Estado de la detención y tortura de dos de sus más importantes militantes. El problema de esta actitud es lo que ha provocado; esto es, que por primera vez, quizá desde hace una década, los grupos guerrilleros se han unido para defender a sus dos compañeros y han anunciado que harán actos de hostigamiento en demanda de que sean presentados con vida.
La Brigada Mixta Guillermo Prieto; las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón; el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio; el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos; las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), ya anunciaron, en comunicados, que participarán en la campaña nacional de hostigamiento militar en demanda de la aparición con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Dichas agrupaciones ya dieron muestras de su capacidad militar. El año pasado, algunas de ellas fueron las responsables de los bombazos en las sedes del PRI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y antes en contra de las sedes de Banamex. Por la respuesta del EPR y de las otras organizaciones guerrilleras, los dos detenidos, principalmente Alberto Cruz, son dos dirigentes históricos de importancia, por el tiempo de militancia –más de 30 años--, como por la información que pueden poseer.
La Secretaría de Gobernación, la PGR y el gobernador de Oaxaca, ya se deslindaron de toda responsabilidad sobre la detención de los dos eperristas. Sólo falta que el Ejército hable y, al parecer, ellos fueron los autores de la detención y retención de los guerrilleros.
Según la información que se filtró hace dos semanas, Alberto y Edmundo fueron detenidos en Oaxaca y fueron torturados en las instalaciones de la PGR en la capital del estado. Pero de ahí habrían salido gravemente lastimados por la tortura a que fueron sometidos y transportados a las instalaciones del Campo Militar Número Uno en la ciudad de México. Esta información no ha sido desmentida por la Secretaría de la Defensa Nacional y eso hace presumir que los datos proporcionados por el EPR y organizaciones civiles, no están tan alejados de la realidad. En la década de los 70, la desaparición era práctica común que el Ejército ejecutaba en contra de los guerrilleros que detenía. Se tiene un registro no oficial de más de 500 desaparecidos en esa época, así como de mil 200 muertos. La Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedhh) presentó recientemente un informe de 26 desaparecidos en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El número no se compara pero, aunque fuera un solo caso, la práctica de la desaparición forzosa por causas políticas va en contra de todo desarrollo democrático. Felipe Calderón está incurriendo en un grave error en el trato que les está dando a los guerrilleros. Primero los califica irresponsablemente como “terroristas” cuando es evidente que existe una diferencia enorme entre un guerrillero que usa la violencia para generar un cambio de gobierno, pero sin lastimar a la población civil, que un terrorista que precisamente busca provocar terror entre la población.
Ahora manifiesta que desconoce el paradero de los dos guerrilleros desaparecidos desde el 25 de mayo pasado. Como jefe de las Fuerzas Armadas éste argumento resulta irrisorio y hasta insultante, porque toda acción que realizan los militares se le reporta y, sobre todo, cuando se tratan de hechos como la detención de dos guerrilleros importantes.
Es por eso que si alguien sabe donde están los dos guerrilleros del EPR, es el Presidente de la República. De eso no hay duda.
Kikka Roja
La Brigada Mixta Guillermo Prieto; las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón; el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio; el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos; las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), ya anunciaron, en comunicados, que participarán en la campaña nacional de hostigamiento militar en demanda de la aparición con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Dichas agrupaciones ya dieron muestras de su capacidad militar. El año pasado, algunas de ellas fueron las responsables de los bombazos en las sedes del PRI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y antes en contra de las sedes de Banamex. Por la respuesta del EPR y de las otras organizaciones guerrilleras, los dos detenidos, principalmente Alberto Cruz, son dos dirigentes históricos de importancia, por el tiempo de militancia –más de 30 años--, como por la información que pueden poseer.
La Secretaría de Gobernación, la PGR y el gobernador de Oaxaca, ya se deslindaron de toda responsabilidad sobre la detención de los dos eperristas. Sólo falta que el Ejército hable y, al parecer, ellos fueron los autores de la detención y retención de los guerrilleros.
Según la información que se filtró hace dos semanas, Alberto y Edmundo fueron detenidos en Oaxaca y fueron torturados en las instalaciones de la PGR en la capital del estado. Pero de ahí habrían salido gravemente lastimados por la tortura a que fueron sometidos y transportados a las instalaciones del Campo Militar Número Uno en la ciudad de México. Esta información no ha sido desmentida por la Secretaría de la Defensa Nacional y eso hace presumir que los datos proporcionados por el EPR y organizaciones civiles, no están tan alejados de la realidad. En la década de los 70, la desaparición era práctica común que el Ejército ejecutaba en contra de los guerrilleros que detenía. Se tiene un registro no oficial de más de 500 desaparecidos en esa época, así como de mil 200 muertos. La Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedhh) presentó recientemente un informe de 26 desaparecidos en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El número no se compara pero, aunque fuera un solo caso, la práctica de la desaparición forzosa por causas políticas va en contra de todo desarrollo democrático. Felipe Calderón está incurriendo en un grave error en el trato que les está dando a los guerrilleros. Primero los califica irresponsablemente como “terroristas” cuando es evidente que existe una diferencia enorme entre un guerrillero que usa la violencia para generar un cambio de gobierno, pero sin lastimar a la población civil, que un terrorista que precisamente busca provocar terror entre la población.
Ahora manifiesta que desconoce el paradero de los dos guerrilleros desaparecidos desde el 25 de mayo pasado. Como jefe de las Fuerzas Armadas éste argumento resulta irrisorio y hasta insultante, porque toda acción que realizan los militares se le reporta y, sobre todo, cuando se tratan de hechos como la detención de dos guerrilleros importantes.
Es por eso que si alguien sabe donde están los dos guerrilleros del EPR, es el Presidente de la República. De eso no hay duda.
PANISTAS ASESINOS Y LADRONES
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