El gobierno Espurio Rechaza peticiones de Campesinos TLCAN

Grupos campesinos y civiles demandan renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN Marchas y bloqueos en Chiapas y San Luis Potosí contra acciones de gobierno En las protestas pacíficas también se exigió detener la militarización del país Ángeles Mariscal y Elio Henríquez (Corresponsales) Luego de la marcha de campesinos en la ciudad de México el pasado 31 de enero, secretarios de Estado decidieron recibirlos y escuchar sus demandas de viva voz Luego de la marcha de campesinos en la ciudad de México el pasado 31 de enero, secretarios de Estado decidieron recibirlos y escuchar sus demandas de viva voz Foto: José Carlo González Organizaciones sociales y campesinas realizaron bloqueos carreteros y marchas en Chiapas y San Luis Potosí, en repudio a la aplicación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el incremento a las tarifas de energía eléctrica y otras acciones del gobierno federal, como la militarización del país. Este martes, campesinos y activistas sociales convocados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se manifestaron en los municipios chiapanecos de Villa Comatitlán, Tuzantán, Tuxtla Chico, Pijijiapan y Mapastepec, donde la demanda central fue que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detenga los cortes masivos a la energía eléctrica y establezca tarifas preferenciales en la entidad. También hubo bloqueos carreteros en la zona indígena de Chiapas, en la vía que va de San Cristóbal de las Casas a Ocosingo, en Marqués de Comillas, Altamirano, Comitán, Tila, Sabanilla, Yajalón y Tumbalá. En la sierra, en el municipio de Motozintla, se pidió que concluya la explotación maderera en la región. También hubo manifestaciones en Frontera Comalapa y Jaltenango. En un comunicado divulgado por el FNLS, los manifestantes expresaron que a más de un año de gobierno de Felipe Calderón, las condiciones económicas de los trabajadores mexicanos no mejoraron; al contrario, han empeorado. “Durante ese tiempo hizo varias reformas estructurales para cumplir los compromisos que adquirió con los grandes empresarios que apoyaron el fraude electoral de 2006”, acusaron. Parte de esta estrategia –dijeron– es la militarización de México, con el pretexto del combate al narcotráfico apoyado por Estados Unidos, país que prometió un empréstito de 500 millones de dólares para armamento y asesoría militar, a semejanza de lo que fue el Plan Colombia. Estas acciones también irían dirigidas contra grupos insurgentes y organizaciones sociales en resistencia. También criticaron la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, “la farsa de sustituir a los consejeros del Instituto Federal Electoral, la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario”, y finalmente demandaron la renegociación del TLCAN en su apartado agropecuario. Mientras, alrededor de mil 500 afiliados a la Unión Nacional de Campesinos Revolucionarios, el Movimiento Pueblo Libre, así como el Frente Estatal de Movimientos y Organizaciones Sociales, entre otros grupos, se manifestaron en el Centro Histórico de San Luis Potosí para exigir respeto a la Constitución Mexicana, al campo y al trabajo, además de que reclamaron al gobierno federal el apoyo prometido a personas de escasos recursos para servicios básicos. Con información de Marcela Loyola/La Jornada San Luis Insisten en demandas centrales de la marcha pasada Declinan campesinos diálogo y “migajas” del gobierno Matilde Pérez U. Cobijados por el acuerdo de unidad y el compromiso de sostener la fuerza del movimiento campesino, las más de 40 organizaciones que participaron en la marcha del pasado 31 de enero, incluyendo la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC), resolvieron no asistir al diálogo convocado por el gobierno federal. Ayer, tras una reunión de cinco horas, los dirigentes campesinos cerraron filas en torno a lo que consideraron las tres demandas principales de la movilización: revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); cese de la campaña gubernamental en favor de ese pacto, y que cumpla con el acuerdo colegiado que en diciembre pasado asumieron la mayoría de las organizaciones campesinas y los secretarios de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos estatales en la Comisión Mexicana para el Desarrollo Rural Sustentable en torno a las reglas de operación para los programas rurales de 2008. Tras una larga discusión, en la que hubo rispidez por las declaraciones del dirigente de la CNC, Cruz López Aguilar, de que sí acudiría al diálogo con el gobierno, los dirigentes de las organizaciones agrupadas en los consejos nacionales de Organizaciones Campesinas (Conoc), de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), CNC, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, entre otras, asentaron que no hay una respuesta clara y directa del gobierno federal en torno a sus demandas. La mesa de diálogo en la que estarán los titulares de las secretarías del Trabajo, Economía y Agricultura “no es el espacio idóneo para abordar la agenda de la marcha. Este asunto corresponde al Ejecutivo federal y al Legislativo; además tendrían que participar los secretarios de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores”, puntualizó Max Correa Hernández, líder de la Central Campesina Cardenista. Recordó que el año pasado el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, trató de que sus pares de Agricultura, Alberto Cárdenas, y Economía, Eduardo Sojo, respondieran a las exigencias campesinas y el único avance fue la adenda del Acuerdo Nacional para el Campo, que no ha firmado el Ejecutivo. Por ello, resumió, el acuerdo fue no asistir a “un espacio que ya está desgastado y cuyos temas no han avanzado”. Los dirigentes de las organizaciones que conformaron la comisión coordinadora que convocó a la marcha del 31 de enero desmintieron que haya fracturas en el frente nacional campesino que conformaron. “La lucha campesina es justa y por eso logró la solidaridad de múltiples agrupaciones sindicales, defensoras de derechos humanos, sociales, ecologistas, de académicos y de la ciudadanía en general; ahora no podemos defraudarlos acudiendo a un diálogo infructuoso”, abundó Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC). En la reunión hizo un llamado a la unidad del movimiento campesino y a “mantener la mira elevada para lograr los cambios en la política agropecuaria. Busquemos los cambios de fondo y no sólo las migajas de los recursos federales; no hay que favorecer las estrategias mediatizadotas de presunto beneficio que está promoviendo el gobierno federal ni caer en la inmovilidad”, dijo. José Narro Céspedes, de la dirección colectiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, destacó que los asuntos de la agenda campesina no han sido atendidos y menos resueltos por el gobierno de Felipe Calderón; “los problemas se han agudizado y por eso no podemos regresar a una mesa que se denomina de negociación pero que resulta ser de sordos y ciegos”. Sostuvo que la movilización del pasado 31 de enero es el inicio de una acumulación de fuerzas y el debate no se centra sólo en el cambio de las reglas de operación para los programas del campo, quienes así lo piensan están equivocados, acotó. Hoy, las agrupaciones campesinas, en voz del representante de la CNC, darán a conocer un comunicado conjunto en el que insistirán en un nuevo interlocutor, ya que Cárdenas Jiménez “no ha mostrado capacidad ni apertura”. Un autoinvitado Minutos antes de la reunión que se celebró en un hotel del centro del Distrito Federal, Rubén Vázquez Martínez, dirigente del Comité Pro Mejoramiento del Agro de Guanajuato, pretendió participar en la discusión del comité organizador de la marcha campesina. Se le dijo que esperara a asuntos generales, ya que no había sido de las organizaciones que convocaron a la marcha. Vázquez Martínez se unió a Agrodinámica Nacional, encabezada por Armando Villarreal Marta, para demandar la siembra inmediata de maíz transgénico, acción a la que se oponen las más de 40 organizaciones que se sumaron a la campaña Sin maíz no hay país. También el Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (Consucc) descalificó que el gobierno sostenga un diálogo con las organizaciones que participaron en la marcha y asentó que el único foro para avalar resolutivos a favor del campo es el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Kikka Roja