- Aún enfrenta proceso judicial; otros especialistas involucrados temen hablar
- Médico forense ratifica que en el caso Ascensión Rosario hubo ataque sexual
- La CNDH armó la campaña para desvirtuar evidencias y que se impusiera versión de la gastritis
Blanche Petrich y Andrés T. Morales (Reportera y corresponsal)
La tumba de doña Ernestina Ascensión se encuentra abandonada Foto: Andrés Timoteo
El médico forense que hace un año realizó la autopsia al cuerpo de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario en Orizaba, Pablo Mendizábal, ratificó las conclusiones que registró el 26 de febrero en el acta ministerial y asegura, contra viento y marea: “No hubo error. Los desgarres en la zona rectal, la fractura de costillas y la cirrosis hepática que yo detecté se confirmaron en el peritaje posterior a la exhumación”. En los resultados de la primera necropsia, Mendizábal concluyó que la muerte de Ernestina Ascensión se debió a una “mecánica traumática, un traumatismo craneoencefálico y a una anemia aguda producto de una hemorragia”. La familia de la mujer nahua de 73 años y las autoridades de su comunidad, Tetlalzinga, en la sierra Zongolica, denunciaron inicialmente que la anciana fue agredida y violada, y que las lesiones que le provocaron le causaron la muerte. Las sospechas se dirigieron hacia los soldados que acampaban cerca de donde fue encontrada doña Ernestina por sus hijas y nietos, en un pinar. De Tetlalzinga, en los altos de la Zongolica, fue trasladada al Hospital Regional de Río Blanco el 25 de febrero. El 26 en la madrugada falleció.
La Procuraduría Militar abrió una investigación paralela a la civil, pero sus avances y resultados no se han hecho públicos. Los médicos y peritos que participaron en la atención de doña Ernestina antes de morir y en la posterior autopsia llegaron a la misma conclusión: la anciana fue víctima de una brutal violación. Aportaron múltiples indicios a la prensa y a la Procuraduría de Justicia veracruzana. Días más tarde se lanzó desde las oficinas del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, una campaña para desvirtuar las evidencias e inhibir a quienes sostenían la versión de muerte por hemorragia provocada por un grave desgarre en la región anal. Tres –incluido Mendizábal– están sujetos a dos procesos, uno administrativo y otro penal, por recomendación de la CNDH.En mayo del 2007, dando un drástico viraje a la línea de investigación original, el gobierno veracruzano cerró el caso como un deceso natural, por enfermedad. De la docena de especialistas, médicos, peritos y funcionarios que hace un año iniciaron la línea de investigación por agresión sexual, la mayor parte cambiaron declaraciones ministeriales, incluso modificaron conclusiones médicas y forenses para ajustarse a la línea de la CNDH, la famosa “gastritis crónica” que anticipó el presidente Felipe Calderón.
La familia, que al principio rechazó con dignidad la versión de un deceso por enfermedad y pidió a las comunidades serranas apoyo para exigir justicia por el asesinato de su madre, terminó por doblegarse. Una de las pocas voces que aún sostienen lo dicho a finales de febrero de 2007 es el médico forense que trabaja de perito de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Pablo Mendizábal Pérez, de 48 años, con maestría en ciencias penales y un diplomado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, está sujeto a investigación judicial, acusado de haber realizado la necropsia de doña Ernestina Ascensión en la funeraria Hermanos Vázquez de Orizaba y no en un anfiteatro autorizado. “Pero aquí y en los alrededores no hay un solo anfiteatro.
A la fecha, un año después, no disponemos de un lugar así”.El Ministerio Público estatal –la misma instancia que ahora lo investiga– fue quien le instruyó, mediante oficio, que se trasladara a dicha funeraria a hacer esa necropsia. “La procuraduría no puede fincar responsabilidades por tareas que ella misma ordena ni nos puede culpar por las carencias de la institución”, señala. En su defensa ha aportado al menos 30 oficios, emitidos por el mismo Ministerio Público, donde se le ordena acudir a ésa y a otras funerarias de la ciudad a realizar autopsias. Además, sigue fungiendo como perito forense de la dependencia. Asegura tener el apoyo del gobernador Fidel Herrera. “Porque si fuera por la voluntad de Soberanes, yo estaría vendiendo semillas en la calle.”Otro elemento de la demanda es por omisión, al no haber embalado y enviado los hisopos con muestras de un líquido encontrado en el área rectal y vaginal de la víctima al área de servicios periciales en Xalapa. Del examen de esa materia se concluyó que, en efecto, era líquido seminal y contenía dos elementos presentes únicamente en fluidos masculinos, fosfatasa y enzima P 30.
El forense admite que, al carecer de refrigeradores adecuados, los peritos guardan esas muestras en biseles envueltos con hielo. Tampoco les proporcionan los medios para llevar personalmente o enviar las muestras a la capital del estado. Los directivos de la procuraduría estatal en Xalapa no enviaron a recoger las muestras sino dos días y medio después. Aun así se examinaron en laboratorio y se concluyó que era líquido seminal.La CNDH desechó este resultado y presionó a los peritos en química forense a cambiar su versión inicial y convertir la substancia analizada, de líquido seminal, en “gel de laboratorio”. Luego de la intervención de la CNDH, se ordenó la exhumación del cadáver. En la segunda necropsia, realizada 11 días después del deceso, asegura Mendizábal, se confirmaron los desgarros en la región rectal siete horas antes de que muriera, consistentes con el primer reporte médico que firmó la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas, adscrita a la agencia especializada en delitos sexuales de la procuraduría del estado el 25 de febrero.Esta especialista, que fue llamada de urgencia por la dirección del hospital de Río Blanco, certificó que “al tacto rectal se detecta una ámpula con contenido líquido al parecer con perforación de pared posterior de recto”. Asienta además: “se alcanza a palpar sacro, doloroso a la palpación”. Concluye que hay “al parecer un cuadro de perforación de recto (...) sus condiciones son graves, con riesgo de muerte”.
La ginecóloga Rodríguez Rosas también está sujeta a investigación penal. La segunda necropsia, el 9 de marzo, bajo la conducción de la CNDH, certificó la presencia de los desgarros consignados, pese al estado de descomposición del cuerpo, pero modificó la causa, atribuyéndoselos a “estreñimiento crónico y parasitosis”. La fractura de costillas, que también fue confirmada, fue atribuida a “ejercicios de reanimación cardiopulmonar”.Pero Rodríguez Rosas y otros especialistas más que estuvieron en contacto con el caso en sus inicios ya no aceptan dar su versión a la prensa. Incluso el director del hospital de Río Blanco, Hugo Zárate, se desdijo y cambió todas sus declaraciones. “Más que indiferencia, hay temor. Todos están amenazados.”Para el forense, la simple sucesión de hechos demuestra que la versión oficial, de muerte por gastritis aguda, no es consistente: “si llega una paciente mayor de edad muy grave al hospital y no hay indicios de desgarre anal, ¿para qué llaman al Ministerio Público pidiendo la intervención del área especializada en delitos sexuales? Luego del deceso, ¿por qué no se levantó un certificado de defunción por causas naturales y en lugar de eso se pidió nuestra intervención (servicio forense de la procuraduría estatal)?”
El médico forense que hace un año realizó la autopsia al cuerpo de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario en Orizaba, Pablo Mendizábal, ratificó las conclusiones que registró el 26 de febrero en el acta ministerial y asegura, contra viento y marea: “No hubo error. Los desgarres en la zona rectal, la fractura de costillas y la cirrosis hepática que yo detecté se confirmaron en el peritaje posterior a la exhumación”. En los resultados de la primera necropsia, Mendizábal concluyó que la muerte de Ernestina Ascensión se debió a una “mecánica traumática, un traumatismo craneoencefálico y a una anemia aguda producto de una hemorragia”. La familia de la mujer nahua de 73 años y las autoridades de su comunidad, Tetlalzinga, en la sierra Zongolica, denunciaron inicialmente que la anciana fue agredida y violada, y que las lesiones que le provocaron le causaron la muerte. Las sospechas se dirigieron hacia los soldados que acampaban cerca de donde fue encontrada doña Ernestina por sus hijas y nietos, en un pinar. De Tetlalzinga, en los altos de la Zongolica, fue trasladada al Hospital Regional de Río Blanco el 25 de febrero. El 26 en la madrugada falleció.
La Procuraduría Militar abrió una investigación paralela a la civil, pero sus avances y resultados no se han hecho públicos. Los médicos y peritos que participaron en la atención de doña Ernestina antes de morir y en la posterior autopsia llegaron a la misma conclusión: la anciana fue víctima de una brutal violación. Aportaron múltiples indicios a la prensa y a la Procuraduría de Justicia veracruzana. Días más tarde se lanzó desde las oficinas del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, una campaña para desvirtuar las evidencias e inhibir a quienes sostenían la versión de muerte por hemorragia provocada por un grave desgarre en la región anal. Tres –incluido Mendizábal– están sujetos a dos procesos, uno administrativo y otro penal, por recomendación de la CNDH.En mayo del 2007, dando un drástico viraje a la línea de investigación original, el gobierno veracruzano cerró el caso como un deceso natural, por enfermedad. De la docena de especialistas, médicos, peritos y funcionarios que hace un año iniciaron la línea de investigación por agresión sexual, la mayor parte cambiaron declaraciones ministeriales, incluso modificaron conclusiones médicas y forenses para ajustarse a la línea de la CNDH, la famosa “gastritis crónica” que anticipó el presidente Felipe Calderón.
La familia, que al principio rechazó con dignidad la versión de un deceso por enfermedad y pidió a las comunidades serranas apoyo para exigir justicia por el asesinato de su madre, terminó por doblegarse. Una de las pocas voces que aún sostienen lo dicho a finales de febrero de 2007 es el médico forense que trabaja de perito de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Pablo Mendizábal Pérez, de 48 años, con maestría en ciencias penales y un diplomado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, está sujeto a investigación judicial, acusado de haber realizado la necropsia de doña Ernestina Ascensión en la funeraria Hermanos Vázquez de Orizaba y no en un anfiteatro autorizado. “Pero aquí y en los alrededores no hay un solo anfiteatro.
A la fecha, un año después, no disponemos de un lugar así”.El Ministerio Público estatal –la misma instancia que ahora lo investiga– fue quien le instruyó, mediante oficio, que se trasladara a dicha funeraria a hacer esa necropsia. “La procuraduría no puede fincar responsabilidades por tareas que ella misma ordena ni nos puede culpar por las carencias de la institución”, señala. En su defensa ha aportado al menos 30 oficios, emitidos por el mismo Ministerio Público, donde se le ordena acudir a ésa y a otras funerarias de la ciudad a realizar autopsias. Además, sigue fungiendo como perito forense de la dependencia. Asegura tener el apoyo del gobernador Fidel Herrera. “Porque si fuera por la voluntad de Soberanes, yo estaría vendiendo semillas en la calle.”Otro elemento de la demanda es por omisión, al no haber embalado y enviado los hisopos con muestras de un líquido encontrado en el área rectal y vaginal de la víctima al área de servicios periciales en Xalapa. Del examen de esa materia se concluyó que, en efecto, era líquido seminal y contenía dos elementos presentes únicamente en fluidos masculinos, fosfatasa y enzima P 30.
El forense admite que, al carecer de refrigeradores adecuados, los peritos guardan esas muestras en biseles envueltos con hielo. Tampoco les proporcionan los medios para llevar personalmente o enviar las muestras a la capital del estado. Los directivos de la procuraduría estatal en Xalapa no enviaron a recoger las muestras sino dos días y medio después. Aun así se examinaron en laboratorio y se concluyó que era líquido seminal.La CNDH desechó este resultado y presionó a los peritos en química forense a cambiar su versión inicial y convertir la substancia analizada, de líquido seminal, en “gel de laboratorio”. Luego de la intervención de la CNDH, se ordenó la exhumación del cadáver. En la segunda necropsia, realizada 11 días después del deceso, asegura Mendizábal, se confirmaron los desgarros en la región rectal siete horas antes de que muriera, consistentes con el primer reporte médico que firmó la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas, adscrita a la agencia especializada en delitos sexuales de la procuraduría del estado el 25 de febrero.Esta especialista, que fue llamada de urgencia por la dirección del hospital de Río Blanco, certificó que “al tacto rectal se detecta una ámpula con contenido líquido al parecer con perforación de pared posterior de recto”. Asienta además: “se alcanza a palpar sacro, doloroso a la palpación”. Concluye que hay “al parecer un cuadro de perforación de recto (...) sus condiciones son graves, con riesgo de muerte”.
La ginecóloga Rodríguez Rosas también está sujeta a investigación penal. La segunda necropsia, el 9 de marzo, bajo la conducción de la CNDH, certificó la presencia de los desgarros consignados, pese al estado de descomposición del cuerpo, pero modificó la causa, atribuyéndoselos a “estreñimiento crónico y parasitosis”. La fractura de costillas, que también fue confirmada, fue atribuida a “ejercicios de reanimación cardiopulmonar”.Pero Rodríguez Rosas y otros especialistas más que estuvieron en contacto con el caso en sus inicios ya no aceptan dar su versión a la prensa. Incluso el director del hospital de Río Blanco, Hugo Zárate, se desdijo y cambió todas sus declaraciones. “Más que indiferencia, hay temor. Todos están amenazados.”Para el forense, la simple sucesión de hechos demuestra que la versión oficial, de muerte por gastritis aguda, no es consistente: “si llega una paciente mayor de edad muy grave al hospital y no hay indicios de desgarre anal, ¿para qué llaman al Ministerio Público pidiendo la intervención del área especializada en delitos sexuales? Luego del deceso, ¿por qué no se levantó un certificado de defunción por causas naturales y en lugar de eso se pidió nuestra intervención (servicio forense de la procuraduría estatal)?”
Kikka Roja
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