Domicilios allanados
Si hoy ingresa un policía a su domicilio, sin orden judicial de cateo, usted puede acudir al Ministerio Público y buscar que se castigue al autor del allanamiento. El irruptor tendrá derecho a defenderse y a presentar los elementos del caso, tales como la protección de la vida de alguna persona, la persecución de un delincuente sorprendido en flagrancia, etcétera, pero la víctima del allanamiento no dejará de tener la capacidad de conseguir el castigo del transgresor. Esto lo saben hoy todos los policías.
A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de “seguridad pública y justicia” las cosas ya no serán así. Bajo la nueva constitucionalidad policíaca, quien decidirá cuándo es necesario ingresar en un domicilio va a ser sólo el agente de policía. En otras palabras, la Constitución otorgará un “derecho” a los agentes policíacos –unos 300 mil— para meterse a cualquier sitio con o sin motivo justificable.
Con tal reforma las cosas habrán cambiado totalmente: hoy, la Constitución define los derechos de las personas; después, la Carta Magna consagrará los “derechos” de la autoridad. El mundo ha dado un vuelco. Todo el constitucionalismo histórico está siendo negado de un plumazo a través de una alianza entre el PAN y el PRI.
Calderón y los partidos que le apoyan están peor que George W. Bush a partir del 11 de septiembre. Bajo la necesidad de combatir a la delincuencia organizada –cualquier cosa que por tal se entienda–, todas las personas estarán a merced de los agentes de policía en sus propios domicilios. El peligro eminente y la amenaza de la integridad personal, como causales teóricas de los allanamientos, serán definidos por el policía pues la Constitución también le estará dando esa capacidad.
Para combatir a los narcos, la policía no necesita ningún “derecho” de allanamiento sino otros instrumentos, de los cuales, evidentemente, carece. La licencia para allanar no va dirigida a la lucha contra los narcotraficantes. A su vez, el narcotráfico, antes de ser un problema de seguridad pública, lo es de seguridad del Estado. Por tanto, presentar a los narcos como causantes de una bárbara agresión de derechos fundamentales de los seres humanos es conceder a aquéllos la capacidad de hacer mayor daño al Estado como institución sometida a principios inviolables y de convertir a las instituciones públicas en transgresoras sistemáticas de tales derechos.
La policía no puede tener ningún “derecho propio” sino sólo obligaciones. Pero se está a punto de hacer las cosas al revés por mandato de la Constitución. Y lo peor es que la protesta es mínima si tomamos en cuenta el tamaño del daño que se está a punto de consumar. No se le ha hecho caso ni al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; mucho menos a los “apestados” del PRD. ¡Qué país!
A partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de “seguridad pública y justicia” las cosas ya no serán así. Bajo la nueva constitucionalidad policíaca, quien decidirá cuándo es necesario ingresar en un domicilio va a ser sólo el agente de policía. En otras palabras, la Constitución otorgará un “derecho” a los agentes policíacos –unos 300 mil— para meterse a cualquier sitio con o sin motivo justificable.
Con tal reforma las cosas habrán cambiado totalmente: hoy, la Constitución define los derechos de las personas; después, la Carta Magna consagrará los “derechos” de la autoridad. El mundo ha dado un vuelco. Todo el constitucionalismo histórico está siendo negado de un plumazo a través de una alianza entre el PAN y el PRI.
Calderón y los partidos que le apoyan están peor que George W. Bush a partir del 11 de septiembre. Bajo la necesidad de combatir a la delincuencia organizada –cualquier cosa que por tal se entienda–, todas las personas estarán a merced de los agentes de policía en sus propios domicilios. El peligro eminente y la amenaza de la integridad personal, como causales teóricas de los allanamientos, serán definidos por el policía pues la Constitución también le estará dando esa capacidad.
Para combatir a los narcos, la policía no necesita ningún “derecho” de allanamiento sino otros instrumentos, de los cuales, evidentemente, carece. La licencia para allanar no va dirigida a la lucha contra los narcotraficantes. A su vez, el narcotráfico, antes de ser un problema de seguridad pública, lo es de seguridad del Estado. Por tanto, presentar a los narcos como causantes de una bárbara agresión de derechos fundamentales de los seres humanos es conceder a aquéllos la capacidad de hacer mayor daño al Estado como institución sometida a principios inviolables y de convertir a las instituciones públicas en transgresoras sistemáticas de tales derechos.
La policía no puede tener ningún “derecho propio” sino sólo obligaciones. Pero se está a punto de hacer las cosas al revés por mandato de la Constitución. Y lo peor es que la protesta es mínima si tomamos en cuenta el tamaño del daño que se está a punto de consumar. No se le ha hecho caso ni al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; mucho menos a los “apestados” del PRD. ¡Qué país!
Kikka Roja
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