El Senado de la República anunció ayer que se realizará este fin de semana la discusión de cuatro de los siete dictámenes que integran la llamada reforma petrolera: el viernes, a decir del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Ricardo García Cervantes, serán discutidos los anteproyectos de las leyes para el Aprovechamiento de Energías Renovables y de la Comisión Reguladora de Energía; el domingo, en tanto, se someterán a debate las reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional y a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, los puntos “más difíciles” y polémicos, según el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida Ochoa. Estos dictámenes, junto con los tres aprobados anteayer en las comisiones senatoriales, podrían ser sometidos a votación el martes de la semana próxima, “para su aprobación definitiva”.
Por su parte, durante un mitin realizado en el Hemiciclo a Juárez, en el centro de esta capital, el máximo dirigente del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus seguidores estar atentos para iniciar, “en cualquier momento”, las acciones de resistencia cívica en caso de que el dictamen final de reforma abra la puerta a la privatización, “en cualquiera de sus modalidades”, de la industria petrolera nacional.
En la circunstancia actual, cuando el modelo privatizador de bienes y recursos públicos ha colapsado como consecuencia de su propia irracionalidad y de su carácter intrínsecamente depredador, y cuando la magnitud de esa caída ha provocado que incluso los más recalcitrantes defensores del modelo neoliberal reconozcan la necesidad de la intervención estatal –como quedó de manifiesto con el plan de rescate financiero y las estatizaciones realizadas por el gobierno de George W. Bush–, sería un disparate porfiar en la transferencia a operadores privados de parte de las atribuciones constitucionales de la nación en materia de manejo de los hidrocarburos: una decisión en ese sentido no sólo sería anacrónica, dado el contexto y las tendencias mundiales, sino que además resultaría particularmente inconveniente en un momento en que la industria petrolera nacional debe fungir como palanca de desarrollo ante la necesidad de reactivar los anquilosados motores de la economía y el mercado internos.
En este contexto, el Legislativo tiene ante sí la posibilidad de retirar los elementos privatizadores de las iniciativas presentadas por la coalición política que detenta el poder y que constituyen, al día de hoy, un factor de profunda división nacional, así como de convertir las reformas legales que se discuten en un verdadero factor de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del sector público en general. Para ello, le basta con renunciar al establecimiento de contratos de riesgo –independientemente del nombre o eufemismo con el que se les designe–, dejar fuera a los consorcios privados de la renta petrolera y evitar que Pemex quede sujeto, en cualquier circunstancia, al arbitrio de tribunales internacionales.
El Ejecutivo, por su parte, tiene una oportunidad inapreciable, insospechada y tal vez irrepetible, para rectificar en su empeño privatizador y para deslindarse de la voracidad económica y de la corrupción inveterada de algunos de sus principales apoyos políticos; podría, si actuara en ese sentido, avanzar hacia la construcción de consensos nacionales y de verdaderas políticas de Estado en materia de exploración, explotación y transformación petroleras. Por esa vía no sólo desactivaría el conflicto político más importante de cuantos enfrenta en la actualidad –el rechazo social creciente a su designio de meter a particulares al negocio petrolero reservado a la nación–, sino que podría, además, comenzar a zanjar el déficit de legitimidad con que arrancó la presente administración y, en esa medida, acercarse a la gobernabilidad el resto del sexenio.
Es pertinente recordar, a este respecto, que el propio López Obrador planteó hace un par de semanas la posibilidad de que el movimiento ciudadano que él encabeza llegue a acuerdos, en el marco del Poder Legislativo, a condición, entre otras cosas, de que el actual gobierno renuncie a su designio privatizador de la industria nacional de los hidrocarburos.
En suma, cabe esperar que las instancias legislativa y ejecutiva actúen con sensatez, inteligencia y visión de Estado, capitalicen la oportunidad que les brinda la actual coyuntura para plantear una reforma legal de Pemex en beneficio de la nación, y consigan, así, una salida al conflicto desatado hace más de seis meses, con la entrega al Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma petrolera del gobierno federal.
Por su parte, durante un mitin realizado en el Hemiciclo a Juárez, en el centro de esta capital, el máximo dirigente del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus seguidores estar atentos para iniciar, “en cualquier momento”, las acciones de resistencia cívica en caso de que el dictamen final de reforma abra la puerta a la privatización, “en cualquiera de sus modalidades”, de la industria petrolera nacional.
En la circunstancia actual, cuando el modelo privatizador de bienes y recursos públicos ha colapsado como consecuencia de su propia irracionalidad y de su carácter intrínsecamente depredador, y cuando la magnitud de esa caída ha provocado que incluso los más recalcitrantes defensores del modelo neoliberal reconozcan la necesidad de la intervención estatal –como quedó de manifiesto con el plan de rescate financiero y las estatizaciones realizadas por el gobierno de George W. Bush–, sería un disparate porfiar en la transferencia a operadores privados de parte de las atribuciones constitucionales de la nación en materia de manejo de los hidrocarburos: una decisión en ese sentido no sólo sería anacrónica, dado el contexto y las tendencias mundiales, sino que además resultaría particularmente inconveniente en un momento en que la industria petrolera nacional debe fungir como palanca de desarrollo ante la necesidad de reactivar los anquilosados motores de la economía y el mercado internos.
En este contexto, el Legislativo tiene ante sí la posibilidad de retirar los elementos privatizadores de las iniciativas presentadas por la coalición política que detenta el poder y que constituyen, al día de hoy, un factor de profunda división nacional, así como de convertir las reformas legales que se discuten en un verdadero factor de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del sector público en general. Para ello, le basta con renunciar al establecimiento de contratos de riesgo –independientemente del nombre o eufemismo con el que se les designe–, dejar fuera a los consorcios privados de la renta petrolera y evitar que Pemex quede sujeto, en cualquier circunstancia, al arbitrio de tribunales internacionales.
El Ejecutivo, por su parte, tiene una oportunidad inapreciable, insospechada y tal vez irrepetible, para rectificar en su empeño privatizador y para deslindarse de la voracidad económica y de la corrupción inveterada de algunos de sus principales apoyos políticos; podría, si actuara en ese sentido, avanzar hacia la construcción de consensos nacionales y de verdaderas políticas de Estado en materia de exploración, explotación y transformación petroleras. Por esa vía no sólo desactivaría el conflicto político más importante de cuantos enfrenta en la actualidad –el rechazo social creciente a su designio de meter a particulares al negocio petrolero reservado a la nación–, sino que podría, además, comenzar a zanjar el déficit de legitimidad con que arrancó la presente administración y, en esa medida, acercarse a la gobernabilidad el resto del sexenio.
Es pertinente recordar, a este respecto, que el propio López Obrador planteó hace un par de semanas la posibilidad de que el movimiento ciudadano que él encabeza llegue a acuerdos, en el marco del Poder Legislativo, a condición, entre otras cosas, de que el actual gobierno renuncie a su designio privatizador de la industria nacional de los hidrocarburos.
En suma, cabe esperar que las instancias legislativa y ejecutiva actúen con sensatez, inteligencia y visión de Estado, capitalicen la oportunidad que les brinda la actual coyuntura para plantear una reforma legal de Pemex en beneficio de la nación, y consigan, así, una salida al conflicto desatado hace más de seis meses, con la entrega al Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma petrolera del gobierno federal.
Kikka Roja
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