En riesgo, la tregua del EPR: mediadores
En comunicado lamentan actuación de la CNDH
Fabiola Martínez
Ampliar la imagen Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz , Carlos Montemayor y Rosario Ibarra, ayer en conferencia Foto: Carlso Ramos
La comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) advirtió que la falta de resultados precisos –en la gestión gubernamental– para la presentación de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, coloca en riesgo la tregua del grupo armado, concedida hace más de un año. A 18 meses de la desaparición de ambos, los mediadores anunciaron que llevarán el caso a instancias internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), porque hasta el momento “no existen avances serios en la ruta de la presentación de los desaparecidos”.
En nombre de la comisión, el escritor Carlos Montemayor lamentó que tampoco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido una recomendación, a pesar de haber iniciado una investigación “exhaustiva y meticulosa” y contar con “información formidable” acerca de los hechos que derivaron en la desaparición de los eperristas. A pregunta directa acerca de la actuación del gobierno federal y de su voluntad para avanzar hacia la presentación de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el escritor señaló que “hay sectores duros, reacios y otros abiertos a la mediación. Ignoramos cómo se dé ese equilibrio (dentro de la esfera gubernamental)… Han transcurrido muchas semanas, por tanto el tiempo se va, huye”.
La comisión de mediación emitió ayer un documento dirigido a la opinión pública, el EPR y el gobierno federal, en el cual sus integrantes recuerdan que aceptaron esta tarea aun cuando se tuvo conciencia de la dificultad de la misma, pues son la excepción aquellos casos favorables en los que se logra, sólo como resultado de una fuerte presión política interna y externa, la presentación con vida de los desaparecidos por motivos políticos. Para aceptar dicha tarea, la comisión propuso al Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) una suspensión unilateral de actividades, misma que se ha mantenido hasta hoy. Sin embargo –advierten los mediadores–, preocupa enormemente que transcurra el tiempo sin resultados precisos, porque esa frágil suspensión de hostilidades está en riesgo y la comisión no puede garantizar la tregua sin avances. “Los integrantes de la comisión tenemos la plena convicción de que este asunto no encontrará solución exclusivamente en las vías jurídicas. Su connotación política es evidente, de modo que las instancias legalmente responsables deben mostrar voluntad política para encararlo y resolverlo”.
Como se ha difundido, los comisionados han hecho gestiones, investigaciones y análisis de la información obtenida, para concluir que existen evidencias no sólo de que el tema de los desaparecidos constituye un caso de lesa humanidad, sino, sobre todo, que se pudieron elaborar “hipótesis plausibles” de la desaparición forzada de personas. Es decir, por lo menos un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la captura de los eperristas, así como textos enviados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dirigidos a personas supuestamente relacionadas con los desaparecidos. Al mismo tiempo, jueces federales han mandado archivar los expedientes que sustentan hechos acerca de estas desapariciones forzadas. “Se advierte que el tema de los derechos humanos no es relevante para las actuales autoridades”, se precisa en el punto cinco del comunicado. Ante diversos hechos como los anteriores, los mediadores reiteran su exigencia para que el diálogo sea ampliado, esto es, que ocurra no sólo con los enviados de la Secretaría de Gobernación, sino también con funcionarios de otras instancias, como la Sedena, el Cisen y la Procuraduría General de la República.
La propuesta de Gobernación
La Secretaría de Gobernación envió una propuesta de diálogo a la comisión de mediación, la cual incluía –de acuerdo con fuentes consultadas– un formato rígido para la presentación, por escrito, de los temas a tratar. El lunes, la comisión respondió a Bucareli no sin antes recordarle que para avanzar en este asunto se requiere “voluntad política” en el marco de una metodología ágil y expedita. Con base en lo anterior, los comisionados aceptan presentar, por escrito, los puntos específicos que la autoridad requiera conocer con mayor profundidad; la dependencia, agregan, preparará entonces reuniones con enviados de la Sedena, PGR y Cisen. Luego, los mediadores y los funcionarios de las entidades mencionadas dialogarán, siempre con la participación de algún representante de Gobernación.
En nombre de la comisión, el escritor Carlos Montemayor lamentó que tampoco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido una recomendación, a pesar de haber iniciado una investigación “exhaustiva y meticulosa” y contar con “información formidable” acerca de los hechos que derivaron en la desaparición de los eperristas. A pregunta directa acerca de la actuación del gobierno federal y de su voluntad para avanzar hacia la presentación de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el escritor señaló que “hay sectores duros, reacios y otros abiertos a la mediación. Ignoramos cómo se dé ese equilibrio (dentro de la esfera gubernamental)… Han transcurrido muchas semanas, por tanto el tiempo se va, huye”.
La comisión de mediación emitió ayer un documento dirigido a la opinión pública, el EPR y el gobierno federal, en el cual sus integrantes recuerdan que aceptaron esta tarea aun cuando se tuvo conciencia de la dificultad de la misma, pues son la excepción aquellos casos favorables en los que se logra, sólo como resultado de una fuerte presión política interna y externa, la presentación con vida de los desaparecidos por motivos políticos. Para aceptar dicha tarea, la comisión propuso al Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) una suspensión unilateral de actividades, misma que se ha mantenido hasta hoy. Sin embargo –advierten los mediadores–, preocupa enormemente que transcurra el tiempo sin resultados precisos, porque esa frágil suspensión de hostilidades está en riesgo y la comisión no puede garantizar la tregua sin avances. “Los integrantes de la comisión tenemos la plena convicción de que este asunto no encontrará solución exclusivamente en las vías jurídicas. Su connotación política es evidente, de modo que las instancias legalmente responsables deben mostrar voluntad política para encararlo y resolverlo”.
Como se ha difundido, los comisionados han hecho gestiones, investigaciones y análisis de la información obtenida, para concluir que existen evidencias no sólo de que el tema de los desaparecidos constituye un caso de lesa humanidad, sino, sobre todo, que se pudieron elaborar “hipótesis plausibles” de la desaparición forzada de personas. Es decir, por lo menos un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la captura de los eperristas, así como textos enviados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) dirigidos a personas supuestamente relacionadas con los desaparecidos. Al mismo tiempo, jueces federales han mandado archivar los expedientes que sustentan hechos acerca de estas desapariciones forzadas. “Se advierte que el tema de los derechos humanos no es relevante para las actuales autoridades”, se precisa en el punto cinco del comunicado. Ante diversos hechos como los anteriores, los mediadores reiteran su exigencia para que el diálogo sea ampliado, esto es, que ocurra no sólo con los enviados de la Secretaría de Gobernación, sino también con funcionarios de otras instancias, como la Sedena, el Cisen y la Procuraduría General de la República.
La propuesta de Gobernación
La Secretaría de Gobernación envió una propuesta de diálogo a la comisión de mediación, la cual incluía –de acuerdo con fuentes consultadas– un formato rígido para la presentación, por escrito, de los temas a tratar. El lunes, la comisión respondió a Bucareli no sin antes recordarle que para avanzar en este asunto se requiere “voluntad política” en el marco de una metodología ágil y expedita. Con base en lo anterior, los comisionados aceptan presentar, por escrito, los puntos específicos que la autoridad requiera conocer con mayor profundidad; la dependencia, agregan, preparará entonces reuniones con enviados de la Sedena, PGR y Cisen. Luego, los mediadores y los funcionarios de las entidades mencionadas dialogarán, siempre con la participación de algún representante de Gobernación.
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