Carmen Aristegui F.
5 Dic. 08
No hay en México, en su historia reciente, un mejor caso que muestre el sometimiento al que pueden llegar personas e instituciones -que se supone son la representación formal de la sociedad- ante poderes fácticos o intereses particulares, como la Ley Televisa. Pocos como éste nos recuerdan la fragilidad de candidatos, funcionarios, instituciones, representantes populares y, sí, hay que decirlo, comunicadores y periodistas cuando el inmenso poder del duopolio se decide a actuar.
Hoy es imperativo recordar el episodio. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presidida por el ex senador Javier Corral y cuyo Consejo Consultivo encabeza el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, ha emitido una señal de alerta que no se puede ignorar. La AMEDI dice que la iniciativa recién presentada por Manlio Fabio Beltrones y otros cuatro senadores del PRI para reformar el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión "...es un nuevo y desfachatado intento para infringir los acuerdos de la Suprema Corte acerca del régimen de concesiones para los medios electrónicos... se pretende que las concesiones de radio o televisión sean renovadas a discreción del gobierno federal, sin que haya licitación pública de esas frecuencias".
Recuérdese que la Ley Televisa, dentro del rosario de privilegios y abusos que contenía, otorgaba, entre otras cosas, el refrendo prácticamente automático de las concesiones. Al enmendarle la plana a la ominosa ley, la Corte estableció que la renovación de concesiones tenía que estar supeditada a un concurso en el que fuera evaluado tanto el desempeño del concesionario, como las ofertas de otros interesados. Hoy Beltrones pretende que el Congreso haga caso omiso de la Corte. Quiere, a como dé lugar, congraciarse con los medios. Felipe Calderón le ganó la jugada -ante la mayoría de los radiodifusores- con el intercambio de AM's por FM's, sin embargo Beltrones no quita el dedo del renglón. Para 2009 y para 2012 hay que estar bien con la industria. Como en los viejos tiempos.
Beltrones no quiere que se abra el juego para otros. Pretende simplemente que se prorroguen las concesiones a través de una evaluación administrativa; que se mantenga el statu quo y, por supuesto, que le deban el favor. La Corte, por su parte, dijo una cosa enteramente distinta a lo que hoy se pretende. Que el lector juzgue: "Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados, pues sólo así se garantiza el respeto a los principios de igualdad, rectoría del Estado, planeación para imprimir dinamismo y crecimiento a la economía, dominio directo de la nación sobre ciertos bienes relevantes, entre ellos el espacio situado sobre el territorio nacional y las vías generales de comunicación, prohibición de monopolios y concentraciones contrarias al interés público, utilización social de los bienes y administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos del Estado" (Engrose 26/2006, aprobado por unanimidad el 6 de agosto de 2007, página 534).
El titular de la concesión, dice la Corte, sólo puede tener preferencia sobre otros, únicamente "cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión". En la iniciativa de Beltrones se le quiere tapar el "ojo al macho" señalando que para que la concesión sea sujeto de prórroga, debe pagarse una contraprestación. Sólo que para determinar el monto tomarían en cuenta los tiempos que se entregan al Estado. Incluyendo, es de suponerse, campañas electorales hoy gratuitas por la Reforma. En una de ésas se les puede quedar debiendo.
AMEDI identifica también una "grotesca distorsión" de los términos y criterios de la sentencia de la Corte que fueron manipulados o eliminados en párrafos completos en la iniciativa. "Un mínimo ejercicio comparativo entre ambos textos da cuenta del nivel de descaro político en que incurren esos legisladores".
Tres años después de uno de los capítulos más vergonzosos para la historia reciente del Congreso y de los medios mexicanos -como es la Ley Televisa-, sería imperdonable que repitieran la escena. Congraciarse con los concesionarios de la radio y la televisión de esa manera, en tiempos preelectorales, pasando por alto los criterios de la Suprema Corte, olvidándose del interés general y haciendo cuentas alegres de lo bien que serán tratados en sus campañas sería un regalo de navidad que no se merecen los mexicanos.
Si el temor o la conveniencia les ha impedido hacer una ley moderna en materia de telecomunicaciones, radio y televisión que favorezca la competencia, la diversidad y los valores democráticos -tal y como lo indica el fallo de la Corte sobre la Ley Televisa- por lo menos deberían abstenerse de aprobar esta nueva iniciativa. Si, por lo pronto, no van a legislar como deberían, por lo menos evítenos la regresión.
kikka-roja.blogspot.com/
Hoy es imperativo recordar el episodio. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presidida por el ex senador Javier Corral y cuyo Consejo Consultivo encabeza el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, ha emitido una señal de alerta que no se puede ignorar. La AMEDI dice que la iniciativa recién presentada por Manlio Fabio Beltrones y otros cuatro senadores del PRI para reformar el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión "...es un nuevo y desfachatado intento para infringir los acuerdos de la Suprema Corte acerca del régimen de concesiones para los medios electrónicos... se pretende que las concesiones de radio o televisión sean renovadas a discreción del gobierno federal, sin que haya licitación pública de esas frecuencias".
Recuérdese que la Ley Televisa, dentro del rosario de privilegios y abusos que contenía, otorgaba, entre otras cosas, el refrendo prácticamente automático de las concesiones. Al enmendarle la plana a la ominosa ley, la Corte estableció que la renovación de concesiones tenía que estar supeditada a un concurso en el que fuera evaluado tanto el desempeño del concesionario, como las ofertas de otros interesados. Hoy Beltrones pretende que el Congreso haga caso omiso de la Corte. Quiere, a como dé lugar, congraciarse con los medios. Felipe Calderón le ganó la jugada -ante la mayoría de los radiodifusores- con el intercambio de AM's por FM's, sin embargo Beltrones no quita el dedo del renglón. Para 2009 y para 2012 hay que estar bien con la industria. Como en los viejos tiempos.
Beltrones no quiere que se abra el juego para otros. Pretende simplemente que se prorroguen las concesiones a través de una evaluación administrativa; que se mantenga el statu quo y, por supuesto, que le deban el favor. La Corte, por su parte, dijo una cosa enteramente distinta a lo que hoy se pretende. Que el lector juzgue: "Para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados, pues sólo así se garantiza el respeto a los principios de igualdad, rectoría del Estado, planeación para imprimir dinamismo y crecimiento a la economía, dominio directo de la nación sobre ciertos bienes relevantes, entre ellos el espacio situado sobre el territorio nacional y las vías generales de comunicación, prohibición de monopolios y concentraciones contrarias al interés público, utilización social de los bienes y administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos del Estado" (Engrose 26/2006, aprobado por unanimidad el 6 de agosto de 2007, página 534).
El titular de la concesión, dice la Corte, sólo puede tener preferencia sobre otros, únicamente "cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión". En la iniciativa de Beltrones se le quiere tapar el "ojo al macho" señalando que para que la concesión sea sujeto de prórroga, debe pagarse una contraprestación. Sólo que para determinar el monto tomarían en cuenta los tiempos que se entregan al Estado. Incluyendo, es de suponerse, campañas electorales hoy gratuitas por la Reforma. En una de ésas se les puede quedar debiendo.
AMEDI identifica también una "grotesca distorsión" de los términos y criterios de la sentencia de la Corte que fueron manipulados o eliminados en párrafos completos en la iniciativa. "Un mínimo ejercicio comparativo entre ambos textos da cuenta del nivel de descaro político en que incurren esos legisladores".
Tres años después de uno de los capítulos más vergonzosos para la historia reciente del Congreso y de los medios mexicanos -como es la Ley Televisa-, sería imperdonable que repitieran la escena. Congraciarse con los concesionarios de la radio y la televisión de esa manera, en tiempos preelectorales, pasando por alto los criterios de la Suprema Corte, olvidándose del interés general y haciendo cuentas alegres de lo bien que serán tratados en sus campañas sería un regalo de navidad que no se merecen los mexicanos.
Si el temor o la conveniencia les ha impedido hacer una ley moderna en materia de telecomunicaciones, radio y televisión que favorezca la competencia, la diversidad y los valores democráticos -tal y como lo indica el fallo de la Corte sobre la Ley Televisa- por lo menos deberían abstenerse de aprobar esta nueva iniciativa. Si, por lo pronto, no van a legislar como deberían, por lo menos evítenos la regresión.
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