Paro pesquero: descontento con causas
Más de dos mil embarcaciones pesqueras en puertos de Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán iniciaron ayer un paro nacional en protesta por las afectaciones que ha sufrido ese sector a consecuencia de las alzas en los precios de los combustibles –principalmente el diesel– y la energía eléctrica, incrementos que han hecho prácticamente incosteable esa actividad económica y que se suman a otros factores nocivos, como la baja en la demanda de los productos marítimos, las pérdidas por el descenso en la producción –que oscilan entre 30 mil y 40 mil pesos por viaje, según la Cámara Nacional de la Industria Pesquera– y la pesca furtiva.
El descontento expresado por el sector pesquero del país es indicativo de las desastrosas consecuencias que han tenido para la población en general las directrices económicas de la actual administración. Tan sólo en 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó 33 gasolinazos –la mayoría sin previo aviso–, medidas con un componente claramente inflacionario que, en conjunto con los incrementos salariales raquíticos, la falta de empleo, la caída en las remesas y los nubarrones económicos internacionales, acabaron por configurar un escenario sumamente ofensivo para la economía popular.
Para ponderar el efecto que tales incrementos tienen en los bolsillos del común de las familias mexicanas, baste recordar que el diesel –combustible que sufrió, en términos de porcentaje, el mayor incremento en 2008– es utilizado por 80 por ciento del transporte de carga y pasajeros en el país y constituye uno de los más importantes insumos para los barcos pesqueros –representa entre 40 y 60 por ciento de los costos operativos de una embarcación–; el alza en su precio, por tanto, se refleja en el costo final de productos y servicios, y son los consumidores quienes terminan por absorber los aumentos decretados.
Por lo que hace a las alzas en las tarifas de los servicios eléctricos, la inconformidad del sector pesquero resulta comprensible sobre todo si se toma en cuenta que, mientras la política gubernamental de retiro de subsidios para los consumidores domésticos de luz generó aumentos exorbitantes e injustificados en los recibos de los usuarios, el gobierno federal ha otorgado fuertes descuentos –hasta de 50 por ciento– a las grandes empresas y a los consumidores industriales de electricidad, como se dio a conocer los pasados 29 y 30 de diciembre en estas páginas. Tal actitud refleja una inercia característica de los gobiernos neoliberales: ayudar, en tiempos de crisis, a los grandes consorcios empresariales y a los dueños de grandes capitales, y dar la espalda a los sectores populares, a las clases medias, a los asalariados y a quienes desempeñan actividades productivas.
En suma, el paro pesquero constituye un mal augurio para el año que comienza, por cuanto pudiera prefigurar el inicio de manifestaciones de descontento similares en todo el país, y en distintos sectores económicos, en respuesta a las políticas de corte antipopular de la presente administración, a la insensibilidad del grupo gobernante ante las necesidades de la población, y a la visible falta de disposición para corregir el rumbo.
El descontento expresado por el sector pesquero del país es indicativo de las desastrosas consecuencias que han tenido para la población en general las directrices económicas de la actual administración. Tan sólo en 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decretó 33 gasolinazos –la mayoría sin previo aviso–, medidas con un componente claramente inflacionario que, en conjunto con los incrementos salariales raquíticos, la falta de empleo, la caída en las remesas y los nubarrones económicos internacionales, acabaron por configurar un escenario sumamente ofensivo para la economía popular.
Para ponderar el efecto que tales incrementos tienen en los bolsillos del común de las familias mexicanas, baste recordar que el diesel –combustible que sufrió, en términos de porcentaje, el mayor incremento en 2008– es utilizado por 80 por ciento del transporte de carga y pasajeros en el país y constituye uno de los más importantes insumos para los barcos pesqueros –representa entre 40 y 60 por ciento de los costos operativos de una embarcación–; el alza en su precio, por tanto, se refleja en el costo final de productos y servicios, y son los consumidores quienes terminan por absorber los aumentos decretados.
Por lo que hace a las alzas en las tarifas de los servicios eléctricos, la inconformidad del sector pesquero resulta comprensible sobre todo si se toma en cuenta que, mientras la política gubernamental de retiro de subsidios para los consumidores domésticos de luz generó aumentos exorbitantes e injustificados en los recibos de los usuarios, el gobierno federal ha otorgado fuertes descuentos –hasta de 50 por ciento– a las grandes empresas y a los consumidores industriales de electricidad, como se dio a conocer los pasados 29 y 30 de diciembre en estas páginas. Tal actitud refleja una inercia característica de los gobiernos neoliberales: ayudar, en tiempos de crisis, a los grandes consorcios empresariales y a los dueños de grandes capitales, y dar la espalda a los sectores populares, a las clases medias, a los asalariados y a quienes desempeñan actividades productivas.
En suma, el paro pesquero constituye un mal augurio para el año que comienza, por cuanto pudiera prefigurar el inicio de manifestaciones de descontento similares en todo el país, y en distintos sectores económicos, en respuesta a las políticas de corte antipopular de la presente administración, a la insensibilidad del grupo gobernante ante las necesidades de la población, y a la visible falta de disposición para corregir el rumbo.
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