Desempleo e indolencia oficial
El empresario Carlos Slim afirmó ayer, durante su intervención en el foro México ante la crisis, realizado en el recinto legislativo de San Lázaro, que la economía del país “se va a desplomar” como consecuencia de la crisis financiera mundial, y anticipó el cierre de empresas “chicas, medianas y grandes”, así como un incremento en los niveles del desempleo “como no se tenía noticias desde los años 30”.
Lejos de encerrar una visión “catastrofista” o una “infundada profecía del desastre” –términos empleados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en su alocución del pasado jueves–, lo dicho ayer por Slim constituye, por desgracia, un pronóstico devastador, sí, pero realista y consecuente con el panorama que enfrenta la economía nacional. De hecho, las afirmaciones del empresario pueden cotejarse con los miles de casos de personas que han perdido su trabajo en los meses pasados, y con la problemática que enfrentan cientos de empresas –sobre todo medianas y pequeñas– ante el descenso en las ventas, el incremento en los costos de los insumos –incluidos aquellos cuyos precios están controlados por el Estado, como los combustibles– y la falta de crédito.
Las desalentadoras proyecciones oficiales en materia económica y la ausencia de signos visibles de recuperación hacen lógico suponer que a corto plazo el mercado laboral experimente contracciones aún mayores a las ya registradas y el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Tal perspectiva, de por sí preocupante, es un factor de alarma adicional en un país afectado por rezagos sociales históricos –pobreza, hambre, marginación, carencias en educación y servicios de salud– y que padece los saldos de más de dos décadas de políticas neoliberales: contención salarial, derogación de prerrogativas laborales, cancelación de mecanismos de bienestar social, apertura indiscriminada de mercados, elementos que, en conjunto, redundan en innumerables historias de sufrimiento humano, incertidumbre y zozobra.
Los asertos de Slim, por añadidura, ponen en relieve la inacción y la falta de respuesta gubernamental ante la presente coyuntura económica. Si durante la mayor parte del año pasado el gobierno federal se caracterizó por asumir una postura despreocupada, evasiva y falta de realismo con respecto a los signos de la crisis, hoy las autoridades muestran una conducta por demás errática, inconsistente y hasta demagógica: baste mencionar, como botones de muestra, las propuestas de reforma a las leyes del IMSS y del Infonavit presentadas ayer por Calderón, con el supuesto fin de que los trabajadores puedan disponer de una mayor cantidad de dinero de sus cuentas para el retiro, medida que, a fin de cuentas, se limitaría a facilitar el acceso de los trabajadores a recursos que por ley les corresponden, que no implicaría una ayuda adicional para los asalariados y no contribuye ni poco ni mucho a paliar el desempleo.
Es inevitable contrastar la pasividad del gobierno calderonista con la urgencia con que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impulsa desde hace semanas la aprobación de su plan de rescate, que prevé emplear una enorme suma de recursos públicos para reactivar la economía del vecino país. De manera significativa, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, manifestó ayer, en reunión con su par estadunidense, Timothy Geithner, que se mantendrá atento a las medidas económicas que adopte la administración de Obama. Más que seguir los esfuerzos de Obama con atención, se requiere que las autoridades mexicanas se decidan a idear y emprender un programa de urgencia para contener y revertir la recesión corriente; un programa que, sin copiar mecánicamente el que se busca implantar al norte del río Bravo, resulte análogo en profundidad y en trascendencia.
Como señaló ayer el propietario de Telmex, la solución ante la actual crisis económica pasa por “volcarse a la economía interna”, lo que significa reactivar el mercado dentro del país y adoptar medidas orientadas a la generación de empleo y a elevar el poder adquisitivo de la gente. Para ello es imprescindible, en primer lugar, que el grupo en el poder reconozca que el modelo económico vigente está agotado y que es urgente una transformación profunda de los preceptos rectores en materia de política económica, pues de no hacerlo así se corre el riesgo de que, a corto plazo, se presenten escenarios de tragedia económica y social mucho peores que los actuales.
Lejos de encerrar una visión “catastrofista” o una “infundada profecía del desastre” –términos empleados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en su alocución del pasado jueves–, lo dicho ayer por Slim constituye, por desgracia, un pronóstico devastador, sí, pero realista y consecuente con el panorama que enfrenta la economía nacional. De hecho, las afirmaciones del empresario pueden cotejarse con los miles de casos de personas que han perdido su trabajo en los meses pasados, y con la problemática que enfrentan cientos de empresas –sobre todo medianas y pequeñas– ante el descenso en las ventas, el incremento en los costos de los insumos –incluidos aquellos cuyos precios están controlados por el Estado, como los combustibles– y la falta de crédito.
Las desalentadoras proyecciones oficiales en materia económica y la ausencia de signos visibles de recuperación hacen lógico suponer que a corto plazo el mercado laboral experimente contracciones aún mayores a las ya registradas y el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Tal perspectiva, de por sí preocupante, es un factor de alarma adicional en un país afectado por rezagos sociales históricos –pobreza, hambre, marginación, carencias en educación y servicios de salud– y que padece los saldos de más de dos décadas de políticas neoliberales: contención salarial, derogación de prerrogativas laborales, cancelación de mecanismos de bienestar social, apertura indiscriminada de mercados, elementos que, en conjunto, redundan en innumerables historias de sufrimiento humano, incertidumbre y zozobra.
Los asertos de Slim, por añadidura, ponen en relieve la inacción y la falta de respuesta gubernamental ante la presente coyuntura económica. Si durante la mayor parte del año pasado el gobierno federal se caracterizó por asumir una postura despreocupada, evasiva y falta de realismo con respecto a los signos de la crisis, hoy las autoridades muestran una conducta por demás errática, inconsistente y hasta demagógica: baste mencionar, como botones de muestra, las propuestas de reforma a las leyes del IMSS y del Infonavit presentadas ayer por Calderón, con el supuesto fin de que los trabajadores puedan disponer de una mayor cantidad de dinero de sus cuentas para el retiro, medida que, a fin de cuentas, se limitaría a facilitar el acceso de los trabajadores a recursos que por ley les corresponden, que no implicaría una ayuda adicional para los asalariados y no contribuye ni poco ni mucho a paliar el desempleo.
Es inevitable contrastar la pasividad del gobierno calderonista con la urgencia con que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impulsa desde hace semanas la aprobación de su plan de rescate, que prevé emplear una enorme suma de recursos públicos para reactivar la economía del vecino país. De manera significativa, el titular de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, manifestó ayer, en reunión con su par estadunidense, Timothy Geithner, que se mantendrá atento a las medidas económicas que adopte la administración de Obama. Más que seguir los esfuerzos de Obama con atención, se requiere que las autoridades mexicanas se decidan a idear y emprender un programa de urgencia para contener y revertir la recesión corriente; un programa que, sin copiar mecánicamente el que se busca implantar al norte del río Bravo, resulte análogo en profundidad y en trascendencia.
Como señaló ayer el propietario de Telmex, la solución ante la actual crisis económica pasa por “volcarse a la economía interna”, lo que significa reactivar el mercado dentro del país y adoptar medidas orientadas a la generación de empleo y a elevar el poder adquisitivo de la gente. Para ello es imprescindible, en primer lugar, que el grupo en el poder reconozca que el modelo económico vigente está agotado y que es urgente una transformación profunda de los preceptos rectores en materia de política económica, pues de no hacerlo así se corre el riesgo de que, a corto plazo, se presenten escenarios de tragedia económica y social mucho peores que los actuales.
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