Juan Carlos G. Partida, corresponsal
Guadalajara, Jal., 25 de febrero. El gobierno estatal rechazó reparar daños a los afectados por el deterioro ambiental y sanitario provocado por la contaminación del río Santiago. Este era uno de los puntos centrales de la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió a la administración que encabeza el gobernador Emilio González Márquez. Las autoridades de Jalisco sólo aceptaron 69 de los 100 apartados de la citada recomendación. Entre los asuntos que acatará destacan la realizaciónde auditorías a las plantas de tratamiento, emitir una declaratoria de emergencia en los municipios de El Salto y Juanacatlán, formular una iniciativa de ley que permita el tratamiento de aguas, y crear un laboratorio que analice la contaminación en ese cuerpo de agua.
En conferencia de prensa, el ombudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dijo que hubo varias autoridades a las que se envió la recomendación 1-09 y no aceptaron los puntos por completo o lo hicieron de manera ambigua, por lo cual instó a las dependencias implicadas a reconsiderar su posición. En este momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos notifica tanto a las autoridades que no aceptaron todos los puntos, como a las que dieron una respuesta poco clara, que se les concede un último plazo, improrrogable, que vence el 9 de marzo, señaló. La Comisión Estatal del Agua aceptó 83 por ciento de los puntos; el ayuntamiento de Tonalá, 42 por ciento, mientras otros municipios que también descargan aguas residuales en el cauce, entre ellos Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillo, los aceptaron por completo.
El presidente de la CEDHJ dijo que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y el ayuntamiento de Zapopan dieron respuestas ambiguas, y que no ha recibido contestación de los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Atotonilco, Arandas, El Salto y Juanacatlán. Los dos últimos son los más afectados, pues el río pasa en medio de las cabeceras municipales con la mayor carga de contaminantes, luego de recibir el desagüe del sur de la zona metropolitana tapatía.
En conferencia de prensa, el ombudsman jalisciense, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, dijo que hubo varias autoridades a las que se envió la recomendación 1-09 y no aceptaron los puntos por completo o lo hicieron de manera ambigua, por lo cual instó a las dependencias implicadas a reconsiderar su posición. En este momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos notifica tanto a las autoridades que no aceptaron todos los puntos, como a las que dieron una respuesta poco clara, que se les concede un último plazo, improrrogable, que vence el 9 de marzo, señaló. La Comisión Estatal del Agua aceptó 83 por ciento de los puntos; el ayuntamiento de Tonalá, 42 por ciento, mientras otros municipios que también descargan aguas residuales en el cauce, entre ellos Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillo, los aceptaron por completo.
El presidente de la CEDHJ dijo que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y el ayuntamiento de Zapopan dieron respuestas ambiguas, y que no ha recibido contestación de los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Atotonilco, Arandas, El Salto y Juanacatlán. Los dos últimos son los más afectados, pues el río pasa en medio de las cabeceras municipales con la mayor carga de contaminantes, luego de recibir el desagüe del sur de la zona metropolitana tapatía.
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