Y LUEGO LA GENTE PENDEJA MISÓGINA, QUE ODIA LAS PLAYAS ARTIFICALES DEL DF, NO QUIEREN QUE LOS NIÑOS DE MEXICO CREZCAN SIN VIOLENCIA, POR UNA PINCHE ALBERQUITA SE DAN A CONOCER, EL GOBIERNO FABRICA GENTE DESHUMANIZADA.
LOS NIÑOS TIENEN DERECHOS, NO SON CARNE DE CAÑON DE LA DERECHA PRI-PANISTA ASESINA.
¡¡ CON UNA CHINGADA, HAGAN FELICES A LOS NIÑOS !! SON NUESTROS.
De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a poco más de dos años de que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón, han muerto 610 niños –la mayoría de los cuales habían sido reclutados como sicarios por las organizaciones criminales– y alrededor de 3 mil 700 han quedado en la orfandad tras la ejecución de sus familiares.
Los datos que se comentan son el reflejo más devastador de cuantos ha producido hasta ahora la violencia emanada de las pugnas entre los cárteles de la droga y de las confrontaciones entre éstas y las fuerzas del Estado en el contexto de la cruzada antinarco emprendida por el calderonismo. De inicios de 2007 –cuando comenzaron los despliegues de efectivos militares en distintos puntos del territorio nacional– a la fecha, la sociedad ha sido testigo no sólo del fracaso de la política vigente de seguridad pública –que no ha logrado contener a los grupos de delincuentes–, sino también de una escalada en las manifestaciones de barbarie a niveles inusitados. Por añadidura, las cifras mencionadas dan cuenta del severo deterioro que ha alcanzado en los últimos dos años la situación de la población infantil en el país: ahora los niños no sólo padecen la explotación, el maltrato, el abuso sexual y sicológico, el hambre, la pobreza y la marginación, la falta de salud y de educación, sino que también enfrentan el riesgo de ser cooptados por el narco y el peligro de morir en acciones violentas, a manos de sicarios o soldados, o bien en el fuego cruzado entre uno y otro bandos.
Desde luego, las bandas de criminales exhiben una total falta de escrúpulos y de moral al aprovecharse de la situación personal y familiar de cientos de menores para incorporarlos a sus filas de manera cada vez más recurrente. Pero la creciente participación de niños en actividades delictivas constituye, al igual que muchos otros fenómenos sociales, la expresión epidérmica de una problemática con raíces profundas y complejas, que pasan por la ruptura del tejido social, la ausencia de oportunidades que enfrentan cientos de miles de menores y sus familias en el país y la falta de voluntad o de capacidad del Estado por remediar estas deficiencias.
Si bien es cierto que la delincuencia es de suyo condenable, también es un hecho que el deterioro social generado por el actual modelo económico ha orillado a cientos de menores a situaciones en que la incorporación a un grupo criminal constituye la única opción de supervivencia. Ante tal consideración, cabría esperar que las autoridades se preguntaran –cuando menos– si el rumbo que han elegido hasta ahora es el adecuado, o si acaso tendrían que reorientar sus esfuerzos al mejoramiento y ampliación de los ciclos de educación básica y de los servicios de salud, al combate a las adicciones y a la violencia familiar, a la corrección de los desequilibrios y los rezagos sociales provocados por la política económica vigente, entre otros elementos que alimentan el caldo de cultivo del que se nutren los grupos de delincuentes.
Durante los últimos 28 meses, la violencia ha perturbado muchos ámbitos de la vida de nuestro país, al grado de que hoy resulta impostergable un viraje en la estrategia de seguridad. Es necesario que el gobierno entienda que para combatir a la delincuencia se requiere encarar primero los factores sociales, económicos e institucionales que le dan origen. En la medida en que esto no ocurra, muy difícilmente se podrá evitar que más niños mueran en el futuro como consecuencia de la violencia. El gobierno de Felipe Calderón tiene la palabra.
----------------------------------------------------------------------------------Los datos que se comentan son el reflejo más devastador de cuantos ha producido hasta ahora la violencia emanada de las pugnas entre los cárteles de la droga y de las confrontaciones entre éstas y las fuerzas del Estado en el contexto de la cruzada antinarco emprendida por el calderonismo. De inicios de 2007 –cuando comenzaron los despliegues de efectivos militares en distintos puntos del territorio nacional– a la fecha, la sociedad ha sido testigo no sólo del fracaso de la política vigente de seguridad pública –que no ha logrado contener a los grupos de delincuentes–, sino también de una escalada en las manifestaciones de barbarie a niveles inusitados. Por añadidura, las cifras mencionadas dan cuenta del severo deterioro que ha alcanzado en los últimos dos años la situación de la población infantil en el país: ahora los niños no sólo padecen la explotación, el maltrato, el abuso sexual y sicológico, el hambre, la pobreza y la marginación, la falta de salud y de educación, sino que también enfrentan el riesgo de ser cooptados por el narco y el peligro de morir en acciones violentas, a manos de sicarios o soldados, o bien en el fuego cruzado entre uno y otro bandos.
Desde luego, las bandas de criminales exhiben una total falta de escrúpulos y de moral al aprovecharse de la situación personal y familiar de cientos de menores para incorporarlos a sus filas de manera cada vez más recurrente. Pero la creciente participación de niños en actividades delictivas constituye, al igual que muchos otros fenómenos sociales, la expresión epidérmica de una problemática con raíces profundas y complejas, que pasan por la ruptura del tejido social, la ausencia de oportunidades que enfrentan cientos de miles de menores y sus familias en el país y la falta de voluntad o de capacidad del Estado por remediar estas deficiencias.
Si bien es cierto que la delincuencia es de suyo condenable, también es un hecho que el deterioro social generado por el actual modelo económico ha orillado a cientos de menores a situaciones en que la incorporación a un grupo criminal constituye la única opción de supervivencia. Ante tal consideración, cabría esperar que las autoridades se preguntaran –cuando menos– si el rumbo que han elegido hasta ahora es el adecuado, o si acaso tendrían que reorientar sus esfuerzos al mejoramiento y ampliación de los ciclos de educación básica y de los servicios de salud, al combate a las adicciones y a la violencia familiar, a la corrección de los desequilibrios y los rezagos sociales provocados por la política económica vigente, entre otros elementos que alimentan el caldo de cultivo del que se nutren los grupos de delincuentes.
Durante los últimos 28 meses, la violencia ha perturbado muchos ámbitos de la vida de nuestro país, al grado de que hoy resulta impostergable un viraje en la estrategia de seguridad. Es necesario que el gobierno entienda que para combatir a la delincuencia se requiere encarar primero los factores sociales, económicos e institucionales que le dan origen. En la medida en que esto no ocurra, muy difícilmente se podrá evitar que más niños mueran en el futuro como consecuencia de la violencia. El gobierno de Felipe Calderón tiene la palabra.
Desde 2006 al menos 3 mil 700 menores quedaron huérfanos
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios
Gustavo Castillo García
De diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los cuales La Jornada tuvo acceso. De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó.
Los informes castrenses, elaborados a partir de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales, refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años. Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14. La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito. El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete. En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses. El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche. Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres. Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar. “En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años. En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común. Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema. “En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas. “Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan. Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial. En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles. En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.
Los informes castrenses, elaborados a partir de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales, refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años. Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14. La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito. El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete. En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses. El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche. Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres. Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar. “En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años. En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común. Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema. “En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas. “Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan. Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial. En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles. En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.
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