El pasado viernes, luego de ser arbitrariamente detenido por autoridades migratorias mexicanas, y tras permanecer incomunicado en una sede del Instituto Nacional de Migración en la capital del país, el sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, residente de posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue deportado a su país de origen, en donde se le vincula con el desaparecido líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y se le acusa de formar parte de la comisión internacional de esa organización político-militar. Ayer, luego del arribo de Beltrán a Colombia, el presidente de ese país, Álvaro Uribe Vélez, manifestó su gratitud al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa por la captura del académico, a quien se refirió como uno de los terroristas más peligrosos.
Es inevitable señalar, por principio de cuentas, que las acusaciones que se fincan en contra del académico deportado constituyen un episodio más de la saga que se inició con el bombardeo criminal lanzado por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008, en donde murieron 25 personas, entre las que se cuentan el mencionado Raúl Reyes y cuatro estudiantes mexicanos. En días posteriores a la matanza de Sucumbíos, el Palacio de Nariño incurrió en una cadena de mentiras e inconsistencias: primero se afirmó que en el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; posteriormente se aseguró que los soldados sí habían entrado a territorio ecuatoriano, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia; después se comprobó que insurgentes y civiles fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían. Adicionalmente, en el contexto de este ataque se produjo el hallazgo de unas inciertas computadoras portátiles del líder rebelde muerto, con base en las cuales el gobierno de Bogotá ha señalado, entre otras cosas, la existencia de acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela, aseveraciones que hasta ahora no han sido probadas.
Tales antecedentes, en conjunto, restan verosimilitud a las acusaciones en contra del académico colombiano, sustentadas también en documentos encontrados en los ordenadores de Reyes. En cambio, el hecho que se comenta tiene toda la apariencia de un montaje elaborado por la administración uribista, que pareciera prefigurar una campaña de persecución política en contra de focos críticos, similar a la que se emprendió en su momento en contra de dirigentes políticos, sociales y sindicales, y que tiene como inocultable telón de fondo la actual búsqueda del presidente colombiano por lograr los ajustes legales que le permitan contender por una nueva relección.
Por lo que hace al gobierno mexicano, al hacer posible una detención arbitraria y una expulsión realizada sin proceso legal de por medio, la administración calderonista sienta un precedente por demás alarmante, sobre todo para otros académicos, intelectuales y activistas que han manifestado desde nuestro país posturas críticas hacia el gobierno uribista y que podrían, por tanto, estar incorporados en la lista negra de Bogotá.
Al mismo tiempo, el calderonismo –supuestamente preocupado por la legalidad y la vigencia del estado de derecho– hace un flaco favor a su imagen al mostrarse cercano y complaciente con un personaje que ha sido acusado de tener una historia política y familiar añejamente vinculada con capos de la droga (como se asienta en documentos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, que recogen testimonios de Virginia Vallejo, ex amante del fallecido líder del cártel de Medellín Pablo Escobar); que ha sido señalado por haber promovido la conformación de organizaciones paramilitares y por haber recibido apoyo de éstas y de lavadores de dinero del narcotráfico para sus sucesivas campañas electorales, y cuya política de seguridad democrática ha sido objeto de duras críticas, entre otras cosas por la revelación de los llamados falsos positivos: la presentación, a instancias de las fuerzas de seguridad de Colombia, de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como bajas en combate, con el fin de cobrar los incentivos económicos y los ascensos ofrecidos por el propio gobierno.Ante estas consideraciones, la coordinación y cercanía mostradas entre Los Pinos y el Palacio de Nariño en el episodio de la detención y expulsión de Miguel Ángel Beltrán Villegas debieran constituir un factor de preocupación para la sociedad mexicana en su conjunto.
El sociólogo Miguel Ángel Beltrán Villegas (centro), al ser presentado a los medios de información la noche del viernes pasado en la capital colombiana, tras ser deportado por el gobierno de México unas horas antesFoto Reuters
Blanche Petrich
La detención del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, entregado el viernes por el gobierno mexicano a la Dirección de Instrucción Criminal de la Policía (Dijin) en Bogotá, por su presunta relación con el fallecido líder de las FARC Raúl Reyes, constituye un nuevo ataque del régimen de Álvaro Uribe a los pocos focos críticos en ese país y revela la complicidad de las autoridades mexicanas con las corporaciones que persiguen a ciudadanos colombianos de oposición, denunciaron catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Beltrán Villegas, investigador de posdoctorado, había sido invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos a ampliar su estancia académica en México. Militó en su juventud en la Unión Patriótica, formación de izquierda legal que fue prácticamente exterminada en su país en los años 80. Hoy es objeto de persecución y estigmatización, junto con otros intelectuales, con el pretexto de la lucha antiterrorista, agregaron.
Expusieron que, así como en los primeros años de la estrategia de seguridad democrática Uribe dirigió sus acciones represivas contra el medio sindical independiente y las comunidades campesinas, provocando el asesinato de centenares de millares y el desplazamiento de millones, hoy se dirige contra los intelectuales críticos.
Beltrán estudió en México su licenciatura y maestría en sociología (en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la UNAM, de 1993 a 1997). De regreso en su país, fue profesor en universidades públicas en Cauca, Antioquia y Bogotá. A la fecha forma parte de la planta docente de la Universidad Nacional (colombiana). Es autor de numerosos estudios sobre el conflicto armado desde una perspectiva de izquierda en un contexto donde priva la autocensura en el medio académico, según sus compañeros de cátedra, tanto mexicanos como colombianos, quienes, por razones de seguridad, prefieren que sus identidades se mantengan en reserva.
El investigador estudió el periodo de la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas en 1934. Iba a continuar con esta línea de trabajo en torno a la oposición de derecha al proyecto cardenista en el México de los años 30 y 40.
Tenía planes para viajar a Bogotá este mes para una visita familiar, pero lo postergó por la contingencia sanitaria y porque quería regularizar su situación migratoria. El Instituto Nacional de Migración no le había entregado aún su visa FM-3 definitiva. La visa provisional, con la que había entrado en calidad de académico visitante, había expirado. Ni él ni su familia tenían información de que en Colombia existiera un expediente en su contra.
El viernes 22 acudió a las oficinas del INM en respuesta a un citatorio en el que se le pedía que se presentara a ratificar su trámite, acompañado por un abogado de la UNAM, Jorge Becerril. Al llegar al instituto, fue ingresado en una oficina, adonde no se permitió el ingreso de su representante legal. Casi inmediatamente, fue sacado del INM y obligado a abordar una Van dorada sin placas ni insignias.
Poco más de una hora después ya estaba a bordo de un avión, rumbo a Colombia, en calidad de expulsado sin proceso legal. En el aeropuerto de la capital colombiana fue detenido. A esa hora los portales de Internet de los diarios de esa nación habían divulgado la supuesta ficha criminal del universitario, a quien le atribuyen la identidad clandestina de Jaime Cienfuegos, quien supuestamente recibía órdenes de Raúl Reyes para escribir materiales ideológicos y artículos para la agencia de noticias de las FARC, Anncol. Se informó, falsamente, que había sido detenido desde el jueves por la noche.
Las evidencias en contra fueron encontradas por la policía en los discos duros de las computadoras de Reyes, confiscadas durante el bombardeo en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos, donde murieron, además de Reyes, 25 personas, entre ellas cuatro universitarios mexicanos. Estos discos contienen referencias de cerca de 500 personas citadas en escritos del número dos de las FARC. El gobierno de Uribe ya ha procedido contra varios, entre otros la estudiante Patricia Obando, ex alumna de Beltrán, y William Javier Díaz, profesor de marxismo de la Universidad Distrital, contra quien incluso se publicó un fotomontaje presentándolo con uniforme de la guerrilla. Al revelarse la manipulación, el académico fue liberado. Esta oleada de procesos ocurre en el contexto de la búsqueda de Uribe de su tercera releción a la presidencia y en la víspera de la participación, en Medellín, del presidente Felipe Calderón en el congreso internacional de víctimas del terrorismo.
Legisladores del PRD llevarán a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal una explicación acerca de la expulsión fast-track del colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, a quien el gobierno de Álvaro Uribe considera integrante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se violó el principio fundamental de presunción de inocencia. Con este caso, Felipe Calderón rompe con toda la tradición histórica de asilo; actúa de manera artera y somete nuestra soberanía a las decisiones de otro gobierno, denunció el diputado Alfonso Suárez del Real, presidente de la Comisión de Cultura e integrante de la de Defensa Nacional. En coordinación con su par perredista Cuauhtémoc Sandoval, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, elabora el punto de acuerdo, en particular por el trato dado al extranjero. El gobierno de Calderón piensa que los ciudadanos somos autómatas, que no tenemos sentido común. Aquí se violentó todo. Este caso es mucho más grave que las gracejadas estúpidas de Vicente Fox, expresó el legislador.
Del Real comentó en entrevista que, aunque exista un acuerdo en esta materia entre México y Colombia, es necesario cumplir ciertos pasos con base en una investigación de nuestro país, porque de lo contrario sólo estarán violentando el derecho humano de presunción de inocencia, o siquiera el de solicitud de asilo. En cambio, dijo, el gobierno mexicano no verificó la trayectoria del extranjero, su estancia acreditada como residente de posdoctorado en la UNAM y mucho menos la autenticidad de los argumentos de su contraparte colombiana. Lo que tratan los gobiernos de ambos países –añadió– es desprestigiar la actividad académica de quienes no piensan como Calderón y Uribe.
Dijo que no se descarta que en la rápida expulsión, el pasado viernes en el Distrito Federal, exista un acuerdo trilateral entre los mandatarios de México, Colombia y la Corte de Ecuador, con el fin de presionar y alentar elementos falsos para actuar contra Lucía Morett, la estudiante universitaria que se hallaba en el campamento de las FARC el 1º de marzo de 2008, donde murió Raúl Reyes, considerado uno de los jefes máximos de las FARC. Para la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos la expulsión fue una “extradición fast-track disfrazada de deportación, lo que vulneró las garantías fundamentales” de Beltrán. Alertó que tras la deportación se corre el riesgo de que el gobierno calderonista busque, con la administración colombiana, sancionar a Morett y otros connacionales a los que grupos ligados a la ultraderecha han señalado como presuntos aliados de las FARC.
kikka-roja.blogspot.com/
Es inevitable señalar, por principio de cuentas, que las acusaciones que se fincan en contra del académico deportado constituyen un episodio más de la saga que se inició con el bombardeo criminal lanzado por el ejército colombiano en territorio ecuatoriano el primero de marzo de 2008, en donde murieron 25 personas, entre las que se cuentan el mencionado Raúl Reyes y cuatro estudiantes mexicanos. En días posteriores a la matanza de Sucumbíos, el Palacio de Nariño incurrió en una cadena de mentiras e inconsistencias: primero se afirmó que en el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; posteriormente se aseguró que los soldados sí habían entrado a territorio ecuatoriano, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia; después se comprobó que insurgentes y civiles fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían. Adicionalmente, en el contexto de este ataque se produjo el hallazgo de unas inciertas computadoras portátiles del líder rebelde muerto, con base en las cuales el gobierno de Bogotá ha señalado, entre otras cosas, la existencia de acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela, aseveraciones que hasta ahora no han sido probadas.
Tales antecedentes, en conjunto, restan verosimilitud a las acusaciones en contra del académico colombiano, sustentadas también en documentos encontrados en los ordenadores de Reyes. En cambio, el hecho que se comenta tiene toda la apariencia de un montaje elaborado por la administración uribista, que pareciera prefigurar una campaña de persecución política en contra de focos críticos, similar a la que se emprendió en su momento en contra de dirigentes políticos, sociales y sindicales, y que tiene como inocultable telón de fondo la actual búsqueda del presidente colombiano por lograr los ajustes legales que le permitan contender por una nueva relección.
Por lo que hace al gobierno mexicano, al hacer posible una detención arbitraria y una expulsión realizada sin proceso legal de por medio, la administración calderonista sienta un precedente por demás alarmante, sobre todo para otros académicos, intelectuales y activistas que han manifestado desde nuestro país posturas críticas hacia el gobierno uribista y que podrían, por tanto, estar incorporados en la lista negra de Bogotá.
Al mismo tiempo, el calderonismo –supuestamente preocupado por la legalidad y la vigencia del estado de derecho– hace un flaco favor a su imagen al mostrarse cercano y complaciente con un personaje que ha sido acusado de tener una historia política y familiar añejamente vinculada con capos de la droga (como se asienta en documentos de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, que recogen testimonios de Virginia Vallejo, ex amante del fallecido líder del cártel de Medellín Pablo Escobar); que ha sido señalado por haber promovido la conformación de organizaciones paramilitares y por haber recibido apoyo de éstas y de lavadores de dinero del narcotráfico para sus sucesivas campañas electorales, y cuya política de seguridad democrática ha sido objeto de duras críticas, entre otras cosas por la revelación de los llamados falsos positivos: la presentación, a instancias de las fuerzas de seguridad de Colombia, de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como bajas en combate, con el fin de cobrar los incentivos económicos y los ascensos ofrecidos por el propio gobierno.Ante estas consideraciones, la coordinación y cercanía mostradas entre Los Pinos y el Palacio de Nariño en el episodio de la detención y expulsión de Miguel Ángel Beltrán Villegas debieran constituir un factor de preocupación para la sociedad mexicana en su conjunto.
- La detención, nuevo ataque de Uribe a focos críticos del país sudamericano, denuncian
- Condenan académicos la expulsión del sociólogo colombiano Beltrán Villegas
El sociólogo Miguel Ángel Beltrán Villegas (centro), al ser presentado a los medios de información la noche del viernes pasado en la capital colombiana, tras ser deportado por el gobierno de México unas horas antesFoto Reuters
Blanche Petrich
La detención del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, entregado el viernes por el gobierno mexicano a la Dirección de Instrucción Criminal de la Policía (Dijin) en Bogotá, por su presunta relación con el fallecido líder de las FARC Raúl Reyes, constituye un nuevo ataque del régimen de Álvaro Uribe a los pocos focos críticos en ese país y revela la complicidad de las autoridades mexicanas con las corporaciones que persiguen a ciudadanos colombianos de oposición, denunciaron catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Beltrán Villegas, investigador de posdoctorado, había sido invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos a ampliar su estancia académica en México. Militó en su juventud en la Unión Patriótica, formación de izquierda legal que fue prácticamente exterminada en su país en los años 80. Hoy es objeto de persecución y estigmatización, junto con otros intelectuales, con el pretexto de la lucha antiterrorista, agregaron.
Expusieron que, así como en los primeros años de la estrategia de seguridad democrática Uribe dirigió sus acciones represivas contra el medio sindical independiente y las comunidades campesinas, provocando el asesinato de centenares de millares y el desplazamiento de millones, hoy se dirige contra los intelectuales críticos.
Beltrán estudió en México su licenciatura y maestría en sociología (en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la UNAM, de 1993 a 1997). De regreso en su país, fue profesor en universidades públicas en Cauca, Antioquia y Bogotá. A la fecha forma parte de la planta docente de la Universidad Nacional (colombiana). Es autor de numerosos estudios sobre el conflicto armado desde una perspectiva de izquierda en un contexto donde priva la autocensura en el medio académico, según sus compañeros de cátedra, tanto mexicanos como colombianos, quienes, por razones de seguridad, prefieren que sus identidades se mantengan en reserva.
El investigador estudió el periodo de la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas en 1934. Iba a continuar con esta línea de trabajo en torno a la oposición de derecha al proyecto cardenista en el México de los años 30 y 40.
Tenía planes para viajar a Bogotá este mes para una visita familiar, pero lo postergó por la contingencia sanitaria y porque quería regularizar su situación migratoria. El Instituto Nacional de Migración no le había entregado aún su visa FM-3 definitiva. La visa provisional, con la que había entrado en calidad de académico visitante, había expirado. Ni él ni su familia tenían información de que en Colombia existiera un expediente en su contra.
El viernes 22 acudió a las oficinas del INM en respuesta a un citatorio en el que se le pedía que se presentara a ratificar su trámite, acompañado por un abogado de la UNAM, Jorge Becerril. Al llegar al instituto, fue ingresado en una oficina, adonde no se permitió el ingreso de su representante legal. Casi inmediatamente, fue sacado del INM y obligado a abordar una Van dorada sin placas ni insignias.
Poco más de una hora después ya estaba a bordo de un avión, rumbo a Colombia, en calidad de expulsado sin proceso legal. En el aeropuerto de la capital colombiana fue detenido. A esa hora los portales de Internet de los diarios de esa nación habían divulgado la supuesta ficha criminal del universitario, a quien le atribuyen la identidad clandestina de Jaime Cienfuegos, quien supuestamente recibía órdenes de Raúl Reyes para escribir materiales ideológicos y artículos para la agencia de noticias de las FARC, Anncol. Se informó, falsamente, que había sido detenido desde el jueves por la noche.
Las evidencias en contra fueron encontradas por la policía en los discos duros de las computadoras de Reyes, confiscadas durante el bombardeo en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos, donde murieron, además de Reyes, 25 personas, entre ellas cuatro universitarios mexicanos. Estos discos contienen referencias de cerca de 500 personas citadas en escritos del número dos de las FARC. El gobierno de Uribe ya ha procedido contra varios, entre otros la estudiante Patricia Obando, ex alumna de Beltrán, y William Javier Díaz, profesor de marxismo de la Universidad Distrital, contra quien incluso se publicó un fotomontaje presentándolo con uniforme de la guerrilla. Al revelarse la manipulación, el académico fue liberado. Esta oleada de procesos ocurre en el contexto de la búsqueda de Uribe de su tercera releción a la presidencia y en la víspera de la participación, en Medellín, del presidente Felipe Calderón en el congreso internacional de víctimas del terrorismo.
- Legisladores buscan explicación del gobierno
- Calderón rompe con la tradición histórica de asilo
Legisladores del PRD llevarán a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal una explicación acerca de la expulsión fast-track del colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, a quien el gobierno de Álvaro Uribe considera integrante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Se violó el principio fundamental de presunción de inocencia. Con este caso, Felipe Calderón rompe con toda la tradición histórica de asilo; actúa de manera artera y somete nuestra soberanía a las decisiones de otro gobierno, denunció el diputado Alfonso Suárez del Real, presidente de la Comisión de Cultura e integrante de la de Defensa Nacional. En coordinación con su par perredista Cuauhtémoc Sandoval, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, elabora el punto de acuerdo, en particular por el trato dado al extranjero. El gobierno de Calderón piensa que los ciudadanos somos autómatas, que no tenemos sentido común. Aquí se violentó todo. Este caso es mucho más grave que las gracejadas estúpidas de Vicente Fox, expresó el legislador.
Del Real comentó en entrevista que, aunque exista un acuerdo en esta materia entre México y Colombia, es necesario cumplir ciertos pasos con base en una investigación de nuestro país, porque de lo contrario sólo estarán violentando el derecho humano de presunción de inocencia, o siquiera el de solicitud de asilo. En cambio, dijo, el gobierno mexicano no verificó la trayectoria del extranjero, su estancia acreditada como residente de posdoctorado en la UNAM y mucho menos la autenticidad de los argumentos de su contraparte colombiana. Lo que tratan los gobiernos de ambos países –añadió– es desprestigiar la actividad académica de quienes no piensan como Calderón y Uribe.
Dijo que no se descarta que en la rápida expulsión, el pasado viernes en el Distrito Federal, exista un acuerdo trilateral entre los mandatarios de México, Colombia y la Corte de Ecuador, con el fin de presionar y alentar elementos falsos para actuar contra Lucía Morett, la estudiante universitaria que se hallaba en el campamento de las FARC el 1º de marzo de 2008, donde murió Raúl Reyes, considerado uno de los jefes máximos de las FARC. Para la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos la expulsión fue una “extradición fast-track disfrazada de deportación, lo que vulneró las garantías fundamentales” de Beltrán. Alertó que tras la deportación se corre el riesgo de que el gobierno calderonista busque, con la administración colombiana, sancionar a Morett y otros connacionales a los que grupos ligados a la ultraderecha han señalado como presuntos aliados de las FARC.
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