Detienen a cuatro ancianos en el desalojo de terrenos del suegro de Juan Camilo Mouriño
Foto Destrucción de la maquinaria pesada en el predio San Antonio EbuláFoto José Salazar
Lorenzo Chim Corresponsal
Campeche, Camp., 27 de mayo. Al menos siete personas detenidas, cuatro de ellas de 70 años de edad o más, y seis casas derribadas, dejó un operativo policiaco para desalojar a los colonos del predio conocido como San Antonio Ebulá, presuntamente propiedad del constructor Eduardo Escalante Escalante, suegro del extinto secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo.
La operación, que se realizó con apoyo de maquinaria pesada propiedad del empresario Eduardo Escalante Escalante, ocurrió la tarde del pasado martes, cuando la mayoría de los habitantes de esa pequeña comunidad, ubicada en las afueras de esta capital, se encontraba ausente.
Por eso sólo fueron detenidos siete cabecillas de la invasión, entre ellos Juan Francisco Villalobos Balam, de 71 años; Román García García, de 62 años; Arturo Canché Pacheco, de 55 años; Manuel Jesús López Rodríguez, de 75 años; Gonzalo Huicab Cab, de 70 años; Faustino Collí Uc, de 76 años, y David Díaz Lázaro, de 19 años, acusados del delito de privación ilegal de la libertad.
Los familiares de los colonos realizaron un plantón en Palacio de Gobierno, y en la casa del gobernador priísta Jorge Carlos Hurtado Valdez, para exigir que sean liberados los ancianos, algunos de los cuales padecen enfermedades propias de su edad. Hasta la noche de este miércoles seguían detenidos.
Narraron que las tierras se encuentran en litigio desde hace más de 30 años, cuando invadieron la zona que es propiedad de la nación, aunque colinda con una finca propiedad de los Escalante Castillo.
Ellos han querido expandir su rancho y pretenden apoderarse de nuestras tierras, denunciaron Gilberto Hernández y Javier Naal Alejandro, quienes recordaron que el primer desalojo violento para amedrentarlos ocurrió en marzo de 2007, cuando Juan Camilo Mouriño se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia.
En ese entonces, agregaron, la maquinaria pesada destruyó 10 viviendas, un aula del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y una tienda comunitaria.
Ante el nuevo desalojo, al menos cinco familias desarmaron ayer sus humildes chozas y abandonaron el predio, pero las 30 restantes advirtieron que permanecerán ahí.
La operación, que se realizó con apoyo de maquinaria pesada propiedad del empresario Eduardo Escalante Escalante, ocurrió la tarde del pasado martes, cuando la mayoría de los habitantes de esa pequeña comunidad, ubicada en las afueras de esta capital, se encontraba ausente.
Por eso sólo fueron detenidos siete cabecillas de la invasión, entre ellos Juan Francisco Villalobos Balam, de 71 años; Román García García, de 62 años; Arturo Canché Pacheco, de 55 años; Manuel Jesús López Rodríguez, de 75 años; Gonzalo Huicab Cab, de 70 años; Faustino Collí Uc, de 76 años, y David Díaz Lázaro, de 19 años, acusados del delito de privación ilegal de la libertad.
Los familiares de los colonos realizaron un plantón en Palacio de Gobierno, y en la casa del gobernador priísta Jorge Carlos Hurtado Valdez, para exigir que sean liberados los ancianos, algunos de los cuales padecen enfermedades propias de su edad. Hasta la noche de este miércoles seguían detenidos.
Narraron que las tierras se encuentran en litigio desde hace más de 30 años, cuando invadieron la zona que es propiedad de la nación, aunque colinda con una finca propiedad de los Escalante Castillo.
Ellos han querido expandir su rancho y pretenden apoderarse de nuestras tierras, denunciaron Gilberto Hernández y Javier Naal Alejandro, quienes recordaron que el primer desalojo violento para amedrentarlos ocurrió en marzo de 2007, cuando Juan Camilo Mouriño se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia.
En ese entonces, agregaron, la maquinaria pesada destruyó 10 viviendas, un aula del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y una tienda comunitaria.
Ante el nuevo desalojo, al menos cinco familias desarmaron ayer sus humildes chozas y abandonaron el predio, pero las 30 restantes advirtieron que permanecerán ahí.
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