MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
El obvio, casi explícito acuerdo entre el PAN y el PRI, que ha sido la fuente para hablar de la virtual fusión de ambos partidos en el PRIAN, tiene vigencia nacional y permanente, pero admite modalidades específicas según circunstancias de tiempo y lugar. En Chihuahua estamos asistiendo a una de las excepciones de aquel consenso. Si se ahonda y prolonga, podremos ver al gobernador priista José Reyes Baeza Terrazas presentar una demanda penal contra la senadora Teresa Ortuño, que no generará efectos prácticos –pues sería indispensable su desafuero para llevarla a los tribunales, extremo al que no se atreverá a llegar el gobernador– pero radicalizará las posiciones en esa entidad, donde el acuerdo interpartidario no ha tenido la tersura observable en muchos otros estados, a causa de que allí se produjo ya la alternancia gubernamental, lo que ha generado incriminaciones recíprocas.
El origen del actual diferendo ente el gobierno priista y el PAN en Chihuahua surgió, paradójicamente, de divisiones internas en el partido blanquiazul. Juan Blanco, alcalde panista de Chihuahua de 2004 a 2007, fue denunciado por Eduardo Mendoza, compañero suyo de partido y regidor en ese ayuntamiento, por cohecho. Mendoza fue expulsado de Acción Nacional cuando la mayoría priista del Congreso local recogió la acusación y corrió traslado al Ministerio Público, donde el asunto reposó todo el año pasado. Tampoco fue llevada adelante otra averiguación por cedulado que implicaba a miembros de la administración municipal encabezada por Blanco, aunque no directamente a él.
A sabiendas de que se podría dictar orden de aprehensión en contra suya en cualquier momento, Blanco solicitó al menos ocho veces el amparo federal, que no le fue concedido porque las autoridades locales negaron en todos los casos, como era verdad, que se hubiera expedido un mandamiento judicial de ese género. No fue sino hasta marzo pasado cuando el amago contra Blanco se materializó. El juez cuarto penal, Rodolfo Romano, dictó la respectiva orden de aprehensión, contra la cual el afectado demandó amparo que le fue concedido, con suspensión provisional incluida. Pero luego el mandamiento judicial local se renovó y Blanco fue aprehendido el sábado 30 de mayo. Y el 3 de junio se inició proceso en su contra, al dictársele auto de formal prisión.
El delito que se le imputa ha sido confesado por quien lo propició. El señor Armando Acosta Nava, principal accionista de la empresa Sistemas de Ingeniería de Residuos Sólidos, declaró al Ministerio Público que aportó 600 mil pesos a la campaña de Blanco, cuando aspiraba a la alcaldía, y que a cambio le fue asignado directamente el contrato para procesar la basura capitalina. Además, se le permitió incumplir los plazos a que se había comprometido. Ante esos gestos de buena voluntad, en 2007 entregó a Blanco 4 millones de pesos más, que el presidente municipal saliente le explicó servirían para apoyar la campaña de quien sería su sucesor.
Ante la orden de aprehensión que se actualizó el 30 de mayo, Blanco solicitó amparo que le fue concedido, pero no surtió efectos antes de que el juez Romano lo declarara formalmente preso "por encontrarse suficientes elementos de prueba por el delito de cohecho en perjuicio de la administración pública municipal de Chihuahua". Blanco aprovechó su detención para convertirla en pieza política. Es candidato a diputado federal por el Sexto Distrito de Chihuahua, una demarcación ganada desde hace mucho por el PAN, que hace tres años obtuvo allí casi tantos votos como los de las coaliciones opositoras juntas.
Blanco se propone desde ahora ser candidato a gobernador, y con ese fin remoto, y con el más inmediato de fortalecer su posición ante el 5 de julio, se puso en huelga de hambre e hizo que se demorara el pago de la fianza de 5 millones de pesos, que se cubrió al fin la mañana del viernes 5. A las 13:00 horas de ese día quedó finalmente en libertad bajo caución. Está por aclararse si la decisión del juez de privar al exalcalde de sus derechos políticos (lo que inhabilitaría para seguir en la contienda) es acatada por las autoridades electorales federales, ante las cuales acudiría el panismo chihuahuense.
Mientras tanto se habían encendido las hostilidades entre el gobernador y el PAN. En una insólita conferencia de prensa en su propia Cámara, la senadora Teresa Ortuño se lanzó contra el Ejecutivo chihuahuense (en una línea de ataque que el domingo anterior se mostró ante la residencia oficial, cuando un piquete de panistas increpó a la familia Baeza). La legisladora contrastó la conducta del gobernador frente a la delincuencia organizada y ante su correligionario Blanco. Lo hizo con el tono enfático que la caracteriza y contando con la presencia y el apoyo del presidente de la mesa directiva senatorial, el también chihuahuense Gustavo Madero: "En Chihuahua se secuestra a los adversarios políticos y se protege al crimen organizado y al narco: tenemos cientos, miles de asesinatos sin aclarar". A esa denuncia siguió un intento, que resultó fallido, por hacer que la Comisión Permanente exhortara al gobernador de Chihuahua a conducirse "con estricto apego al derecho y a la imparcialidad" en ese caso. Se opusieron a ese llamado el PRI y el PRD. Eso no obstante, como los dichos de la senadora Ortuño habían quedado ya expuestos, Baeza Terrazas anunció su propósito de denunciar por ellos, penalmente, a la legisladora.
Tuvo en su favor otras expresiones. La presidenta nacional de su partido, en entrevista con Reforma, recordó que la crisis de inseguridad que hoy quebranta a Chihuahua se inició bajo administraciones panistas, la estatal de Francisco Barrio y las que durante varios trienios rigieron a Ciudad Juárez. Ante las acusaciones de la senadora Ortuño, de que Baeza Terrazas resulta protector de narcotraficantes y secuestradores por acción u omisión, la lideresa priista dijo que esas declaraciones "son absolutamente inaceptables para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y, estoy segura, también para la sociedad en Chihuahua".
Sabía, en este último punto, de lo que hablaba. El mismo día en que apareció su defensa del gobernador, un grupo de empresarios favoreció la difusión de un mensaje "a la ciudadanía" que el viernes 5 se publicó como inserción pagada en la prensa capitalina y en la de Chihuahua: "repudiamos", dijeron los firmantes, las declaraciones de la senadora panista, "quien de forma burda e irresponsable, alejada de toda verdad, se ha referido al gobernador del estado (…) Consideramos así mismo por demás insultante que un grupo de legisladores federales, amparados en su fuero, hagan acusaciones de tal trascendencia". Agregaron, en sentido contrario, su opinión sobre Baeza: "hombre íntegro, prudente y apreciado por su congruencia en su comunidad. Lo conocemos y avalamos no sólo en su trayectoria política, sino también en su comportamiento público y privado, donde ha antepuesto los intereses de Chihuahua a los de cualquier grupo, partido o los suyos propios. Nos consta que el gobernador ha sido el primer promotor e impulsor de este esfuerzo en el estado. Él fue quien solicitó la presencia de las fuerzas federales en la entidad y ha buscado en todo momento que el Operativo Conjunto Chihuahua sea modelo a nivel nacional en la cooperación e integración de los cuerpos de seguridad en los órdenes federal, estatal y municipal".
Además de decenas de presidentes municipales y legisladores priistas (y aun del PT y el Verde), empresarios, ganaderos y otros productores rurales, notarios públicos (la mayor parte de los cuales probablemente recibieron su patente de regímenes priistas), fue notorio que concurrieran a expresar estas opiniones, entre los chihuahuenses radicados en el Distrito Federal, intelectuales y creadores como el escultor Sebastián (Enrique Carbajal) y los escritores Ignacio Solares y Carlos Montemayor, este último tenaz militante de buenas causas nacionales, poeta, narrador y continuador de la tradición de Ángel María Garibay y Miguel León Portilla en la reivindicación de las letras indígenas como fuente de nuestra cultura, en la misma y aun mayor medida que la griega y la romana, cuyas lenguas tan bien conocieron y conocen esos tres académicos de la española.
El origen del actual diferendo ente el gobierno priista y el PAN en Chihuahua surgió, paradójicamente, de divisiones internas en el partido blanquiazul. Juan Blanco, alcalde panista de Chihuahua de 2004 a 2007, fue denunciado por Eduardo Mendoza, compañero suyo de partido y regidor en ese ayuntamiento, por cohecho. Mendoza fue expulsado de Acción Nacional cuando la mayoría priista del Congreso local recogió la acusación y corrió traslado al Ministerio Público, donde el asunto reposó todo el año pasado. Tampoco fue llevada adelante otra averiguación por cedulado que implicaba a miembros de la administración municipal encabezada por Blanco, aunque no directamente a él.
A sabiendas de que se podría dictar orden de aprehensión en contra suya en cualquier momento, Blanco solicitó al menos ocho veces el amparo federal, que no le fue concedido porque las autoridades locales negaron en todos los casos, como era verdad, que se hubiera expedido un mandamiento judicial de ese género. No fue sino hasta marzo pasado cuando el amago contra Blanco se materializó. El juez cuarto penal, Rodolfo Romano, dictó la respectiva orden de aprehensión, contra la cual el afectado demandó amparo que le fue concedido, con suspensión provisional incluida. Pero luego el mandamiento judicial local se renovó y Blanco fue aprehendido el sábado 30 de mayo. Y el 3 de junio se inició proceso en su contra, al dictársele auto de formal prisión.
El delito que se le imputa ha sido confesado por quien lo propició. El señor Armando Acosta Nava, principal accionista de la empresa Sistemas de Ingeniería de Residuos Sólidos, declaró al Ministerio Público que aportó 600 mil pesos a la campaña de Blanco, cuando aspiraba a la alcaldía, y que a cambio le fue asignado directamente el contrato para procesar la basura capitalina. Además, se le permitió incumplir los plazos a que se había comprometido. Ante esos gestos de buena voluntad, en 2007 entregó a Blanco 4 millones de pesos más, que el presidente municipal saliente le explicó servirían para apoyar la campaña de quien sería su sucesor.
Ante la orden de aprehensión que se actualizó el 30 de mayo, Blanco solicitó amparo que le fue concedido, pero no surtió efectos antes de que el juez Romano lo declarara formalmente preso "por encontrarse suficientes elementos de prueba por el delito de cohecho en perjuicio de la administración pública municipal de Chihuahua". Blanco aprovechó su detención para convertirla en pieza política. Es candidato a diputado federal por el Sexto Distrito de Chihuahua, una demarcación ganada desde hace mucho por el PAN, que hace tres años obtuvo allí casi tantos votos como los de las coaliciones opositoras juntas.
Blanco se propone desde ahora ser candidato a gobernador, y con ese fin remoto, y con el más inmediato de fortalecer su posición ante el 5 de julio, se puso en huelga de hambre e hizo que se demorara el pago de la fianza de 5 millones de pesos, que se cubrió al fin la mañana del viernes 5. A las 13:00 horas de ese día quedó finalmente en libertad bajo caución. Está por aclararse si la decisión del juez de privar al exalcalde de sus derechos políticos (lo que inhabilitaría para seguir en la contienda) es acatada por las autoridades electorales federales, ante las cuales acudiría el panismo chihuahuense.
Mientras tanto se habían encendido las hostilidades entre el gobernador y el PAN. En una insólita conferencia de prensa en su propia Cámara, la senadora Teresa Ortuño se lanzó contra el Ejecutivo chihuahuense (en una línea de ataque que el domingo anterior se mostró ante la residencia oficial, cuando un piquete de panistas increpó a la familia Baeza). La legisladora contrastó la conducta del gobernador frente a la delincuencia organizada y ante su correligionario Blanco. Lo hizo con el tono enfático que la caracteriza y contando con la presencia y el apoyo del presidente de la mesa directiva senatorial, el también chihuahuense Gustavo Madero: "En Chihuahua se secuestra a los adversarios políticos y se protege al crimen organizado y al narco: tenemos cientos, miles de asesinatos sin aclarar". A esa denuncia siguió un intento, que resultó fallido, por hacer que la Comisión Permanente exhortara al gobernador de Chihuahua a conducirse "con estricto apego al derecho y a la imparcialidad" en ese caso. Se opusieron a ese llamado el PRI y el PRD. Eso no obstante, como los dichos de la senadora Ortuño habían quedado ya expuestos, Baeza Terrazas anunció su propósito de denunciar por ellos, penalmente, a la legisladora.
Tuvo en su favor otras expresiones. La presidenta nacional de su partido, en entrevista con Reforma, recordó que la crisis de inseguridad que hoy quebranta a Chihuahua se inició bajo administraciones panistas, la estatal de Francisco Barrio y las que durante varios trienios rigieron a Ciudad Juárez. Ante las acusaciones de la senadora Ortuño, de que Baeza Terrazas resulta protector de narcotraficantes y secuestradores por acción u omisión, la lideresa priista dijo que esas declaraciones "son absolutamente inaceptables para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI y, estoy segura, también para la sociedad en Chihuahua".
Sabía, en este último punto, de lo que hablaba. El mismo día en que apareció su defensa del gobernador, un grupo de empresarios favoreció la difusión de un mensaje "a la ciudadanía" que el viernes 5 se publicó como inserción pagada en la prensa capitalina y en la de Chihuahua: "repudiamos", dijeron los firmantes, las declaraciones de la senadora panista, "quien de forma burda e irresponsable, alejada de toda verdad, se ha referido al gobernador del estado (…) Consideramos así mismo por demás insultante que un grupo de legisladores federales, amparados en su fuero, hagan acusaciones de tal trascendencia". Agregaron, en sentido contrario, su opinión sobre Baeza: "hombre íntegro, prudente y apreciado por su congruencia en su comunidad. Lo conocemos y avalamos no sólo en su trayectoria política, sino también en su comportamiento público y privado, donde ha antepuesto los intereses de Chihuahua a los de cualquier grupo, partido o los suyos propios. Nos consta que el gobernador ha sido el primer promotor e impulsor de este esfuerzo en el estado. Él fue quien solicitó la presencia de las fuerzas federales en la entidad y ha buscado en todo momento que el Operativo Conjunto Chihuahua sea modelo a nivel nacional en la cooperación e integración de los cuerpos de seguridad en los órdenes federal, estatal y municipal".
Además de decenas de presidentes municipales y legisladores priistas (y aun del PT y el Verde), empresarios, ganaderos y otros productores rurales, notarios públicos (la mayor parte de los cuales probablemente recibieron su patente de regímenes priistas), fue notorio que concurrieran a expresar estas opiniones, entre los chihuahuenses radicados en el Distrito Federal, intelectuales y creadores como el escultor Sebastián (Enrique Carbajal) y los escritores Ignacio Solares y Carlos Montemayor, este último tenaz militante de buenas causas nacionales, poeta, narrador y continuador de la tradición de Ángel María Garibay y Miguel León Portilla en la reivindicación de las letras indígenas como fuente de nuestra cultura, en la misma y aun mayor medida que la griega y la romana, cuyas lenguas tan bien conocieron y conocen esos tres académicos de la española.
Los diputados panistas no se quedaron callados.
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