El secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, informó ayer de un recorte al gasto público por 50 mil millones de pesos, adicional a la reducción de 35 mil millones que se había anunciado en mayo. Con esta medida –82 por ciento de la cual se aplicará a gasto corriente–, dijo el funcionario, el gobierno federal pretende enfrentar una disminución de 480 mil millones de pesos con respecto a los ingresos originalmente previstos para este año: 211.5 mil millones menos por ingresos petroleros y 268.6 mil millones por recursos tributarios que dejarán de ingresar a las arcas públicas.
El dato, preocupante por sí mismo, viene acompañado de un conjunto de malos augurios económicos: déficit en la balanza comercial de junio, retroceso de la bolsa a sus niveles de hace un año y el anuncio, formulado por la dependencia que encabeza Carstens, de que la tasa de desempleo aumentará incluso en un escenario de recuperación general de la economía.
Lo dicho ayer por el secretario tiene implicaciones graves porque el gobierno federal sigue siendo –a pesar de más de dos décadas de empeños neoliberales por eliminar la propiedad pública, incluida una gran parte de la industria paraestatal– el mayor actor económico del país, y una reducción del gasto gubernamental se traducirá, necesariamente, en nuevos cierres de empresas y pérdidas adicionales de empleos.
Es inquietante, además, la falta de consistencia en los datos: si el gobierno federal dejará de percibir 480 mil millones de pesos, los recortes que totalizan 85 mil millones no serán suficientes para compensar esa caída. Necesariamente, pues, la administración que encabeza Felipe Calderón habrá de recurrir al endeudamiento para compensar el déficit por 395 mil millones de pesos.
Ciertamente, y al contrario de lo que han predicado durante los últimos cuatro sexenios los funcionarios neoliberales que controlan el manejo económico, el déficit público no es, por sí mismo, una calamidad que deba evitarse a toda costa: manejado en forma responsable puede constituir una valiosa herramienta para financiar inversión social y obra pública y coadyuvar, de esa forma, al desarrollo planificado del país. Lo preocupante, en el caso de México, es la opacidad con la que las presidencias priístas y panistas han administrado los recursos, tanto los procedentes del endeudamiento interno y externo, como los que se originaron en los excedentes petroleros durante el foxismo, y la generalizada sospecha de que buena parte de las cifras que hoy aparecen como deuda pública terminó engrosando fortunas privadas por la vía de la corrupción y los intercambios de favores entre las facetas empresarial y política del grupo gobernante.
En otro sentido, resulta fundamental que los recortes anunciados por Carstens se orienten a la cancelación de los injustificables e indignantes gastos suntuarios y los ingresos inmoralmente elevados que se otorgan las cúpulas institucionales –gobiernos federal, estatales y municipales, las cámaras de Diputados y Senadores y las legislaturas locales, Poder Judicial, organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral y otros– y no a la reducción o suspensión de los programas sociales que aún se mantienen en pie y de los presupuestos educativos y de salud. Como se señaló ayer en este espacio, la autoridad federal debe comprender que es impostergable, por razones de prudencia económica, social y política, reorientar las prioridades gubernamentales y proteger de esta crisis a las mayorías depauperadas antes que a los grandes conglomerados empresariales locales y foráneos.
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El dato, preocupante por sí mismo, viene acompañado de un conjunto de malos augurios económicos: déficit en la balanza comercial de junio, retroceso de la bolsa a sus niveles de hace un año y el anuncio, formulado por la dependencia que encabeza Carstens, de que la tasa de desempleo aumentará incluso en un escenario de recuperación general de la economía.
Lo dicho ayer por el secretario tiene implicaciones graves porque el gobierno federal sigue siendo –a pesar de más de dos décadas de empeños neoliberales por eliminar la propiedad pública, incluida una gran parte de la industria paraestatal– el mayor actor económico del país, y una reducción del gasto gubernamental se traducirá, necesariamente, en nuevos cierres de empresas y pérdidas adicionales de empleos.
Es inquietante, además, la falta de consistencia en los datos: si el gobierno federal dejará de percibir 480 mil millones de pesos, los recortes que totalizan 85 mil millones no serán suficientes para compensar esa caída. Necesariamente, pues, la administración que encabeza Felipe Calderón habrá de recurrir al endeudamiento para compensar el déficit por 395 mil millones de pesos.
Ciertamente, y al contrario de lo que han predicado durante los últimos cuatro sexenios los funcionarios neoliberales que controlan el manejo económico, el déficit público no es, por sí mismo, una calamidad que deba evitarse a toda costa: manejado en forma responsable puede constituir una valiosa herramienta para financiar inversión social y obra pública y coadyuvar, de esa forma, al desarrollo planificado del país. Lo preocupante, en el caso de México, es la opacidad con la que las presidencias priístas y panistas han administrado los recursos, tanto los procedentes del endeudamiento interno y externo, como los que se originaron en los excedentes petroleros durante el foxismo, y la generalizada sospecha de que buena parte de las cifras que hoy aparecen como deuda pública terminó engrosando fortunas privadas por la vía de la corrupción y los intercambios de favores entre las facetas empresarial y política del grupo gobernante.
En otro sentido, resulta fundamental que los recortes anunciados por Carstens se orienten a la cancelación de los injustificables e indignantes gastos suntuarios y los ingresos inmoralmente elevados que se otorgan las cúpulas institucionales –gobiernos federal, estatales y municipales, las cámaras de Diputados y Senadores y las legislaturas locales, Poder Judicial, organismos autónomos, como el Instituto Federal Electoral y otros– y no a la reducción o suspensión de los programas sociales que aún se mantienen en pie y de los presupuestos educativos y de salud. Como se señaló ayer en este espacio, la autoridad federal debe comprender que es impostergable, por razones de prudencia económica, social y política, reorientar las prioridades gubernamentales y proteger de esta crisis a las mayorías depauperadas antes que a los grandes conglomerados empresariales locales y foráneos.
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